Legislativo desaprueba retorno de Ecuador al CIADI y anuncia demanda de inconstitucionalidad

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La Asamblea Nacional condenó, con 75 votos a favor, el retorno de Ecuador al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y presentará una demanda de inconstitucionalidad al contenido de este convenio.

El proyecto de resolución, aceptada durante la sesión del Pleno de este martes 27 de julio, desaprueba la reincorporación a este organismo, debido a que contradice lo establecido en el artículo 422 de la Constitución de la República.

El convenio fue suscrito por la embajadora del Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baki, el pasado 21 de junio de 2021.

Esta iniciativa en el Legislativo fue planteada por el asambleísta Ricardo Ulcuango (UNES) y dispone, además, a la Coordinación General de Asesoría Jurídica de la Asamblea la presentación de una demanda de inconstitucionalidad.

El recurso será presentado en contra del contenido, suscripción y ratificación del Convenio con base en lo dispuesto en los artículos 110 y 111 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por violar el artículo 422 de la Carta Magna que establece:

«No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas».

El proyecto, que consta de siete artículos, resuelve también encargar el seguimiento a la Coordinación General Jurídica de la Asamblea Nacional, para que de manera periódica informe al Pleno el avance de dicho proceso constitucional.

En este contexto, a través de Decreto Ejecutivo 122 firmado el 16 de julio pasado, el presidente de la República, Guillermo Lasso, ratificó el retorno de Ecuador al (CIADI) tras doce años fuera del organismo internacional. 

El mandatario reiteró el regreso al CIADI luego que la Corte Constitucional dictaminó que para la suscripción de este convenio «no se requiere de aprobación legislativa ni de dictamen previo vinculante de constitucionalidad». 

Fuente: Asamblea Nacional, Pichincha Universal, Republica del Banano

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