Sanciones a jueces que fallaron en contra de intereses del Ejecutivo son una práctica común en el gobierno de Lasso.

Punto Noticias.- La detención del juez de Garantías Penitenciarias de Portoviejo, Banny Molina, quien concedió un recurso de habeas corpus en favor del exvicepresidente, Jorge Glas, no es un hecho aislado.

El magistrado fue detenido la noche de este martes 9 de agosto para investigaciones, por el presunto delito de usurpación de funciones.

Su apresamiento se dio después de que el presidente Guillermo Lasso expresó su desacuerdo con la decisión del juez de haber ordenado la excarcelación de Glas. “Mi gobierno no permitirá la corrupción en el Ecuador. El país necesita recuperar la justicia, pilar fundamental de la convivencia en democracia”, dijo el mandatario.

Son varios los jueces que han sido sancionados por fallar en contra de intereses del Ejecutivo en casos con tintes políticos.

El pasado 1 de mayo, el Consejo Nacional de la Judicatura destituyó, por error inexcusable, a la jueza Karly Vargas, de la Unidad Multicompetente de Samborondón, quien semanas atrás concedió medidas cautelares en favor de la expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, (CPCCS) Sofía Almeida.

Almeida fue removida por una nueva mayoría en el CPCCS liderada por el hoy presidente de ese organismo, Hernán Ulloa, quien es aliado del presidente Lasso.

En la accidentada sesión, en la que fue removida Sofía Almeida, el ministerio de Gobierno ordenó que el edificio sea sitiado por decenas de policías, en una clara injerencia del Ejecutivo.

Otro caso fue el del juez Diego Moscoso, de la Unidad Multicompetente de Manglaralto, provincia de Santa Elena, quien fue sancionado, el pasado 26 de abril, con la suspensión de 90 días, tras haber concedido un primer recurso de habeas corpus en favor de Jorge Glas.

La sanción fue por negligencia manifiesta y, curiosamente a pocos días de que finalice el periodo de suspensión, el Consejo Nacional de la Judicatura nombró el 16 de julio al nuevo juez de esa jurisdicción, en reemplazo de Moscoso.

Las sanciones a jueces también se extendieron a conflictos locales, como el caso de la remoción del entonces alcalde de Quito, Jorge Yunda, el 29 de septiembre de 2021.

La jueza María Belén Domínguez, quien concedió una acción de protección en favor de Yunda, fue destituida por el Consejo Nacional de la Judicatura por un presunto tráfico de influencias.

En este caso también fue suspendido, de manera temporal, el juez Carlos Soto, tras haber otorgado medidas cautelares al exalcalde de la capital.

Coincidentemente, durante la pugna por la alcaldía de Quito, el Gobierno se pronunció en favor de Santiago Guarderas, quien se quedó con el puesto de Yunda.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.