Gobierno renueva el estado de excepción en el sistema carcelario, por 30 días más 

El sistema de rehabilitación social ecuatoriano permanecerá en estado de excepción por 30 días más. Así lo decretó el presidente Guillermo Lasso la noche de este 28 de noviembre de 2021.

El último estado de excepción se decretó el pasado 29 de septiembre, con una duración de 60 días, luego de una masacre el 28 de septiembre que terminó con la vida de 118 personas privadas de libertad. En medio de ese mismo estado de excepción, el pasado 12 y 13 de noviembre otra nueva masacre se registró en la Penitenciaría del Litoral, dejando 58 reos asesinados.

Con estos antecedentes y en medio de una crisis que está lejos de acabarse, a través del Decreto 276, el primer mandatario dispuso renovar el estado de excepción por grave conmoción interna en todos los centros de privación de libertad, sin excepción alguna, por el plazo de 30 días adicionales.

El documento dispone, además, la movilización en todo el territorio nacional hacia todos los centros de privación de instituciones como el SNAI, Policía y Fuerzas Armadas, para mantener y restablecer el orden

«En caso de existir incidentes flagrantes que puedan atentar en contra de los derechos de cualquier persona en el interior de los centros de privación de la libertad, sus zonas perimetrales, vías y zonas de influencia, la Policía Nacional de manera coordinada con las Fuerzas Armadas deberá intervenir de modo urgente, dentro del marco constitucional y legal vigente, y en respeto a los derechos humanos», dicta el decreto.

Asimismo, precisa que la participación de las Fuerzas Armadas se enfocará en el restablecimiento del orden y seguridad interna en los centros de rehabilitación social, así como el control de armas y objetos de prohibido ingreso en el primer filtro de ingreso a los centros de rehabilitación social.

La participación de los militares se realizará en el perímetro externo de los centros de privación de libertad, en las vías y en las zonas de influencia de estos, y también en el interior de los centros de privación de libertad de manera coordinada con la Policía Nacional, así como lo dispuso la Corte Constitucional.

En su artículo seis, el texto dispone las requisiciones a las que haya lugar para mantener el orden y la seguridad al interior y exterior de los centros de privación de libertad en todo el territorio nacional.

Además, se suspende el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de correspondencia y la libertad de asociación y reunión de las personas privadas de libertad de todos los centros de privación de libertad a nivel nacional.

Antecedentes de la crisis

En este decreto, el Ejecutivo reconoce el déficit de 2.500 guías penitenciarios, pues actualmente hay 1.646 agentes a nivel nacional.

De la misma manera, el gobierno es consciente que las organizaciones criminales que operan al interior de los centros de privación de libertad cuentan con armamento sofisticado y han demostrado elevados niveles de violencia.

Fuente: Presidencia de la República, Pichincha Universal, Republica del Banano

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