Autor: Anunciante

La denuncia que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) presentó este martes 14 de julio en la Fiscalía General Estado (FGE) en contra de la exsuperintendenta de Compañías, Suad Manssur, es un por un supuesto tráfico de influencias.

El Pleno del CPCCS acogió el informe de la Secretaría Técnica de Lucha contra la Corrupción del organismo, en el cual, se determina que Manssur, quien se encontraba en funciones, habría incurrido en presuntas irregularidades en el trámite de un reclamo de seguros del proyecto Torre Noruega Novo, de participación accionaria y administración de parientes de la exsuperintendenta de Compañías.

«Dagasi, tendría como accionistas a Leonardo M. y Nasif M., quienes son sobrino y hermano de Suad M. respectivamente, el 28 de agosto de 2015, se aceptó el reclamo y se ordenó la ejecución de las garantías, sin el cumplimiento de procedimientos legales y reglamentarios. Póliza de buen uso: $ 418 471; póliza de fiel cumplimiento por $ 268 470. Ordenando el pago de $ 686 941 a favor del fideicomiso de participación accionaria de los parientes de Suad M», dice el comunicado emitido desde la consejería de David Rosero.

Los trámites se habrían desarrollado en presunta vulneración de los procedimientos, requisitos y plazos establecidos y limitaron el ejercicio de las vías de apelación en sede administrativa y judicial, conductas asociadas con el presunto delito.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Los jueces Iván León (ponente), Dilza Muñoz y David Jacho declararon improcedente el testimonio del expresidente Rafael Correa solicitado por Stalin Oviedo, defensa del acusado Pablo Romero, exsecretario Nacional de Inteligencia (Senain).

El Tribunal juzga el delito de plagio que habría sufrido en Bogotá, Colombia en 2012, el activista político Fernando Balda.

Esa decisión adoptaron los jueces en la audiencia de juzgamiento que se reinstaló la mañana de este martes 14 de julio, luego de que fue suspendida el 6 de julio.

Durante la diligencia, Romero rindió su testimonio, pese  a que a que en los alegatos de apertura su abogado mencionó que se acogería al derecho al silencio.

Felipe Rodríguez, abogado de Fernando Balda, anticipó cual sería la resolución del Tribunal ante el pedido de la defensa de Romero.

Rodríguez indicó que jurídicamente Correa no podía rendir su testimonio porque no es un tercero en este caso, sino uno de los procesados.

Con la inadmisión, el caso pasó a la fase de alegatos de cierre de los sujetos procesales.

El fiscal Wilson Toainga pidió la pena máxima para Pablo Romero, con agravantes, lo que puede llegar a 9 años y 3 meses de prisión.

El Tribunal deliberará y convocará a las partes procesales para dar a conocer la sentencia.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Catorce personas fueron llamadas a comparecer ayer lunes 13 de julio en la Fiscalía dentro de la investigación por presunta asociación ilícita, en torno a las irregularidades en los contratos de compra de insumos médicos en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Guayaquil. Entre los convocados, acudieron la modelo Sara Medina, el presentador de televisión Emilio Pinargote, la actriz Carolina Jaume y su esposo, Allan Zenck.  Carolina Jaume asistió a la Fiscalía a rendir su versión sobre los temas de corrupción en los que ella y su esposo han sido involucrados, la actriz dijo que no conoce a Daniel Salcedo (involucrado en fraude procesal, peculado y lavado de activos) ni a la mayoría de los involucrados. Según Jaume, la primera vez no asistió a la Fiscalía porque nunca le llegó la notificación, pero que no es culpable de nada y por ende dará la cara para limpiar su nombre. La actriz aseguró desconocer a Daniel Salcedo, uno de los principales sospechosos en una trama de corrupción que funcionaba en las casas de salud del IESS. “No tengo nada que ocultar, por eso estoy aquí. La primera vez no me presenté porque no fui notificada”, señaló la actriz en declaraciones a Ecuavisa, acompañada de su abogado César García, quien también representa a Zenck.  A esta diligencia también fueron convocados los hermanos Jacobo y Abdalá Bucaram Pulley, pero ninguno acudió. Este último esta fuera del país junto a su esposa, Gabriela Pazmiño Pino, quienes tienen órdenes de captura con fines investigativos. El 30 de junio la también actriz Flor María Palomeque rindió su versión en este mismo proceso investigado como presunta asociación ilícita.  Tras salir del estado de delirio y desde el Hospital Abel Gilbert, en el suburbio de Guayaquil, donde permanece tras el accidente aéreo que sufrió hace más de un mes en territorio peruano, Salcedo dio su versión sobre el hecho. El fiscal Eduardo Díaz acudió con un perito médico para evaluar la salud y recoger el testimonio de Salcedo, quien indicó que habría contratado al piloto Alfredo Espinosa (fallecido en el accidente aéreo) por 1600 dólares para que lo llevara a Perú a él, a su novia Jocelyn Mieles y a unos amigos. El procesado reiteró que no conocía a Alfredo Adum (propietario de la avioneta en la que intentó huir Salcedo) y otras personas investigadas en el caso. Además, el abogado de Salcedo resaltó que su defendido no se estaba fugando sino que viajaba a Perú para defenderse en libertad. Durante su versión, Salcedo deslindó de responsabilidades a su novia Joselyn Mieles, quien porta un grillete electrónico ppor fraude procesal, y dijo que ella no sabía el destino del viaje. Según Fiscalía, con esta acción, la pareja pretendió inducir a engaño a las autoridades judiciales. La avioneta que los transportaba junto a otras tres personas se accidentó en las primeras horas del 8 de junio de 2020, en el sector de Zarumilla, en Perú.

Fuente: Vistazo, República del Banano

El expresidente de Ecuador Rafael Correa denunció este martes que el Consejo Nacional Electoral (CNE) “eliminará” al movimiento Fuerza Compromiso Social Lista 5 del registro de organizaciones políticas habilitadas para participar en el proceso electoral 2021.

De acuerdo con el exmandatario, que buscaba participar en esos comicios con este movimiento, la eliminación se da por presiones del Gobierno ecuatoriano, especialmente de la ministra del Interior, María Paula Romo; así como del contralor general, Pablo Celi.

“Nos roban nuevamente la democracia“, escribió Correa en Twitter, donde denunció esta medida, que aparentemente fue tomada por los consejeros del CNE: Diana Atamaint (presidenta del organismo), Enrique Pita, José Cabrera Zurita, Esthela Acero Lanchimba y Luis Verdesoto Custode.

Presión de la Contraloría General del Estado

El pasado 22 de junio, la Contraloría General del Estado emitió un comunicado en el que indica que predeterminó responsabilidades administrativas con destitución y multa para los consejeros de mayoría del CNE, por no acatar las recomendaciones que hiciera el organismo en relación a la inscripción de varios movimientos políticos, entre ellos Fuerza Compromiso Social.

En el texto, la Contraloría recomendaba multas y destitución de Atamaint, Cabrera y Acero.

De concretarse la inhabilitación de Fuerza Compromiso Social, la eliminación se daría a menos de una semana de presentarse la coalición política Unión por la Esperanza (UNES), liderada por este movimiento, para iniciar las actividades para los comicios previstos para el 7 de febrero de 2021, en los que se elegirán al nuevo presidente, vicepresidente y asambleístas del país.

La coalición es apoyada por el Foro Nacional Permanente de las Mujeres Ecuatorianas (FNPME), la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas Campesinas del Ecuador (FEI), Fuerza Rural y Productiva (FRP), la Coalición Nacional por la Patria (CNP), el movimiento Centro Democrático (CD), el Frente Patriótico Nacional (FPN) y el colectivo SurGente.

Además, la medida se tomaría luego que en 2019, en las elecciones seccionales en las que se eligieron a las autoridades locales (prefectos, viceprefectos, alcaldes, consejales, etc.), Fuerza Compromiso Social se convirtiera en el movimiento más votado, con 11,26 % de los sufragios totales en todo el país.

Fuente: RT, República del Banano

El empresario y ex candidato presidencial, Álvaro Noboa, anunció que el 28 de julio dará a conocer su decisión de aceptar o no la candidatura a la presidencia de la República. En 2019, Noboa señaló que no participaría en la carrera por llegar a Carondelet debido a su afán por fundar un país denominado “América”, el cual consolidaría a todas las naciones del continente en un solo estado.

El representante de “Adelante Ecuatoriano Adelante”, ha publicado encuestas en sus redes sociales, en las que se situá en la primera posición con 50% de la intención de voto, por encima de virtuales candidatos como Otto Sonnenholzner o Andrés Páez.

El pasado 4 de julio, su hijo, Juan Sebastián Noboa publicó un mensaje al cual denominó “Yo me quedo con Alvarito”. La emotiva carta hizo que el nombre del empresario y ex candidato a la presidencia vuelva a sonar.

De la misma manera, Álvaro Noboa señaló en una entrevista que la decisión de ser candidato pasa más por la ciudadanía que por sí mismo.

Además, explicó que necesita 3 “cosas” para poder gobernar el Ecuador: “que el pueblo ecuatoriano, de pie y juntos, destruya el sistema electoral corrupto que ha imperado en este país en los últimos 30 años; que el pueblo apoye para meter presos a los corruptos del país; que el pueblo denuncie y colabore para meter presos a los traficantes del país. Yo solito no puedo destruir esas tres fuerzas”, indicó.

Para Noboa, el pueblo tiene la capacidad de concretar su pedido saliendo a las calles: “Dos millones en Quito, dos millones en Guayaquil y millones en todas las provincias. No habrá policía, militar, gánster o traficante que pueda enfrentarse a ellos”.

Noboa perdió en varias ocasiones las elecciones como presidente de la Republica. El empresario aseguró haber sido víctima de fraude electoral en los años 1998 y 2006. Su partido “Adelante Ecuatoriano Adelante”, se encuentra apelando la decisión del Consejo Nacional Electoral que decidió su inhabilitación en el Registro de Organizaciones Políticas.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

La mañana de este 14 de julio de 2020 se instaló la audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), donde el movimiento político Fuerza Compromiso Social pidió la destitución del contralor subrogante, Pablo Celi, por supuesta intromisión en el proceso electoral.

La denuncia la presentó la presidenta del movimiento político, Vanessa Freire, el pasado 22 de junio y admitida el 27 de junio.

La denuncia por infracción electoral es porque Celi se habría arrogado funciones, que implica una intromisión en el proceso electoral, al emitir un informe en el que pide la eliminación de cuatro organizaciones políticas, entre ellas, Fuerza Compromiso Social.

Calificó de absurda la resolución del contralor porque dijo que el movimiento ha participado en tres elecciones desde 2017. Según el informe de la Contraloría, las cuatro organizaciones políticas tendrían irregularidades en el proceso de validación de firmas.

Por este caso, el organismo de control predeterminó responsabilidades administrativas con destitución y multa en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, y los vocales José Cabrera y Esthela Acero, debido a que no se acotó esta recomendación de eliminar los partidos.

Atamaint, en rueda de prensa, reconoció que la actuación del contralor subrogante es una clara intromisión al proceso electoral que inició en abril de este año.

La audiencia aún continúa y se desconoce si los jueces electorales dieron paso a este pedido de destitución.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

En el mundo, el covid-19 provocó una afectación “desproporcionada” en los jóvenes, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Uno de cada seis menores de 29 años, está sin empleo. Quienes conservaron sus puestos tuvieron una reducción promedio del 23% de su jornada. “La pandemia inflige un triple impacto en los jóvenes. No solo destruye sus empleos, sino también su educación y formación”, dice el informe de la OIT de finales de mayo del 2020.

En Ecuador la pérdida de empleo durante la emergencia sanitaria por la pandemia de la Covid-19 afecta en mayor medida a los jóvenes, de las 270 638 desafiliaciones que registra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), entre marzo y junio 2020, el 40% correspondió a afiliados entre los 21 y 30 años de edad.

Este grupo suma 108 263 desafiliaciones desde que empezó el estado de excepción en el país, el pasado 17 de marzo. Luego de ellos, las personas de entre 31 y 40 años de edad son las que más han salido del Seguro Social (65 936).

En Ecuador, la demanda laboral ha venido disminuyendo para este segmento, debido a los recursos que deben invertir las empresas para desarrollar a la gente joven, a esto se suma la crisis que han vivido algunos sectores, particularmente como el turismo y el comercio, que reclutan a menudo jóvenes.

Antes de la coyuntura por la emergencia sanitaria, el empleo juvenil en el país ya encaraba una difícil encrucijada por la disminución del trabajo formal público y privado.

Hasta diciembre del 2019, el 37,6% de la población desempleada lo constituían personas entre 15 y 24 años; mientras tanto, quienes tienen entre 25 y 34 años representaban el 29,6%, de acuerdo con los últimos datos disponibles en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Ante la nueva realidad nacional, con proyecciones de una lenta recuperación económica, emprender negocios propios se convierte en un camino más probable para los jóvenes.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) resolvió diferir el pago de las cuotas atrasadas en préstamos hipotecarios, en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, producto de la crisis sanitaria provocada por la covid-19.

Las cuotas aplazadas se transferirán al final de la tabla de amortización, en cuotas mensuales iguales a las generadas por el crédito, para que no exista acumulación ni afectación al usuario.

Para la aplicación de esta solución, el Biess habilitará, en esta semana, la solicitud de diferimiento de pago en la página web institucional http://www.biess.fin.ec y se mantendrá vigente hasta el 15 de octubre de 2020. De acuerdo con la Ley de Apoyo Humanitario, las soluciones de diferimiento deben estar activas 60 días después de terminado el estado de excepción.

A través de un comunicado oficial, la institución aseguró que la opción de diferimiento de cuotas, de los meses señalados, no generará mora ni acumulación de intereses al cliente y se aplicará con la solicitud del interesado, presentando justificativos de desempleo causado por la emergencia sanitaria o de disminución de salario, en el mismo período.

Según el Banco del IESS, el impacto de las cuotas de préstamos hipotecarios no pagados, por efecto de la pandemia (desde marzo hasta la fecha), impacta a aproximadamente 9.500 usuarios y representa 18 millones de dólares.

Para préstamos hipotecarios que registran mora antes de la pandemia se mantienen soluciones de refinanciamiento y reestructuración, con posibilidades de hasta 30 años plazo y hasta 18 meses de gracia, según el caso.

El Biess aclaró que para préstamos quirografarios no aplica el diferimiento de pago de cuotas, ya que son créditos cubiertos por los propios fondos de reserva y de cesantía del afiliado y del jubilado.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), junto a otras federaciones del sector productivo, presentaron una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, aprobada en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

La organización objetó dos disposiciones de la normativa. Según el Comité, la Disposición Interpretativa Única no cumplió con los procedimientos legislativos, pues cuando ingresó como proyecto de Ley, el texto normativo no tenía la calidad de “ley interpretativa”, por lo que, no se cumplieron con los trámites respectivos.

Además, la disposición interpretativa cambió nuevos elementos jurídicos de la causal de fuerza mayor o caso fortuito para terminar un contrato de trabajo establecido en el artículo 169 numeral sexto del Código de Trabajo.

En este punto se señala que la causal de fuerza mayor se diferencia del despido intempestivo y se basa en situaciones específicas extraordinarias ajenas a las partes.

También se menciona que la normativa habla del cese total y definitivo de la actividad económica, lo cual es ajeno a dicha causal. Esto permite establecer que no es una Ley interpretativa, pues no aclara el sentido de la causal, sino que agrega nuevos elementos.

Ante ello, el Comité señala que al querer darle una carácter interpretativo se comete una inconstitucionalidad al otorgar el efecto de retroactividad y afectar a situaciones previas a la expedición de la Ley. Esto, a su vez, afectaría al derecho a la seguridad jurídica.

El artículo 17, inciso segundo, de la Ley fue modificado con el veto presidencial y se convierte en nuevas reglas que no fueron aprobadas por la Asamblea, cuando lo único que se podía hacer es la objeción con un texto alternativo.

La entidad consideró que con esa redacción se pretende utilizar dicha sanción a casos anteriores a la expedición de la Ley, lo cual, también recaería en una inconstitucionalidad.

Con esta demanda, el Comité pretende que se quite del ordenamiento jurídico a las normas mencionadas porque irían en contra de la Constitución.

En este contexto, se solicitó la suspensión provisional de las disposiciones demandadas y que se cite al Presidente de la República, al Presidente de la Asamblea y al Procurador General del Estado.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

El juez Patricio Vidal acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para Luis Jairala Zunino, exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS en Guayaquil, y también para Esteban S.M., Xavier V. Ch. y Jorge H.A., por presunta delincuencia organizada en la compra de insumos médicos.

Los procesados fueron vinculados a la investigación en la compra de insumos médicos en el Teodoro Maldonado, que surgió en plena emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

La audiencia se instaló este lunes 13 de julio, luego de posponerse por una ocasión, debido a que, según la defensa de Jaila Zunino, no pudieron tener acceso a las copias de los 44 cuerpos que tiene el proceso.

“No hay bases jurídicas, porque se están cogiendo de 18 convenios de pago que están dentro de una investigación previa, que es reservada; y existe un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal. Además, porque se negó a pagar $ 15 millones a cuatro proveedores, le iniciaron una auditoría de su gestión de 2018 como gerente del hospital», dijo la abogada Teresa Rivas.

Hasta el momento, se desconoce el paradero del exgerente del Hospital del IESS.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano