Comandante de Policía justificó uso de la fuerza en protestas de octubre de 2019

El comandante general de la Policía, Patricio Carrillo, ante la Comisión legislativa de Fiscalización, justificó el uso de la fuerza por parte de los agentes policiales en contra de los manifestantes, en el levantamiento popular de octubre de 2019, con el fin de contener las protestas y restablecer el orden, según señaló.

Carrillo compareció por pedido de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dentro del juicio político en su contra, para aportar con pruebas de descargo.

Argumentó que ante la agresividad de los manifestantes no les correspondía sino actuar de esa manera. A criterio de Carrillo, quien en esa época era el director general de Operaciones de institución policial, el actuar de la Policía “sin la capacidad de usar la fuerza es la impotencia de la sociedad, es la indefensión que algunos ciudadanos sentían y que nos decían que utilicemos más fuerza”, dijo.

Insistió en que “la fuerza es el mecanismo que tiene el Estado para ejercer el control social, ante estas graves perturbaciones. Sería imposible, desde el punto de vista operativo, doctrinario, filosófico, que la Policía no cuente con esta facultad. El legislador debe propugnar y velar por normar para que esto así suceda”.

El comandante demandó que a la Policía se le entregue los medios materiales necesarios, como armas letales y menos letales, munición letal y menos letal, para cumplir con el fin de someter a delincuentes y desobedientes, para recuperar y conservar el orden.

Para la autoridad policial, existió un conflicto armado en octubre de 2019 y en ese ámbito actuó la Policía. Reconoció que la causa para que estallen las protestas fue la emisión del decreto ejecutivo 883, que eliminó el subsidio a los combustibles.

Aunque la propia ministra Romo admitió, de manera pública, que dispuso la utilización de bombas lacrimógenas caducadas, porque era lo único con que contaban, el ahora comandante sostuvo que, en este caso, no hubo orden sino una autorización. Defendió la utilización de este tipo de artefactos, porque, según este funcionario, no hay una prohibición expresa para hacerlo.

De la misma manera, aunque Romo aceptó que hubo el ataque y lanzamiento de bombas lacrimógenas en las centros de acogida humanitaria, hecho por el que se disculpó, el comandante de Policía negó que haya sido así. Sostuvo que una investigación no determinó que en realidad se produjo. Señaló además que no hay un reglamento que defina que en el país se pueden instalar zonas de paz, como los manifestantes definieron a estos lugares.

A la consulta si recibió órdenes de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, Carrillo reconoció que la Policía está subordinada al presidente de la República y luego de este a la máxima autoridad del órgano rector de la seguridad ciudadana, que controla a la Policía Nacional, que es el ministerio de Gobierno.

Carrillo, con el fin de evitar que se politice la actuación de la Policía, solicitó la construcción y aprobación de una ley orgánica de la institución, que separe la política pública de seguridad que emiten las autoridades civiles y el rol operativo que cumplen los policías.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

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