Asambleísta Fabricio Villamar será investigado por irregular obtención de carné de discapacidad

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De extemporáneo calificaron legisladores de todas las bancadas al informe de la Comisión de Salud en torno a la entrega fraudulenta de carnés de discapacidad, que este martes 23 de marzo fue acogido por el Pleno, mediante resolución.

El informe recién la víspera llegó a conocimiento del Pleno, cuando la Comisión lo aprobó hace seis meses. Incluirlo en la agenda de las sesiones es responsabilidad del presidente del Legislativo, César Litardo.

En el documento, la mesa de Salud recomienda iniciar un proceso disciplinario en contra del asambleísta Fabricio Villamar, por la obtención irregular y utilización ilegítima del carné de discapacidad, que podría dar lugar a su destitución, a menos de dos meses de que termine el período legislativo.

Según el informe, el Ministerio de Salud detectó irregularidades en la entrega de un documento de este tipo para Villamar y que “se benefició de descuentos en el pago de tributos y con la importación de un vehículo, hechos que riñen con el correcto proceder de los asambleístas”.

En cambio, la exministra de Salud, Catalina Andramuño, no podrá ser enjuiciada políticamente, porque ya transcurrió el año de plazo que la Legislatura tenía para llevar a cabo el proceso. A criterio de Nancy Guamba, es una hipocresía una de las recomendaciones de llevar a juicio político a Andramuño, lo que ya no será posible porque ella renunció hace más de un año.

Los parlamentarios Israel Cruz (Suma), Marcia Arregui (AP), Ramón Terán (PSC) y Alberto Zambrano (AP) rechazaron haber sido involucrados en el escándalo.

Arregui sostuvo que no sacó el carné de discapacidad para evadir responsabilidades. Aseguró que obtuvo el documento en un trámite normal, por una enfermedad. Lo mismo justificaron Cruz y Terán, incluso antes de llegar a la Legislatura, dijeron y condenaron el tratamiento del tema en medios y redes sociales.

“Había un asambleísta tirado a adalid, a impoluto, el que denunciaba a todo el mundo, el que denunciaba la corrupción y resulta que él sí utilizó su carné de discapacidad para traer vehículos, para evadir tributos e inclusive pensiones alimenticias; vergüenza, por él estamos en este tipo de inconvenientes”, manifestó Arregui.

«La Asamblea tiene que reivindicar el nombre de quiénes fueron salpicados (sin justificación) en estos escándalos de los carnés de discapacidad fraudulentos», reclamó Elizabeth Cabezas (AP), cuyo esposo también fue beneficiario de tal credencial.

“Queda claro que no son los 137 asambleístas que tienen un carné de discapacidad”, anotó William Garzón (AP), presidente de la Comisión de Salud.

Finalmente, con 125 votos a favor y una abstención, el Pleno aprobó la resolución que dispone investigar a Villamar, a través de una comisión multipartidista. La denuncia será presentada por Rodrigo Collaguazo (AP).

El informe recomienda que la Asamblea inste a las máximas autoridades de las funciones Ejecutiva, Judicial, Electoral y de Transparencia y otros órganos del poder público a cumplir con el principio de legalidad consagrado en la Constitución y con su obligación de remitir a la Legislatura, la información que le sea requerida, a fin de no obstruir su competencia de fiscalización y control político.

La exigencia al Ministerio de Salud Pública y al Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidad se enfoca, especialmente, en el procedimiento establecido para viabilizar el otorgamiento de los certificados médicos emitidos por los profesionales de centros prestadores de salud privados, que deben contar con las garantías necesarias de veracidad sobre la especialidad acreditada para esta finalidad, con el propósito de que su uso sea el correcto y evitar situaciones como las presentadas durante las sesiones en este proceso de fiscalización.

A la Contraloría y Fiscalía General para que dentro del debido proceso concluyan las acciones administrativas y preprocesales iniciadas, a fin de que las instancias judiciales cuenten con los elementos de convicción suficientes para continuar con los procesos y, de ser el caso, ejecuten las sanciones ejemplificadoras por la presunta irregular emisión, obtención, uso y abuso de los carnés de discapacidad que afecta al interés colectivo y estatal.

Al Ministerio de Salud que presente un reporte actualizado respecto del seguimiento y estado procesal actual de las denuncias que presentó en la Fiscalía General, respecto a los 22 funcionarios que emitieron 29.708 carnés, de los cuales 2.454 presentaron irregularidades; mismo que se será remitido a la Comisión del Derecho a la Salud.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano

2 Comentarios Agrega el tuyo

  1. Manuel Parra dice:

    Buen día, todos los que obtuvieron de forma fraudulenta lo CARNETS deben pagar a la JUSTICIA, también todos los empleados deberán ser VOTADOS de sus cargos por CORRUPTOS

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  2. YA ERA HORA QUE SE INAUGURE LAM JUSTICIA Y SE META PRESO A ESTE CORRUPTO DEL VILLAMAR.

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