La política pública tuvo la participación de privados de la libertad quienes en entrevistas supieron contar cuáles son sus necesidades.

Felipe Ochoa, subsecretario de Derechos Humanos, señaló que la política pública de Rehabilitación Social que presentó el Gobierno la mañana del lunes 21 de febrero es la primera en el país con enfoque en DDHH, misma que cuenta con 12 ejes, 65 dimensiones y 308 líneas de acción.

Mencionó que la política elaborada por el Gobierno de Lenín Moreno y que fue presentada el 18 de mayo de 2021, a pocos días de dejar la Presidencia, tenía un voto contrario de la Defensoría del Pueblo pues contaba con apenas 4 objetivos, 2 de ellos sin presupuesto y los otros 2 apuntaban a la seguridad: “Ninguna hablaba de Rehabilitación Social”.

Contrario a ello, dijo, el régimen de Guillermo Lasso buscará fortalecer las capacidades de los privados de la libertad en ejes de trabajo, salud, educación y que así puedan reinsertarse a la sociedad.

“Se implementará a través de la mesa técnica que une a ocho instituciones como la Senescyt, misma que ha colaborado en la construcción de política pública”.

Sobre la implementación, indicó que el SNAI deberá organizar las 308 líneas de acción y determinar cuáles son las de inmediato cumplimiento, las de corto y largo plazo.

Destacó que este trabajo contó con el apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos y con una consultoría técnica y financiera que se impulsó desde el pasado noviembre, misma que incluyo 62 sesiones de trabajo con 2.600 privados de la libertad, quienes fueron entrevistados para verificar cuáles son las necesidades de rehabilitación social y la del entorno familiar.

Explicó que ese estudio arrojo que el 55% de personas privadas de la libertad son jóvenes de entre 18 y 30 años, evidenciando que la mayoría empezó su actividad delictiva a los 14 años: “Quiere decir que el Estado tenía un olvido con estas personas posiblemente inmiscuidos en violencia intrafamiliar con padres desempleados”.

Asimismo mostró que 19 mil personas no cuentan con bachillerato y un 5.2% ni siquiera tienen instrucción formal, por tanto son analfabetas: “El objetivo es que accedan al derecho de la educación”.

Mencionó la necesidad de que exista un arraigo familiar, pues muchas veces los ppl no tienen visitas y esto complica el sistema rehabilitador, razón por la cual se hace necesario hacer seguimiento a estos casos.

De otro lado, aseveró que se harán alianzas público-privadas, empezando en Cuenca con un plan piloto, a fin de que una vez cumplan la pena, quienes hayan estado detenidos puedan conseguir empleo, sin que les pidan los antecedentes penales.

Sobre el hacinamiento, subrayó la importancia de que el presidente de la República, Guillermo Lasso haya firmado los indultos a quienes cumplieron el 40% de la pena en delitos menores, sin embargo reconoció que esto requerirá de un trabajo interinstitucional, con jueces de garantías penitenciarias, el SNAI y otros: “Necesitamos agilizar procesos”.

Ochoa puntualizó que uno de los ejes también aborda los recursos humanos, esto garantizará un entrenamiento de los guías penitenciarios mediante una nueva escuela penitenciaria que está implementando desde el SNAI: “Permite que en los procesos de capacitación tengan un módulo de DDHH, uso progresivo de la fuerza”.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.