Asambleista Villalva logra detener venta del Banco del Pacífico

“Exigir al Presidente de la República, Lenin Moreno, disponga la inmediata suspensión del proceso de evaluación, valoración, desinversión y venta o «monetización» del Banco del Pacífico”, fue la resolución adoptada este 11 de noviembre por la Asamblea Nacional.

En el marco de la sesión virtual 686 del Legislativo, en cumplimiento de la Resolución RL-2019-2021-076 (que desclasifica la información relacionada con el proceso de evaluación, valoración, desinversión y venta o “monetización” del banco del pacífico), resolvió solicitar aLenin Moreno, disponer la inmediata remoción del cargo a Roberto Dunn Suárez, Presidente del Directorio de la Corporación Financiera Nacional -CFN-,  por haber incurrido en el incumplimiento de su obligación de desclasificar la información relacionada con el proceso de evaluación, valoración, desinversión y venta o “monetización” del Banco del Pacífico dispuesto por el Pleno de la Asamblea Nacional el 27 de agosto de 2020.

Así mismo, por haber incurrido en el incumplimiento de su obligación de comparecer al seno de la Comisión de Régimen Económico, inobservando lo establecido en artículos 120 numeral 9, 225 y 131 de la Constitución de la República y artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Adicional, se dispone al Presidente de la Asamblea Nacional que en un plazo de tres días inicie las acciones pertinentes ante las autoridades de justicia en contra del señor Roberto Dunn Suárez, Presidente del Directorio de la Corporación Financiera Nacional -CFN- por existir elementos del cometimiento de delito por el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, conforme lo establecido en el artículo 282 del COIP.  

La resolución también señala que se exige al PresidenteMoreno la inmediata suspensión del proceso de venta del Banco del Pacífico. Y, como artículo final, disponer la comparecencia inmediata a la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional al Presidente y Directorio de la Corporación Financiera Nacional -CFN- para que rindan cuentas sobre el incumplimiento de entrega de la información relacionada con el proceso de evaluación, valoración, desinversión y venta o “monetización” del Banco del Pacífico.

El pasado 15 de septiembre, tras aprobarse la moción presentada por la asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Lira Villalva, se dispuso iniciar un proceso de desclasificación de la información sobre la valoración y eventual venta del Banco del Pacífico conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Transparencia, disposición incumplida por el presidente del Directorio de la Corporación Financiera Nacional. 

Villalva, en su intervención de hoy puntualizó que la Asamblea Nacional no puede ser burlada por cualquier funcionario, pues no es la representación personal de cada uno de los legisladores, sino la del pueblo ecuatoriano.

Y enfatizó que “el Presidente de la CFN se pasó por encima de nuestra Comisión, no podemos permitirlo, como no podemos permitir la venta de uno de los Bancos más eficientes que tiene el País”.

Eliseo Azuero solicita someterse a un procedimiento abreviado en caso hospital de Pedernales

Harrison Salcedo, parte de la defensa del exasambleísta Eliseo Azuero en el proceso por delincuencia organizada relacionado al caso hospital de Pedernales, aseguró la mañana de este miércoles, que su cliente ha solicitado a la Fiscalía someterse al procedimiento abreviado, que habla de la admisibilidad de los hechos más no de la culpa en los mismos.

«La decisión adoptada de tomar un procedimiento abreviado en un caso emblemático como es el del reparto de los hospitales obedece a una estrategia más política que jurídica. (…) Considero que someterse a un procedimiento abreviado y buscar una pena mínima podría ser una estrategia de autoprotección o de salvaguarda de que una condena mayor injusta no sea aplicable «, explicó Salcedo.

El anuncio se hizo una vez que el juez de la causa, Marco Rodríguez, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), suspendió, la noche del martes último, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra Azuero; Jorge Jalil, exsubdirector técnico del Servicio de Contratación de Obras (Secob), Pablo Cruz, Dany Calderón, Miguel Ganchozo, José Párraga y Danilo Véliz .

En esa diligencia la fiscal general Diana Salazar acusó de ser los autores del delito de delincuencia organizada a los siete procesados y pidió al juez que llame a todos a juicio.

CONTEXTO

Azuero fue acusado de ser el autor del delito de delincuencia organizada tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), inciso primero, pues es visto por la Fiscalía como otro de los líderes de la «organización criminal» investigada.

Al momento el exlegislador por Sucumbíos se mantiene como prófugo de la justicia, pues existe una orden de prisión preventiva en su contra como parte de su medida cautelar.

Azuero deberá dejar ese estado y presentarse ante el juez, debido a que uno de los requisitos del procedimiento abreviado es que el procesado deberá consentir expresamente tanto la aplicación de este procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye.

Según el artículo 635 del COIP, que habla de las reglas del procedimiento abreviado, este tipo de figura solo podrá aplicarse en las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta diez años y la propuesta del fiscal podrá presentarse desde la audiencia de formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.

«Esa es una decisión a la que debe someterse el mismo Eliseo Azuero porque es la única persona que puede autorizar este procedimiento y aceptar la pena sugerida por la Fiscalía. (…) El procedimiento abreviado habla de la admisibilidad de los hechos más no de la culpa en sí», apuntó el abogado de Azuero.

Daniel Morales, abogado del exlegislador Azuero, quien participó de la audiencia del martes último, rechazó los elementos de convicción presentados por la Fiscalía contra su cliente y dijo que, por ejemplo, existen contradicciones en el testimonio de Daniel Mendoza, también exasambleísta, con relación a temas como la entrega de dineros y apuntó que existe un afán de «embarra a su defendido».

PROCESO LEGAL

El lunes último, Azuero también fue acusado en el caso, por irregularidades en el manejo del anticipo entregado para el proyecto de construcción del hospital de Pedernales, el exasambleísta Daniel Mendoza, quien luego de someterse a un procedimiento abreviado y hacer valer un acuerdo de cooperación eficaz firmado con Fiscalía fue sentenciado a una pena reducida de cuatro años y dos meses de cárcel.

El inciso primero del 369 sanciona con una pena de siete a diez años de cárcel a quien mediante acuerdo forme un grupo estructurado de dos o más personas que financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva, con el propósito de cometer delitos, que tengan como objetivo la obtención de beneficios económicos u otros.

En la audiencia de procedimiento abreviado del lunes último también se sentenció a 34 meses de prisión al exasesor de Mendoza, Jean Benavides; al exdirector del Secob, René Tamayo; al representante del Consorcio Pedernales-Manabí, José Véliz; y a Franklin Calderón, alias «Banquero»; y a 40 meses de privación de libertad a Jennifer Cobeña, expresidenta de la Comisión Técnica de Calificación del Secob; a su excompañero de Comisión, Ángel Andrade; y al exfuncionario público, José Santos.

La Fiscalía emitió un dictamen abstentivo a favor de los también procesados Tannia Saltos, Olga Macías, Estéban Velásquez y Mario Ordoñez. El juez Rodríguez los sobreseyó ratificando su inocencia.

Inicialmente en este caso estaban siendo investigadas 19 personas.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Gobierno compensará al transporte de pasajeros por aumento del precio del diésel

El transporte de pasajeros tendrá compensación por el incremento del precio del diésel, ratificó el ministro de Energía, René Ortiz, como una suerte de focalización del subsidio, para mantener congelado el pasaje.

Según el funcionario del Ejecutivo, el transporte de pasajeros que utilice diésel queda protegido con una compensación económica, que hasta el momento no se ha hecho necesaria pese a la liberación del precio dentro de una banda.

A criterio de Ortiz, todavía no será entregado el subsidio, porque el impacto de la liberación aún es pequeño.

Desde el punto de vista del ministro, desde que entró en vigencia el Decreto 1054, que libera los precios de los combustibles, «todo julio no subió el precio de la gasolina; todo agosto tampoco; en octubre subió, pero podría bajar. En el caso del diésel es distinto, partió desde un nivel bajo y se ha mantenido con un aumento del 5 %, leve, ligeramente».

Reiteró que el impacto que el aumento del precio del diésel genere en las tarifas de transporte urbano, interprovincial, interparroquial o intercantonal, el gobierno lo compensará para mantener congelado el pasaje.

Aclaró que el transporte de carga, que también utiliza diésel, es absolutamente libre; es un proceso de negociación oferta-demanda entre las personas que necesitan la carga y aquellas que requieren el transporte, por lo que para este sector no habrá compensación económica.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Moreno deja sin efecto que ministros tengan el 50% de reducción de su sueldos

El presidente de la República, Lenín Moreno, derogó el Decreto Ejecutivo 1041 que disponía la reducción del 50% de su salario, el de la Vicepresidenta y los Ministros de Estados.

Esta decisión la realizó mediante la elaboración del nuevo Decreto 1184, donde también ordena que la reducción del sueldo se mantenga en 16.66% como todos los funcionarios públicos.

Manténgase la reducción del 16.66% de las remuneraciones del Presidente, Vicepresidente, Ministros y demás funcionarios, conforme la jornada especial diferenciada en el sector público vigente, de acuerdo con la normativa correspondiente, y mientras dicha jornada especial diferenciada subsista“, decretó el presidente el pasado 6 de noviembre.

La decisión de la reducción del 50% de su sueldo se tomó ante la crisis económica debido a la pandemia del coronavirus. El sueldo de Lenín Moreno es de $5.072 y con la reducción quedó en $2.537. El sueldo de la vicepresidenta María Alejandra Muñoz es de 4.869 y con la reducción quedó en $2.434.

El Decreto 1041 indicaba que la baja de ingresos del Estado, producto de la crisis por COVID-19, ha producido efectos negativos en la economía del país, razón por la cual resulta imperioso reducir las remuneraciones” del gabinete del Estado.

Fuente: Metro Ecuador, Republica del Banano.

Canciller considera que Vicepresidenta se “jugó la vida por una causa muy noble” en su visita al Vaticano

El Canciller Luis Gallegos, se refirió a la visita de la Vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz, a Europa y, en especial, al Vaticano para reunirse con el Papa Francisco. Sobre este tema aseveró que ella se “jugó la vida como los demás que van a Europa en estos momentos” y que la visita de su familia no fue costeada con recursos públicos.

Gallegos cree que las críticas en contra de Muñoz no son justas, ya que esta visita era muy importante, no solamente por conversar con el Papa, sino por la relación de Ecuador con el Estado del Vaticano.

“El objetivo de la visita fue crear una serie de estructuras y suscribir acuerdos para niños con enfermedades extremas. Ella es una persona dedicada a la causa de las personas vulnerables”.

El Canciller manifestó que considera injustificadas todas las críticas que recibió Muñoz, ya que se “jugó la vida por una causa muy noble”. Además, indicó que Ecuador no pagó por el viaje de la familia de la Vicepresidenta.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Juez decidirá el 19 de noviembre si llama o no a juicio a 7 procesados en el caso Hospital de Pedernales

El próximo 19 de noviembre está previsto que el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Marco Rodríguez, anuncie si llama o no a juicio a siete procesados por el delito de delincuencia organizada relacionado con el Hospital de Pedernales.

En este grupo está el exasambleísta Eliseo Azuero y el exsubdirector técnico del Servicio de Contratación de Obras (Secob), Jorge Jalil.

La diligencia se suspendió luego de casi nueve horas de audiencia en las que se escuchó el dictamen acusatorio de la fiscal general Diana Salazar y los elementos de convicción que tiene contra los siete investigados para los que pidió ser llamados a juicio.

En su intervención, Salazar indicó que, durante los años 2019 y 2020, en las provincias de Pichincha y Manabí, la organización estuvo liderada por Azuero y contó con la colaboración de los otros procesados.

Durante la diligencia también se escucharon los alegatos de los abogados de los procesados entre quienes también están: Pablo Cruz, Dany Calderón, Miguel Ganchozo, José Párraga y Danilo Véliz.

En este mismo caso, el pasado lunes fueron sentenciadas ocho personas más bajo procedimiento abreviado, una vez que aceptaron su culpabilidad. Entre ellos está el exlegislador Daniel Mendoza, quien recibió una condena de cuatro años y dos meses de cárcel.

En este proceso estaban vinculadas 19 personas, pero la Fiscalía se abstuvo de acusar a Tannia Saltos, Olga Macías, Esteban Velásquez y Mario Ordoñez, por lo que el juez Rodríguez los sobreseyó, es decir, ratificó su inocencia.

Fuente: Puchincha Universal, Republica del Banano.

Ministerio de Gobierno incluye a Fernando Alvarado entre “más buscados”, pese a que fue sobreseído

El Ministerio de Gobierno publicó este 10 de noviembre de 2020 una foto de Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación, en la lista de “los más buscados por corrupción”, pese a que un Tribunal Penal declaró su inocencia en octubre de este año.

Carlos Alvear, abogado del exfuncionario, señaló que su cliente no tiene ninguna una orden de captura por ningún otro proceso. La única orden de prisión preventiva era por el caso SECOM, pero el Tribunal ratificó su inocencia en primera instancia.

Pese a que la Fiscalía aún no apela esta sentencia, el Ministerio de Gobierno publicó este martes una foto de Alvarado, en la que pide a la ciudadanía su ayuda para capturarlo. Según el Ministerio, “es el primer más buscado a escala nacional” por corrupción.

Alvear criticó que desde el inicio del caso SECOM, varias instituciones, principalmente el Ministerio de Gobierno, tuvieron declaraciones “en las que demuestran animadversión” en contra de los procesados. “Pero se pudo demostrar en el juicio que ninguna de esas afirmaciones tenían sustento alguno y eso se demostró con la ratificación de inocencia de todos los procesados”, agregó el jurista.

Además, aclaró que no existe ningún otro proceso en contra de su cliente que esté en la etapa de instrucción fiscal. Todos, dijo, están en investigación previa.

El expresidente Rafael Correa también reaccionó a esta publicación y criticó el accionar del Ministerio. Virgilio Hernández, dirigente de la Revolución Ciudadana, también rechazó este tipo de publicaciones que, dijo, “dañan y denigran” a los ciudadanos. “Basta ya de tanta infamia! Ecuador no puede vivir en función de su odio!”, escribió en su cuenta de Twitter. La Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, también expresó su solidaridad con el exfuncionario.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Trabajadores de la salud advierten con nuevas movilizaciones debido a la inestabilidad laboral

La mañana del martes 10 de noviembre de 2020, la subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, presidida por el asambleísta Ángel Sinmaleza informó, mediante rueda de prensa, que los delegados de los ministerios de Finanzas, Salud y Trabajo tienen hasta el día de mañana miércoles 11 de noviembre para presentar los textos alternativos para la reforma a los artículos 10 y 40 del reglamento de la Ley Humanitaria, relacionados a la aplicación del artículo 25 de la Ley en vigencia desde julio pasado, donde se determina el otorgamiento de nombramientos definitivos a los médicos y trabajadores de la salud que laboraron durante la emergencia del Covid-19.

Sinmaleza aclaró que la subcomisión no acepta el planteamiento formulado por los delegados del Ejecutivo, el pasado lunes 9 de noviembre, de que se emita una normativa secundaria interministerial para proceder a los nombramientos de los profesionales de la salud, cuando el pedido puntual es reformar el reglamento.

La asambleísta Rosa Verdezoto, miembro de la subcomisión, advirtió que si no existe una respuesta al pedido de reformar el reglamento, el siguiente camino es iniciar un juicio político en contra de los tres ministros de Estado por incumplimiento de funciones debido a la falta de aplicación del artículo 25 de la Ley Humanitaria.

Recordó que el origen de la subcomisión y el pedido de los gremios de la salud es la reforma al reglamento y eso lo puede hacer el Ejecutivo en dos días si existiera la voluntad política; por eso, hoy se pide un pronunciamiento frontal para atender a los médicos y a los trabajadores de la salud; pero “si no tenemos una respuesta inmediata, dentro de esta misma subcomisión vamos a empezar a tramitar un juicio político por incumplimiento de lo que está establecido en el artículo 25 de la Ley Humanitaria”, subrayó Verdezoto.

También Ismael Espinosa y Carlos Ulfe, dirigentes de los profesionales de la salud, dijeron que apoyan la resolución de la subcomisión de salud y que no están de acuerdo con lo planteado por el gobierno de crear un acuerdo interministerial para proceder a los nombramientos y dejar en vigencia un reglamento que no observa lo que determina la Ley Humanitaria.

Espinosa añadió: «Lo único que pedimos es una estabilidad ganada durante años y no solo la estabilidad a los empleados o médicos, sino a todos los trabajadores de la salud que siguen trabajando en pandemia; pues no se ha acabado la pandemia, más aún cuando se esperan un rebrote de Covid-19, porque hay cifras de que existen 700 contagios diarios solo en la ciudad de Quito», apuntó.

Los dirigentes afirmaron que seguirán con los plantones dentro de lo que la Ley lo permite, no se paralizará la salud, porque los médicos y trabajadores no somos irresponsables, subrayó.

Nosotros hoy pedimos el cumplimiento de esa Ley que él presidente aprobó y lo que es un derecho adquirido en beneficio de todos quienes seguimos trabajando en la pandemia”, manifestó el dirigente.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.