Proyecto de oro Río Blanco se ‘contamina’ de la actividad minera ilegal

La Cámara de Minería del Azuay pide al Estado que controle la actividad minera ilegal que invade el proyecto de oro Río Blanco.

Personas ajenas al proyecto, ubicado en la parroquia cuencana de Molleturo, sacarían, sin autorización, el material rocoso que contiene oro y plata.

Ecuagoldmining, a cargo de esta concesión, se vio obligada a dejarla en mayo de 2018 por una resolución judicial.

Desde entonces, los trabajadores de esta firma que tiene capitales chinos no han logrado ingresar al campamento minero.

Ante ello, la minera presentó a inicios de este año una solicitud para comenzar conversaciones en buenos términos con el Estado. Mientras, un grupo de moradores de la parroquia Molleturo también denunció hace dos meses en la Fiscalía del Azuay, la presencia de supuestos mineros ilegales en las inmediaciones del campamento.

Carlos Morales, presidente del Gobierno Parroquial de Molleturo, aseguró que hay personas que están sacando el material mineralizado y que “entre esos están exobreros de la minera”.

En mayo de 2018, en la zona de almacenamiento de la concesión había cerca de 1 500 toneladas de material mineralizado, obtenido en el proceso de construcción del túnel de la mina.

Además, se quedaron los equipos que se emplearon para construir parte de esta infraestructura.

Según una denuncia presentada por la empresa concesionaria en la Fiscalía, los equipos fueron sustraídos en camiones a inicios de este mes por supuestos grupos de minería ilegal que operan en ese sector.

Esta es la segunda vez que Ecuagoldmining recurre a instancias judiciales. En octubre de 2019 pidió una investigación cuando los opositores de este proyecto quemaron el campamento al protestar en contra del alza de los combustibles.

Fernando Benalcázar, quien estuvo al frente del Viceministerio de Minas, expresó que en Río Blanco existen todas las características para que se desarrolle la minería al margen de la Ley.

Al momento, la Cámara de la Minería de Azuay mantiene conversaciones con la Gobernación y la Policía para que se retome el control en este territorio.

Patricio Vargas, presidente del gremio, manifestó que, en junio pasado, la Policía denunció que supuestos antimineros emboscaron a cinco uniformados, que patrullaban en el sector.

Mientras, Morales precisó que la minera Ecuagoldmining debe cumplir con las órdenes judiciales que impiden que reanude operaciones, así como se debe esperar los resultados de la consulta popular que se realizará más adelante en el cantón Cuenca, sobre las actividades mineras en zonas aledañas a las fuentes hídricas.

La disponibilidad de la empresa concesionaria para conversar es un paso previo a la presentación de un arbitraje en el que se insistiría en la falta de seguridad jurídica y del orden público para desarrollar sus actividades.

El perjuicio, según ha dicho la firma, es de USD 480 millones, por no poder operar en el proyecto y por el lucro cesante.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

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