Vicepresidente del Cpccs removido por nueva mayoría advierte que denunciará acción en instancias nacionales e internacionales

David Rosero desconoce lo actuado y convocó a una sesión para el próximo martes.

Punto Noticias.- David Rosero, quien actuaba como vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) anunció que interpondrá acciones legales a escala nacional e internacional por la toma de forma violenta de la entidad por parte de la nueva mayoría integrada por los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo. Este último presidió este miércoles 9 de febrero una sesión en la que se removió a Rosero y a Sofía Almeida, titular del Consejo.

En una diálogo con Radio Pichincha, Rosero alertó que al interior del Consejo de Participación se lleva a cabo una usurpación de funciones que está tipificada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y lamentó que el presidente de la República, Guillermo Lasso, esté mal asesorado con respecto a sus operadores.

Recalcó que el edificio del Consejo amaneció con resguardo policial para que la nueva mayoría forzara las seguridades de las oficinas de la institución y se autoconvoque a una reunión.

Desconoció la legalidad de la sesión y más bien sostuvo que es un acto flagrante.

Recalcó que las sesiones del Pleno del Consejo las convoca la presidenta o en su caso el vicepresidente, por lo que insistió en que las acciones generadas se configuran en una toma ilegal de sectores alineados al Gobierno de turno.

Al ser cuestionado del por qué cree que hay injerencia del Ejecutivo en lo que pasa al interior del Consejo de Participación, indicó que la Policía es manejada por el Ministerio de Gobierno y acotó que hubo gente de la Corporación Nacional de Telecomunicación (CNT) que habría dado soporte técnico a los consejeros de mayoría.

Expresó que Almeida denunció -días atrás- que buscan tomarse el Consejo de Participación “para poner autoridades a dedo”.

Lamentó esa forma de proceder por parte de los operadores y sectores del Gobierno, así como reiteró que se viola el debido proceso y los derechos de los consejeros.

Según Bravo y la nueva mayoría estaban ya cansados de los supuestos abusos cometidos por Almeida y su grupo, pero sobre esto Rosero manifestó que cualquier discrepancia o diferencia en el marco de la democracia se puede dar y resolver, pero no tomarse la entidad a la fuerza.

Mencionó que no avalan esa sesión por no ser convocada de forma legal y que insistirán en sus denuncias.

Dijo que todo va encajándose, cuando ya en la Asamblea Nacional hay cerca de 80 firmas para un proceso de fiscalización.

“Hay desesperación del Gobierno y se utiliza a los consejeros que se presten a este tipo de situaciones que van en contra de la institucionalidad del país”, señaló.

Rosero precisó que aprobaron un Reglamento para elegir al nuevo contralor general del Estado con parámetros objetivos con un examen de conocimiento por 50 puntos y una carpeta de méritos con los otros 50 puntos. Pero añadió que el Gobierno quiere introducir una prueba oral, que es subjetiva, por 20 o 30 puntos, los cuales serán colocados a una persona dependiendo de quien califique.

Explicó que en agosto de 2021 fue aprobado el Reglamento y que como parte del proceso se inscribieron 400 veedores y 200 ecuatorianos para las comisiones ciudadanas.

Con este antecedente cuestionó que a última hora se quieran cambiar las reglas del concurso.

“Nosotros actuaremos sobre la base de la Constitución y la ley. Lamentamos el proceder de quienes asesoran al presidente de la República”, puntualizó y añadió que en la normativa del Cpccs no hay la facultad de remover, sino esa atribución la tiene la Asamblea Nacional, a través de un juicio político.

Bajo esas circunstancias, desconocieron todo los actuado por la nueva mayoría y la instó a responder por lo realizado en las últimas horas. Mientras, dijo que seguirán laborando con normalidad.

Sostuvo que le preocupa que los concursos para elegir a las autoridades estén paralizados, debido a que ellos avanzaron en un 40%. Pero la mayor inquietud que tiene es saber que hay una intención oculta para que el Consejo de Participación Ciudadana no haga nada con el tema de los concursos, debido a que se intentaría mantener en los cargos estratégicos a las actuales autoridades, “para que sigan sirviendo a los designios del Gobierno”.

Agregó que convocó a una reunión del Consejo para el próximo martes y que, al momento, cuentan con el respaldo de los funcionarios y organizaciones sociales.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

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