TCE falla a favor de Compromiso Social y lo habilita para participar en elecciones 2021

Este 11 de noviembre, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) falló a favor del recurso interpuesto por Fuerza Compromiso Social (FCS) para participar en los comicios presidenciales del 2021.

Vanessa Freire, presidenta de esa organización política, apeló la resolución PLE-CNE-l-16-9-2020 con la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) inició un procedimiento de revisión de actuaciones administrativas, con la finalidad de eliminar al movimiento.

Ante esto, los jueces del TCE acogieron esta petición y dispusieron al CNE que habilite tiempo y trámite a fin de que ese movimiento continúe con los procedimientos previstos en el calendario electoral.

«Este Tribunal considera que el Consejo Nacional Electoral ha vulnerado las garantías constitucionales del debido proceso por lo que acepta el recurso subjetivo contencioso electoral, en contra de la resolución del CNE», se lee en la resolución.

La decisión a favor de Compromiso Social fue respaldada por  los jueces Patricia Guaicha, Joaquín Viteri y Fernando Muñoz, por otra parte, hubo el voto salvado de dos jueces electorales: Arturo Cabrera y Ángel Torres.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

CNE fija en USD en 91’060.644 el presupuesto para los comicios de 2021

El presupuesto para las elecciones generales de 2021 sufrió un recorte de USD 23’256.541.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó en USD 91’060.644 el nuevo presupuesto, cuando inicialmente se hablaba de USD 114’317.185 y hasta el Ministerio de Economía sugería que sea de USD 83 millones.

La presidenta del organismo electoral, Diana Atamaint, comentó que ese monto garantiza que el proceso electoral se lleve a cabo con todas las condiciones y cumpla con cada una de las actividades planificadas sin afectar la calidad.

Atamaint dijo que para decidir la reducción se realizaron mesas de trabajo con un equipo del Ministerio de Economía y Finanzas pensando en la situación que vive el país.

En un comunicado, el CNE indicó que la reducción se dio además por un convenio con la Policía Nacional por 2’039.08128. Otro rubro optimizado es de 1’466.207,08 en la integración del paquete electoral, mientras que los servicios a contratarse con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), el ajuste es de USD 4’234.716,15, entre otros.

El ente electoral también consiguió convenios con instituciones del Ejecutivo que absorberán ciertos servicios y productos del proceso electoral.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Los combustibles a precio de mercado, esto no dispone la Constitución de la República ni la Ley de Hidrocarburos

Este artículo ha sido escrito por Henry Llanes Suárez, ex dirigente de los trabajadores petroleros, Asambleísta, actualmente participa en el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano y es Vicepresidente de de la Asociación de Jubilados y Pensionistas del IESS

Esto no dispone la Constitución de la República ni la Ley de Hidrocarburos

Hacer ajustes en los precios de los combustibles de + / – el 5% mensual, ESO NO ES focalizar los precios de los combustibles.

El Ing. René Ortiz Durán, Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables informa, que el 4 de noviembre de 2020 ha puesto en vigencia el DECRETO EJECUTIVO con el cual se focaliza MENSUALMENTE los precios de los combustibles del diésel 2, diésel premium, gasolina extra y gasolina extra con etanol para el segmento automotriz y otros segmentos (no dice si es en terminal o al consumidor), en el cual no está incluido el transporte de carga, ESO NO ES FOCALIZAR LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES.

FOCALIZAR LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES significa estabilizar los precios de los combustibles durante un año, dos años o más hasta que se reactive la economía, hasta mejore el empleo y los ingresos de la gente. A partir de aquello se puede hacer ajustes anuales y no mensuales en el precio de los combustibles SUBSIDIADOS.

El señor ministro dice que, con la libre importación de los combustibles se termina un monopolio de 40 años, FALSO, porque el Estado durante los últimos 40 años ha importado los combustibles a través de un monopolio internacional. En los años 80 el monopolio de la importación del GLP estuvo bajo el control monopólico de la empresa FURNES WITT por más de una década.

Desde los años 90 hasta la actualidad, el MONOPOLIO de la importación de los combustibles ha estado bajo el control de DOS empresas: TRAFIGURA y GLENCORE, quienes se han alternado el control del mercado. En el período 2007 – 2019 importaron USD 49.000 millones en diésel, gasolinas y GLP. UN PINGÜE NEGOCIO. En este monto no está incluido la importación de Cutter Stocks, Jet Fuel, Avgas, VGO, Fuel Oil y NBO.

En el caso de tres productos, el Estado importa anualmente el 71.05% en diésel, el 55.80% en gasolinas y el 77.80% en GLP. La importación de los combustibles en esa magnitud, es producto del diseño de una política petrolera que beneficia a grupos de poder vinculados al negocio de los hidrocarburos. Estos grupos son los que han boicoteado el desarrollo de la industria nacional en materia petrolera, son los responsables de la descapitalización del país, de la afectación a la reproducción del capital nacional y del ahorro interno.

En el país se comercializa los combustibles a través de 11 comercializadoras privadas (intermediarios de marca) y de 1.118 estaciones de gasolina que no son de carácter estatal.

Henry Llanes Suárez

Legislativo aprobó proyecto de ley en beneficio de servidores públicos

Con el respaldo unánime de los 125 legisladores que asistieron a la sesión del Pleno, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reformas a la Losep, que impide que los servidores públicos sean despedidos cuando entren en mora con el Estado.

La propuesta, que reforma el artículo 9 de la Ley de Servicio Público (Losep), plantea la no inhabilidad especial por mora, en ejercicio de funciones ni como falta disciplinaria o causal de remoción de la servidora o servidor público, cuyo informe fue elaborado por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores.

Garantiza la estabilidad del empleado, al regular la inhabilidad por mora para el ingreso al servicio público, cuando las personas sean deudoras del Gobierno Nacional, gobiernos autónomos descentralizados (GAD), Servicio de Rentas Internas (SRI), Banco Central del Ecuador, instituciones financieras abiertas o cerradas pertenecientes al Estado, entidades de derecho privado financiadas con el cincuenta por ciento (50%) o más, con recursos públicos, así como empresas públicas o, en general, con cualquier entidad u organismo del Estado.

Se mantiene inalterable el segundo párrafo del artículo 9 de la Losep, que señala: “Se exceptúan de esta norma, los nombramientos expedidos o contratos celebrados a favor de personas que se encuentran en mora con entidades o empresas públicas o que administren recursos públicos si, previo a la obtención del nombramiento o contrato, se hace constar en la declaración patrimonial juramentada de inicio de gestión, el detalle de la deuda y del convenio o facilidades de pago suscrito entre el deudor y el acreedor”.

Se soluciona un vacío legal, que no explica qué pasa cuando un funcionario público entra en mora con una entidad del Estado, estando en funciones, a criterio de la parlamentaria Rina Campain, proponente y ponente de la reforma legal.

En su opinión, sin esta reforma, la estabilidad laboral de los trabajadores públicos se encuentra amenazada, ya que de manera injusta se viene despidiendo a los servidores públicos en funciones, bajo la aplicación errónea de la figura “inhabilidad especial por mora”, estipulada en el artículo 9 de la Losep.

Las personas que caen en mora están obligadas a pagar multas, intereses, costas judiciales, honorarios profesionales y en el caso de los servicios públicos, están sujetos a la terminación del contrato o nombramiento, insistió.

Con el fin de sustentar la propuesta, la presidenta de la Comisión de los Trabajadores, Karina Arteaga, recalcó que, entre los efectos de la pandemia, la paralización de las actividades generadoras de ingresos económicos provocó una ostensible demora en el pago de las remuneraciones, también el ámbito público. Esto generó que el servidor público no cuente con su sueldo a tiempo y quede en mora en el cumplimiento de las obligaciones crediticias.

Estas realidades obligan a tomar acciones que impidan la vulneración de derechos de los servidores públicos, muchos de los cuales perdieron sus empleos por deudas irrisorias, reclamó.

Aseguró que la propuesta de ley fue validada por expertos en la materia y trabajada de la mano con el órgano rector de la política laboral. El proyecto aprobado será remitido en las próximas horas al Ejecutivo para su sanción u objeción.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

ANT aplicará Plan de Atención Emergente para atender la demanda de licencias de conducir en Quito

Ante la demanda de usuarios que buscan un turno para obtener la licencia de conducir, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) aplicará desde el sábado 14 de noviembre un Plan de Atención Emergente, en Quito.

La atención en las agencias Occidental, en el norte, y El Recreo, en el sur, será en el horario de 08:00 a 16:00 los sábados 14, 21 y 28 de noviembre, así como el 5, 12 y 19 de diciembre.

A través de un comunicado, Juan Pazos, director ejecutivo de la ANT, informó que durante las jornadas ampliadas se podrá tramitar la licencia por primera vez, la renovación y el duplicado.

El funcionario expresó que el objetivo de la medida es que las personas que ya han obtenido un turno “independientemente de la fecha que hayan elegido” puedan recibir su documento.

La Agencia recomendó a la ciudadanía que asista con los requisitos completos y vigentes, como lo exige la normativa y además cumpla con las normas de bioseguridad como: uso de la mascarilla y distanciamiento social.

La entidad dio a conocer que el servicio no tiene costo y pidió a los ciudadanos que no se dejen sorprender por los tramitadores.

El valor de la especie varía según el tipo de documento: licencias no profesionales USD 68 (primera vez y renovación), licencias profesionales USD 110 (primera vez y renovación), licencias por discapacidad USD 42 (primera vez y renovación) y duplicados de licencias USD 26 (profesional y no profesional).

Según una resolución de la ANT, los conductores que tengan las licencias caducadas solo podrán circular hasta el 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, existen dos condiciones y una excepción. La normativa establece dos condiciones para que los conductores, cuyas licencias vencieron durante el estado de excepción, puedan conducir automotores: el pago de la renovación de la licencia y el turno impreso para tramitar una nueva.

Además, la medida libera de multas por caducidad a los conductores cuya licencia perdió vigencia durante el estado de excepción, es decir desde el 16 de marzo del 2020 hasta el 12 de septiembre.

Requisitos: 

Para renovar la licencia no profesional:

– Original de licencia de conducir caducada.

– En caso de pérdida o robo, presentar la denuncia realizada ante el Consejo de la Judicatura.

– El documento que certifica la aprobación del examen psicosensométrico.

– Cédula de identidad.

– Comprobante de pago de la renovación de la licencia.

Licencia por primera vez:

– Certificado de conductor no profesional tipo B, emitido por una Escuela de Capacitación.

– Original del acta de grado del curso.

– Original del permiso de aprendizaje.

– El documento que certifica la aprobación del examen psicosensométrico.

– Cédula de identidad.

– Carné con el tipo de sangre.

– Comprobante de pago.

Duplicado de licencia:

– Licencia de conducir deteriorada.

– En caso de pérdida o robo, presentar la denuncia realizada ante el Consejo de la Judicatura.

– Cédula de identidad.

– Comprobante de pago.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Campaña de recolección de firmas para decirle, al gobierno nacional: ¡…El petrolero es de los ecuatoriano…!

El FRENTE DE DEFENSA PETROLERO ECUATORIANO, (FDPE) con el propósito de levantar la conciencia social del pueblo ecuatoriano, respecto a las consecuencias negativas de la política petrolera implementada por el gobierno nacional, lanza una campaña nacional de recolección de firmas denominada: “ Campaña de recolección de firmas para decirle, al gobierno nacional: ¡…El petrolero es de los ecuatorianos…!”.

Esta campaña, pretende expresarle al gobierno nacional que al faltar pocos meses para que termine su período de gobierno, le exige se exima de tomar medidas que comprometen los recursos petroleros a futuro, incluido el tema de la fusión de PETROECUADOR con PETROAMAZONAS y que se deje estas delicadas decisiones a quien tome las riendas del país en mayo de 2021.

Para recordar, las medidas ilegales e inconstitucionales y anti técnicas tomadas a través de diversos Decretos Ejecutivos (861, 1054, 1094 y 1158); se debe recorrer el contenido de los mencionados decretos:

  • Entrega de la Refinería Estatal de Esmeraldas a una empresa privada para que la administre por 25 años;
  • Obligatoriedad de alquilar la infraestructura petrolera estatal a los actores privados que manejarán la distribución de derivados;
  • Entrega del campo petrolero Sacha, uno de los más productivos del país, en concesión por 25 años a empresas privadas, en detrimento de las capacidades productivas de la empresa petrolera pública;
  • Entrega de la fijación de los precios de los combustibles al sector privado terminando con los subsidios a las gasolinas, al diésel y en un futuro cercano al gas de uso doméstico;
  • Liberalización de la importación de combustibles; y,
  • Fusión de las empresas PETROECUADOR Y PETROAMAZONAS

El día 12 de noviembre de 2020 a las 20:H00 se inicia con el lanzamiento de la campaña, a través de medios digitales y las redes sociales .En este espacio, varios dirigentes intervendrán para expresar su adhesión al pronunciamiento del FDEP; adicionalmente se realiza en lanzamiento mundial de la canción “No privatización del petróleo” que ha sido preparada por compañeros de la comunidad migrante de Europa, solidarios con el país.

La recolección de firmas se desarrollará entre el 12 y 29 de noviembre del 2020

Al finalizar se consolidará todas las adhesiones y se publicará los resultados en los medios digitales, convencionales y en una comunicación a la presidencia de la República, al Presidente de la Asamblea Nacional y presidente de la comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, se les hará conocer el pronunciamiento ciudadano y de sus organizaciones sociales.

Reitera el FRENTE DE DEFENSA PETROLERO ECUATORIANO, (FDPE) la consigna de  ¡…No a la privatización de la industria petrolera…!, y que  ¡…Suspenda, toda acción que comprometa, a futuro, los recursos petroleros …¡

Autor: Jorge Cáceres E.

Once personas enfrentan audiencia de evaluación preparatoria de juicio en caso Prefectura del Guayas

En la Corte Provincial de Justicia del Guayas, se reinstaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra 11 personas por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias en la Prefectura del Guayas.

La diligencia se retoma luego que el pasado lunes fue suspendida. Ese día, se trataron cuestiones prejudiciales que pudieren afectar la validez del proceso penal.

La Fiscalía cuenta con elementos de convicción suficientes que hacen presumir la participación y responsabilidad de funcionarios de la Prefectura que trabajaban directamente con el fallecido prefecto Carlos Luis Morales.

Estas personas habrían adjudicado contratos, durante la emergencia sanitaria por la Covid-19, para la compra de insumos médicos a empresas que no cumplían con la Ley Orgánica de Contratación Pública y por tanto vulneraron los procedimientos precontractuales y contractuales.

Algunas de estas empresas se habrían encontrado en estado pasivo y los domicilios que constan en los contratos serían fachadas. Incluso, otras no habrían coincidido con los lugares señalados y registrados.

La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se efectúa en contra de 11 personas, debido a que Fiscalía se abstuvo de acusar a cinco, por no existir suficientes elementos de convicción en su contra.

El delito de tráfico de influencias está tipificado en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Judicatura solicitó a Fiscalía que investigue posible irregularidad en concurso para designación de jueces

El pasado fin de semana, la Dirección General del Consejo de la Judicatura presentó una denuncia en la Fiscalía General, para que investigue si hubo mala fe en el error de notificación realizado, el viernes 06 de noviembre de 2020, a los postulantes que participan en el mencionado concurso, admitieron las autoridades del CJ.

El director general, Pedro Crespo explicó que la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura inició una investigación para examinar una potencial conducta irregular y determinar si hubo la intención de causar daño a este proceso.

En este marco, la Judicatura notificó a los postulantes los resultados de la fase de méritos del concurso público para la selección y designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), según anunció.

Los postulantes tienen tres días para presentar sus pedidos de recalificación, los mismos que serán resueltos por los Tribunales de Recalificación, conforme el reglamento del concurso, indicó Crespo.

La presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, declaró que el organismo “está abierto a todas las auditorías que se quieran realizar; estamos conscientes de que esta es una necesidad ciudadana y de nuestra institución”, dijo.

Sostuvo que el informe presentado por la Dirección General, ante los veedores, compila las acciones desplegadas por todas las áreas técnicas que trabajan en este proceso. Ratificó el compromiso de la Judicatura para garantizar una efectiva participación ciudadana y control social del Concurso.

En virtud de la transparencia y objetividad del proceso, el Consejo solicitó a 12 universidades del país que realicen una auditoría al sistema informático del concurso, pero nueve se negaron, dos no respondieron y solo la Universidad Técnica Particular de Loja expresó su disposición para realizar este trabajo, mediante una consultoría, señalaron los funcionarios.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.