Fausto Jarrín, asambleísta de UNES e integrante de la Comisión de Justicia, reprochó la denuncia presentada por el exlegislador Andrés Páez sobre los miembros de la Comisión de Garantías Constitucionales. Dijo sorprenderle que tal acusación provenga de quien fue varias veces parlamentario y supuestamente abogado: “Llama la atención que la ignorancia y el odio empujen a desconocer espacios de los que fue parte”.

“Pero es Andrés Páez, un político caduco que da vergüenza, que usa sus redes para derrochar un odio enfermizo”.

Lamentó que existan legisladores como Edgar Quezada de Pachakutik que se presten al juego del oficialismo, diciendo que en el informe de los Pandora Papers se incluyó temas que él desconocía, cuando en realidad estuvo presente en todos los debates y hasta firmó: “Y a través del asambleíta de alquiler es que Páez encuentra un absurdo jurídico”.

Calificó como positivo que Fernando Cabascango, titular de la Comisión, haya acudido a la Fiscalía a presentar todos los documentos que se recabaron a lo largo del proceso, por lo que ahora a la entidad dirigida por Diana Salazar le correspondería archivar el caso, de lo contrario se violaría la Constitución al intentar arremeter contra la primera Función del Estado.

“Pero si impulsa otro tipo de actividades como allanamientos, ahí se vería un atropello a otra función del Estado y ahí evaluaremos llevar a la Fiscal para un procesamiento político”

Criticó que sobre este tema la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, ni siquiera haya convocado a una sesión para pronunciarse al respecto y mucho menos haya llamado al Pleno para conocer el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales: “¿Cómo es posible que un tema tan grave tenga que esperar tres semanas? Hasta que posesionen el tema del golpismo, la inestabilidad, hasta que encubran lo suficiente las actividades del señor Lasso”.

Para Jarrín el uso del sistema judicial en el actual Gobierno es solo la continuidad de lo que ya ocurría cuando Lenín Moreno estaba en el poder. Lo paradójico, según el legislador, es que al régimen le preocupe dialogar con la oposición pero no con una exministra como María Paula Romo, quien está investigada por enviar bombas a Bolivia en el marco del golpe de Estado y por los hechos de octubre de 2019 que dejó varios muertos y heridos.

En ese marco, recordó que Moreno ya cumplió tres meses de haberse ido del país y ni siquiera ha notificado su intención de quedarse en Estados Unidos; cuestionó que sobre ello, no se diga nada, pese a que tiene varios procesos penales por los cuáles responder al país: “Ellos se preocupan por el Gobierno de hace cinco años, eso deberíamos discutir”.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano