Además, tres ministros de su Gabinete enfrentan los mismos cargos.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso iniciar una investigación preliminar a la presidenta peruana, Dina Boluarte, por los posibles delitos de genocidio y homicidio calificado, relacionados con las muertes en protestas sociales.

La indagación incluye al primer ministro, Alberto Otárola, quien en las primeras muertes era ministro de Defensa, y los titulares de Defensa, Jorge Chávez, y del Interior, Víctor Rojas y se relacionan con la pérdida de 28 vidas, en diciembre pasado, en las regiones de Apurímac, La Libertad, Junín, Arequipa y Ayacucho.

Esas muertes se sumaron 18 ocurridas ayer y hoy en la región surandina de Puno y en las pesquisas también fue involucrado quien fuera el mes pasado primer ministro, Pedro Angulo, y del Interior de entonces, César Cervantes.

La investigación preliminar fue anunciada cuando el Congreso debatía la confianza en el gabinete ministerial encabezado por Otárola, quien recibió duras críticas opositoras por el mayor énfasis puesto en las operaciones policiales y militares y por no hacer ninguna autocrítica.

La confianza, necesaria para que el gabinete ministerial siga en funciones, fue a la postre aprobada con 73 votos a favor, 43 en contra y seis abstenciones.

El resultado evidenció una polarización en la cual la mayoría respaldó al Gobierno por su política policial y militar ante las protestas y la izquierda votó en contra por las muertes de las que responsabilizó a todo el Gabinete, al que exigió renunciar.

Las manifestaciones de descontento comenzaron tras asumir la presidencia Dina Boluarte, como sucesora del destituido y encarcelado Pedro Castillo, y demandan la renuncia de la presidencia, prontas elecciones adelantadas y un referendo sobre la posibilidad de una asamblea constituyente.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.