Día: 8 noviembre, 2020

El jueves 5 de noviembre en la tarde, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó la ordenanza reformatoria al Código Municipal que agrega el boletaje electrónico y otras medidas de contención para aplicarse en los espectáculos públicos masivos con el fin de evitar los contagio de coronavirus. Se aprobó en el segundo debate de la propuesta, durante una sesión extraordinaria.

El proponente del proyecto, Santiago Guarderas, dijo que la propuesta contemplaba inicialmente su aplicación solo en espectáculos deportivos, una vez que estos sean permitidos. Pero, por petición de otros ediles y del alcalde Jorge Yunda, fue ampliado a los espectáculos públicos de manera general, incluidos los de entretenimiento.

Guarderas subrayó que el momento que las autoridades pertinentes autoricen la realización de ese tipo de eventos, la actual ordenanza servirá para evitar la propagación del virus. Además, la venta de boletos de manera electrónica, servirá para llevar un mejor control tributario.

En esta categoría están todos los espectáculos artísticos, musicales, deportivos, entre otros, públicos o privados, donde se realicen actividades físicas o intelectuales en un escenario con capacidad para 5.000 o más espectadores. No incluye a los museos.

La diferencia con la compra en línea que ya se venía aplicando en algunos establecimientos hace tiempo es que anteriormente la persona, si bien hacía la compra en la red debía retirar el tiquete físico. Ahora con esta ordenanza da la posibilidad de que el boleto sea solo electrónico y no haga falta tenerlo impreso.

Además, la normativa establece que  los asistentes ocupen los puestos con el respectivo distanciamiento físico entre ellos.

El establecimiento debe tener señalización para accesos, salidas, vías de evacuación, pasillos, corredores y gradas de circulación. También, se inspeccionará el número de accesos internos y externos que pudieren habilitarse para facilitar el ingreso, la salida y la circulación de los espectadores. Se cumplirá con el control de temperatura al ingreso, y habrá un centro de atención médica.

Incluso, el responsable se encargará de la implementación de un protocolo para el manejo de desechos y demás condiciones sanitarias. Los baños permanecerán cerrados durante el ingreso, el medio tiempo y la salida del evento con el fin de evitar aglomeraciones. Es decir, solo se permitirá su uso durante el espectáculo.

Cualquier promotor que incumpla la normativa será sancionado dependiendo de su falta con lo que dice el Código Municipal tanto por la Agencia Metropolitana de Control (AMC) como por la Dirección Metropolitana Tributaria.

Después del primer debate, se incluyó al proyecto observaciones de los miembros del Concejo. Por ejemplo, se aclaró que la vigencia de las medidas de bioseguridad deben aplicarse antes, durante y después de los espectáculos está supeditada a la duración de la emergencia sanitaria.

La obligatoriedad de que los asistentes a los espectáculos lleven a mano alcohol no fue incorporada.

La venta de boletos electrónicos no es obligatoria. O sea, el promotor u organizador podrá optar por la modalidad y lo deberá informar al momento de solicitar la autorización para la realización del espectáculo público. Si lo hace por vía electrónica no podrá utilizar otra modalidad para la emisión de dichos documentos dentro del mismo evento.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Debido a la gran cantidad de pacientes covid, han reabierto la cafetería del Hospital del IESS Quito Sur, en cual sirve para aquellos pacientes que están superando al virus y se encuentran en procesos de pre altas y altas hospitalarias.

El Hospital del IESS Quito Sur, está casi al tope de llenas sus camas a nivel hospitalario. En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) las 43 camas de adultos están copadas. Esta casa de salud tiene 10 pacientes graves en lista de espera que necesitan una cama en la UCI.

Mediante protocolos que fueron mejorados, optimizados y actualizados, de acuerdo a todo el tiempo que han pasado en pandemia, los médicos explicaron a esos pacientes que les dan apoyo de oxígeno de alto flujo, hasta que accedan a una cama en UCI.

El incremento de pacientes con una prueba confirmatoria de COVID aumentó en las últimas semanas. Además, se atiende a los pacientes sin coronavirus, pero todo bajo protocolos implementados por vigilancia epidemiológica tanto institucional como nacional.

Sí tenemos un aumento de pacientes con coronavirus, dice Francisco Mora, coordinador institucional de vigilancia epidemiológica e infectología del Hospital del IESS Quito Sur. En consecuencia, esta unidad de salud ha vuelto a abrir la cafetería del hospital que se ha destinado para atender a pacientes leves, pacientes con altas hospitalarias y pre altas.

Todo va en relación al flujo de emergencia, dice Mora, quien indicó que la emergencia es su puerto de entrada hospitalaria. Si el flujo de pacientes crece, aumenta la posibilidad de covid y si existe una tipología de pacientes moderados que deban permanecer más tiempo se debe habilitar otras áreas, quizás las carpas militares u hospital de campaña como lo denominan, para seguir mejorando el flujo y esta área (cafetería) que ahora es para pre altas y altas hospitalarias, tengan que transformarse de nuevo en una área de hospitalización.

Francisco Mora señala que prevé la elevación de número de pacientes positivos con este coronavirus. Así se observa que la enfermedad está en franco crecimiento y que, hoy más que nunca, la población debe conservar los consejos que los médicos que se sugiere desde el inicio de la emergencia sanitaria.

Mora insiste en que el aumento de casos se debe al feriado anterior (octubre), no del reciente de noviembre, los cuales están bajo la línea epidemiológica. En porcentajes globales, hace más o menos tres semanas había una positividad general del 39 %, ahora la positividad supera el 60 % en cuanto a los pacientes covid; ese es el reflejo claro de que existe todavía transmisión y existe contagio. Este 60 % no quiere decir que son 60 % de pacientes que requieren hospitalización de UCI, es un 60 % de pacientes positivos al virus y estos se los subdivide en pacientes leves, moderados y graves de acuerdo a su clínica, precisa.

El virus continúa en contagio comunitario, esto no ha parado y es preciso seguir con el cuidado necesario, el distanciamiento social, uso de mascarilla, lavado de manos, no tocarse la cara, ser cautelosos y el tema de la educación de tener toda esta responsabilidad social es prioritario en este momento, puesto que hay que detener esta curva de contagio, exhorta el funcionario del hospital del IESS en Quito.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Solo tendrán justificación para no cumplir con la obligación de sufragar en las elecciones de 2021, por Covid-19, quienes cuenten con una certificación de un centro o subcentro del Ministerio de Salud Pública (MSP) o del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Lo advirtió el secretario del Consejo Nacional Electoral (CNE), Santiago Vallejo, quien señaló que incluso quienes cuenten con un certificado de un médico privado deberán presentarlo con el aval del Estado.

Recordó que el voto es obligatorio para las personas de entre 18 y 65 años y que, debido a la pandemia, si bien será considerada entre los motivos para no sufragar, se debe cumplir con la justificación de manera documentada.

La multa por no acudir a sufragar es de $40 y el certificado de votación es indispensable para varios trámites legales.

Las delegaciones provinciales serán las encargadas de revisar las certificaciones del MSP o del IESS, tanto de quienes se contagian de Covid-19 como de aquellos que presenten otras emergencias de salud, indicó el funcionario.

“Si una persona que ha sido detectada como positivo en un examen PCR, inmediatamente el MSP ordena que esa persona guarde el arraigo social, eso debe estar avalado, firmado y sellado, para que pueda servir en caso de que necesite justificar aquello”, insistió.

Vallejo aseguró que los protocolos sanitarios para el 7 de febrero: distanciamiento físico, uso de mascarilla y desinfección de manos, están siendo coordinados con el MSP, el COE y demás organismos locales en todo el país. Para los implementos y logística hay un presupuesto de dos millones 100 mil dólares, casi la mitad de lo que se había programado, debido al recorte.

Según el funcionario del CNE, la prevención también contempla un incremento del número de recintos electorales, en todo el país, por lo que, de los 3.665 que se abrieron en las seccionales del 2019, ahora habrá 4.276; es decir, un aumento del 16,6 %.

A criterio de la directora de la Corporación Participación Ciudadana (PC), Ruth Hidalgo, que monitorea el proceso electoral desde la sociedad civil, se deben reforzar las medidas de bioseguridad, así como el plan de comunicación para que los ciudadanos conozcan a detalle los protocolos a seguir.

“Aún estamos a la espera de cuáles van a ser las medidas. Es necesario que la campaña de difusión empiece ya. Si no se comunica adecuadamente, el 7 de febrero podría convertirse en un escenario de contagio masivo”, alertó.

A decir del consejero Luis Verdesoto, más allá de las declaraciones de la titular del CNE, Diana Atamaint, de que existe una coordinación interinstitucional, no hay todavía un plan detallado, ni se han delineado estrategias para evitar, por ejemplo, las aglomeraciones o establecer condiciones especiales para las personas en situación de riesgo, como horarios segmentados, filas exclusivas o sufragio según el número de cédula, experiencias que fueron aplicadas en las últimas elecciones de Chile y Bolivia.

Criticó que el tema de salubridad no está cubierto. “Hemos pedido que sea la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la que dé un protocolo de seguridad, pero la presidenta dice que el MSP se hará cargo, lo que implica delegar una competencia que debía cubrir el CNE”, cuestionó.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Con nueve votos a favor, la Comisión de Fiscalización de la Legislatura aprobó el informe que recomienda el juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en el Pleno, en donde se discutirá su censura y destitución, por incumplimiento de funciones en las protestas de octubre de 2019.

Según el informe, luego de recibir las pruebas de cargo y descargo, se comprobó que la Policía sí utilizó bombas lacrimógenas caducadas, durante las acciones para contener las protestas, y atacó a las universidades que fueron utilizadas como centros de acogida humanitaria, donde se encontraban niños, mujeres, personas de la tercera edad.

De acuerdo con el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana (COESCOP), la ministra de Gobierno es la responsable política de permitir que se hayan cometido estas faltas consideradas graves, por parte de la Policía, que constituyen un atentado a la integridad y a la vida de grupos vulnerables, señala el documento.

La secretaria de Estado, como rectora de la Policía Nacional, de conformidad con lo que determinan los artículos 63 y 64 del COESCOP, incumplió con las normas establecidas en la Constitución de la República y con principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El informe de la mesa de Fiscalización determina que hubo uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, que provocó que, en apenas 11 días de manifestaciones, 20 ciudadanos perdieron uno de sus ojos, ya sea por impacto de perdigones o bombas lacrimógenos.

Deja claro que el detonante de las protestas fue el decreto ejecutivo 883, mediante el cual, el presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso la eliminación del subsidio a los combustibles.

El escrito destaca que tal decreto fue emitido sin un previo proceso de diálogo y participación de todos los sectores afectados. “Es una demostración más del fracaso del actual Gobierno de llevar adelante un diálogo nacional, honesto y efectivo, para construir acuerdos mínimos para superar la crisis económica y social, distribuyendo de manera justa y equitativa los costos de la reactivación productiva, al mismo tiempo que se proteja a los sectores más vulnerables”, apunta el informe.

También advierte que, en ese diálogo, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, debió haber jugado un papel relevante y no lo hizo. “Y lo que resulta más preocupante es que tampoco podrá hacerlo en los meses restantes de este gobierno, por su pérdida de credibilidad y de confianza, lo que podría comprometer la gobernabilidad y la estabilidad misma de la democracia”.

El informe menciona que, como consecuencia del acuerdo suscrito por el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional, “el próximo gobierno podría verse enfrentado a situaciones de indignación popular mucho más intensas que en octubre de 2019”.

Fue el asambleísta Dennis Marín (PSC) quien presentó la moción para que se apruebe el informe. Votaron a favor 9 legisladores: Absalón Campoverde, Dennis Marín, Esteban Melo, Jaime Olivo, Elio Peña, José Serrano, Mercedes Serrano, Marcelo Simbaña y Bairon Valle; en contra votó Franco Romero y se abstuvo de votar Noralma Zambrano.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.