Ante el preocupante incremento de femicidios en el país durante el 2020, el recorte al presupuesto destinado para la prevención y erradicación de violencia contra las mujeres, pone en evidencia la falta de atención por parte del Estado ecuatoriano a las víctimas de violencia de género y a las vidas de las niñas y mujeres del país.
En enero del 2020 el plan de reducción del Estado alcanzó al Servicio de Protección Integral para víctimas de violencia (SPI), antes conocidos como SEPE.
El pasado 3 de enero, la mitad del personal que atendía en 46 puntos en el país fue notificado con la no renovación del contrato.
En el SPI, cuya titularidad la tiene la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno, se apoyaba a las víctimas con atención psicológica, trabajadores sociales y abogados.
El SPI tiene su base legal en la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, presentada por el presidente Lenín Moreno y aprobada por la Asamblea en el periodo 2017.
Según varias organizaciones sociales, el recorte del presupuesto destinado para la prevención y erradicación de violencia contra las mujeres y niñas descendió al 80% del presupuesto, generando impactos concretos en la vida de las víctimas.
En muchos lugares, los SEPEs constituyeron el único servicio público y gratuito que ofrece atención especializada e integral para sobrevivientes de violencia de género.
“Su eliminación representó un retroceso en materia de derechos humanos de las mujeres y niñas», indicó la organización Surkuna en enero de 2020.
El Presupuesto de la Secretaría de Derechos Humanos en el 2019 bordeó los USD 20 millones. Para el 2020, el Gobierno –por la Secretaría– asignó USD 4.7 millones para casos de violencia basada en género.
La Función Ejecutiva no ha dado muestras de voluntad política para enfrentar la violencia contra las mujeres, puesto que el Ministerio de Economía y Finanzas no ha previsto ni ha asignado recursos económicos específicos y suficientes para implementar, de manera progresiva, las competencias asignadas.
Preocupa, además, los reiterados anuncios gubernamentales de que la única revisión del presupuesto será para la compra de armas cuando la necesidad de seguridad de las mujeres amerita financiar al sistema de manera integral.
El 2 de marzo de 2020, Lenin Moreno anunció que se incrementará en $50 millones el presupuesto de la Policía Nacional. El ofrecimiento lo realizó en el marco de la ceremonia por los 82 años de profesionalización y 174 de institucionalización de esta entidad de seguridad.
Moreno también afirmó el pasado 27 de octubre de 2020 que, pese a la situación crítica que atraviesa el país, seguirá pendiente de las necesidades y urgencias de los soldados. Oswaldo Jarrín, ministro de defensa, explicó que para el 2020, se realizará la compra de seis helicópteros destinados a la búsqueda aeronáutica y evacuación aeromédica, valorado en $17,4 millones. Para conservar la capacidad de transporte mediano suman $5,4 millones. Mientras que para la compra de aeronaves de entrenamiento básico se fijaron $9,3 millones.
Cabe señalar que el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en marzo del 2015, instó expresamente al Estado ecuatoriano a que “agilice la aprobación de un completo plan de acción nacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres” y que establezca un presupuesto adecuado. El Comité viene reiterando esta observación al país desde el año 2008.
Esta obligación internacional está vinculada a las recomendaciones generales contenidas en los informes anuales de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. En el año 2017 recomendó a los Estados “asignar suficientes recursos humanos y financieros para aplicar de manera adecuada políticas medidas y programas integrados a fin de prevenir y combatir la violencia de género”
Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.
