Tribunal de apelación a sentencia de Pablo Romero se reinstalará en los próximos días para dar a conocer su resolución

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Tras rechazar el pedido de caducidad de la prisión preventiva planteado por el exsecretario nacional de Inteligencia (Senain), Pablo Romero, quien fue condenado a nueve años de cárcel por el plagio del activista político Fernando Balda, el Tribunal instaló la audiencia de apelación de la sentencia.

Con lo resuelto por los jueces de la Corte Nacional de Justicia, Mercedes Caicedo, Byron Guillén y Adrián Rojas, Romero permanecerá en el Centro de Rehabilitación de El Inca, en Quito. Lugar en el que está desde el 21 de febrero que llegó al país, luego de ser extraditado desde España.

Previo a dar paso a la instalación de la audiencia de apelación, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, se opuso a la solicitud de caducidad de la prisión preventiva y los jueces se retiraron por un instante a deliberar.

Posterior a la decisión, el Tribunal instaló la diligencia en la que participó el fiscal Toainga y la defensa de Romero.

Los jueces conocieron los argumentos de Romero para apelar a la sentencia que recibió como autor mediato del plagio de Balda ocurrido en Colombia en 2012.

Una vez que el Tribunal escuchó a las partes, suspendió la diligencia y anunció que notificará el día y la hora de la reinstalación para dar a conocer su resolución.

La defensa de Romero busca que su cliente sea declarado inocente en esta fase de apelación ante la condena dictada el 14 de agosto de 2020, de forma unánime, por los jueces Iván León, Dilza Muñoz y David Jacho.

En esa fecha, el Tribunal de Juzgamiento consideró que Romero “obró con el ánimo de causar daño” y que su conducta “fue dolosa”.

Stalin Oviedo, en 2020 abogado de Romero, presentó el recurso ordinario de apelación adjuntando como prueba lo dicho desde Argentina en rueda de prensa, el 31 de agosto de 2020, por el exagente de inteligencia Raúl Chicaiza, quien también fue sentenciado en esta causa, junto con la exagente Jéssica Falcón, a una pena reducida por la cooperación eficaz que dio a la Fiscalía.

En aquella ocasión, Oviedo señaló que Chicaiza dio a conocer hechos relevantes que determinan una coacción. Actuación que para él invalidaría el testimonio anticipado y que sirvió para condenar a Pablo Romero.

Con este antecedente, algunos de los argumentos que se usarán ahora durante la apelación serán la nulidad, la corrección de la valoración de la prueba, indebida aplicación del delito de secuestro agravado y la ausencia de responsabilidad de Pablo Romero en el delito de plagio.

Según Chicaiza, el caso Balda fue político, porque no se dio el secuestro del activista y que, aunque dice que recibió presiones para que involucrara a superiores y del Ejecutivo se mantiene en que todo lo que dijo en su testimonio anticipado es verdad.

A su vez, la Fiscalía ha avanzado con diligencias en la investigación previa abierta contra Pablo Romero por el supuesto mal uso de recursos públicos para el secuestro de Balda.

En noviembre de 2021, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, dispuso varias diligencias, entre ellas, oficiar al hoy Centro de Inteligencia Estratégica, antes Senain, para que le remita copias certificadas de la información de carácter desclasificada concerniente a las operaciones Guayacán y Wilson. De acuerdo con la entidad, algunos hechos podrían configurar el delito de peculado.

Durante el proceso judicial por el plagio de Balda se indicó que existió una planificada y sistematizada ejecución de las operaciones Guayacán y Wilson, que consistían en verificar, identificar y establecer las acciones que hacía el activista en Colombia. Para esos seguimientos se habrían usado recursos públicos de Fondos Especiales de la entonces Senain.

Mientras, en el caso denominado Caminito, el 15 de julio de 2021, un Tribunal de la CNJ declaró a Romero y a otros tres exfuncionarios públicos inocentes del delito de peculado.

Dos de los tres jueces del Tribunal consideraron que las pruebas presentadas por la Fiscalía no demostraron que haya existido un perjuicio al Estado ecuatoriano.

Fuente: Fiscalía, El Universo, redes sociales, Pichincha Universal, Republica del Banano

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