Caso Las Torres: Tribunal de Juzgamiento se queda sin la jueza Daniella Camacho

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Nuevamente el Tribunal de Juzgamiento en el caso Las Torres quedó incompleto. En esta ocasión porque la jueza nacional Daniella Camacho fue recusada y ya no lo integrará.

La decisión se tomó ayer, a pesar de que para hoy ya se había fijado por parte del juez ponente Walter Macías, la diligencia.

Los magistrados Carlos Pazos y María Mier dieron paso a la recusación de Camacho interpuesta por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, ante la relación de amistad que tendría con el excontralor subrogante Pablo Celi, quien es uno de los 11 procesados que serán juzgados, pues si bien son 13, Pedro Saona y Roy Calero no serán juzgados en esta ocasión hasta que sean detenidos o se entreguen, pues no pueden ser juzgados en ausencia.

El artículo 572, numeral 8, del Código Integral Penal establece que una causal de recusación de un magistrado es “tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los sujetos procesales”.

De hecho, en febrero pasado, Camacho se excusó de formar parte del Tribunal de Juicio en esta causa, pues dijo tener una “amistad íntima” con Pablo Celi. Sin embargo, otros dos magistrados nacionales no aceptaron esa excusa.

Pablo Celi rechazó públicamente tener una amistad con la jueza Camacho y aseguró que solo hubo una relación institucional cuando él era contralor. Pero en la diligencia de ayer, Camacho estuvo de acuerdo con la demanda de recusación y admitió el planteamiento de la fiscal Salazar, ya que podría afectar la imparcialidad.

Tras esta recusación, se efectuará un nuevo sorteo para designar a otro juez y así completar el Tribunal que está conformado por Macías y Adrián Rojas.

Macías anticipó que no permitirá más dilaciones y que para que el proceso avance rápido y no caduque la prisión preventiva de Pablo Celi, su hermano Esteban y el procesado Luis Agusto; la audiencia de juicio se desarrollará incluso los fines de semana.

La razón es que son más de 400 personas que deberán comparecer. La Fiscalía, la Procuraduría, Petroecuador y los procesados solicitaron la comparecencia de 168 testigos y 300 peritos durante esta etapa procesal.

Según la Fiscalía, los procesados conformaron una estructura delictiva para exigir a Nolimit, una empresa contratista de Petroecuador, sobornos a cambio de desvanecer glosas en la Contraloría, mantener contratos con Petroecuador y gestionar pagos pendientes.

Mientras, las defensas de los procesados aseguran que sus clientes no solicitaron ni se beneficiaron de coimas.

Fuente: CNJ, Fiscalía, redes sociales, Pichincha Universal, Republica del Banano

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