Los pueblos indígenas deberán dar su aprobación y ser consultados sobre nuevos proyectos extractivistas.

Mediante sus redes sociales, Leónidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE); dio a conocer que el viernes, 4 de febrero de 2022, la Corte Constitucional del Ecuador brindó el aval y reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos y las nacionalidades indígenas para que estos puedan decidir sobre futuros proyectos extractivistas dentro de sus territorios ancestrales.

El fallo se derivó del caso de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe y contempla que la finalidad de todo proceso de consulta en estos territorios, deberá obtener el consentimiento de los Pueblos y Nacionalidades sobre cualquier medida y proyecto extractivo que pueda afectar sus derechos e intereses en torno a su territorio para salvaguardar los ecosistemas megadiversos y el estilo de vida y la cultura de estas comunidades.

“Está resolución sienta un precedente histórico para la defensa de nuestros territorios, no solo porque confirma la sentencia de la Corte Provincial del 2018, sino porque garantiza la protección de más territorios a nivel de la región Amazónica y el Ecuador”, celebró Marlon Vargas, presidente de la CONFENIAE.

Mediante esta sentencia, además, se busca reconocer el derecho de autoconservación de los caracteres de interculturalidad y plurinacionalidad de las comunidades, pueblos y nacionalidades, siendo una salvaguarda reforzada de los derechos de los pueblos indígenas y que deberá ser revisada por el Estado frente a cualquier proyecto que se realice a futuro.

La importancia de la conservación y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas está apegada al cuidado de más de un 70% de la Amazonía ecuatoriana, donde la gobernanza indígena ha mantenido un estado ecológico y la salvaguarda de la biodiversidad de estos territorios.

La sentencia pone en conflicto la vigencia y validez de los Decretos 95 y 151, promulgados por la presidencia de Guillermo Lasso, que buscan duplicar y aumentar exponencialmente la producción de petróleo y minería en todo el país, sin una consulta previa y de manera unidireccional mediante concesiones de territorio indígena a múltiples empresas extractivistas, una acción que iría en contra de la sentencia actual emitida por la corte constitucional.

Este anuncio además llega en un momento en el cual se han evidenciado los grabes riesgos que corren los territorios amazónicos y las comunidades indígenas que habitan en ellos, cuando tras un nuevo incidente que afectó el oleoducto OCP el pasado 28 de enero, se vertieron aproximadamente 6.300 barriles de petróleo que hasta la fecha no han podido ser limpiados y ya han contaminado las aguas que alimentan a las comunidades y parte de las reservas ecológicas protegidas del Yasuní y el parque nacional Cayambe Coca.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.