#FlashBananero_Las cacerolas suenan otra vez.

Este domingo 24 de mayo en varios sectores de Quito, se escuchó el golpe incesante de cacerolas vacías de ciudadanos que se sumaron al llamado de protesta contra las medidas adoptadas por el gobierno de Lenin Moreno.

Los ciudadanos y ciudadanas del país utilizan este medio de protesta pacífica para demostrar su inconformidad con el manejo político, social y económico que tiene el actual gobierno frente a la grave crisis que atraviesa el país.

República del banano.

Recibió $ 9,96 de indemnización por cada año trabajado.

Continúan las denuncias desde diversos lugares del país sobre el pago de indemnizaciones irrisorias a trabajadores que prestaron sus servicios durante varios años en empresas, cuyos administradores o propietarios se aprovechan de la coyuntura actual para despedirles sin un pago justo, amparándose en la justificación de “fuerza mayor”.

Es el caso de Segundo Aguila, quien recibió $378,72 como liquidación por 38 años de trabajo en el Grand Hotel Guayaquil S.A. Segundo inició sus labores en la empresa desde el 8 de diciembre de 1981, hasta que fue notificado de su desvinculación definitiva en esta semana. Su hija expresó su indignación en las redes sociales con la imagen del acta de finiquito en la que se evidencia el rubro cancelado.

Hace unos días atrás, Diario El Universo publicó una denuncia por el pago de $0,22 de liquidación a un trabajador al ser desvinculado de una empresa florícola. Así mismo, el caso de un trabajador del restaurante Café de la Vaca, quien recibió $400 por 22 años de labores, fue motivo de un reportaje del mismo diario. Estos son algunos casos que dejarían en evidencia la vulneración de los derechos de los trabajadores en estos momentos.

Juristas especializados en temas laborales aclaran que, las empresas que están realizando un mal uso de la clausula de “fuerza mayor” para desvincular trabajadores con mayor antigüedad, se exponen a litigios laborales, sin contar con la censura ciudadana. En las redes sociales es muy común encontrar casos similares en los que varias empresas, para reducir el pago de liquidaciones por indemnización a trabajadores con varios años de servicio, optan por aplicar esta causal y reducir significativamente esos pagos.

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Fuente de contenido: Twitter de Cynthia Aguila y Twitter de El Universo

Autoría de la imágen: Twitter de Cynthia Aguila

#ArtículoBananero El infame desmantelamiento del Estado ecuatoriano.

En el transcurso de la semana a las afueras de la empresa pública INMOBILIAR, un grupo de trabajadores que serán desvinculados de esta institución protestaron de forma pacífica. Según los manifestantes al menos 700 funcionarios serían desvinculados. A mismo tiempo, en el sur de la ciudad, trabajadores ferroviarios protagonizaron un plantón para solicitar ser escuchados por el gobierno.

Estas escenas seguirán repitiéndose con mayor frecuencia a medida que el gobierno neoliberal de Lenin Moreno desvincula a miles de trabajadores del sector público, arrojándolos al desempleo en medio de la peor crisis sanitaria que ha vivido el país. Parece que, las infundadas premisas del “Estado obeso” y de la prominencia del sector privado sobre el sector público han encontrado gran asidero en este régimen.

Lo que está haciendo el gobierno es un contrasentido a lo que debería hacerse en momentos en que la economía se va estancando rápidamente. En un Tweet publicado por Zahid Hasnain, en un blog del Banco Mundial, hace un análisis de la relevancia del empleo público especialmente en momentos de crisis como la actual. Según Hasnain “el sector público es un empleador importante y, proteger todos los trabajos tanto públicos como privados, es una prioridad en este momento”. Sin embargo, en el plano nacional la prioridad para el gobierno es la desvinculación acelerada de profesionales de diversas entidades públicas, quienes no tendrán oportunidad de ubicarse otras fuentes de empleo en el corto plazo, limitando sus posibilidades de encarar la coyuntura actual de forma adecuada y digna.

Por otro lado, la llegada del COVID19 a Ecuador ha dejado un nefasto legado de muerte e indolencia por la falta de capacidad el Estado ecuatoriano de atender la emergencia de forma oportuna y competente. El desmantelamiento del Estado, el cual ha sido una premisa tradicional de los partidos de derecha como los que presiden Lasso y Nebot, empezó desde que Lenin Moreno llegó al poder con su ominosa tarea de reducir el gasto público, al tiempo que criticaba todo el legado de su antecesor.

Recordemos las solitarias protestas que llevaban a cabo internistas de los centros de salud pública por la reducción de sus remuneraciones y la desvinculación gradual del personal. A la postre, esto fue un gran error pues, como sostiene Hasnain “los funcionarios públicos prestan gran parte de los servicios esenciales para responder a la crisis en primera línea”.

Así las cosas, y con el último anuncio de Lenin Moreno de esta semana, asistimos impávidos al infame desmantelamiento del Estado ecuatoriano, tan importante y relevante para garantizar el desarrollo de nuestra sociedad en términos de inclusión y justicia. La lógica rentista del sector privado, que frecuentemente ha arremetido contra el servicio público, parece haber saciado sus fundamentalismos sin advertir que, el deterioro de la capacidad adquisitiva de una buena parte de la población, le pasará una factura muy grande en el corto plazo.

Así, por ejemplo, la banca habla de disponibilidad de recursos para fomentar el crédito. Sin embargo, el problema radica en el hecho de que, al reducirse la capacidad adquisitiva de una parte importante de la población, el dinamismo del sector privado también caerá en picada. Por lo tanto, el problema no es la falta de crédito es la falta de apetito por endeudarse ante un escenario de contracción económica. Las empresas privadas tendrán dificultad para colocar su productos y mantener sus operaciones ante la caída sustancial de la demanda interna.

Estamos en aprietos, solamente nuestra capacidad de cuidarnos y apoyarnos como sociedad podrá orientarnos en medio de la incertidumbre y la penumbra, entendiendo el valor de cada empleo y el derecho de cada ser humano a un trabajo digno.

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Autoría fotográfica: Internet, atribución 3.0 Ecuador (CC BY 3.0 EC)

Tala de árboles en la Mena del Hierro

Vecinos en el sector de la Mena del Hierro al norte de Quito, están preocupados por la tala de árboles de eucalipto que una empresa privada ha realizado en una pendiente aledaña al barrio.

Alba Moroshz, moradora del lugar, señala su preocupación ya que esos árboles, a más de ser considerados pulmones de la ciudad, su tala podría provocar que el suelo sea fácilmente arrastrado en época de lluvias generando afectaciones.

Marco Romo, funcionario del Ministerio del Ambiente, sostiene que la empresa cuenta con un permiso de aprovechamiento para la explotación de 1,98 hectáreas otorgado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Hace un poco más de un año atrás el barrio del Pinar Alto, al norte de la ciudad, fue sorprendido por un deslave provocado por las fuertes lluvias y la tala de árboles en las partes altas del sector.

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Autoría de contenido: Noticiero Teleamazonas

Autoría fotográfica: Tweeter @MAE_PichinchaDP

La crisis la pagarán los trabajadores, ¡hasta cuándo padre Almeida!

Con la anuencia del Gobierno Nacional y la Asamblea, mediante la aprobación de leyes como de “Apoyo Humanitario”, han dado vía libre a la precarización laboral como mecanismo para paliar la crisis económica que afecta al país.

El abuso por parte de algunos empleadores es tal que, de acuerdo a una publicación de diario el Universo del martes 19 de mayo “una florícola pagó $0,22 de liquidación a un trabajador, acogiéndose a la causal de fuerza mayor en el Ecuador”. Esto deja en evidencia que el costo del colapso económico será asumido por la clase trabajadora.

Según nuestros “brillantes” gobernantes, el mecanismo para salvar el empleo no es la redistribución de la riqueza acumulada en el país y concentrada en pocas manos, sino meterle la mano a los trabajadores que son el eslabón más débil de la cadena, especialmente cuando el poder político ha sido captado por intereses meramente empresariales.

Nuestra clase política supone que, entre el empleador y el empleado debe alcanzarse un mutuo acuerdo para llegar a consensos de reducción de horas laborales y de su salario. El sentido común nos dice que existe una gran asimetría entre los intereses del empresario y los intereses del trabajador y, que este último, tendrá que someterse a las condiciones impuestas considerando que su alternativa es el desempleo en un momento crítico.

Quizás se piense que es loable buscar la manera de mantener a flote las empresas a costa del deterioro de las condiciones laborales, sin embargo, nada se ha hecho por exigir a los grandes empresarios un aporte económico que dinamice la economía. Los grandes patrimonios con cuentas en paraísos fiscales fueron absueltos de una contribución económica tan necesaria para su país en estos momentos. La balanza de poder se inclina inexorablemente hacia el poder económico y los trabajadores asisten nuevamente al paredón para su sacrificio.

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Autoría fotográfica: Internet, atribución 3.0 Ecuador (CC BY 3.0 EC)

La Prefecta Paola Pabón advierte nueva persecución en su contra.

Mediante su cuenta de Twitter la Prefecta de Pichincha Paola Pabón, emitió un comunicado alertando sobre la nueva persecución de la que sería objeto, esta vez bajo la sospecha de reuniones clandestinas para desestabilizar al gobierno. El medio digital EcuadorPlay, emitió una noticia bajo el titular: “¿Se estaría orquestando un posible Golpe de Estado desde la Prefectura de Pichincha?”

Paola Pabón sostiene que es víctima de un nuevo intento de amedrentamiento, mientras dedica toda su trabajo y gestión a la atención de la crisis sanitaria en la provincia. Denuncia que, existen vehículos de la Policía Judicial que toman fotografías a la entrada de su domicilio en estos días.

Para desvirtuar tales acusaciones, a las que califica de mal intencionadas, ha emitido dos oficios, uno de ellos solicitando al Hotel Wyndgam una copia de los vídeos de la fecha en que aducen que ocurrió la reunión, y otro oficio dirigido a Edmundo Moncayo, Director General de SNAI, solicitando los datos de georreferenciación de su dispositivo de vigilancia electrónico para desvirtuar tales afirmaciones.

Desde las manifestaciones de octubre pasado es notorio que el gobierno de Lenin Moreno ha usado diversos medios para cohesionar e intimidar a sus detractores políticos, especialmente a quienes se han mantenido alineados con el ex presidente Rafael Correa. El uso discrecional de la justicia ha sido tan notorio que, mientras a la alcaldesa de Guayaquil Cynthia Viteri no la investigan por la paralización del aeropuerto internacional J.J. de Olmedo poniendo en peligro un vuelo humanitario, a la prefecta de Pichincha ya le están enrolando en otras fantasías conspiratorias.

 

 

Transporte pesado se hizo escuchar en Quito la tarde de este domingo

Este último domingo 17 de mayo en varias redes sociales circulan vídeos donde se advierte movimiento de vehículos de carga pesada, haciendo sonar sus bocinas mientras transitan por las avenidas en el sur de Quito. Presumiblemente, esta caravana fue organizada por el gremio de transporte pesado, como un homenaje a los trabajadores de la salud por su labor atendiendo la emergencia sanitaria. Sin embargo, en los audios grabados por varios ciudadanos que atestiguaron el evento, relacionan esta medida con el descontento popular por el manejo de la crisis del actual gobierno.

Recordemos que el viernes de la semana pasada, la Asamblea aprobó la Ley de Apoyo Humanitario en la que se incluyeron artículos que facilitan el acuerdo entre patronos y trabajadores, para reducción de salarios en el sector privado como mecanismo para preservar el empleo en esta grave coyuntura económica-sanitaria. Esta situación de afectación a los derechos laborales, sumada a los escándalos reiterados de corrupción en estos últimos meses, generan una sensación de molestia y frustración en la población que se la expresa en la circulación de estos videos, invocando el descontento popular hacia el manejo de la crisis.

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