El juicio político a los tres vocales del Consejo de la Judicatura reveló una cifra: que la “metida de la mano a la justicia” desde el 2011 al 2018, le costará $11 millones al Estado, por la destitución y restitución de jueces que no cumplían órdenes.

La cifra la señaló el vocal Juan José Morillo, durante la presentación de las pruebas de descargo dentro del juicio político presentado por la bancada correísta que se instaló la noche del 31 de agosto y que inició con la exposición de las pruebas de los asambleístas interpelantes, Viviana Veloz (UNES) y Luis Almeida (PSC).

Morillo manifestó que el actual Consejo de la Judicatura tuvo que asumir responsabilidades del pasado, decisiones que han sido revertidas por parte de los juzgadores. “Este Consejo de la Judicatura solo por las travesuras de Gustavo Jalkh, al destituir jueces, ha pagado $5,2 millones”.

Y si se suman otros periodos donde se aplicaban destituciones se llega a $ 7 millones para pagar a jueces que fueron destituidos y que no respondían a los intereses del Consejo de la Judicatura de ese momento.

Sostuvo que aún tienen sentencias por pagar por más $ 6,2 millones; es decir, “el chiste del tiempo de la metida de la mano a la justicia nos va a costar $11 millones”.

Morillo defendió el proceso de evaluación de jueces y reafirmó la postura que asumieron el presidente y la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización que este proceso de evaluación no fue una decisión autónoma por parte del Consejo de la Judicatura, sino que responde a un exhorto que nació en una consulta popular del 4 de febrero de 2018.

Proceso

Las pruebas de cargo y de descargo, dentro del juicio político a tres vocales del Consejo de la Judicatura, fueron mas allá de las acusaciones presentadas por la legisladora del correísmo.

El proceso de juicio político se inició a las 19:35, cuando se instaló el pleno de la Asamblea Nacional con 128 legisladores en la sala, en medio de las dudas, presiones, denuncias y cabildeos por obtener los 92 votos que apoyen la censura y destitución de los acusados.

Hasta el pleno llegaron los tres vocales acusados: Fausto Murillo, Juan José Murillo y Ruth Barreno. No se presentó la expresidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, quien envió una comunicación excusándose y solicitando que se de lectura a la exposición que ella hizo en la sustanciación del juicio ante la Comisión de Fiscalización.

El proceso se extendió hasta las 01:32 de este 1 de septiembre, cuando se suspendió la sesión y el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, anunció que se reinstalará a las 10:00, para continuar con el debate del proceso, que concluirá con la votación de la moción de censura y destitución.

Pruebas de interpelantes

La intervención de la asambleísta interpelante, Viviana Veloz (UNES), empezó con la exposición de audios divulgados en redes sociales sobre supuestos ofrecimientos de cargos, pero que no constaban entre las siete acusaciones objeto del juicio político.

Veloz, quien un día antes aseguró que habría 94 votos para la censura de los funcionarios acusados, al iniciar su intervención la noche de este 30 de agosto señaló que algunos le han dicho que es probable que no tengan los votos, pero que ella quiere pensar como el expresidente estadounidense Abraham Lincoln, respecto a que “la probabilidad de perder en la lucha no debe disuadirnos de seguir luchando por las causas que nosotros creemos justas”.

Manifestó que posee más de cien pruebas de que los tres vocales tienen secuestrada a la justicia, y por eso resultaría vergonzoso que se defienda a los funcionarios cuestionados; por lo tanto, pidió a los legisladores que reflexionen y actúen con coherencia.

Mientras exponía la interpelante, los asambleístas de la bancada Unión por la Esperanza colocaron sobre sus curules carteles alusivos de que la justicia está secuestrada.

Tanto Veloz como la presidenta encargada de la sesión, Marcela Holguín, tuvieron que llamar la atención de los legisladores para que escuchen la fundamentación de las pruebas en las que sustenta sus acusaciones. Y la interpelante aseguró que una de las principales es la sentencia de la Corte Constitucional, respecto a la evaluación de los jueces y dijo que ésta debe ser leída en su integridad.

La interpelante afirmó que el proceso de evaluación tuvo algunas ilegalidades y que existieron reformas parciales a reglamentos que fueron observados por organismos internacionales en ese proceso. Que la evaluación debió observar el tiempo, y que lo hicieron con la consigna de cambiar a la Corte para reemplazar los jueces incómodos, para conseguir secuestrar la justicia. Que no se observó los principios universales de la evaluación continua.

Gran parte de las pruebas sobre las cuales sustentó Veloz se basaron en reportajes periodísticos, y algunas afirmaciones públicas de los acusados.

Antes de concluir su intervención mocionó la resolución para que se censure a María del Carmen Maldonado, expresidenta de la Judicatura, y se destituya a los vocales Murillo, Morillo y Barreno, por haber incumplido sus funciones y encontrarlos responsables políticamente por su acción y omisión en el cumplimiento de sus funciones.

Veloz ocupó una hora y media en su exposición y luego le correspondió al socialcristiano, Luis Almeida, quien antes que ahondar en las siete acusaciones se refirió a criterios sobre un secuestro de justicia.

Inició preguntando que ha hecho el Consejo de la Judicatura y el mismo respondió absolutamente nada, pues en la , el no pago de sueldos a los funcionarios durante la pandemia ni siquiera pagaron los sueldos, sino atrasados; que no han podido ni han querido solucionar los problemas que tiene la justicia.

Que la Judicatura no sirve para nada porque en todos los complejos judiciales no tienen agua potable, aire acondicionado, hojas, tóner, computadores, no valen los carros. Eso significa que la justicia se convierte en más cara, porque el pobre tiene que comprar esa hoja.

Se refirió al proceso de evaluación de los jueces. Almeida afirmó que fue ilegal y se inventaron una serie de cosas. Que el Consejo para lo que sirve es para la persecución y no para la administración, anotó.

Que los incumplimientos son varios como la designar fiscales provinciales encargados sin ninguna evaluación.

Tomarse la justicia

El presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, inició su presentación de pruebas de descargo a las 21:40, y comentó que en todo este proceso existe una contradicción porque los interpelantes dicen que el Consejo de la Judicatura no hizo nada, y sin e

Defendió el proceso de evaluación de jueces llevado adelante por la judicatura, y que se nombraron conjueces temporales para llenar las vacantes que dejó el proceso de evaluación. Respecto al nombramiento de fiscales recordó que la Contraloría observó el concurso, por lo que se procedió a nombrar a fiscales temporales. Y se declaró la nulidad del concurso, por responsabilidad, además, admitió que hubo dificultades presupuestarias, para establecer un nuevo sistema informático para la selección de fiscales.

Manifestó que este juicio político nada tiene que ver con mejorar la administración judicial y nada tiene que ver con los supuestos incumplimientos en el concurso para la evaluación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, sino que tiene que ver con la intención de tomarse la administración de justicia, esa es la verdad, acentuó.

Que ya lo intentaron con la comisión de la verdad y no les funcionó, ya lo intentaron removiendo a Fausto Murillo, les funcionó dos meses y en dos meses se tomaron Guayaquil y Guayas, que pusieron a los jueces que quisieron en Samborondón; que solo en Guayas en un mes ingresaron 80 personas.

Y que ahora van por un juicio político sin causal, aduciendo un incumplimiento que no existe y atribuyendo a la Corte Constitucional algo que no ha dicho. Entonces, añadió, que la verdadera intención es tomarse la administración de justicia para la impunidad de casos emblemáticos de corrupción y de crimen organizado.

mbargo, los juzgan por haber evaluado a los jueces.

Preguntó a la sala si recuerdan qué pasó durante el 2011 hasta el 2018, en el sistema de justicia y aseguró que estuvo se secuestrado, pues sentaron como presidente del Consejo de la Judicatura a Gustavo Jalkh, quien era ministro y asesor presidencial en el gobierno de Rafael Correa.

“Estoy seguro que hay legisladores que piensan en el Ecuador, que les duele el Ecuador, que recuerdan que desde el 2011 al 2018, estuvo secuestrada la administración de justicia para perseguir, para dañar vidas, para acabar vidas”, subrayó Murillo.

Preguntó a la sala cuántos casos de corrupción se sentenciaron desde el 2011 al 2018, cuántas acciones de protección y de garantías se podían presentar desde el 2011 al 2018, cuando había oficios desde la Presidencia de la República amenazando a los jueces si fallan a tal o cual sentido serán perseguidos por el Consejo de la Judicatura para destituirlos y enjuiciarlos, y citó como ejemplos a José Suing y Gustavo Durango que fueron perseguidos y destituidos.

En cambio, dijo que desde el 2019 a la fecha hasta hubo abuso de acciones de protección y que jueces como el de Manglaralto o el de Manabí se han prestado para servir a intereses de políticos, han politizado la administración de justicia, pero que eso se puede componer; que está en la decisión de los legisladores el mantener la independencia de la institucionalidad de la Función Judicial.

Al concluir su exposición, Fausto Murillo, llamó a la reflexión a los legisladores y solicitó que el archivo del juicio político porque no hay causal y no se ha probado ningún incumplimiento, por lo tanto, dijo corresponde archivar el juicio, porque no hay argumentos ni razones.

Sanciones disciplinarias

Ruth Barreno, tercera vocal de la Judicatura acusada, también defendió el proceso de evaluación de jueces de la Corte Nacional de Justicia y señaló que ese proceso fue técnico conforme a los estándares internacionales.

Que dependerá de la Asamblea Nacional que el Consejo de la Judicatura se mantenga de manera independiente o la justicia regresa al manejo de un grupo privilegiado.

Barreno comentó que la mejor defensa de las acusaciones planteadas respecto a la evaluación de los jueces es la sentencia de la Corte Constitucional que no evidencia una delegación de competencias ni observa que las acciones de la judicatura vulneran independencia judicial o que se haya arrogado funciones. (I)

Fuente: Diario El Universo, Republica Del Banano