Los indígenas kichwa de Sarayaku-Pastaza presentaron, el pasado 13 de noviembre, una demanda contra el Estado ecuatoriano en la Corte Constitucional. Dicen que el Estado no da respuesta a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se ordena el retiro de los explosivos que dejó en el suelo una empresa petrolera argentina en 2003. Además, reclaman que ingresaron sin hacer consulta previa.
Si hay un tema que causa polémica en Ecuador es el de las actividades extractivas en territorios indígenas altamente biodiversos. El Estado ecuatoriano ha perdido varios casos en los tribunales debido a falencias en la realización de la consulta previa, libre e informada en territorios amazónicos, considerados biodiversos y uno de los lugares del planeta con más endemismos por estar cercano a la cordillera de los andes y atravesado por la línea ecuatorial.
Hoy un nuevo proyecto extractivo está en el ojo de la tormenta en la Amazonía ecuatoriana. Si bien el gobierno aceptó la renuncia de una empresa a explotar petróleo en el bloque 79, ubicado en el centro-sur de la Amazonia ecuatoriana, en la provincia de Pastaza, las críticas apuntan a que el Estado no se pronunció sobre otro proyecto de exploración y explotación que tiene la misma compañía en el bloque 83, igual ubicado en Pastaza debajo de parque Nacional Yasuní, donde se mueven indígenas en aislamiento voluntario del país, además de que se superpone con territorios de los pueblos kichwa y sapara.
En 2016, los bloques 79 y 83 fueron concesionados a la empresa de capital chino Andes Petroleum y esta se comprometió a desarrollar actividades de exploración y explotación. El año pasado la compañía, sin embargo, le solicitó al gobierno ecuatoriano la aplicación de un recurso llamado fuerza mayor para los bloques 79 y 83, por existir razones externas a la capacidad operativa de la empresa que impedían desarrollar las actividades y cumplir con el contrato. Según Andes Petroleum, la oposición indígena a la actividad petrolera en los bloques hace imposible que la compañía explore y explote hidrocarburos en la zona. A principios de este mes el Estado aceptó el recurso pero solo para el bloque 79.
De inmediato, representantes de los pueblos kichwa y sapara, así como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) exigieron que el desistimiento se aplique también para el bloque 83. En un comunicado oficial aseguraron que las organizaciones y comunidades indígenas, que son las directamente involucradas en todo el proceso de exploración y explotación petrolera de los bloques 79 y 83, no fueron notificados ni socializados.
A los líderes indígenas les llama la atención que en el documento se habla sobre fuerza mayor en los bloques 79 y 83 pero, finalmente, solo se resolvió el tema para el bloque 79, “cuando el bloque 83 está en la misma situación”.
“El Estado ha mantenido una actitud silenciosa y poco abierta al diálogo, entre otras cosas, esta ha sido también una de las razones por las cuales los indígenas de la Amazonía participaron activamente del paro nacional que se llevó a cabo hace unas semanas atrás y que tenía una fuerte demanda del sector indígena contra las actividades extractivas”, asegura Montahuano, dirigente sápara.
La futura exploración y explotación del bloque 83 —del cual no se pronunció el gobierno ecuatoriano en su resolución— se daría en gran parte sobre territorio de la nacionalidad indígena sapara, la cual apenas tiene cerca de 580 personas en un territorio extenso y que cuenta con un idioma propio —saparo— que solo tres personas hablan con fluidez. Además, la Unesco declaró al pueblo y a su lengua como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
Este ha sido uno de los argumentos de los Sapara para oponerse a las actividades extractivas. Pero no solo esto, en el bloque 83 viven y transitan indígenas en aislamiento voluntario.
“En el marco de la Declaratoria de Interés Nacional para la explotación del Yasuní, el informe del Ministerio de Justicia en el año 2013 afirmó que los indígenas en aislamiento voluntario Tagaeri Taromenane se ubicaban en tres grupos y que el grupo Chuchiyaku se encuentra dentro del bloque 83. Esto ya fue en varias ocasiones mencionado a los ministerios responsables y a la empresa sin que esta información sea tomada en cuenta”, dice el comunicado enviado por los indígenas al gobierno ecuatoriano.
A esto se suma que, en una entrevista con el programa de televisión Visión 360, el nuevo ministro del Ambiente, Raúl Ledesma, manifestó sus intenciones de conversar con los indígenas no contactados y que se encuentran en aislamiento voluntario. Dicha afirmación despertó la indignación entre los líderes indígenas, quienes la consideraron una idea absurda y hasta cuestionaron el conocimiento que el ministro tiene del tema.
Los kichwa de Sarayaku, con una comisión de 100 personas, interpusieron una acción de incumplimiento en la Corte Constitucional el pasado 13 de noviembre, pues aseguran que durante siete años no se ha avanzado en nada de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Quizás lo que más preocupa en el caso de los kichwa de Sarayaku es el peligro al que siguen expuestos con los explosivos bajo sus suelos. “La detonación de una carga de explosivos en un territorio indígena, que depende de la caza y otros servicios de la naturaleza, es escandaloso. Por un lado ahuyenta los animales de los que subsisten y por el otro, el centro sur de la Amazonía ecuatoriana está catalogado como uno de los hotspots de biodiversidad del mundo”, afirma Benito Bonilla de Fundación Pachamama. (C.D.A.)
Fuente: Pichincha Universal, República del Banano
