En cinco juicios políticos que se procesan en la Asamblea Nacional existe una coincidencia: los proponentes pertenecen a las filas del correísmo y a los autodenominados rebeldes del movimiento Pachakutik que comulgan con Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Todos piden la destitución y censura de las principales autoridades de la Superintendencia de Bancos, Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado, Consejo Nacional Electoral (CNE) y de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Pero también coinciden en que debe acelerarse la interpelación a los miembros del CPCCS, sin observar el orden de prelación en que llegó al Consejo de Administración Legislativa (CAL). Afirman que esto puede hacerse mediante una resolución del pleno del Parlamento que obligue a la Comisión de Fiscalización a tramitar esta solicitud antes que otros tres juicios políticos que ya fueron notificados por el CAL.

De este grupo de funcionarios amenazados con la interpelación, la solicitud de juicio planteado por Darwin Pereira (Pachakutik) en contra de la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, concluyó en la comisión con la aprobación del informe en el que se recomienda el archivo, por supuesta falta de sustentación de las pruebas. El expediente se conocerá en el pleno este 15 de febrero.

La última solicitud de juicio político planteada por Mireya Pazmiño y Ángel Maita, del grupo de los rebeldes de Pachakutik, en contra de los cuatro vocales del CPCCS: Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán, acusados de incumplimiento de funciones, capta el interés de UNES, PSC y un sector de Pachakutik. Y otro sector de PK presentó, en cambio, este 14 de febrero un pedido de interpelación a los siete vocales del organismo.

Pese a que el CAL aún no califica el pedido de interpelación contra la nueva mayoría del CPCCS, ya estos sectores políticos hablan de aprobar una resolución en el pleno para declarar este proceso de juicio como prioritario en su trámite.

El interés de acelerar este juicio político surge tras la destitución de Sofía Almeida y David Rosero como presidenta y vicepresidente del CPCCS, respectivamente, por una nueva mayoría. El tema aún su dilucida en los tribunales ya que hay recursos legales en trámite.

La crisis del Consejo mantiene paralizados los concursos públicos de selección de 47 funcionarios de diez instituciones del Estado, entre ellos el contralor general, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, cuatro vocales del Consejo Nacional Electoral, dos jueces del Tribunal Contencioso Electoral, superintendente de Compañías y miembros de cinco consejos nacionales de igualdad. Incidir para captar esas dignidades aviva la confrontación política.

Ferdinan Álvarez, de UNES, considera que con lo sucedido en el CPCCS se vulneraron los principios democráticos del país y advierte que lo único que pretende el Gobierno es tomarse por asalto las instituciones del Estado.

Hizo un llamado a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, y al CAL para que califiquen el juicio político en contra de los cuatro consejeros del CPCCS, y conminó al pleno a que se pronuncie mediante resolución para que ese juicio sea tratado de manera inmediata.

El representante de UNES sostuvo que las 72 firmas que respaldan el juicio al Consejo pueden aprobar una resolución en el pleno y disponer que se adelante el juicio político usando la atribución como máximo organismo de interpretación.

Plazos y notificaciones de juicios

Pero el anuncio de los tres sectores políticos de adelantar el juicio político al CPPCS fue refutado por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, quien dijo que esa intención muestra “una ignorancia total” sobre los procesos de fiscalización y que confirma la desesperación en la que han caído porque pretenden atropellar la ley y la Constitución, pues el artículo 81 de la ley que rige al Parlamento muestra el procedimiento.

La norma indica que si durante el proceso de sustentación de un juicio político el CAL remite una nueva solicitud, su plazo para avocar conocimiento correrá a partir de la finalización del que está en curso en la Comisión. O sea, no se puede conocer otro caso mientras está en trámite uno anterior.

Según los plazos establecidos en la ley, cada juicio se tarda al menos 30 días para su procesamiento, que incluye la presentación de pruebas de cargo y de descargo, comparecencias, actuación de pruebas y los informes. Incluso se puede solicitar un prórroga de cinco días adicionales.

Villavicencio indicó que al momento están registrados en la Comisión tres nuevos juicios políticos.

Primero, en contra del contralor general subrogante, Carlos Riofrío, por petición del legislador Ronny Aleaga (UNES), por supuesto incumplimiento de funciones respecto de los informes previos del órgano de control para las contrataciones públicas.

En este caso, Villavicencio explicó que se tomaría todo el mes de febrero y la mitad de marzo; inmediatamente, cuando se notifique con el informe a la presidenta de la Asamblea, se conocerá el siguiente juicio presentado, según el orden de llegada.

El segundo juicio fue planteado por Álvarez en contra del procurador general, Íñigo Salvador, acusado de incumplimiento de funciones debido a que, según alegó el interpelante, en dos demandas contra del Estado, el funcionario se limitó a decir que se debía pagar a las empresas internacionales. Este juicio tomará desde mediados de marzo hasta mediados de abril.

La tercera solicitud que llegó a la mesa de Fiscalización, contó Villavicencio, fue planteada por los asambleístas rebeldes de Pachakutik, Joel Abad y Mario Ruiz, y es en contra de los vocales del CNE Diana Atamaint, José Cabrera, Esthela Acero y Enrique Pita, y al exconsejero Luis Verdesoto. Este correrá desde mediados de abril hasta mediados de mayo como mínimo.

Según Villavicencio, observando la normativa y los plazos establecidos, el juicio político a cuatro consejeros del CPCCS se tramitaría cerca a la vacancia legislativa, en julio.

Todo lo realizado por el UNES, PSC y Pachakutik, según Villavicencio, es “un tiro al aire” y revela desesperación e ignorancia de los procedimientos, por eso dijo que regalará a cada legislador una ley que rige a la Función Legislativa y además solicitará que se les dicte un taller sobre procedimiento legislativo y de fiscalización.

“Nosotros tenemos tres procesos notificados en la agenda de la Comisión, y no podemos alterar y si lo hacemos, estaríamos violando la ley orgánica de la Función Legislativa”, advirtió Villavicencio. (I)

Fuente: El Universo, Republica del Banano.