Fiscalía allana Centro digital dirigido por Ola Bini

La Fiscalía investiga un presunto fraude procesal.

Punto Noticias. A pocos días de cumplirse tres años de la detención del informático sueco, Ola Bini, la Fiscalía General del Estado (FGE) allanó este 8 de abril de 2022 las oficinas del Centro de Autonomía Digital, por un presunto fraude procesal.

La diligencia, que forma parte de una instrucción fiscal, se realizó con el apoyo de la Policía Nacional, para recabar indicios.

La investigación determinó que esta organización habría pagado por una pericia, para otro caso que lleva la Institución, que no fue legalmente dispuesta y cuyo archivo original no ha sido encontrado en los dispositivos de la persona procesada, quien habría realizado el informe. Así lo informó la Fiscalía.

La orden para el allanamiento no está firmada y en ella se ordena solo el allanamiento, no la incautación de equipo alguno, reclamó el abogado de Bini, Carlos Soria, en declaraciones para La Barra Espaciadora.

Pese a esto, la Policía se llevó celulares y computadores.

El caso

Ola Bini enfrenta un proceso por el presunto delito de acceso no consentido a un sistema informático.

La audiencia de juicio arrancó el miércoles 19 de enero, luego de al menos cuatro meses de dilaciones y, luego de tres días de diligencia, Bini denunció más vulneraciones en este caso.

Su defensa ha reclamado las violaciones a sus derechos, desde su detención y reclusión por 70 días en una prisión, están registradas en varias informes que han realizado organizaciones nacionales e internacionales. Por ejemplo, el informe “La persecución de la comunidad de seguridad informática en América Latina” publicado por Access Now (organización global dedicada a la lucha por la vigencia de los derechos humanos en el ámbito digital), que se basa en investigaciones y análisis de la Clínica de Ciberderecho de la Universidad de Harvard, revela que quienes trabajan y aportan en la seguridad digital son considerados como una amenaza y son criminalizados, en la mayoría de ocasiones, utilizando el aparato gubernamental para ese propósito.

Sobre Ecuador, señalaron que es un ejemplo de persecución la situación del informático sueco Ola Bini, quien enfrenta un proceso judicial desde abril del 2019.

El informe advierte que la legislación ecuatoriana relacionada con la seguridad informática posee un lenguaje demasiado amplio y vago, que no permite la caracterización específica de un delito; por tanto, el tipo penal queda sujeto a interpretaciones, lo cual representa una amenaza y deja abierta la posibilidad del uso de la ley para criminalizar.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

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