Con la presentación de 116 elementos de convicción, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó en el marco de la audiencia de formulación de cargos la prisión preventiva en contra de 15 personas, entre ellas los exministros de Defensa, Javier Ponce y Wellington Sandoval, por su presunta participación en el delito de peculado en el contrato de adquisición de siete helicópteros Dhruv, en 2008.

Para Salazar todos los procesados tienen un grado de responsabilidad como autores y cómplices en este contrato que se articuló entre el Ministerio de Defensa -por medio de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE)-  y la empresa india HAL.

Según la fiscal, existirían 30 observaciones técnicas que se pasaron por alto, entre ellas el incumplimiento de certificados técnicos de aeronavegabilidad.

En su exposición, la funcionaria dijo que si bien hay un perjuicio económico de más de USD 63’000.000, también humano debido a que cuatro de los siete helicópteros se accidentaron y dejaron la pérdida de tres vidas humanas.

La funcionaria solicitó al juez Luis Rivera que como parte de las medidas cautelares se haga la retención de las cuentas de ahorros de los procesados por un valor de USD 4’200.610 a cada uno, en el caso de una eventual reparación integral y multa, así como se ordene la prohibición de enajenar bienes y se les impida salir del país.

Con la petición de la prisión preventiva, la fiscal quiere garantizar la presencia de los procesados en la causa y que se evite dilaciones y así se dé una reparación del bien jurídico vulnerado.

Entre los procesados están Wellington Sandoval, Javier Ponce, Carlos Morales, Rodrigo Bohórquez, Patricio Mejía, Xavier Illescas, Armando Alemán, Antonio Puga, Gustavo Valverde, Leonardo Barreiro, Marco Flores, Francisco Torres, Rubén Estévez, Jaime Encalada y Eduardo Esparza.

A más de los exministros están técnicos, asesores, funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Defensa, y de la FAE que tuvieron un grado de responsabilidad para aprobar la compra de los helicópteros.

Salazar pidió al juez tomar en cuenta que los procesados Carlos Morales, Patricio Mejía y Eduardo Esparza salieron del país.

La funcionaria indicó que hubo fallas en la estructura de la aeronaves y que el proceso de contratación fue viciado porque se declaró una emergencia para pasar por alto los procedimientos regulares.

Añadió que este proceso ha tomado demasiado tiempo y que se lo volvió a tratar desde diciembre de 2020.

Ante la configuración del presunto delito de peculado, dijo que la pena podría ser de 12 a 16 años de cárcel.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano