Diferida audiencia de juzgamiento en el caso Caminito, por recusación contra la jueza Camacho

La audiencia de juicio contra cinco personas por presunto peculado, en el caso Caminito, prevista para este martes, no se instaló, debido a una recusación presentada por la defensa de Pablo R. Q., exsecretario de Inteligencia y procesado en esta causa, contra la jueza Daniella Camacho.

En este caso se encuentran encausados Pablo R., exsecretario de Inteligencia; su exasesora, Cecilia S.; Walter O., exagente y mensajero; Jorge G., excoordinador general de Contrainteligencia; y, Juan de Dios L., excoordinador general de Gastos Especiales, por su presunta participación en el delito de peculado.

En la audiencia se esperaba escuchar los argumentos y conocer las pruebas testimoniales, periciales y documentales que mantienen tanto la Fiscalía como las defensas de los cinco acusados.

Según información de Fiscalía, este proceso inició con base en el Informe con indicios de responsabilidad penal emitido por Contraloría General, resultado de un examen especial practicado a la Senain, entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2013, que señala un aparente uso inadecuado de fondos públicos pertenecientes a Gastos Especiales, para ejecutar la operación encubierta denominada «Caminito».

El perjuicio al Estado sería de aproximadamente 162.546 dólares.

Las operaciones realizadas por la Senain en el periodo examinado sumaron $ 13,3 millones, de los cuales se destinaron a la operación Caminito $ 110.984. En el análisis se estableció la existencia de pagos por montos de $ 10.000 hasta $ 63.621 para cancelar al informante con el alias el Ruso, ciudadano español llamado Edward Soler.

“Previo al pago y con el fin supuesto de cumplir con el procedimiento, se hizo la solicitud de fondos pertinentes por el monto de $ 63.621,98, sin que conste un soporte de la supuesta operación itinerario, que no corresponde a la que generó el gasto. Se determinó que el solicitante y beneficiario de ese valor fue Pablo Romero”, refirió en su momento el conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Richard Villagómez.

El conjuez señaló en su análisis para llamar a juicio: “Los actos ejecutados por los funcionarios de la desaparecida Senain procesados: Pablo Romero, Cecilia Santillán, Fernando Garzón, Walter Olalla y Juan de Dios Lozano, permiten establecer indicios de responsabilidad penal que derivan de la inobservancia de los procedimientos establecidos en la ley”.

El Tribunal de juzgamiento está integrado por la conjueza Mercedes Caicedo, quien reemplazará en la ponencia de la Sala al juez nacional Marco Rodríguez, de vacaciones, Byron Guillén y Daniella Camacho.

Romero, Santillán, Garzón y Lozano recibieron llamamiento a juicio en calidad de autores, mientras que Olalla es visto como cómplice.

Cuando Romero fue llamado a juicio se encontraba en España. Actualmente se encuentra internado en el Centro de Privación de la Libertad de El Inca, en Quito, cumpliendo una sentencia de nueve años de cárcel, por el plagio del activista político Fernando Balda, en 2012, cuya sentencia se emitió en agosto de 2020 y al momento se espera que se realice la audiencia de apelación de ese fallo.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano

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