Ecuador sin presupuesto para la prevención y erradicación de la violencia de género

Ante el preocupante incremento de femicidios en el país durante el 2020, el recorte al presupuesto destinado para la prevención y erradicación de violencia contra las mujeres, pone en evidencia la falta de atención por parte del Estado ecuatoriano a las víctimas de violencia de género y a las vidas de las niñas y mujeres del país.

En enero del 2020 el plan de reducción del Estado alcanzó al Servicio de Protección Integral para víctimas de violencia (SPI), antes conocidos como SEPE.

El pasado 3 de enero, la mitad del personal que atendía en 46 puntos en el país fue notificado con la no renovación del contrato.

En el SPI, cuya titularidad la tiene la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno, se apoyaba a las víctimas con atención psicológica, trabajadores sociales y abogados.

El SPI tiene su base legal en la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, presentada por el presidente Lenín Moreno y aprobada por la Asamblea en el periodo 2017.

Según varias organizaciones sociales, el recorte del presupuesto destinado para la prevención y erradicación de violencia contra las mujeres y niñas descendió al 80% del presupuesto, generando impactos concretos en la vida de las víctimas.

En muchos lugares, los SEPEs constituyeron el único servicio público y gratuito que ofrece atención especializada e integral para sobrevivientes de violencia de género.

“Su eliminación representó un retroceso en materia de derechos humanos de las mujeres y niñas», indicó la organización Surkuna en enero de 2020.

El Presupuesto de la Secretaría de Derechos Humanos en el 2019 bordeó los USD 20 millones. Para el 2020, el Gobierno –por la Secretaría– asignó USD 4.7 millones para casos de violencia basada en género.

La Función Ejecutiva no ha dado muestras de voluntad política para enfrentar la violencia contra las mujeres, puesto que el Ministerio de Economía y Finanzas no ha previsto ni ha asignado recursos económicos específicos y suficientes para implementar, de manera progresiva, las competencias asignadas.

Preocupa, además, los reiterados anuncios gubernamentales de que la única revisión del presupuesto será para la compra de armas cuando la necesidad de seguridad de las mujeres amerita financiar al sistema de manera integral.

El 2 de marzo de 2020, Lenin Moreno anunció que se incrementará en $50 millones el presupuesto de la Policía Nacional. El ofrecimiento lo realizó en el marco de la ceremonia por los 82 años de profesionalización y 174 de institucionalización de esta entidad de seguridad.

Moreno también afirmó el pasado 27 de octubre de 2020 que, pese a la situación crítica que atraviesa el país, seguirá pendiente de las necesidades y urgencias de los soldados. Oswaldo Jarrín, ministro de defensa, explicó que para el 2020, se realizará la compra de seis helicópteros destinados a la búsqueda aeronáutica y evacuación aeromédica, valorado en $17,4 millones. Para conservar la capacidad de transporte mediano suman $5,4 millones. Mientras que para la compra de aeronaves de entrenamiento básico se fijaron $9,3 millones.

Cabe señalar que el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en marzo del 2015, instó expresamente al Estado ecuatoriano a que “agilice la aprobación de un completo plan de acción nacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres” y que establezca un presupuesto adecuado. El Comité viene reiterando esta observación al país desde el año 2008.

Esta obligación internacional está vinculada a las recomendaciones generales contenidas en los informes anuales de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. En el año 2017 recomendó a los Estados “asignar suficientes recursos humanos y financieros para aplicar de manera adecuada políticas medidas y programas integrados a fin de prevenir y combatir la violencia de género” 

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Audiencia de juzgamiento por fraude procesal contra Daniel Salcedo fue fijada para el 25 de noviembre

El próximo 25 de noviembre se realizará la audiencia de juicio por fraude procesal en contra de Daniel Salcedo, quien se encuentra recluido en la cárcel 4 de Quito.

Los jueces del Tribunal de Garantías Penales del Guayas se preparan para resolver la situación jurídica de Salcedo, en lo que será el primer juicio que enfrentará dentro de los procesos que se iniciaron en su contra por presuntos delitos de corrupción que se generaron durante los meses más críticos de la pandemia.

El 16 de noviembre, el juez José Cañizares (integrante del Tribunal) convocó a la audiencia de juzgamiento en contra de Salcedo; su novia, la modelo Joselyn Mieles; el exministro Alfredo Adum; y el piloto Franklin Lara.

Por esta causa, Salcedo permanece privado de la libertad desde el 19 de junio y su comparecencia será a través de videoconferencia. Mientras que la de los otros procesados será de forma presencial.

Franklin Lara junto con Salcedo fueron llamados a juicio como presuntos autores directos del delito. Mientras que Adum y Mieles, ambos en libertad con medidas alternativas a la prisión, fueron acusados por la Fiscalía como presuntos coautores de la infracción.

Los cuatro podrían enfrentarse a una pena de uno a tres años de cárcel como lo establece el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por el presunto engaño a la autoridad que cometieron el pasado 8 de junio.

Esa fecha, la aeronave, de propiedad de Adum, en la que intentó huir del país Salcedo junto con su novia, se estrelló.

La aeronave fue manejada por Alfredo Espinoza, quien murió en el accidente. Según Lara, el siniestro se habría registrado por un forcejeo con Espinoza.

Para esa época, Salcedo tenía una orden de detención por un proceso de peculado ante la venta de fundas para cadáveres con presunto sobreprecio al hospital de Los Ceibos de Guayaquil.

Salcedo abandonó el país con rumbo a Perú con una credencial falsificada, utilizando la identidad de su entrenador personal Abraham Muñoz, quien enfrenta a la justicia por otros delitos.

Trascendió que 12 policías, así como el director de Aviación Civil, y otros civiles participarán como testigos de este caso durante la diligencia del próximo 25 de noviembre.

A más del fraude procesal, Salcedo afronta otros casos por peculado, lavado de activos y delincuencia organizada.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Seis días de plazo tiene presidente de Legislatura para convocar al Pleno a juicio político contra Romo

El informe de la Comisión de Fiscalización que recomendó el juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, fue notificado a todos los asambleístas, este lunes 16 de noviembre, por disposición del presidente del Legislativo, César Litardo (AP).

Esta acción activó los plazos para que el juicio político sea incorporado en la agenda de las sesiones del Pleno. El artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que, transcurridas 48 horas de haberse ordenado la distribución del expediente del juicio con el informe respectivo, el presidente de la Asamblea Nacional tiene plazo de cinco días para incluir el informe en el orden del día del Pleno, para su conocimiento, debate y resolución.

El uso de bombas lacrimógenas caducadas en contra de los manifestantes y ordenar el lanzamiento de estos artefactos en los centros de paz y acogida humanitaria, durante las manifestaciones de octubre de 2019, podrían ser las causales para censurar y destituir a Romo, por incumplimiento de funciones, como sostienen los interpelantes Amapola Naranjo (RC), Lourdes Cuesta y Roberto Gómez (ex CREO).

La tercer acusación, demorar en la convocatoria al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación, durante el levantamiento popular, fue desechada, con el argumento de que la ministra de Gobierno no es la autoridad encargada de hacerlo.

Las bancadas parlamentarias, que representan a las diferentes fuerzas políticas, todavía no se han pronunciado oficialmente sobre su postura frente al juicio político contra Romo.

La Revolución Ciudadana adelantó que respaldará la moción de censura y destitución, mientras que los demás bloques, como el PSC, Alianza PAIS, Bancada de Integración Nacional, Bloque de Acción Democrática Independiente, esperan mantener reuniones previas para definir el voto.

Los voceros de la bancada de CREO indicaron que escucharán la defensa que hará la secretaria de Estado y promoverán una reunión con los dirigentes del movimiento, para tomar una decisión final.

El legislador Gómez Alcívar criticó al presidente de la Legislatura por demorar el trámite del juicio político, por lo que tenía previsto demandar, de manera oficial, una explicación de Litardo.

A criterio de este parlamentario, las pruebas contra Romo son contundentes, porque se pudo comprobar que incumplió funciones al permitir el uso de bombas lacrimógenas caducadas en las manifestaciones de octubre, y, más aún, ordenar el lanzamiento de estas a centros de paz, donde había mujeres y niños.

En cambio, el presidente de la República, Lenín Moreno, ve ahí “demasiada política” y “manifestaciones de odio”; sin embargo, adelantó que acatará la decisión que adopte el Parlamento Nacional, aunque le dará mucha pena no poder contar con Romo.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Reinstalan juicio en contra de red de funcionarios públicos que habrían tramitado garantías penitenciarias para PPL

En Portoviejo se reinstaló el juicio contra una presunta red de corrupción, que habría solicitado dinero a personas privadas de libertad (PPL) a cambio de garantías penitenciarias.

El fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, prevé presentar hoy nueve testigos en este caso conocido como El Rodeo.

La Fiscalía investiga a jueces que pedían hasta USD 2 000 para otorgar la prelibertad a los presos de la cárcel de Portoviejo. Al menos 36 presos habrían sido beneficiados.

Esta cifra salió de una revisión que realizó el Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) a 101 expedientes que fueron enviados al Consejo de la Judicatura de Manabí para que se tramite la prelibertad de las PPL. De esos pedidos, más del 30% presentaron irregularidades.

En septiembre pasado estaba prevista la reinstalación de la audiencia, pero por la ausencia de Marcos Felicísimo A. I., uno de los procesados, no pudo ejecutarse debido a que estaba internado en una casa de salud.

Ante esa situación, la jueza ponente de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial Manabí, María Paola Miranda, le dio al abogado 48 horas para justificar la inasistencia de su patrocinado y, posteriormente, notificar una nueva fecha.

En este caso, el fiscal Santillán pidió la prisión preventiva del procesado por no justificar documentalmente su ausencia. Pero ese pedido no fue acogido por la jueza.

De los ocho procesados, cuatro son servidores administrativos y de asesoría jurídica del SNAI del CRS El Rodeo, tres son jueces de Garantías Penales y Penitenciarias con jurisdicción en Portoviejo, y el octavo es un abogado en libre ejercicio.

La Fiscalía procesa a los siete funcionarios públicos como presuntos autores y al abogado como coautor de los delitos de asociación ilícita y concusión, en concurso real de infracciones.

La posible red de corrupción de funcionarios públicos habría solicitado dinero y botellas de licor para tramitar las garantías penitenciarias de las PPL.

El juicio se inició el pasado 16 de marzo y se suspendió el 17, debido al Decreto Ejecutivo 1017 que declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, a causa de la Covid-19.

Los hechos se habrían registrado el 24 de septiembre de 2019, cuando la Unidad de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción y Antilavado de Activos de la Fiscalía efectuó un operativo por este caso.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Expresidente Bucaram lanza amenazas e insultos a periodista Alondra Santiago; ella se pronuncia

La periodista Alondra Santiago recibió amenazas e insultos por parte del expresidete Abdalá Bucaram, tras  la publicación del reportaje  de investigación: “El Clan Bucaram: De la euforia de las masas a acusaciones de corrupción”, este domingo 15 de noviembre de 2020. A través de cuenta de Twitter, Bucaram lanzó varios tuits en contra de la periodista, a quien tildó de “mercenaria”, “sinvergüenza” y hasta la descalificó por su condición de mujer. Tras el hecho, el Consejo de Comunicación emitió un boletín rechazando las amenazas. ” Ante los actos de amenaza contra los periodistas Alondra Santiago y Juan Manuel Gutierrez, el uso abusivo de redes sociales como mecanismo de intimidación, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación alerta sobre las consecuencias de amenazas públicas hacia los profesionales, incluso si son realizadas desde redes sociales personales”.  De la misma manera, la Red de Periodistas Libres también se pronunció. “Nuestra solidaridad con Alondra Santiago. La RPL estará atenta del caso y pide a las autoridades las garantías frente a la labor periodística”. Además, aconseja a los afectados que presenten las denuncias o demandas ante los órganos de justicia competentes; incluso, acudir a la Defensoría del Pueblo, para que inicie los procesos de protección de derechos. Por su parte, la periodista agradeció el apoyo que recibió y mostró su preocupación ante los ataques en línea hacia los periodistas, especialmente contra las mujeres. “Me he tomado el tiempo para procesar todo lo que ha ocurrido. Primero quiero agradecer infinitamente a todos quienes han empatizado con la situación que estoy viviendo. Recibir una amenaza e intento de descrédito hacia mí, como mujer y profesional no pasa desapercibido. Pero estos tuits son para hablar de algo que preocupa. Según datos de la ONU, las mujeres periodistas están más expuestas a ataques en línea que sus colegas varones y en los últimos años han sufrido un aumento de los insultos, el acoso y el hostigamiento en línea. Recibir estos ataques de naturaleza misógina y de contenido sexualizado solo demuestra la baja calidad humana de quienes lo realizan. No desistiré de realizar mi labor periodística como la he venido haciendo, con criterio propio, apegada a la imparcialidad y los contrastes. La libertad de expresión e información son los pilares de mi carrera. He tomado decisiones en base a ello. No me permito permanecer donde se coarta mi libertad. Por ende, tampoco permitiré que las amenazas, mentiras eliminen mis ganas de seguir haciendo periodismo. Este cobarde ataque acaba de ayudarme a entender que la lucha contra la violencia de género en el periodismo será mi causa, de hoy en adelante. Que hablen, no importa. NO VOY A PARAR DE TRABAJAR, DE ESCRIBIR, DE ESCUCHAR Y DE CONTAR. Una vez más, gracias a todos”, escribió Santiago.

Fuente: Vistazo, Republica del Banano.

434 de 621 postulantes del concurso de frecuencias de radio recibirán su título habilitante por 15 años

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) informó que el 70% (434) de 621 postulantes del concurso de frecuencias de radio recibirán su título habilitante por 15 años, al cumplir con todos los requisitos.

La entidad publicó este 13 de noviembre los resultados de evaluación de las solicitudes del Proceso Público Competitivo para la adjudicación de Frecuencias de Radio FM, luego de que finalizó la etapa de evaluación y elaboración de dictámenes.

El 30% de los participantes que no cumplieron o no alcanzaron los puntajes mínimos podrán solicitar la revisión de los resultados hasta el 27 de noviembre, a través de la plataforma del concurso.

En un comunicado, ARCOTEL señala que el proceso “marca un hito importante en la radiodifusión ecuatoriana ya que otorga el derecho de contar con títulos habilitantes a favor de muchos radiodifusores que han permanecido por varios años con concesiones de frecuencias prorrogadas, lo cual fomenta el ejercicio de la libertad de expresión que se vive en el país”.

Desde su anuncio, el concurso fue cuestionado por realizarse en plena pandemia provocada por el COVID-19 y concluyo en medio de un proceso electoral.

En julio, Jorge Cano, integrante de la Coalición de Medios Comunitarios, también expresó su preocupación las fechas que se realiza el proceso. “Nos tomó por sorpresa la convocatoria a este concurso de frecuencias de radio, es la mayor cantidad en FM que serán concesionadas y durará por 15 años, no es cualquier proceso aperturado”, dijo.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Contraloría recibe más de 12 millones del seguro para reconstruir su sede en Quito

La Contraloría General del Estado recibió de la Unión compañía nacional de Seguros, el pago de $12’525.680,26. La ejecución
de las tres pólizas de seguro reclamadas por el órgano de control se utilizará para
reconstruir su sede en Quito, tras el incendio estructural en octubre pasado.

El 6 de noviembre se suscribió el
finiquito del reclamo de seguro entre las partes y se procedió al pago total de
la indemnización. Esta corresponde al valor del siniestro de $13´017.568,84,
menos los deducibles contractuales $1’214.032,79, más los intereses de ley
generados a la fecha de pago $722.144,21.

El edificio sufrió un incendio estructural durante las manifestaciones de octubre de 2019. Varios de sus pisos quedaron completamente destruidos.

En un inicio, la aseguradora negó el pago de la indemnización del siniestro. Por lo que la Contraloria, el 18 de junio, presentó un reclamo administrativo ante la Intendencia Nacional de Seguros.

El 3 de agosto, el Intendente Nacional de
Seguros ordenó y dispuso a la compañía La Unión que pague a la Contraloría
General del Estado la indemnización reclamada.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.