Furukawa explota y amedrenta a sus trabajadores, régimen morenista lo permite

La empresa Furukawa Plantaciones del Ecuador, sin éxito quiso demoler otro campamento en el kilómetro 30 de la vía Santo Domingo – Quevedo, el pasado miércoles 17 de marzo de 2021, en ese lugar varias personas, entre adultas mayores y niños, continúan trabajando en la cosecha de abacá y no pueden dedicarse a otras actividades de trabajo.

Actualmente los trabajadores enfrentan una amenaza de desalojo por su empleador, una práctica usual para deshacerse del personal precarizado laboralmente en el que se basa su negocio. La amenaza de desalojo y amedrentamiento también constituye un ataque a defensores de derechos humanos.

Si se concreta el desalojo, la empresa incumpliría el pago por la fibra de abacá cosechada y entregada; no se indemnizaría por el tiempo de trabajo y se dejaría impune la forma como esta empresa operó por casi sesenta años. Someter a sus trabajadores a servidumbre de la gleba, un formato contemporáneo de esclavitud abolida por normas nacionales e internacionales. Este empleador reincide en estas acciones que en el pasado ya provocó reclamos de otras familias trabajadoras.

José Hernández y su familia denunciaron a esta compañía que tumbó la puerta de ingreso al campamento, solo su rebeldía y resistencia evitaron que maquinarias demuelan los cuartos que tienen el lugar. En la escaramuza, una persona fue detenida pero pronto fue liberada. Mediante la acusación de invasores la empresa pretende evadir sus responsabilidades. Incluso, los días 18 y 19 de marzo, miembros de la policía llegaron a los campamentos en los kilómetros 30 y 33, para obligar a las personas para que abandonen las tierras, su lugar de residencia.

Sistemáticamente estos hechos provocó el desalojo arbitrario de cientos de personas de sus viviendas, y de esta manera se destruyó evidencias de los procesos judiciales abiertos –sobre la posible responsabilidad penal y por violaciones a derechos humanos– y un delito agravado por la situación de pobreza extrema que provocó la empresa.

Pese a los informes de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, el de la mesa de fiscalización de la Asamblea Nacional, de las comunicaciones conjuntas de Relatores de Naciones Unidas y la reciente Resolución Judicial Constitucional, donde se determinó la existencia de esclavitud moderna y graves violaciones a derechos humanos, el Gobierno de Lenín Moreno sigue encubriendo a la empresa sin garantizar acciones de reparación para las personas y familias afectadas.

Una vez más los campamentos son asechados por funcionarios de la empresa, guardias privados de seguridad actúan deliberadamente y con el apoyo de la Policía Nacional del Ecuador, acompañados por el ex viceministro de Agricultura y actual gerente de producción de Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, Byron Flores. Así se demuestra la protección gubernamental que permite a esta empresa cosechar y exportar abacá impunemente.

El Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más acompañó, el pasado jueves 18 de marzo, a representantes de los trabajadores de los campamentos ubicados en los kilómetros 30 y 33 en la Defensoría del Pueblo del Ecuador, donde se presentó la información, la misma que hace el seguimiento de las medidas cautelares que protegen a los abacaleros del kilómetro 42 de cualquier intento de desalojo.

Este comité solicita a la Defensoría del Pueblo que interponga las garantías jurisdiccionales necesarias en favor de al menos, 172 trabajadores de la empresa Furukawa, que son presionados a seguir trabajando pero que continúan demandando justicia y reparación.

El contexto de los trabajadores de Furukawa:

José Hernández es una de las centenas de personas que desde niño vivieron trabajado en estas haciendas. Él, ahora tiene 35 años y fue el vocero de los trabajadores abacaleros organizados en la rueda de prensa de 18 de febrero de 2019 donde se hizo público el primer Informe de la Defensoría del Pueblo que reveló la situación en las haciendas de la empresa Furukawa.

“Lo único que queremos es nuestra justicia y reparación, que nos arreglen eso y no hay problema nosotros nos retiramos de esta empresa, pero por algo legal” (José Hernández, abacalero).

Desde entonces, la empresa Furukawa procura la división de los trabajadores, ofrece supuestos nuevos contratos laborales y a otros indemnizaciones insuficientes. Y llegó incluso a criminalizar al señor Walter Sánchez con quien se firmó un contrato de comodato en una hacienda para que un grupo de abacaleros siga cosechando abacá a cambio de “renunciar a sus derechos”.

La extinta Secretaría de Gestión de la Política registró más de mil personas viviendo y trabajando dentro de las 23 haciendas que la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, tiene en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y Los Ríos.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano

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