Decevale iniciará acciones judiciales en EE. UU. en contra de Jorge Chérrez por Caso ISSPOL

El Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale) habría contratado una firma de abogados en Florida, Estados Unidos, para que interponga una acción judicial en contra de Jorge Chérrez Miño, por la presunta estafa en la inversión de bonos del Instituto Nacional de la Seguridad Social de la Policía (Isspol).

Eduardo Carmigniani, abogado de esta firma, indicó que se están evaluando y trabajando en varias alternativas para esclarecer estas supuestas irregularidades en bonos de la entidad.

De la misma manera, el gerente de Decevale, Carlos Carbo Cox, indicó en un oficio, emitido hace varias semanas, que estos recursos judiciales servirán para obtener evidencias “que permitan iniciar, en Ecuador, procesos contra funcionarios o exfuncionarios de Decevale que hubiesen estado involucrados en actos indebidos”.

Carbo Cox también aclaró que las certificaciones emitidas el 6 de agosto, en las que la entidad confirmaba la tenencia de los bonos, son falsas y se habrían emitido por el gerente de operaciones, Luis Álvarez, sin conocimiento del Directorio de Decevale.

Cabe recordar que, en varios comunicados y entrevistas, Jorge Chérrez negó que exista algún perjuicio o estafa a los fondos del Isspol y responsabilizó al Estado por una presunta falta de pago de los bonos, lo cual habría afectado la cancelación de los recursos a la entidad, pero el Ministerio de Finanzas confirmó que los pagos están al día.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Aprobado informe para primer debate del proyecto de Ley Anticorrupción

La Comisión de Justicia del Legislativo aprobó el informe, para primer debate, del Proyecto Unificado de Leyes Orgánicas Reformatorias del Código Orgánico Integral Penal en materia Anticorrupción, este miércoles 25 de noviembre del 2020.

La propuesta de normativa forma parte de los compromisos acordados por el Gobierno de Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Plantea la tipificación de tres nuevos delitos: elusión de procedimientos de contratación pública, sobreprecios y actos de corrupción en el sector privado.

El texto del informe señala que fueron eliminadas posibles inconstitucionalidades, el populismo jurídico y el incremento injustificado de penas, sin argumentos técnicos o jurídicos que los sustenten, acogiendo el principio de dosimetría (principio de proporcionalidad de las penas).

“La mesa pone a consideración del Pleno una respuesta concreta a la inquietud y exigencia ciudadana de sancionar, con mayor fuerza, delitos que afectan a la eficiencia de la administración pública en emergencia y estados de excepción, para que no se repitan actos de corrupción como los registrados en la pandemia del Covid-19 y que no queden en la impunidad”, reza el documento.

Según José Serrano, quien preside la Comisión, se recibieron propuestas y observaciones de múltiples expertos, especialmente de la Función Judicial, lo que permitió tener una mejor claridad de la reforma. A su criterio, este cuerpo legal va en la línea del fortalecimiento de nuestra institucionalidad democrática, que se ha visto afectada por actos irregulares.

A decir del asambleísta Franklin Samaniego, es fundamental agravar las penalidades y los delitos a la administración pública. La lucha contra la corrupción tiene que ser implacable y ajustar los textos para evitar la impunidad.

El tipo penal “actos de corrupción en el sector privado” será́ sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años, y multa de 300 a 1.000 salarios básicos unificados del trabajador.

La propuesta determina como sanción el máximo de la pena contemplada para los delitos de peculado, cohecho, concusión, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, elusión de procedimientos de contratación pública, sobreprecios en contratación pública y actos de corrupción en el sector privado, cuando sean cometidos aprovechándose de una declaratoria de emergencia.

El proyecto incluye como inhabilidad para contratar con el Estado a los sentenciados por los tres nuevos delitos que se crean con esta reforma, descritos anteriormente.

Establece, también, un nuevo tipo penal denominado “obstrucción de la justicia”, que se sanciona con pena privativa de libertad, de tres a siete años, a todo aquel que, mediante el uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o promesa, ofrecimiento, concesión de un beneficio indebido, en procesos derivados de delitos contra la administración pública, pretenda impedir la prestación de testimonio o la aportación de prueba e  inducir  a una persona a prestar falso testimonio.

Incorpora, por primera vez, el concepto de “beneficio inmaterial”, dentro de los delitos de cohecho, concusión y oferta de realizar tráfico de influencias.

Con relación a la “elusión de procedimientos de contratación pública”, se establecen los supuestos para que proceda esta figura y se sanciona tanto al proveedor como al servidor público que eluda cualquiera de los procedimientos para desarrollar procesos de contratación, de modo arbitrario, lo que merecerá una pena privativa de libertad y una multa correspondiente al valor de la contratación arbitraria que se desarrolló́.

De manera adicional, a los sentenciados por este delito se les aplicará la misma inhabilidad que en el peculado para ejercer cargo público de por vida, ni cargo en entidades financieras o de la economía popular y solidaria.

La norma en trámite propone que la prisión preventiva no podrá́ ser sustituida por medidas cautelares, cuando se trate de delitos de obstrucción de la justicia, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, elusión de procedimientos de contratación pública, tráfico de influencias, oferta de tráfico de influencias, testaferrismo, sobreprecios en contratación pública y actos de corrupción en el sector privado.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Proyecto de oro Río Blanco se ‘contamina’ de la actividad minera ilegal

La Cámara de Minería del Azuay pide al Estado que controle la actividad minera ilegal que invade el proyecto de oro Río Blanco.

Personas ajenas al proyecto, ubicado en la parroquia cuencana de Molleturo, sacarían, sin autorización, el material rocoso que contiene oro y plata.

Ecuagoldmining, a cargo de esta concesión, se vio obligada a dejarla en mayo de 2018 por una resolución judicial.

Desde entonces, los trabajadores de esta firma que tiene capitales chinos no han logrado ingresar al campamento minero.

Ante ello, la minera presentó a inicios de este año una solicitud para comenzar conversaciones en buenos términos con el Estado. Mientras, un grupo de moradores de la parroquia Molleturo también denunció hace dos meses en la Fiscalía del Azuay, la presencia de supuestos mineros ilegales en las inmediaciones del campamento.

Carlos Morales, presidente del Gobierno Parroquial de Molleturo, aseguró que hay personas que están sacando el material mineralizado y que “entre esos están exobreros de la minera”.

En mayo de 2018, en la zona de almacenamiento de la concesión había cerca de 1 500 toneladas de material mineralizado, obtenido en el proceso de construcción del túnel de la mina.

Además, se quedaron los equipos que se emplearon para construir parte de esta infraestructura.

Según una denuncia presentada por la empresa concesionaria en la Fiscalía, los equipos fueron sustraídos en camiones a inicios de este mes por supuestos grupos de minería ilegal que operan en ese sector.

Esta es la segunda vez que Ecuagoldmining recurre a instancias judiciales. En octubre de 2019 pidió una investigación cuando los opositores de este proyecto quemaron el campamento al protestar en contra del alza de los combustibles.

Fernando Benalcázar, quien estuvo al frente del Viceministerio de Minas, expresó que en Río Blanco existen todas las características para que se desarrolle la minería al margen de la Ley.

Al momento, la Cámara de la Minería de Azuay mantiene conversaciones con la Gobernación y la Policía para que se retome el control en este territorio.

Patricio Vargas, presidente del gremio, manifestó que, en junio pasado, la Policía denunció que supuestos antimineros emboscaron a cinco uniformados, que patrullaban en el sector.

Mientras, Morales precisó que la minera Ecuagoldmining debe cumplir con las órdenes judiciales que impiden que reanude operaciones, así como se debe esperar los resultados de la consulta popular que se realizará más adelante en el cantón Cuenca, sobre las actividades mineras en zonas aledañas a las fuentes hídricas.

La disponibilidad de la empresa concesionaria para conversar es un paso previo a la presentación de un arbitraje en el que se insistiría en la falta de seguridad jurídica y del orden público para desarrollar sus actividades.

El perjuicio, según ha dicho la firma, es de USD 480 millones, por no poder operar en el proyecto y por el lucro cesante.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Titular de la Senescyt admitió ajuste presupuestario en universidades emblemáticas

Ante los integrantes de la Comisión de Educación, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), Agustín Albán, aceptó que hubo ajuste presupuestario en las Universidades Ikiam, Yachay Tech, UNAE y Uniartes, pero justificó que se debe a la caída de ingresos fiscales, que afecta de manera directa en la liquidez de la caja fiscal.

Según Albán, en Yachay se redujo 1.7 millones de dólares, Uniartes 1.6 millones de dólares, Unae 1.1 millones de dólares e Ikiam, un millón de dólares, cuyos presupuestos en gasto corriente se encuentran financiados con recursos fiscales.

Una vez que las universidades emblemáticas cumplan el proceso de institucionalización, se establecerán mecanismos adecuados para que participen de la administración de recursos, tomando en cuenta lo que determina el artículo 24 de la Ley Orgánica de Educación Superior, anunció.

Los asambleístas plantearon algunas interrogantes a Albán, entre ellas, cuál va a ser el destino de las universidades Ikiam, Yachay, Unae y Uniartes, si no alcanzan a finalizar su proceso de institucionalización; si van a ser intervenidas por el Consejo de Educación Superior; la necesidad de buscar alternativas frente al recorte presupuestario.

El titular de la Senescyt respondió que se puede intervenir a las universidades en caso de que se queden acéfalas y las comisiones gestoras se hayan extinguido; es decir, no se cumplió el proceso para su institucionalización. El objetivo central es garantizar su funcionamiento, aseguró.

Sobre las denuncias respecto al manejo de becas, Albán indicó que en agosto de 2020 la Senescyt asumió la gestión y administración de las becas del extinto Instituto al Fomento de Talento Humano. Reconoció que, debido a la pandemia mundial y la crisis económica originada por esta, recién durante este mes recibió los recursos para realizar los desembolsos a las personas becarias.

Señaló que se han realizado pagos a becarios por 41.6 millones de dólares, durante 2020, a 9.291 becarios nacionales e internacionales, quedando un saldo pendiente de 41.7 millones de dólares por ejecutar. Precisó que los reclamos de los becarios se atienden por canales oficiales de la institución.

En cuanto a la reinserción laboral, indicó que existe una plataforma ensamble que sirve de enlace entre los becarios retornados y el sector público y privado. Permite a las empresas disponer de las hojas de vida para cubrir sus vacantes y a los becarios revisar las ofertas laborales.

Con el fin de ahondar en el tema, la comisión legislativa escuchó a Diana Medina, Juan Peralta, Diego Moya, representantes de la Asociación de Becarios (Abrec), quienes reclamaron que alrededor de 760 personas aún no han recibido sus pagos, las plataformas de trabajo son inoperativas, 21 estudiantes se graduaron y no han podido liquidar sus becas y que los datos expuestos por Albán son imprecisos.

Este funcionario contestó que se debe hacer un análisis profundo del costo-beneficio de las becas. El Estado invirtió 1.200 millones de dólares para capacitar a los futuros profesionales. El objetivo es insertarlos al mercado laboral, pero no se ha logrado a plenitud, por lo que habrá que hacer un estudio para corregir este particular.

Otro asunto de análisis fue el examen para el acceso a la educación superior, sobre el que Albán mencionó que para este proceso se inscribieron 188.944 personas, a nivel nacional. Dijo que no es verdad que se redujo 7 mil cupos de acceso a la educación superior, más bien existe un incremento del 14 % en relación con el período anterior; lo que significa 14.176 cupos más.

Explicó que el año pasado se cambió la ponderación del examen versus el récord académico. Con la implementación de este mecanismo, el 40 % corresponde al récord académico y el 60 % al examen de acceso. El 65 % de jóvenes tuvieron acceso a la educación superior.

Según Albán, el examen digital permite mayor seguridad, tomando en cuenta que hay una serie de candados que impiden al alumno cometer algunas irregularidades en las pruebas.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

300 kilos de droga decomisados y cinco personas detenidas deja operativo en Canoa

Personal de la Policía Nacional decomisó en la parroquia Canoa, perteneciente al cantón San Vicente, norte de Manabí, 300 kilos de droga que fueron descubiertos en un camión.

Durante el operativo denominado “Darling”, cinco personas fueron detenidas. Algunas se encontraban en el interior del camión que fue retenido.

La acción policial impidió que la droga fuera a un centro de acopio en la comunidad Muyuyal, localidad de esa parroquia rural y posteriormente, fura enviada en lanchas rápidas hacia Centroamérica.

Los paquetes confiscados tenían logos de Lamborghini y LAM. También se retuvo una motocicleta y se decomisaron más de USD 1 200.

Las evidencias fueron ingresadas en cadena de custodia a la Jefatura de Investigación Antidrogas de la Zona 4.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Israel compartió sus experiencias de desarrollo agrícola

Con el respaldo del embajador de Israel en Ecuador, Zee Harel, el Grupo Interparlamentario de Amistad y Coordinación Recíproca de la Asamblea Nacional desarrolló el conversatorio virtual Modelo de desarrollo de Israel en la agricultura: soluciones, desafíos y cooperación internacional con Ecuador.

Evelyn Rosental, vicedirectora del Centro Internacional de Capacitación Agrícola MASHAV de la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo, presentó su ponencia en la que abordó temas relacionados con el avance agrícola en Israel, tomando en cuenta su ubicación geográfica, relieve y recursos hídricos.

La experta explicó que las principales limitantes para el desarrollo agrícola en ese país han sido el agua, los suelos y el mercado, ya que es un territorio relativamente pequeño y tan solo el 7 % de la población rural es agrícola. La mano de obra es limitada y actualmente trabajan en la tierra muchos tailandeses. Todas estas limitaciones han logrado que enfrenten sus desafíos, creen oportunidades y sean referentes a nivel mundial en innovación.

Rosental destacó que la fuerza que impulsa el desarrollo agrícola en Israel son los agricultores, la extensión agrícola, la industria agro-tecnológica y la investigación. Con el ejemplo del costo de 1 kilo de tomate de $2.00 y 1 kilo de semillas híbridas de $30.000, dejó ver la diferencia de costos y beneficios que se pueden generar trabajando mayormente en la exportación de agrotecnologías: fertilizantes, pesticidas y herbicidas, sistema de riego, semillas, plantines, plásticos, equipos, maquinaria y know-how.

Compartió que en Israel se trabaja para garantizar que el agricultor y su familia tengan una buena calidad de vida, a través de un sistema de apoyo impulsado por el Gobierno, con infraestructura y servicios para el productor; y, a pesar de que a esta actividad se dedica un porcentaje pequeño de la población (tan solo el 1.2 %), luchan para asegurar que haya suministro de alimentos para toda la población, a un precio justo.

Indicó que actualmente se promociona a la agricultura como forma de proteger al medio ambiente, ya que usa mucho de los desechos a través del compost, tratamiento de aguas residuales destinadas a la agricultura, que permite hablar de un mayor desafío: mantener a la comunidad rural en su espacio, para evitar que se movilice a la ciudad.

Ponderó que el fortalecimiento al sector rural se ha ejecutado a través de becarios ecuatorianos, que han realizado estudios en el MASHAV y han extendido ese aprendizaje en el país. Señaló que a raíz de la pandemia se ha brindado acompañamiento en capacitación virtual y que en Ecuador lo pueden solicitar a través de su embajada.

La representante del centro de capacitación motivó a los asistentes a pensar en agricultura con tecnología y dado que los costos de inversión son altos, dependiendo la producción, recomendó que el camino es la asociatividad, tomando el ejemplo de Israel, con los Kibutz y los Moshav.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Con 794 nuevos contagios, Ecuador suma 187.230 casos de COVID-19 y 13.288 fallecidos

Ecuador reportó 794 nuevos contagios y 24 decesos más en las últimas 24 horas. El país, este 25 de noviembre de 2020, tiene 187.230 casos confirmados de COVID-19 y 13.288 fallecidos a causa de la pandemia.

Según el ministerio de Salud, 8.877 personas fallecieron con diagnóstico positivo y 4.411 murieron con sospecha de portar el virus respiratorio.

A nivel nacional, hay 488 hospitalizados estables y 359 con pronóstico reservado. En total, son 847 internados en un día. Mientras que 87 personas más recibieron el alta hospitalaria.

Desde el inicio de la pandemia, Ecuador tiene 164.009 pacientes recuperados, que representa el 88.35% del total de contagiados. En la última semana, 3.370 personas más se recuperaron de la enfermedad.

Pichicha registra 316 nuevos contagios y dos decesos más en las últimas 24 horas. La provincia, epicentro de la pandemia en el país, tiene un total de 67.464 diagnosticados y 2.138 fallecidos. Quito suma 295 infectados más y asciende a 62.077 el total de casos en la capital ecuatoriana.

Fuente. Pichincha Universal, Republica del Banano.

Tras su censura, María Paula Romo no será inhabilitada para ejercer cargos públicos por dos años

Tras la censura y destitución de la ahora exministra de Gobierno, María Paula Romo, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, aseguró que no se aplicará, en su caso, la inhabilidad de dos años para ejercer cargo público, tras haber sido censurada, así como lo dispone la nueva reforma vigente de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL)

“La inhabilidad aplicará para los casos que hayan ingresado a la Asamblea Nacional, luego de que entren en vigencia las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La aplicación de la Ley no es de carácter retroactivo. Respetamos las garantías básicas del debido proceso y seguridad jurídica”, dijo Litardo a El Comercio.

El pasado 10 de noviembre se publicó en el Registro Oficial las reformas a la Ley legislativa, con lo cual, entra en vigencia sus disposiciones. Una de las sanciones que se incluyeron en el texto reformado es que los funcionarios que hayan sido censurados serán inhabilitados de ejercer cargos públicos por dos años.

El 8 de septiembre pasado, el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite el pedido de juicio político en contra de Romo. El 16 de octubre, la Comisión de Fiscalización inició el trámite. Para el 5 de noviembre, se aprobó el informe que recomienda su censura y destitución, que fue apoyado por 104 asambleístas este 24 de noviembre cuando el Pleno Legislativo trató este caso.

El proceso a Romo inició antes de que entre en vigencia las reformas y la Ley no es retroactiva, según Litado. Por lo que Romo no tiene inhabilidades para ejercer algún cargo público, tras su censura y destitución por el uso de bombas lacrimógenas caducadas y el ataque a Universidades que eran centro de acogida humanitaria.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

UNES interpuso queja ante Naciones Unidas por reiterados intentos para impedir la candidatura de su binomio

El binomio de la plataforma de organizaciones sociales y políticas, Unión por la Esperanza (UNES), interpuso una queja ante el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas por los reiterados intentos de varios sectores políticos para impedir la participación de Andrés Arauz y Carlos Rabascall en las elecciones del 2021.

Ante esto, UNES solicitó medidas provisionales para que esta instancia, de carácter internacional, solicite al Estado ecuatoriano la inscripción del binomio “a fin de impedir el daño irreparable” por la dificultad de participar en las elecciones generales del 2021.

De la misma manera, pidió que se inicie de forma urgente “una investigación respecto a las amenazas y otras medidas de intimidación reveladas contra los candidatos de la Revolución Ciudadana, por parte de algunos funcionarios del actual Gobierno”.

Este recurso fue interpuesto por el procurador de UNES, David López, y se sustentó con las violaciones a los artículos del Pacto Internacional, en los siguientes literales: 14 (Independencia Judicial), 19 (Libertad de Expresión), 21 (Libertad de Manifestación Pacífica), 25 (Participación en la vida política como candidato y como ciudadano, y 26 (Discriminación sistemática por opinión política).

Además, se denunció que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) irrespetó los plazos establecidos en la normativa, para emitir sus fallos.

“Esperar que el TCE resuelva en derecho no es efectivo ni sostenible y puede causar un daño irreparable, puesto que existe mucha presión del Gobierno para que este organismo impida al binomio presidencial Arauz – Rabascall participar en las elecciones”.

Para concluir, se recalcó que si las elecciones del 2021 se realizan sin la participación de los candidatos de UNES, se podría configurar una grave violación a los derechos humanos y políticos de millones de ecuatorianos.

“Podremos considerar el sistema democrático ecuatoriano como desmantelado y el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, vaciado de su contenido en Ecuador”.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

En vigencia Reglamento General de Ley de Desaparecidos, a un año de aprobada la norma

Ha tenido que pasar un año para que el Ejecutivo expida el Reglamento General de la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional en octubre de 2019. En diciembre del mismo año resolvió el veto parcial.

La norma tiene como ejes centrales la prevención y concientización de la problemática, a fin de generar alertas tempranas; la articulación de autoridades e instituciones para un mejor y más eficiente proceso de búsqueda y localización de personas; la implementación de unidades especializadas en investigación de ciudadanos desaparecidos, en cada una de las provincias del país.

Aspecto fundamental es la responsabilidad de la Fiscalía de capacitar, de forma permanente, a los agentes fiscales, policiales y funcionarios de cada entidad que tienen asignada la labor en materia de desaparecidos.

Según la legisladora Gabriela Larreátegui, exvocal de la Comisión de Desaparecidos, el Reglamento guarda armonía con las disposiciones de la Ley, pero quedan pendientes ciertos aspectos. Citó, por ejemplo, la necesidad de la integración de información y cómo las dependencias tienen que compartirla, pues es inadmisible que cuando llega un cuerpo a la morgue no se lo puede identificar, debido a que la Policía maneja un sistema que nada tiene que ver con el Registro Civil.

Sostuvo que la normativa establece ese cruce de información, por lo es clave reglamentar esta situación, con el propósito de que la Policía y el Registro Civil, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, intercambien datos específicos de huellas digitales, lo que facilitará el trabajo de identificación de ciudadanos en sitios de acogida, albergues y hospitales, tomando en cuenta que pueden haber perdido la memoria, no se diga de fallecidos que ingresan en la morgue.

Otro tema preocupante, para la parlamentaria, es el límite de 45 días para el acompañamiento a las víctimas indirectas; es decir, los familiares de personas desaparecidas. Lo lógico es que los ministerios de Gobierno y Salud realicen un acompañamiento mientras las personas necesitan, tanto a las víctimas directas que son localizadas cuanto a sus allegados. Estos últimos viven una verdadera tragedia, pierden hasta sus empleos y amistades por dedicarse, por entero, a la búsqueda de sus seres perdidos y solo les queda la esperanza de encontrarlos, reclamó.

Considera que en la pandemia se habría registrado un buen número de desaparecidos. En todo caso, la Comisión de Derechos Humanos, contemplada en la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, o la mesa de Fiscalización deberían asumir la tarea de seguimiento de la aplicación de la Ley y los casos de desapariciones durante la emergencia sanitaria, planteó.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.