Los habitantes del Valle de Intag, en Cotacachi, han peleado a lo largo de 30 años por su territorio.

Punto Noticias.- Este 21 de julio se presentará el recurso sobre la Acción de Protección a favor de las especies y de las comunidades que habitan en el valle de Intag, que fue negada en primera instancia.

Estas acciones se realizan en contra del Ministerio de Ambiente y la empresa estatal ENAMI, que junto a la empresa chilena CODELCO, buscan desarrollar un proyecto minero a cielo abierto y de gran escala en los bosques primarios de la provincia de Imbabura.

Las organizaciones que lideran esta iniciativa son CEDENMA, Alianza de organizaciones por los Derechos Humanos, Amazon Frontlines, DECOIN, Centro Jambatu e Intag Santuario de Vida.

La resistencia contra la minería más larga de la historia del Ecuador

En entrevista con el programa “Las Warmis del Barrio”, de Radio Pichincha, Gustavo Redín, abogado de las comunidades, explicó la lucha que tiene la comunidad de Intag desde la década de los 90 cuando una compañía japonesa planeó minar el área por cobre, es decir su resistencia es la más larga en la historia del Ecuador.

Los habitantes del Valle de Intag, en Cotacachi, han peleado a lo largo de 30 años, también contra una compañía minera inglesa y desde el 2011 contra la estatal ENAMI EP, que estableció el convenio de explotación con CODELCO, para ejecutar el proyecto de explotación de cobre Llurimagua, que contempla 4.829 hectáreas.

En 2014, ya se registraron conflictos por el desarrollo de los estudios de impacto ambiental, que fue aprobado, según Redín, vulnerando los principios de prevención y precaución, por cuanto no se registraron todas las especies presentes en la zona, ni se contempló el manejo adecuado de las que están en peligro de extinción.

Más tarde, en 2018 se plantea una extensión del área de exploración avanzada, y se presentó un nuevo estudio de impacto ambiental, sobre el cual se ganó, en primera instancia, una acción de protección y se suspendió el estudio de impacto ambiental. Sin embargo, la sentencia fue anulada y se destituyó a la jueza que falló a favor de la protección de las ranas en peligro de extinción.

Tras esta negativa, se presentó nuevamente una acción de protección para cautelar los derechos de la naturaleza y la consulta previa e informada. La misma fue negada en primera instancia, por lo cual se apeló.

“No podemos perder la esperanza frente a una vulneración de derechos tan grandes como la que está ocurriendo en la zona. Tenemos fe que los jueces de la corte provincial de Imbabura sentencien en derecho y cumplan realmente con las garantías constitucionales y velen por los derechos constitucionales de la naturaleza y las comunidades que se encuentren en las zonas.”, aseguró Gustavo Redín.

El abogado agrega que existen sentencias vinculantes como Los Cedros, Manglares y La Mona Estrellita, donde se establecen principios para el entendimiento del “sujeto naturaleza” y la consulta ambiental, así como la relación con las especies silvestres que se encuentran en un eminente peligro de extinción.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.