El caso Sobornos 2012-2016 podría anularse, al menos, desde la etapa de juico, si llega a comprobarse una denuncia en contra del juez ponente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván León, quien habría mantenido conversaciones con la secretaria de la Fiscalía, Martha Caiza, previo a la emisión de la sentencia.
La denuncia fue presentada el 28 de julio y “de forma inusualmente rápida”, la defensa del expresidente Rafael Correa, Fausto Jarrín, fue convocado a rendir su versión. Además, se dispuso con 5 días de plazo, que se proceda a una pericia del sitio web justiciaamarrada.org, donde se recopilan las pruebas del denunciante.
Rafael Correa, Jorge Glas y otros exfuncionarios, así como empresarios, fueron sentenciados a ocho años de prisión por cohecho agravado por este caso.
En esta página web, varios funcionarios judiciales denunciaron un presunto intercambio de correos electrónicos. Entre ellos, uno que habría enviado Caiza al juez León, el 31 de marzo, con asunto “SALUDOS”, en el que se adjunta un archivo llamado “RESUMEN JUICIO CASO SOBORNOS”.
“Le deja con resaltador las modificaciones que el juez debería aceptar en cuanto a la carátula de los delitos que se le atribuirían al ex vicepresidente Jorge Glas (procesado en este caso) para agravar las penas”, señala la página web.
“Deja en resaltado amarillo las modificaciones pendientes que el juez desea efectuar para agravar aún más la situación procesal del expresidente Correa”, explican los funcionarios judiciales que denuncian este presunto delito.
A Jarrín le resulta extraño “la excesiva celeridad” con la que se está manejando esta denuncia porque, en otros procesos, aún no han recibido ninguna providencia, como en la denuncia presentada por supuesto prevaricato contra el juez Iván Saquicela, hace más de 3 meses.
“Tengo la sensación de que la Fiscalía está pretendiendo proceder de urgencia para tratar de archivar de manera fraudulenta y parcializada”, agregó.
El jurista señaló que estas supuestas conversaciones significarían “que una de las partes estaba manteniendo comunicación sobre el caso con quien tenía a su cargo juzgar y administrar justicia”. Además, el juez León era el encargado de realizar la sentencia. “Y si le empiezan a llegar desde la Fiscalía, a través de una de las secretarias, insumos de la sentencia, significa que la Fiscalía conocía de la sentencia antes de que sea dictada”, reclamó.
De llegarse a comprobar este delito, el juez y la secretaria deben ir a prisión, afirmó Jarrín, al mencionar que, en el transcurso de la investigación, debería también conocerse si Caiza actúo por voluntad propia o fue ordenada por alguien.
“El proceso tendría que ser anulado, al menos, desde la etapa de juico, sino es todo el proceso, porque sería el juez ponente el que estaría involucrado”, reiteró.
Fuente: Pichincha Universal, República del Banano
