Asamblea Nacional llama a juicio político a tres vocales del Consejo de la Judicatura y a la expresidenta de ese organismo

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La Asamblea Nacional, con 87 votos a favor y 49 abstenciones, llama a juicio político a los tres vocales del Consejo de la Judicatura (CJ): Fausto Murillo, Maribel Barreno y Juan José Morillo, y a la expresidenta de esa institución, María del Carmen Maldonado, por supuesto incumplimiento de funciones.

Los 87 votos por el inicio del juicio político provinieron de los bloques UNES, PSC, PACHAKUTIK y algunos independientes. Las 49 abstenciones se registraron de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), Izquierda Democrática e Independientes.

El presidente de la legislatura, Virgilio Saquicela, la noche del domingo convocó al pleno para el día miércoles 31 de agosto a las 19:00, para iniciar el proceso de juicio que absolverá o censurará y destituirá a los acusados.

El pleno se reunió este domingo 28 de agosto pasadas las 13:00, para conocer el informe de posiciones de los integrantes de la Comisión de Fiscalización una vez que no obtuvo un informe de mayoría sobre la solicitud de juicio presentada por la asambleísta, Viviana Veloz, de la bancada Unión por la Esperanza (UNES), por incumplir funciones en el proceso de evaluación de jueces y conjueces de la Corte Nacional

Se dio lectura de cuatro informes presentados por legisladores de UNES, PSC, BAN y los independientes. Luego se abrió el debate y el primero en hacerlo fue Fernando Cedeño (UNES), quien ratificó el informe de UNES y del representante del PSC ante la Comisión de Fiscalización que recomendaron que prosiga el juicio político.

Cedeño fue el encargado de mocionar para que el pleno resuelva el inicio del juicio político a los cuatro acusados.

Luego intervino el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, y habló que en este proceso de juicio existe un pacto entre UNES y el PSC, que buscan controlar a la justicia.

Dirigiéndose a los legisladores de Pachakutik dijo si ellos creen que aquellos jueces que encarcelaron, persiguieron a 550 líderes sociales, campesinos, indígenas y periodistas debían seguir; eso es lo que están planteando aquellos que quieren llevar este juicio político.

Insistió que hay una evidencia clara que hay un pacto entre quienes gobernaron, persiguieron y controlaron la justicia durante una década con los que antes pusieron tanques en la Corte Nacional de Justicia, “yo les pregunto a los compañeros de Pachakutik, si ustedes van a votar junto a los victimarios; y también es parte de esta estrategia el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, al haber puesto en una terna con una jueza que dejó en libertad al ex ministro José Serrano”.

Salvador Quishpe, coordinador del bloque Pachakutik, manifestó que los pueblos indígenas en este juicio político no estarán para responder los apetitos políticos de sectores particulares y menos para sumarse a esos intereses de consolidar la impunidad y querer tumbar un Consejo de la Judicatura y tumbar jueces para que revisen las sentencias de su corrupción con los Odebrecht y una serie de delitos cometidos en su gobierno.

Propuso que en la anunciada consulta popular se pregunte a los ciudadanos si está de acuerdo con terminar con el Consejo de la Judicatura.

Recomendación de juicio

En el informe de posiciones presentado por los asambleístas de UNES: Gabriela Molina, Roberto Cuero y Comps Córdova, determina que durante la etapa de evacuación de pruebas desarrollada al interior de la comisión se evidenció una serie de incumplimientos constitucionales y legales por parte de los funcionarios que son sujetos de juicio.

Que esos incumplimientos van más allá de las lecturas políticas que cada uno pudiere tener, pues buscaron remover del cargo de jueces y conjueces de la Corte de Justicia a determinados servidores judiciales. Para lograr ese objetivo entre el Consejo de Participación Ciudadano y Control Social Transitorio, presidido por Julio César Trujillo y el Consejo de la Judicatura, presidido por María del Carmen Maldonado, forzaron una evaluación que ha sido declarada inconstitucional por la Corte Constitucional.

Aclaran que no defienden a ninguno de los jueces removidos, lo que cuestionan es la politización de la justicia.

Que María del Carmen Maldonado, Fausto Murillo Fierro, Juan José Morillo Velasco y Maribel Barreno Velin, no solo que actuaron en cumplimiento de consignas políticas sino que además “han sido negligentes en el desempeño de sus funciones, pues no han impulsado los concursos que debían, ni han provisto a los juzgados del país de las mínimas condiciones materiales para su eficiente labor”.

En este informe se describen siete incumplimientos de funciones de los tres vocales del CJ y la ex presidenta del organismo, como el proceso de evaluación de jueces de la CNJ, remoción de jueces, concurso de méritos y oposición de la Corte Nacional de Justicia 2020-2021 en el cual se extralimitó en sus competencias al designar jueces y conjueces nacionales por especialidad, nombramiento de conjueces temporales, incumplimiento del proceso de renovación parcial de la Corte; y, nombramiento de fiscales provinciales encargados fuera de la ley.

Finalmente, señalan que durante el proceso de sustanciación de político se ha probado el incumplimiento de funciones, y recomiendan al pleno el juicio político.

Recomendación de archivo

Este informe está suscrito por Fernando Villavicencio y Ana Belén Cordero, presidente y vicepresidenta de la mesa de Fiscalización donde concluyen que el proceso de evaluación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, no fue una decisión autónoma tomada por el pleno del Consejo de la Judicatura, sino más bien un exhorto realizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio.

Que el proceso de evaluación ha sido ampliamente reconocido y validado, en su forma, por la Corte Constitucional. Del mismo modo, las veedurías y la academia concluyeron que la metodología utilizada para el proceso de evaluación fue válida, así como el exhorto del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio; el cual, en lo pertinente, por la capacidad otorgada por el mandante, dispuso la evaluación inmediata no solo a los jueces y conjueces sino también en general a la judicatura.

Que en vista de los resultados de la evaluación realizada en el año 2019, a la Corte Nacional de Justicia, se advierte que los jueces y conjueces evaluados habían ingresado a la más alta corte de justicia ordinaria a través de los procesos de renovación parcial de los jueces de la Corte Nacional de Justicia del 2014 y 2017, por lo que permite concluir que a más de quedar claramente evidenciada la falta de formación profesional individual, la judicatura, previa a la evaluación, no llevó a cabo procesos de capacitación efectivos, que hayan permitido a los jueces y conjueces refrescar o actualizar sapiencia.

Finalmente, señalan que revisado el expediente de solicitud de juicio político y escuchadas las intervenciones por parte de la asambleísta Viviana Veloz, así como las comparecencias de María del Carmen Maldonado, en su calidad de ex presidenta del Consejo de la Judicatura; Fausto Murillo; Maribel Barreno y Juan José Morrillo, en su calidad de vocales, se recomienda el archivo de la solicitud de juicio político, en virtud que la solicitante no probó el incumplimiento de funciones.

El asambleísta Marco Troya (BAN), también presentó un informe para archivar la solicitud de juicio político.

En cambio, el informe del legislador alterno de Soledad Diab (PSC), recomendó que la Asamblea Nacional debe continuar con el trámite del juicio político, porque se busca solucionar la grave situación en la que se encuentra la Función Judicial, “por la indebida administración del Consejo de la Judicatura en funciones, por actos declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional. (I)

Fuente: Diario El Universo, Republica Del Banano

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