#FlashBananero| El poder de los portales La Fuente y Mil Hojas revelan audio del ex asesor presidencial Santiago Cuesta: “Yo sigo trabajando con Lenin Moreno, sigo en la mesa chica, yo despacho todos los días con él”. Se trata de reunión con director de ARCSA por vacunas.
Se calientan las redes con el reciente video del reconocido opositor al gobierno de Rafael Correa, el periodista de La Posta, Luis Vivanco, quien admite que muchos de los sondeos pre electorales dan como ganador al ex presidente.
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#elecciones 2021
La expresidenta de la Asamblea Nacional Gabriela Rivadeneira, asilada en México desde hace una semana, acusó al Gobierno de implementar “una dictadura de nuevo tipo”, que condujo al estallido de protestas sociales en octubre pasado.
“Lo que está haciendo el presidente Lenín Moreno, sus voceros y parte de su gabinete es implementar una dictadura de nuevo tipo que tiene que ser analizada porque ha roto con todo principio democrático y Estado de derecho”, dijo a AFP en una entrevista.
Que el gobierno de Moreno la presionó a salir de manera obligada de su país y asilarse en México, y que no ha “abandonado” su curul. “Fuimos electos por el pueblo ecuatoriano y ninguna de las causales establecidas, tanto en la norma interna como en la Constitución, establece que haber sido expulsada por el Gobierno sea una causal de destitución del cargo”, indicó Rivadeneira, de 36 años.
Con ella otros tres diputados y dos exfuncionarios afines al expresidente Rafael Correa llegaron el 9 de enero a México en calidad de asilados, tras estar desde octubre refugiados en la Embajada mexicana en Quito.
“Muchos de los compañeros que hemos hecho en este tiempo vocería en contra del gobierno de Moreno, hoy se encuentran privados de su libertad, o con medidas sustitutivas o fuera del país (…). Es una línea clara para debilitar al movimiento Revolución Ciudadana en las próximas elecciones”, dijo Rivadeneira.
Protestas lideradas por indígenas contra el gobierno de Moreno por políticas económicas pactadas con el FMI generaron una crisis social en octubre, que dejó una decena de muertos, 1340 heridos y 1192 detenidos, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.
Entonces Moreno acusó a Correa, quien vive en Bélgica desde 2017, y al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de promover un plan de desestabilización contra su gobierno. Ambos líderes de izquierda niegan esos señalamientos.
Además de Rivadeneira, en el grupo de asilados figuran Soledad Buendía, su esposo, Edwin Jarrín, quien fuera secretario privado de Correa; Luis Molina, Carlos Viteri, la exviceministra Tania Pauker, esposa de Viteri; y Luis Flores, pareja de Rivadeneira.
A su salida de Ecuador, el padre de Rivadeneira fue detenido por presuntos vínculos con una organización delictiva dedicada a la asociación ilícita, enriquecimiento privado no justificado y defraudación tributaria.
Fue liberado el sábado pasado, tiene prohibido salir del país y debe presentarse periódicamente a las autoridades.
Rivadeneira dijo que la detención de su padre es también una “persecución” del Gobierno. “No solo hacia mi persona, sino hacia mi esposo, hacia mis hijos menores de edad y mi familia con vehículos con vidrios polarizados, sin placas, personas encapuchadas forcejeando, ingreso a mi domicilio, interceptación de nuestras conversaciones, llamadas telefónicas (…), es decir un acoso”.
La asambleísta señaló que está en calidad de exiliada en México y que el Gobierno mexicano le otorgó ya la residencia oficial. “Temporalmente tenemos que estar lejos de nuestra tierra, eso no quiere decir que no sigamos trabajando fuerte en la organización política… Esperamos todos podamos regresar a nuestra patria, tan lejos es complicado”, concluyó. (I)
El presidente Lenín Moreno se refirió a la detención del padre de la asambleísta Gabriela Rivadeneira y felicitó a la Unidad de Análisis Financiero, durante el Gabinete Ministerial reunido en Cuenca.
Se refirió que los políticos deben ser honestos y decir la verdad, sugiriendo que la detención era legítima en contra del padre de Rivadeneira. Es más, se puso a él y a su gobierno de ejemplo de “decir la verdad”.
La noche del 10 de enero de 2020 el juez Fredy Sevillano dispuso el inicio de la instrucción fiscal de 90 días para Pedro Rivadeneira, padre de la asambleísta Gabriela Rivadeneira, y Mauro Flores, detenidos el jueves.
El juez dispuso las medidas cautelares de presentación periódica y prohibición de salida del país para Pedro Rivadeneira y prisión preventiva para Flores. Asimismo, dispuso la retención de cuentas bancarias y no enajenación de un bien inmueble y varios vehículos.
Jimena Moina Molina, agente fiscal de Administración Pública de Pichincha, presentó como principales elementos de convicción el informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
En el informe “se mencionan movimientos inusuales en las cuentas de los procesados, reportes de movimientos económicos en el sistema financiero, partes policiales, certificados de instituciones públicas, como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Servicio de Rentas Internas (SRI)”, sostiene la Fiscalía.
Además, se presentó el informe sobre la presunta compra-venta de un inmueble, operación que habría sido ficticia. Las pruebas son “elementos suficientes sobre la existencia de la infracción y la participación de los dos ciudadanos”, afirmó Moina.
Esta investigación, que fue abierta hace nueve meses por la Fiscalía de Pichincha, determinó irregularidades entre los ingresos declarados y las acreditaciones realizadas en el sistema financiero nacional.
Los procesados fueron detenidos la noche del 9 de enero en durante el Operativo Flamingo, realizado por la Unidad de Lavado de Activos (ULA), donde se allanaron cuatro inmuebles en Otavalo y Cotacachi. Imágenes del operativo OTA. Policía Nacional Imágenes del operativo OTA.
Policía Nacional Imágenes del operativo OTA. Policía Nacional Imágenes del operativo OTA. Policía Nacional Imágenes del operativo OTA. Policía Nacional Imágenes del operativo OTA. Policía Nacional Imágenes del operativo OTA. Policía Nacional Imágenes del operativo OTA.
Policía Nacional Imágenes del operativo OTA. Policía Nacional Imágenes del operativo OTA. Policía Nacional Imágenes del operativo OTA. Policía Nacional Imágenes del operativo OTA. Policía Nacional
El levantamiento popular impulsado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), como decisión política de alinearse con el pueblo, una vez que el gobierno de Lenin Moreno, promulga el decreto 833, mediante el cual se internacionaliza los precios de todos los combustibles y termina con el subsidio a la gasolina de 82 octanos y al diésel y que en la economía nacional incide de manera directa, al elevarse los precios del transporte urbano, intercantonal e interprovincial, los precios de la transportación de alimentos, insumos y de la producción en general.
Es necesario contextualizar este levantamiento popular, no solo como producto de la decisión gubernamental de elevación de los precios de las gasolinas, sino como respuesta a la política neoliberal del actual gobierno, expresada en despidos masivos a empleados públicos, incremento de la pobreza en más de 5 puntos, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para obtener recursos para continuar con el pago de la deuda pública y que exige flexibilización laboral, reformas tributarias que benefician de manera directa al capital y la extracción de plusvalía, privatización de los sectores estratégicos del estado (telecomunicaciones, banca, petróleo, electricidad), disminución en los presupuestos de educación y salud.
La implementación de esta política, auspiciada por los partidos de derecha del Ecuador (Partido Social Cristiano y CREO), los grupos económicos de la banca, la importación de bienes y medios de comunicación, es también resultado de las necesidades e intereses geopolíticos de los Estados Unidos y su bloque corporativo de poder económico.
En estas circunstancias el bloque de poder nacional e internacional, diseñó un conjunto de acciones propagandísticas, judiciales, de cooptación de dirigentes sociales, acuerdos políticos para obtener mayorías en la Asociación de Municipalidades, la Asamblea Nacional y otros organismos, así como la desinstitucionalización global de la justicia, la Contraloría General del Estado y el Concejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
El oficialismo inauguró su gestión culpando al régimen anterior de sobreendeudamiento, corrupción, sobreprecios, levantando una durísima campaña de desprestigio a todo lo que tenga olor a “correismo”, tanto en los medios de comunicación, como, en pronunciamientos de Contraloría y acciones judiciales; que se inició con Jorge Glas, se le separó del cargo, se le juzgó por asociación ilícita, más adelante se levantaron glosas millonarias contra exfuncionarios del régimen de Correa. Se enjuiciaron políticamente a quienes fueron electos miembros del CPCCS, hasta lograr la destitución de quienes no se alinearon al régimen, se intervino en el Tribunal Supremo Electoral para impedir la participación política electoral de la Revolución Ciudadana.
En marzo del 2019, la Revolución Ciudadana, obtiene triunfos electorales importantes, el pueblo vuelve a confiar en el modelo de gobierno que propone la Revolución Ciudadana y en esa línea de pensamiento popular, triunfa Paola Pabón para la prefectura de la provincia de Pichincha y Leonardo Orlando para la prefectura de la provincia de Manabí, así como concejales en varios cantones y presidentes y miembros de Juntas Parroquiales a lo largo del país, el caso más emblemático, el cantón Quito.
Los sectores sociales del Ecuador, desde el inicio de este régimen que decidió enarbolar el programa de gobierno de quienes perdieron en las elecciones, le rechazaron de diferentes formas, unos en las calles, otros en declaraciones públicas, así es como la organización popular fue creciendo y siempre fue acompañada por la militancia de la Revolución Ciudadana y otros sectores políticos de izquierda de manera permanente.
La Asamblea Nacional Ciudadana (ANC), organización que surge como expresión de la unidad de varios sectores de la ciudadanía afectados por el neoliberalismo, por la defensa de la dignidad, los derechos y los intereses de la Patria, en el mes de enero del 2019, se constituye como alternativa de lucha y unidad y resuelve “Rechazar el paquetazo económico contra el pueblo y la ciudadanía (…) y luchar unitariamente por derogar el paquetazo y derrotar al neoliberalismo…”(1) y desde el mes de febrero hasta octubre de 2019, han venido desarrollando acciones en la ciudad y el campo para expresar su inconformidad con la política neoliberal implementada en el Ecuador por el bloque de poder.
El movimiento indígena con su organización nacional CONAIE, mantenía diálogos con el gobierno de Moreno, hasta que, en septiembre de 2019, en un boletín denominado Jornada Progresiva de Lucha, manifiesta: “La declaratoria de ruptura con el gobierno se sustenta en lo siguiente: a) Los diálogos fueron infructuosos y básicamente crearon la ilusión de momento democrático; ocultando el progresivo montaje del proyecto de Estado desde los socialcristianos (neoliberal heterodoxo) y otras fracciones de la clase dominante (neoliberal ortodoxo) …”(2)
Los trabajadores organizados en sus respectivas centrales sindicales, han participado en la lucha social, desde el claro apoyo al gobierno, hasta posiciones de clase y combativas.
Entre del 2 al 13 de octubre de 2019, en el país se desarrolla un levantamiento social de carácter nacional, en rechazo a la política neoliberal del gobierno y particularmente por la derogatoria del decreto 883, que evidenció la posición del “gobierno del dialogo nacional” y la receta del Fondo Monetario Internacional para imponer su política de ajustes en el país, que tal como señala un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo y su sétimo informe: “… es lamentable evidenciar que, a pesar de que el Gobierno Nacional ha reiterado su voluntad de abrir el diálogo con los distintos sectores sociales y, en especial, con el movimiento indígena, la Institución Nacional de Derechos Humanos ha constatado que existe una represión en contra de los/as manifestantes sin precedentes históricos (…) Debo denunciar que se ha impedido abrir un corredor humanitario para trasladar a las decenas de heridos…” y añade “La Institución Nacional de Derechos Humanos, en el marco del paro nacional y el Estado de Excepción (…) con información detallada del monitoreo implementado a escala nacional sobre la situación de los derechos humanos de las personas afectadas,(…) durante estos 12 días de manifestaciones se registró un total de 1192 personas detenidas, ocho personas fallecidas y 1340 personas heridas. (3)(4)
Terminado el paro nacional, se allanó el domicilio de la prefecta provincial de Pichincha, así como sus oficinas en el Gobierno Provincial, igual que de otros militantes de la Revolución Ciudadana; se dictan órdenes de prisión y se los encarcela.
Seis dirigentes políticos entre los que se encuentran Asambleístas han solicitado protección diplomática en la embajada de México.
Varios dirigentes de la CONAIE y el FUT, han sido denunciados por la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de paralización de servicio público y se inician investigaciones a 63 ciudadanos.
El gobierno ha levantado una fuertísima campaña en redes sociales y medios de comunicación, señalando “los correístas pagaron bandas criminales de Quito para que salgan a asaltar a lesionar. Lastimosamente los indígenas estuvieron acompañando”, en esta misma línea, más adelante ha expresado “vinieron no menos de 200 o 300 criminales, específicamente enviados por Nicolás Maduro y Rafael Correa para hacer el golpe de Estado” (5)
En conclusión, el gobierno nacional presidido por Lenin Moreno y escoltado por un aparato militar y policial, por el gobierno de los Estados Unidos, los banqueros, importadores, cámaras de la producción, con el paraguas de los grandes medios de comunicación y los partidos de derecha, solo ha querido la paz, el dialogo nacional, el bienestar nacional. Los movimientos sociales y el correísmo son los violentos por lo que hay que señalarlos, perseguirlos, intimidarlos en definitiva terminar con esta corriente de protesta popular y poder arrodillarse con el FMI, entre los aplausos de sus iguales, y el silencio de los perseguidos, judicializados, encarcelados, hambrientos o mejor muertos.
Esta es la política del miedo, para imponer la receta del FMI
Autor: Pájaro
#FlashBananero| Expresidente Rafael Correa hace llamado a países que apoyaron y propusieron candidatura de Ma. Fernanda Espinosa a secretaria de OEA. Recomienda que presenten otro candidato. Relata papel de Espinosa y su esposo “como principales operadores para la traición”
Intervencionismo político – militar:
Intervencionismo económico:
Intervencionismo social-cultural:
Autor: Pájaro
Notas bibliográficas:
http: //repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2419/1/T0366-MRI-Parra-Las%20condicionalidades.pdf
“El atropello de hoy contra Juan Guaidó es una nueva muestra del autoritarismo del régimen de Maduro. Aleja aún más a Venezuela de la senda democrática que el mundo entero le augura. ¡Nuestra solidaridad con las fuerzas democráticas del hermano país!”, expresó, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno a través de Twitter. Esto luego de que Guaidó fuera impedido de entrar a la Asamblea de esa nación y que Luis Parra se autoproclamara presidente del Parlamento.
Vistazo
El diputado de mayor edad presente en el hemiciclo ejerció como presidente temporal de la sesión antes de la elección de Parra que el equipo de Guaidó calificó como un “golpe al Parlamento”, puesto que quienes lo eligieron lo hicieron “sin votos ni quórum”.
Antes de la sesión, esperada desde hace meses como un nuevo pulso entre Gobierno y oposición, comenzó con los alrededores del Palacio Legislativo tomados por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), que pusieron numerosos controles tanto a Guaidó como a otros diputados que lo acompañaban para el ingreso.
En esos controles retuvieron al hasta hoy presidente de la AN mientras que tanto los diputados oficialistas como un pequeño grupo opositor, tachados como corruptos por la mayoría de quienes están en contra del Gobierno de Nicolás Maduro, pudieron ingresar sin problemas
Por sorpresa y transmitido en vivo por el canal público Venezolana de Televisión (VTV), que nunca transmite las sesiones de la AN, el diputado más veterano del Parlamento dirigió una sesión exprés en la que fue elegido Parra en medio de una disputa a gritos con los diputados opositores que habían ingresado al hemiciclo.
En las afueras, y ya superados todos los controles policiales menos uno, Guaidó trató de entrar al recinto, incluso se subió a una verja para conseguir entrar, pero las autoridades se lo impidieron.
Por todo ello, la oposición calificó como un “golpe al Parlamento” la elección de Parra.
El coordinador de Primero Justicia y delegado por Guaidó para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges, alertó en su cuenta de Twitter de “que la dictadura sin quórum juramenta a una junta directiva ilegal e insconstitucional”.
“Ellos no representan al pueblo venezolano, es una maniobra para tratar de imponer a un grupo de cómplices de Maduro y su régimen en la Asamblea Nacional”, escribió Borges.
En un sentido similar se expresó el partido Voluntad Popular (VP), del que forma parte Guaidó, que aseguró que “sin votos ni quórum reglamentario, diputados del PSUV intentan juramentar falsa directiva. Esto es un golpe al Parlamento”.
Con información de EFE
