Silvana Pástor, de empresa concesionaria e hija de exministro, niega perjuicio al Estado en caso Singue

Catorce de los quince procesados por el presunto delito de peculado en el caso Singue terminaron con la presentación de sus pruebas de descargo, entre testimonios, documentos y pericias, en el octavo día de audiencia de juicio que se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Están involucrados altos funcionarios del Gobierno anterior como el exvicepresidente Jorge Glas, los exministros Carlos Pareja Yannuzzelli, Wilson Pástor, la hija de este último Silvana, entre otros.

El presunto delito, según Fiscalía, se habría cometido al momento de realizar el cálculo de $33.5 por barril de petróleo, para la explotación del bloque durante veinte años, sin tomar en cuenta el 100% de las reservas probadas. Ese hecho habría generado un perjuicio para el Estado de aproximadamente $28 millones.

En 2012, la Secretaría de Hidrocarburos y el consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda., y la firma Gente Oil Development LLC (DCG) suscribieron un contrato de prestación de servicios en el bloque ubicado en la provincia de Sucumbíos.

Silvana Pástor, apoderada general de la compañía Gente Oil Ecuador, empresa concesionaria del campo Singue, en su testimonio, mencionó que no ha crecido su patrimonio, que no hay beneficio personal ni hay perjuicio al Estado. Además que el peritaje de $28 millones es antitécnico y que la tarifa fue conveniente para el Estado. Agregó que sus títulos académicos la acreditan para ocupar el cargo de gerente financiera.

Gustavo Donoso, exsecretario de Hidrocarburos, quien se encargó de suscribir los contratos adjudicados correctamente, en su testimonio sostuvo que la Contraloría inició un examen especial a la renegociación petrolera y no se estableció ninguna observación en un informe general. Agregó que el campo Singue estuvo abandonado 15 años y si un inversionista privado decide invertir era favorable para el Estado.

Jorge Andrade fue parte de la comisión de calificación y evaluación. Mencionó que revisó requisitos y que ello nada tiene que ver con la negociación de tarifas.

César Guerra, propietario y representante de la Compañía Dygoil, consorcio al que inicialmente se adjudicó el campo, no presentó prueba testimonial sino documental, esa fue, un oficio del ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables que detalla los ingresos que percibió el Estado e ingresos de la contratista y su flujo negativo de caja.

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), integrado por los jueces Iván León, Javier de la Cadena y José Layedra, informará la fecha y hora para la reinstalación de la audiencia.

Fuente: El Universo, Republica del Banano.

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