Ante la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, el ministro de Defensa, Luis Hernández presentó sus observaciones a los proyectos de Ley que buscan regular el uso progresivo de la fuerza, incluido el último proyecto presentado por el Gobierno de Guillermo Lasso que, por decisión legislativa, fue fusionado con los otros ya existentes.

Durante su intervención, Hernández defendió el papel de “complementariedad” que tienen las Fuerzas Armadas (FF.AA.) con la Policía Nacional y otras instituciones, y no solo en estados de excepción.

El ministro señaló que, con la sentencia de inconstitucionalidad sobre el Acuerdo Ministerial que regulaba el uso progresivo de la fuerza militar, el 2021, no se disminuye ni debilita su facultades, entre las que están: la defensa de la soberanía e integridad territorial; la protección de zonas de seguridad de frontera, áreas reservadas de seguridad y sectores estratégicos de la seguridad del Estado; y el control de producción, comercialización, transporte, almacenamiento, empleo, tenencia de armas, explosivos y afines.

Además, la colaboración en tareas humanitarias, apoyo en procesos electorales, el apoyo complementario a la Policía en mantenimiento del orden público durante estados de excepción y otros.

Hernández sugirió a la Comisión que la norma en construcción defina cuáles son las instituciones facultadas para hacer uso progresivo de la fuerza, que la ley regule el accionar de las FF.AA. en todas las operaciones militares que ejecutan en el cumplimiento de su misión constitucional y en apoyo a otras entidades del Estado y no únicamente en estados de excepción; que a más de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad se incluya el de “humanidad”, conforme a lo dispuesto por la CC.

Hernández recomendó que la norma incluya detalles específicos para cada institución de la fuerza pública durante el uso progresivo de la fuerza, sobre personal, material, medios y procedimientos a emplear, y que se consideren disposiciones relacionadas con la capacitación, seguimiento, evaluación de los funcionarios encargados de cumplir la ley; y el derecho al patrocinio institucional que no significa más gasto, sino utilizar la capacidad legal de las mismas instituciones.

Hasta el momento, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Defensa y el Servicio Nacional de Aduanas (Senae) han presentado sus observaciones sobre este tema, del cual existían varios proyectos de ley en la Comisión Legislativa de Soberanía y Seguridad Integral.

El presidente de la Comisión, asambleísta Ramiro Narváez (ID) señaló que es importante recibir las observaciones de los sectores involucrados con esta normativa y aseguró que la Comisión está tratando este tema de forma prioritaria y acelerando los procesos. (I)

Fuente: El Universo, Republica del Banano.