Reinstalan juicio en contra de red de funcionarios públicos que habrían tramitado garantías penitenciarias para PPL

En Portoviejo se reinstaló el juicio contra una presunta red de corrupción, que habría solicitado dinero a personas privadas de libertad (PPL) a cambio de garantías penitenciarias.

El fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, prevé presentar hoy nueve testigos en este caso conocido como El Rodeo.

La Fiscalía investiga a jueces que pedían hasta USD 2 000 para otorgar la prelibertad a los presos de la cárcel de Portoviejo. Al menos 36 presos habrían sido beneficiados.

Esta cifra salió de una revisión que realizó el Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) a 101 expedientes que fueron enviados al Consejo de la Judicatura de Manabí para que se tramite la prelibertad de las PPL. De esos pedidos, más del 30% presentaron irregularidades.

En septiembre pasado estaba prevista la reinstalación de la audiencia, pero por la ausencia de Marcos Felicísimo A. I., uno de los procesados, no pudo ejecutarse debido a que estaba internado en una casa de salud.

Ante esa situación, la jueza ponente de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial Manabí, María Paola Miranda, le dio al abogado 48 horas para justificar la inasistencia de su patrocinado y, posteriormente, notificar una nueva fecha.

En este caso, el fiscal Santillán pidió la prisión preventiva del procesado por no justificar documentalmente su ausencia. Pero ese pedido no fue acogido por la jueza.

De los ocho procesados, cuatro son servidores administrativos y de asesoría jurídica del SNAI del CRS El Rodeo, tres son jueces de Garantías Penales y Penitenciarias con jurisdicción en Portoviejo, y el octavo es un abogado en libre ejercicio.

La Fiscalía procesa a los siete funcionarios públicos como presuntos autores y al abogado como coautor de los delitos de asociación ilícita y concusión, en concurso real de infracciones.

La posible red de corrupción de funcionarios públicos habría solicitado dinero y botellas de licor para tramitar las garantías penitenciarias de las PPL.

El juicio se inició el pasado 16 de marzo y se suspendió el 17, debido al Decreto Ejecutivo 1017 que declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, a causa de la Covid-19.

Los hechos se habrían registrado el 24 de septiembre de 2019, cuando la Unidad de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción y Antilavado de Activos de la Fiscalía efectuó un operativo por este caso.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

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