Guillermo Lasso responderá ante la justicia, tras investigación previa por presunta defraudación tributaria

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El pasado 18 de octubre de 2021, la Fiscalía General del Estado inició una investigación previa en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, por presunta defraudación tributaria. La noticia se conoció este jueves y el gobierno no tardó en responder.

A través de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia se informó que el jefe de Estado «respeta el accionar de todas las instancias judiciales del Estado» y por lo tanto, responderá ante los órganos pertinentes.

«Responderá ante los órganos pertinentes para reiterar el cumplimiento de la ley y transparencia en todas sus acciones, tal como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores (…). El Ejecutivo será respetuoso de la gestión de estas entidades», indica esta secretaría de Estado.

Sin embargo, hasta el momento Lasso Mendoza no se ha pronunciado directamente sobre esta indagación previa que durará un año; misma que se deriva de la filtración de los Pandora Papers, que lo vinculan con 14 empresas offshore.

Según lo establece el artículo 585 del Código Integral Penal, los delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta cinco años, como lo es la defraudación tributaria, durará hasta un año. En este año, la Fiscalía deberá demostrar si existe o no dicho delito.

En caso de que se encuentren los elementos de convicción suficientes, Fiscalía podrá formular cargos en contra del jefe de Estado. Sin embargo, de no encontrarse las pruebas suficientes, el caso quedará archivado.

Actualmente, este proceso penal está en una primera fase, por lo que tiene carácter de reservado.

¿Qué es la defraudación tributaria?

Según el artículo 298 del COIP, una persona comete defraudación tributaria cuando simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero, será sancionada, depende del caso, de uno a tres o de tres a cinco años de prisión.

Fuentes: COIP / Secom / Fiscalía, Pichincha Universal, Republica del Banano

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