Los fuertes enfrentamientos durante la jornada del paro nacional cobró la vida de 7 personas. Sin embargo, sus historias, sus luchas y el contexto en que han fallecido no ha recibido la atención del Gobierno o ciertos medios tradicionales, que se sensibilizan más por las pérdidas materiales que por la vida de una persona.

Punto Noticias. La violencia estatal acompañó el inicio del paro nacional, fue el caso de los hermanos Sislema en Riobamba, quienes recibieron varios impactos de perdigones en sus cuerpos. Uno de ellos se encuentra de gravedad y ha sido trasladado a Quito, posiblemente puede convertirse en una nueva víctima.

En este contexto, las Organizaciones de Derechos Humanos han informado que más de 300 personas han resultado heridas, y según las autoridades se han abierto 269 procesos judiciales contra manifestantes. Por tanto, las Organizaciones demandan que las muertes no queden en la impunidad.

Desde la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, señalan que entre las vulneraciones de derechos a personas heridas y fallecidas; se ha violentado el derecho a la vida y a la integridad. Por estigmatización y criminalización; se han vulnerado los derechos a la protesta, a la libertad de reunión, y de libre opinión.

En Quito, uno de los casos que recrudeció la protesta, fue el asesinato de Henry Ernesto Quezada Espinoza, exestudiante del Colegio Mejía, quien registró múltiples heridas en su pecho en el parque El Arbolito. Esta muerte también fue denunciada como consecuencia de la represión policial

Daniela Moreno, vocera de la Alianza por los DD.HH, asegura que el seguimiento que dan a estos casos es judicial. Además, agregó que desde las informaciones que han levantado han podido concluir que estas muertes se han dado debido a la represión policial.

Por su parte, el Director Ejecutivo de INREDH, Luis Ángel Saavedra, profundizó sobre los contextos en que se dieron estas muertes a causa de la fuerza desproporcianada ejecutada por la policia. Resaltó que a diferencia de las manifestaciones populares de octubre de 2019, donde el Estado no ha respondido hasta el momento por las víctimas mortales. En este escenario se ha sumado también un discurso racista.

Luis Ángel aseguró que: “Los muertos se dieron por acción directa por parte de los organismos de seguridad del estado”

Las víctimas del paro dejan a familias, amigos y en firme sus convicciones. Estos son los nombres de quienes murieron en la lucha por mejorar sus condiciones de vida: Franco Eduardo Íñiguez Camacho, de 36 años, falleció por el impacto de un proyectil de uso militar, Francisco Guashco Poago, comunero del pueblo Tomabela en Ambato, murió por los golpes que recibió en su cabeza, José Marcelino Villa, de 38 años, falleció en Cuenca. Junto a su cuerpo se encontró un cartucho de gas lacrimógeno y su cuerpo mostraba signos de violencia física.

Asimismo, el dirigente indígena kichwa de 42 años, Byron Holger Guatatuca Vargas, su muerte se dio en medio de los disparos de bombas lacrimógenas que fueron direccionadas directamente al cuerpo de los manifestantes. Con 22 años, Jhonny Saúl Félix Muenala falleció al caer de una altura de 100 metros al huir de la arremetida policial en la quebrada de Guayllabamba.

Por su parte, el Gobierno confirmó la muerte del militar José Chimarro Quishpe, quien recibió un impacto de bala, durante el enfrentamiento entre las comunidades y los militares en Shushufindi, provincia de Sucumbíos. La muerte se produjo durante la intromisión de un convoy armado para despejar la vía, la misma noche en la que inició el Diálogo Nacional.

Las Organizaciones expresan que esperan que estas muertes no se olviden y  que las familias de las víctimas puedan ser reparadas.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.