Cobrar las pensiones con elevación de costos es el verdadero objetivo de las instituciones educativas particulares, tras la decisión del COE Nacional de permitir que retornen a clases presenciales 77 establecimientos en Quito.

La denuncia fue presentada por el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, quien señala que las unidades educativas en la capital que se incorporarán al plan piloto son del sector rural de Cumbayá, del Valle de los Chillos.

Alertó, Carrión, que las autoridades de esas instituciones educativas están notificando a los padres de familia que se incrementa la pensión, porque como ya son clases presenciales necesitan subir la pensión al 100%.

“Ese es el verdadero trasfondo de la repentina autorización para que se incorporen a clases: subir las pensiones. No se preocupan tanto si habrá o no contagios, sino de subir pensiones. En eso está la verdadera intencionalidad de permitir el retorno a clases”, reiteró.

El verdadero sector rural es el que no dispone de servicios públicos, agua potable, tendido eléctrico, el que tiene más necesidades y carencias que beneficios, señaló Carrión.

Justificó que por estas razones interpuso una acción, solicitando medida cautelar, demandando que el COE suspenda el retorno a clases presenciales, hasta cuando el país retome sus actividades y se recupere económicamente.

A su criterio, es necesario programar el regreso a las aulas, pero no para este mes de marzo, tampoco para abril. Planeó esperar que las nuevas autoridades, del futuro gobierno, diseñen un modelo de retorno a clases progresivo, que privilegie la protección de la salud de niñas, niños y adolescentes, antes que intereses de orden económico.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano