Este lunes 14 de marzo, Carlos Jijón, vocero de Gobierno, dijo que están analizando las decisiones constitucionales a las que puedan acudir para oponerse a las amnistías entregadas por la Asamblea Nacional a 268 a defensores de derechos, de la naturaleza y perseguidos políticos.

En el Palacio Presidencial hubo un cambio de estrategia. Hace cuatro días, cuando se conocía sobre los 99 votos que dieron paso al paquete de amnistías, Diego Ordóñez, consejero del Presidente, dijo que respetarán la decisión y no tomarán ninguna acción legal.

Jijón ratificó la posición del Gobierno de calificar de injusta e irresponsable la decisión de la Asamblea “al dejar que los responsables no paguen sus culpas”. Por ello, dijo, el Gobierno estudia las decisiones que se enmarquen en la Constitución y la Ley para oponerse legalmente a lo resuelto por el Parlamento ecuatoriano.

Fueron 268 amnistías aprobadas. 60 de ellos fueron por el caso de judicializados por ejercer su derecho a la resistencia y a la protesta social en octubre de 2019. La prefecta de Pichincha, Paola Pabón; el parlamentario andino, Virgilio Hernández; el activista Christian González; el presidente y expresidente de la CONAIE, Leonidas Iza y Jaime Vargas, respectivamente, son algunos de los beneficiados.

“Se nos culpó por algo que no cometimos, se allanó mi domicilio, perdí mi libertad 72 días. Mi familia y yo vuelve a tener calma después de 29 meses, cuando se nos responsabilizó por oponernos a un régimen como el de Moreno”, dijo Pabón sobre su amnistía.

Para la CONAIE, la decisión de la Asamblea “sienta un precedente contra la criminalización de la protesta, reivindica la lucha social, el derecho a la resistencia y la democracia”.

Desde un sector de la sociedad, quienes rechazaron la decisión del Legislativo, anunciaron la presentación de una acción de protección.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano