El Ing. Carlos Julio Balda, en representación del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, en la Asamblea Popular Ciudadana, realizada en la ciudad de Guayaquil el día 21 de octubre del 2020, desarrolló un minucioso análisis de la política petrolera del actual gobierno, quien mediante Decretos Ejecutivos y violando expresas normas constitucionales y legales, pretende entregar la renta petrolera proveniente de las operaciones de la refinería Esmeraldas a sectores privados, así como la comercialización de los combustibles.

Estas decisiones de política petrolera, se insertan en los acuerdos suscritos por el Ecuador con el FMI y en los pactos que tiene el gobierno con Lasso, Nebot y el capital financiero nacional e internacional.

Intervención del Ing. Carlos Julio Balda en la Asamblea Popular Ciudadana realizada en la ciudad de Guayaquil

ANTECEDENTES

Para iniciar esta intervención voy a citar un párrafo de la página 44 del Plan de Gobierno que llevó a la Presidencia de la República a Lenin  Moreno Garcés, publicado por el Consejo Nacional Electoral, y que tiene como título: “¡Por una industria petrolera! Aprovechamiento responsable de nuestros recursos hidrocarburíferos”

“Vamos hacia la industrialización del petróleo, aumentando su capacidad de refinación en cerca de 500.000 barriles por día, con la puesta en marcha de la Refinería del Pacífico. (RDP) Este será el pilar del cual se deriven las industrias básicas para la transformación del crudo en productos intermedios que son la fuente para el encadenamiento para generar crecimiento y valor agregado”.

El gobierno de moreno no cumplió sus ofertas de campaña y menos va a cumplir cuando es un gobierno que ya está de salida, menos va a hacer algo en favor de la industria petrolera.

¿Qué fue lo primero que hizo el gobierno en el área petrolera?

Aplicando políticas de corte neoliberal, paralizaron el proyecto de la Refinería del Pacífico, (¿a quién beneficia esto?) ya que no les interesa que se construya otra refinería y que se alcance una soberanía energética, no les interesa un Estado fuerte, quieren un Estado diminuto y débil. En ese escenario, para ellos (¿quiénes?) es mucho mejor manejar la demanda insatisfecha de combustibles en el país y aprovechar esa escasez para tener un buen margen de manejo en la política de precios.

Una vez parado el proyecto de la Refinería del Pacífico (RDP), el siguiente paso era apropiarse de la renta de la Refinería Estatal Esmeraldas (REE) justificando su delegación a la iniciativa privada. Para ello se han dictado una serie de Decretos Ejecutivos:

• Decreto Ejecutivo 861 del 27 de agosto del 2019. Autoriza de manera excepcional la delegación a la iniciativa privada, la ejecución del Proyecto de Diseño, Construcción y Operación de un Tren de Alta Conversión en la región de la costa.
• Decreto Ejecutivo 1054 del 19 de mayo del 2020. Liberalizan precios de los combustibles, calculados mensualmente.
• Decreto Ejecutivo 1094 del 10 de julio del 2020. Autoriza la delegación a la iniciativa privada de la “gestión conjunta” con EP Petroecuador, de la Refinería Estatal Esmeraldas. No existe esa figura en las leyes ecuatorianas.
• Decreto Ejecutivo 1158 del 24 de septiembre del 2020. Autoriza a la empresa privada a importar combustibles libremente.  (se debe investigar a que grupos económicos nacionales e internacionales benefician los Decretos Ejecutivos)

ANÁLISIS

Para analizar las violaciones constitucionales cometidas en los decretos que se han señalado, se menciona a continuación el marco legal pertinente:

1. En el Art. 313, se establecen cuales son los sectores estratégicos, entre ellos, a la energía en todas sus formas, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, entre otros, y los demás que determine la ley.
2. En el Art. 314 y en el numeral 15 del Art. 326 de la Constitución de la República del Ecuador, los sectores estratégicos como la producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, son declarados como servicios públicos. Los servicios públicos son declarados de control y regulación indelegable por parte del Estado, y se establece su obligación de, garantizar la provisión del servicio y de regular y controlar precios y tarifas.
3. En el Art. 315 se establece que el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos y la prestación de servicios públicos.
4. En el Art. 316 y en la Sentencia de la Corte Constitucional No. 001-12-SIC-CC, CASO No. 0008-10-IC de 5 de enero de 2012, se establece que el Estado Central, ejercerá la acción de control y regulación a través de las autoridades competentes que tengan dicha atribución legal, quienes podrán delegar a la iniciativa privada solo la gestión de un sector estratégico o servicio público, en los casos contemplados en la Ley de la materia o sector pertinente, debiendo ceñirse a esa Ley y a lo regulado por las autoridades competentes mencionadas.

Si se analizan los Decretos Ejecutivos firmados por el Ministro René Ortiz (sería importante saber y explicar a que grupos de poder económico y petrolero nacionales internacional, pertenece Ortiz) Se concluye que contradicen lo indicado en los 4 puntos anteriores mencionados ya que:

1. No se pueden liberar los precios y tarifas en un servicio público que es de regulación y control indelegable del Estado y el Ministro al proponer y firmar estos decretos está violando la Constitución de la República del Ecuador y se están vulnerando los derechos de los consumidores ecuatorianos.
2. De acuerdo con la Sentencia de Corte Constitucional No. 001-12-SIC-CC, son las autoridades de regulación y control las únicas autorizadas por la Ley a delegar a la iniciativa privada la gestión de una empresa pública o la provisión de un servicio público.
3. La delegación a la iniciativa privada requiere de una Ley de la materia. Por lo tanto, el procedimiento que debió seguir el Ministro era que el gobierno proponga a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley que podría llamarse la Ley del Servicio Público de la Producción de Hidrocarburos y del Procesamiento, Transporte y Comercialización de Combustibles, que debe estar subordinada y actualizada a la CRE del año 2008 que se encuentra en vigencia. La CRE le asigna la facultad de dictar leyes a la Función Legislativa representada por la Asamblea Nacional y el Ministro al proponer al Presidente de la República la firma de estos decretos está violando la Constitución de la República del Ecuador y vulnerando los derechos de los ecuatorianos a tener bienes y servicios con valores acordes a la economía del país y no para el exclusivo beneficio de empresas extranjeras;

CONCLUSIÓN

El Ministro René Ortiz se ha arrogado funciones legislativas que no tiene violando el Art. 226 de la CRE y además, como se ha demostrado, ha violado los Arts. 314, 316 y numeral 15 del Art. 326 de la Constitución de la República del Ecuador y la Sentencia de Corte Constitucional No. 001-12-SIC-CC, por lo que se solicita al Defensor del Pueblo que exija al Presidente Lenin Moreno Garcés la inmediata derogatoria de todos los decretos ya mencionados.

RECOMENDACIONES

1. Mantenerse vigilantes de que la Asamblea Nacional no apruebe ninguna Ley sobre esta materia a un gobierno que no tiene el apoyo de los ecuatorianos y que se le acaba el período para el que fue elegido, pero que al apuro es capaz de realizar contratos lesivos a la mayoría de los ecuatorianos.
2. No olvidar que el 12 de octubre a 1492 no se descubrió América. Que en aquella época nuestros pueblos fueron saqueados y su riqueza sacada ilegalmente de los países, y que lo que está ocurriendo ahora es una repetición de ese hecho
3. Exigir al gobierno nacional, la derogatoria de todos los decretos señalados, a fin de que el próximo gobierno tome las decisiones pertinentes, al amparo de la voluntad popular
4. Impulsar un juicio político al ministro de Energía y Recursos No Renovables Dr. René Ortiz

Fuente: Carlos Julio Balda