UCI del hospital General de Quevedo está llena

El hospital general de Quevedo, en Los Ríos, volvió a reportar casos positivos de Covid-19 casi dos semanas después del último. Según el Departamento de Relaciones Públicas de esa casa de salud, 16 personas están siendo atendidas por coronavirus.

Hace pocos días el hospital informaba que 6 de sus 13 camas de hospitalización estaban ocupadas, pero las 6 camas de cuidados intensivos en UCI están al tope, mientras que en la emergencia y la Unidad de Cuidados Intermedios también se reportaron pacientes.

Estos datos revelan que la Provincia de Los Ríos y Quevedo está sufriendo un aumento importante de contagios de Covid.-19. Debido a que, en los primeros días de octubre el hospital General reportó que su UCI estaba libre pacientes después de 7 meses.

Las autoridades de Quevedo y también del hospital recomendaron a la ciudadanía seguir con los protocolos de bioseguridad y mantener el distanciamiento social.

Según los datos del Ministerio de Salud hasta el jueves, 22 de octubre de 2020, la provincia de Los Ríos reportó 3.882 casos positivos y Quevedo llegó a la cifra de 891 contagios.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Proyecto de reformas al Código Monetario fue discutido en primer debate

La Legislatura tramitó en primer debate el proyecto de reformas al Código Monetario y Financiero, que propone establecer un mayor control y regulación en el sector de la economía popular y solidaria, sobre todo, a las cooperativas de ahorro y crédito.

A criterio del presidente de la Comisión de Régimen Económico y ponente del proyecto, Franco Romero Loaiza, es necesario que el Parlamento Nacional lleve a cabo una reforma integral a este cuerpo normativo, para solucionar los problemas de la economía nacional.

La iniciativa del exlegislador Esteban Bernal es una oportunidad para una reforma profunda, que permita mejorar temas que son relevantes para el presente y futuro de la economía nacional, a decir de Romero.

Planteó reformar el papel que debe jugar el Banco Central del Ecuador en un sistema dolarizado, el manejo de las tasas de interés del sistema financiero, el rol de los organismos de control, el papel del mercado de valores para el mejoramiento de la economía.

Comentó que en la Comisión de Régimen Económico se encuentran seis propuestas de reformas al Código Monetario y Financiero, que serán unificadas para su tratamiento, lo cual permitirá realizar un análisis profundo e integral, en función de la realidad y las necesidades apremiantes del país.

Los casos de familias afectadas por el cierre de cooperativas alertaron sobre la necesidad de actualizar el Código Orgánico Monetario y Financiero, sostuvo.

El proyecto de reformas contiene 20 artículos; seis de iniciativa de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondos de Seguros Privados, y ocho de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. Se propone cuentas a un mismo número de teléfono celular para efectuar transacciones de forma recurrente y la fusión ordinaria o extraordinaria de una entidad financiera, cuando exista incumplimiento del plan de supervisión intensiva.

La remisión a normas emitidas por el ente de control de poder del mercado, en caso de fusión ordinaria; que las entidades de la economía popular y solidaria puedan invertir en el mercado de valores; se faculta a solicitar medidas cautelares para inmovilizar o congelar bienes vinculados a los administradores, así como, ejercer acciones coactivas, entre otras propuestas.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

COE Nacional pide a los municipios mantener cerrados los cementerios desde el 30 octubre al 3 de noviembre

Este jueves 22 de octubre de 2020 el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional aprobó por unanimidad el realizar un pedido a los 221 municipios del país, para prohibir las visitas a los cementerios durante el próximo feriado y también su cierre desde el 30 de octubre al 3 de noviembre.

La situación de la pandemia de Covid-19 en el país es compleja, por lo cual, las autoridades quieren evitar todos los riesgos y las grandes aglomeraciones que se pueden generar en los cementerios.

Entre los factores para tomar esta decisión está un informe técnico emitido por el Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno, ECU-911 y la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME).

Las aglomeraciones se pueden registrar dentro de los cementerios, pero también, según las autoridades, son generadas por el comercio autónomo, ventas y expendio de alimentos que suceden a las afueras de los camposantos.

Hasta el momento se han registrado 57.000 aglomeraciones en todo el país, de ahí que, el director del ECU911, Juan Zapata, considere que el cierre de cementerios ayudará también a limitar la movilidad de personas y también vehicular.

Desde el COE nacional muestran optimismo en que los municipios del país aprueben esta petición y también que la ciudadanía la recepte de buena manera.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Repsol quiere vender sus activos petroleros debido a que al final del contrato debería pagar altos costos

Una vez que el 31 de diciembre de 2022 vencen los contratos de exploración de los boques 16 y 67 a cargo de Repsol, la empresa española, quiere vender sus activos para así evitar pagar altos costos por cierre de los mismos.

New Stratus Energy, una firma con sede en Canadá, y de dueños venezolanos es la más interesada en adquirir los activos para pasar a manejar esos campos petroleros.

El plan de Repsol, además, incluye vender el porcentaje de acciones que tiene en el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Este último contrato para el transporte de crudo vence, en cambio, en 2023.

Para Henry Llanes, conocedor en materia petrolera, la decisión de Repsol podría generar perjuicios al país pues el objetivo de una transacción como esta sería que la empresa no finiquite el contrato y que la responsabilidad pase a una de mucha menor solvencia.

El contrato y el artículo 29 de la Ley de Hidrocarburos indican que la contratista debe entregar en buen estado los campos y cumplir compromisos de remediación ambiental; además tendría que cumplir con pago de indemnizaciones y utilidades.

Sin embargo, según Llanes, la empresa nueva, al no tener la capacidad de enfrentar estos temas, podría incluso declararse en quiebra.

Al momento, habría dos escenarios para la empresa que esté a cargo del cierre: que le extiendan el contrato y esos pagos se diferirían para el futuro o que no se lo extiendan y sean efectivos en 2023.

Pero la decisión de aceptar este cambio está en manos del Ministerio de Energía, que deberá analizar jurídicamente esta situación.

Es así que deberá comprobar que la firma esté en condiciones de afrontar posibles indemnizaciones y de atender potenciales pasivos ambientales que deje la operación de los bloques petroleros.

Días atrás, José Francisco Arata, presidente y director ejecutivo de la compañía con sede en Canadá, comentó que “esta transacción es parte de la estrategia de la Corporación de consolidar su presencia en las cuencas geológicas subandinas, focalizando proyectos con potencial productivo y exploratorio existente”.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Secretaría Jurídica de la Presidencia certifica que Paúl Granda tenía rango de ministro

Con un certificado en el que se señala que el expresidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Paúl Granda, tenía rango de ministro, el Gobierno le ayudó para que su caso por presunta delincuencia organizada esté a punto de pasar a ser tramitado por la Corte Nacional de Justicia.

El oficio suscrito por la secretaria jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, fue dirigido al juez Ronald Guerrero, que conoce la causa por delincuencia organizada en la que se investigan a 15 personas por la venta irregular de insumos médicos a hospitales de Guayaquil.

La carta de Pesántez se genera luego que, durante la audiencia de vinculación de Granda realizada el pasado 13 de octubre, la defensa del exfuncionario cuestionara la competencia del juez Guerrero dentro de este proceso, ya que aseguró que su defendido goza de fuero de Corte.

Ante el cuestionamiento, el juez decidió solicitar que se oficie a la Presidencia para que esta entregue una certificación en la cual se indique si Paúl Granda mantuvo fuero de Corte Nacional en el cargo de presidente del Directorio del Seguro Social. Esta no es la primera vez que el Gobierno respalda a Granda. En abril, el presidente Lenín Moreno no le aceptó su renuncia.

A su escrito, Pesántez adjuntó un oficio del viceministro de Servicio Público, Ricardo Moya, en el que “ratifica que el delegado del presidente al Consejo Directivo del IESS se encuentra dentro del grado 8 de la escala de nivel jerárquico superior, y por tanto tiene rango de ministro”.

Además, se sumó el del secretario general de Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, en el que se señala que, desde el 24 de mayo del 2017 hasta el 4 de mayo de este año, Granda fue parte del gabinete presidencial como ministro de Obras Públicas, secretario de la Gestión Política, presidente del Consejo Directivo del IESS, y presidente del gabinete sectorial de lo social.

Por lo tanto, Roldán aseveró que Granda mantuvo permanentemente su calidad de ministro de Estado o funcionario con ese rango.

Luego de la audiencia de vinculación que fue suspendida, la fiscal Claudia Romero señaló que Granda no es investigado por sus cargos como ministro y que en el decreto de su designación como presidente del Directorio no se señala que es un cargo ministerial, por lo que para ella no tendría fuero.

Según la Fiscalía, ni la Constitución ni el Código de la Función Judicial señalan que un presidente del Directorio del IESS es un ministro.

Granda fue relacionado con una información en la que se mencionaba que se reunió con Daniel Salcedo, procesado en este caso.

Tras la audiencia de vinculación, el exfuncionario aseguró que nunca se ha reunido con Salcedo.

La respuesta del extitular del IESS se dio porque la Fiscalía, en sus primeras investigaciones mencionó que en el edificio Torres Colón 1, donde Daniel Salcedo tiene una suite se registró en las bitácoras de seguridad el ingreso de Granda.

Dijo que la fiscal Romero no tiene elementos para vincularlo por lo que anticipó acciones legales en su contra y expuso que en una de las fechas en la que supuestamente habría visitado el departamento de Salcedo, él habría estado reunido con el Presidente y mencionó que en la fecha en la que supuestamente aparece su nombre en la bitácora del edificio habría viajado a Cuenca por una emergencia.

Sostuvo que fue presidente del Consejo Directivo del IESS desde el 2019 y que el delito se habría cometido antes del 2018.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Superintendencia de Bancos no revocó medidas cautelares para recuperar dinero de afiliados, aseguró su titular

Por haber dispuesto que se levanten las medidas cautelares que impuso el Banco del Instituto de Seguridad Social (Biess) a las empresas Ecuagran y Delcorp, la Superintendencia de Bancos separó del cargo al director de Liquidaciones, Luis Passailaigue Molina.

Las medidas cautelares eran parte de los procesos coactivos que inició el Biess en contra de las dos empresas, cuyo principal accionista y presidente es Gad Iván Goldstein, que no pagaron lo correspondiente a las inversiones y están involucradas en una supuesta estafa bursátil.

La información, sobre la desvinculación de Passailaigue fue confirmada por Ruth Arregui, titular de la Superintendencia, en la Comisión legislativa de Soberanía, este jueves 22 de octubre del 2020.

El Biess y seis fondos complementarios, administrados por el banco, invirtieron ocho millones 700 mil dólares en Delcorp y Ecuagran.

El funcionario separado dispuso que se revoquen las medidas cautelares, acogiéndose a la disposición transitoria vigésima tercera de la Ley de Apoyo Humanitario, que establece que, durante el estado de excepción y 180 días después del fin de este, quedan suspendidos todos los procesos de coactiva.

Para la superintendenta de Bancos, la disposición de la Ley de Apoyo Humanitario es clara. «Dice que se suspenden los juicios coactivos, pero no habla de que no se pueden iniciar nuevos juicios, porque eso iría en contra o desmedro de los entes del Estado» sostuvo.

Arregui calificó la decisión de Passailaigue de «arbitraria, inconsulta y precipitada», por lo que se tomó la decisión de desvincularlo, debido a que cometió una falta, al enviar una comunicación al Biess disponiendo la revocatoria de las medidas cautelares, pues no estaba en sus competencias hacerlo. «La toma de cualquier decisión sobre ese tema me correspondía a mí, y cualquier decisión debía tomarse luego de un análisis y un informe», sostuvo.

En comparecencia en el Legislativo, el pasado 17 de octubre, el gerente del Biess, Diego Burneo, reprobó la decisión de Passailaigue, porque temía que el dinero se mueva de las cuentas y no se pueda recuperar.

La superintendenta aseguró que, lo que hizo Passailaigue, no derivó en perjuicio para el Estado, porque nunca se puso en práctica la disposición, con lo que no se levantaron las medidas cautelares.

Según el procurador jurídico de las empresas Delcorp y Ecuagran, Luis Cabezas-Klaere, desde el pasado 13 de octubre del 2020 están retenidos los recursos de las cuentas del grupo empresarial. «Nunca nos revocaron la medida. Son USD 60.000 que están en las cuentas y no se pueden mover. Son recursos para pagar a los trabajadores de Ecuagran, que sigue funcionando con 70 empleados», señaló.

Dijo que las empresas solicitaron al Biess que revoque la decisión, pero no han recibido respuesta. Otra medida dispuesta por el Biess es la prohibición de enajenar bienes, apuntó.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Silvana Pástor, de empresa concesionaria e hija de exministro, niega perjuicio al Estado en caso Singue

Catorce de los quince procesados por el presunto delito de peculado en el caso Singue terminaron con la presentación de sus pruebas de descargo, entre testimonios, documentos y pericias, en el octavo día de audiencia de juicio que se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Están involucrados altos funcionarios del Gobierno anterior como el exvicepresidente Jorge Glas, los exministros Carlos Pareja Yannuzzelli, Wilson Pástor, la hija de este último Silvana, entre otros.

El presunto delito, según Fiscalía, se habría cometido al momento de realizar el cálculo de $33.5 por barril de petróleo, para la explotación del bloque durante veinte años, sin tomar en cuenta el 100% de las reservas probadas. Ese hecho habría generado un perjuicio para el Estado de aproximadamente $28 millones.

En 2012, la Secretaría de Hidrocarburos y el consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda., y la firma Gente Oil Development LLC (DCG) suscribieron un contrato de prestación de servicios en el bloque ubicado en la provincia de Sucumbíos.

Silvana Pástor, apoderada general de la compañía Gente Oil Ecuador, empresa concesionaria del campo Singue, en su testimonio, mencionó que no ha crecido su patrimonio, que no hay beneficio personal ni hay perjuicio al Estado. Además que el peritaje de $28 millones es antitécnico y que la tarifa fue conveniente para el Estado. Agregó que sus títulos académicos la acreditan para ocupar el cargo de gerente financiera.

Gustavo Donoso, exsecretario de Hidrocarburos, quien se encargó de suscribir los contratos adjudicados correctamente, en su testimonio sostuvo que la Contraloría inició un examen especial a la renegociación petrolera y no se estableció ninguna observación en un informe general. Agregó que el campo Singue estuvo abandonado 15 años y si un inversionista privado decide invertir era favorable para el Estado.

Jorge Andrade fue parte de la comisión de calificación y evaluación. Mencionó que revisó requisitos y que ello nada tiene que ver con la negociación de tarifas.

César Guerra, propietario y representante de la Compañía Dygoil, consorcio al que inicialmente se adjudicó el campo, no presentó prueba testimonial sino documental, esa fue, un oficio del ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables que detalla los ingresos que percibió el Estado e ingresos de la contratista y su flujo negativo de caja.

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), integrado por los jueces Iván León, Javier de la Cadena y José Layedra, informará la fecha y hora para la reinstalación de la audiencia.

Fuente: El Universo, Republica del Banano.

Poca participación de auditores de las organizaciones políticas para examinar la organización de las elecciones

Poca expectativa hay de parte de los sujetos políticos frente al llamado del Consejo Nacional Electoral (CNE) a inscribir auditores para los diferentes procesos que se ejecutarán en la organización de las elecciones generales del 2021.

Para estos comicios están habilitadas a participar 23 organizaciones nacionales y 60 provinciales, y de acuerdo con información previa, apenas seis agrupaciones políticas han inscrito un auditor y su suplente, como lo establece el reglamento de Auditorías a los Procesos Electorales.

El CNE aprobó el 6 de octubre la convocatoria para que las organizaciones políticas inscriban a sus auditores dentro del denominado Plan General de Auditorías. Y uno de los requisitos que deben cumplir y que complica la elección de estos es que deben acreditar “conocimientos y experiencia profesional de por lo menos un año en materias relacionadas con los procesos o sistemas que serán auditados”.

Alfredo Carrasco, directivo del movimiento Concertación que postula candidatos en alianza con el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), dijo que sí inscribirán uno de sus miembros para esta auditoría, pero reconoció que el requisito de la experiencia los ha complicado.

“Siempre estos requisitos generan un nivel de ruido, por eso estamos en ese proceso de escoger un auditor. Estamos viendo quién de los nuestros podría tener esos requisitos, pero me parece que el CNE debería dar un poco más de apertura para participar”, comentó Carrasco.

Alfredo Serrano, director nacional del PSC, indicó que inscribirán un auditor “como siempre lo hemos hecho”, al igual que desde el partido SUMA y el movimiento Ecuatoriano Unido.

El Partido Sociedad Patriótica (PSP) no inscribirá un representante. “Hemos estado en los procesos anteriores participando en estas auditorías, y son todo menos auditorías. Son auditorías guiadas en donde les dicen ‘audíteme esto, no me tope esto, audíteme allá’, y eso no es auditoría. Dicen que harán auditorías, y vamos a estar atentos a cómo las hacen y sus resultados”, cuestionó Gilmar Gutiérrez, director nacional del PSP.

No obstante, sí están trabajando en hacer control electoral. “Necesitamos tener 40.000 personas para hacer el control en cada Junta Receptora del Voto. Luego esos resultados que tengamos de ese control lo contrastaremos. Lo complejo es poder contar con el personal, pero estamos trabajando en eso”, indicó el directivo político.

El cronograma aprobado por el Consejo establecía que la convocatoria a la postulación de auditores estaría abierta desde el 6 de octubre, hasta cinco días después. Incluso, se señaló que el próximo miércoles se realizaría un taller de capacitación de 10:00 a 14:00 para los auditores, pero estos plazos podrían ampliarse para recibir a más postulantes.

Son cuatro áreas y 24 ítems en las que los auditores podrán realizar su actividad, como son la Dirección Nacional de Registro Electoral, de Organizaciones Políticas, de Logística, y de Procesos Electorales.

Esta última área es la que genera interés, pues se trata de la última fase de las votaciones como la integración de los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV), Sistema de Integración, Implementación, y Funcionamiento del Sistema Electoral, de Transmisión y Publicación de Actas y Resultados (Setpar), el escrutinio y embalaje en las JRV, y el voto en casa.

El reglamento de auditorías determina que como parte de las funciones de los auditores deberán presentar un informe de “hallazgos” a cada sistema operativo electoral que se vaya observando, y terminarán sus funciones por causales como la renuncia, porque se terminó el Plan General de Auditorías, porque el pleno del CNE demuestre incumplimiento de la normativa legal.

También se incluyó un artículo de terminación por “arrogación de funciones”, que se dará si un auditor “obstruye, entorpece, manipula o impide el desarrollo de las actividades electorales, por publicar información de carácter personal de terceros, por la sustracción, posesión y publicación de material electoral”. 

Fuente: El Universo, Republica del Banano.

Tribunal de Cuentas planteado por Pablo Celi para remplazar a la Contraloría General del Estado tendría vicios de inconstitucionalidad

La creación del Tribunal Cuentas del Estado, como entidad que remplazaría a la Contraloría General del Estado en la fiscalización y auditoría de los recursos públicos, necesitaría de una enmienda constitucional, según los cuestionamientos de los asambleístas que integran la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.

Este es uno de los nudos críticos que primero deberá resolver la Comisión de Justicia para dar paso a la propuesta planteada por el contralor subrogante, Pablo Celi, al Legislativo el pasado 18 de agosto.

Celi acudió a la Comisión para defender su propuesta y consideró que la creación de este tribunal no modifica la estructura del Estado; por lo tanto, no se necesitaría de una reforma constitucional. “La propuesta se refiere a lo orgánico funcional no toca las competencias constitucionales que están muy bien formuladas en la Constitución, por eso no proponemos ni una enmienda o reforma constitucional”, dijo.

Sostuvo que la Constitución de la República en ninguno de sus artículos se menciona al contralor general del Estado, sino que se habla de un organismo y no de una autoridad unipersonal; pero sí la Ley orgánica de la Contraloría. Por lo tanto, la propuesta hecha a la Asamblea es que manteniendo el texto y el espíritu de la Constitución, la ley orgánica otorgue al organismo técnico una forma de conducción colegiada en lugar de una autoridad unipersonal.

Insistió que el proyecto no altera la estructura del Estado, no hay cambios en las funciones del organismo técnico de control, no afecta a la naturaleza del organismo ni al sistema de control público, por lo tanto, no se requiere de enmienda ni reforma constitucional, se trata de sustituir la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado por una Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, de igual naturaleza y jerarquía.

Pero ese criterio fue cuestionado por los asambleístas Henry Cucalón (PSC), Héctor Muñoz (IND) y Franklin Samaniego (RC); y apelaron a la Constitución.

Cucalón indicó que si perjuicio de muchos aspectos positivos del proyecto, puede tener vicios de inconstitucionalidad, porque la Contraloría es un órgano regulado por la Constitución, así como la elección de su máximo y primer personero, y para modificar aquello puede haber voces que requieran modificar la Constitución; el proyecto pretende cambiar el nombre y la estructura de la Contraloría, contrariando ciertas partes de la Carta Política, anotó.

Además, advirtió que pudiera vulnerarse la forma de elegir a su máximo personero, cuya facultad actualmente está en el Consejo de Participación Ciudadana por concurso público. Y en la propuesta del contralor Celi, es un tema de varios sectores; por lo tanto, hay una contraposición con lo que está actualmente vigente en un capítulo constitucional.

Tanto es así, añadió, que en la reforma constitucional que tramitó la Asamblea Nacional en primer debate se cambia la forma de elegir al contralor y se traslada esa facultad al Parlamento; entonces, pretender cambiar por la vía legal, por más loable que sea la intención, tiene acápites de complejidad de carácter jurídico vigente.

Muñoz expresó también sus preocupaciones de orden constitucional; que si bien es cierto las atribuciones del tribunal de cuentas no se alteran a lo que hoy es la Contraloría; es necesario, entrar a un proceso de reforma constitucional, porque la forma de designar al nuevo tribunal no están contemplados en la Constitución, por lo tanto, no hay norma que permita al Parlamento, al Ejecutivo y a la sociedad civil enviar nombres para integrarlo.

Samaniego manifestó que el artículo 205 de la Constitución, referente a la Función de Transparencia y Control Social, donde se indica que el contralor integra ese organismo, determina la forma de elegir a esas autoridades y ordena que debe ser mediante concursos; y además no se habla de la elección de un tribunal de cuentas con siete miembros.

Propuesta de proyecto

La propuesta es crear el Tribunal de Cuentas con siete ministros auditores designados: dos por la Asamblea Nacional; uno por el presidente de la República; dos por la ciudadanía mediante concurso públicos; y, dos por la estructura funcional de carrera de la Contraloría mediante concurso, que serán elegidos para un periodo de seis años, sin reelección y con una renovación cada tres años.

Las funciones del tribunal quedarían estructuradas en dos salas especializadas: la sala de auditoría y la sala de determinación de responsabilidades.

El presidente del tribunal será elegido por el pleno por dos años de funciones, y será el representante legal y no integrará ninguna sala.

El pleno tendría como funciones aprobar el plan anual de control; revisar responsabilidades; establecer los indicios de responsabilidad penal que luego pasarían a la Fiscalía; y otras.

El contralor explicó que se trata de una reforma organizacional y no un cambio de funciones, porque el control administrativo y de auditoría externa se mantiene intacto.

Que la persistencia de una autoridad unipersonal determina una concentración de decisiones para la aprobación de informes de auditoría y de determinación de responsabilidades; mientras que un Tribunal de Cuentas constituido por magistrados de control público permitiría una mejor articulación funcional de los dos ámbitos, tanto de auditoría como el juzgamiento de cuentas.

El tribunal seguirá dirigiendo el sistema de control administrativo, determinando responsabilidades, expidiendo norma interna y asesorando a los órganos y entidades del Estado.

José Serrano, presidente de la Comisión de Justicia, anunció que se socializará el proyecto y para ello se invitará a expertos en la nueva estructura organizacional para el control del uso de los recursos públicos en el país.

Fuente: El Universo, Republica del Banano.

Exvicepresidente Otto Sonnenholzner reitera denuncia sobre mal uso de su imagen y alerta a la ciudadanía

El exvicepresidente Otto Sonnenholzner reiteró ayer su denuncia sobre el mal uso de su imagen en una campaña digital, cuyos autores no han sido aún identificados, para estafar a la ciudadanía.

Manifestó que desde finales de agosto e inicios de septiembre circula una campaña digital que falsifica notas de prensa, de diarios de renombre y canales de televisión, para difundir en redes sociales supuestas entrevistas de él. Y últimamente conoce que también han utilizado el nombre de otras personas como el del actor Roberto Manrique.

“El sistema busca que ingresen y te dicen que estas personas, yo o el señor Manrique o quien sea un conocido con credibilidad, ha hecho dinero comprando bitcoins y te dicen tú también compra bitcoins y te hacen gastar 100 dólares, 80 dólares, y después, bien gracias, es una estafa tipo phishing (…)”, expresó Sonnenholzner.

Dijo que presentó la denuncia para “dejar claro que se trata de un uso no autorizado de la imagen, de una estafa que evidentemente no tengo nada que ver con eso y estamos esperando que la Fiscalía tenga resultados de la investigación”.

En la ampliación de su denuncia, del pasado 6 de octubre, Sonnenholzner dice que personas desconocidas están utilizando su imagen con publicidad que aparecen en la red social Facebook y en la página digital de diario EL UNIVERSO y aclara que “las actividades a las que me dedico y de las cuales proceden mis ingresos lícitos son las encaminadas a la radiodifusión, comercio, la agricultura y la construcción”.

“Nunca he realizado inversiones con criptomonedas y desconozco a las personas que se encuentran realizando este tipo de publicidad que tiene como único afán el engañar a las personas que confían en quienes supuestamente hemos realizado este tipo de inversiones”, reitera en su denuncia.

Fuente: El Universo, Republica del Banano.