El presidente Guillermo Lasso limitó atribuciones y obligaciones de la Contraloría General del Estado de Ecuador, el 20 de marzo de 2023, mediante el Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría (Locge).

La reforma establece que las entidades financieras y bancarias privadas, cuyo capital social, patrimonio o participación tributaria esté integrado de un 50% o más, por recursos públicos, serán sometidas al control de la Superintendencia de Bancos y de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Además, la Reforma determina que la Contraloría ejecutará sus atribuciones y obligaciones de acción en torno a los recursos públicos correspondientes al inversor del sector público. No serán contabilizados los recursos de terceros. Y se aplicará esta disposición también a las compañías sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que tengan entre sus socios o accionistas a inversionistas del sector público en los porcentajes mencionados.

En el artículo 6, se dispone que la Contraloría también puede controlar a otras entidades privadas que manejan recursos públicos en un cinco por ciento o más. Se exceptúan aquellas que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías Valores y de Seguros y de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Antes de esta reforma estaban sometidas al control de la Contraloría las personas jurídicas y entidades de derecho privado, “exclusivamente sobre los bienes, rentas u otras subvenciones de carácter público”. Con los cambios, la Contraloría ahora solo vigilará entidades bancarias, financieras y mercantiles que tienen menos del 49% de recursos públicos.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.