En un día, Ecuador reporta 797 nuevos contagios y 64 decesos más

El Ministerio de Salud informa que este 9 de julio hay 797 nuevos contagios y 64 decesos más en las últimas 24 horas. En total, el país suma 65.018 casos confirmados de COVID-19 y más de 8.000 fallecidos a causa de esta pandemia.

Pasada la medianoche del 8 de julio de 2020, el Ministerio de Salud Pública recién emitía el informe de la situación epidemiológica, que evidenció un incremento de 976 nuevos contagios y 37 fallecidos en un día, siendo la segunda cifra más alta en lo que va del mes, luego de que los primero días de julio el país tuvo más de 1.000 casos diarios.

En el nuevo informe de este jueves 9 de julio, se reporta 65.018 infectados, 88.761 casos descartados, 4.939 fallecidos con diagnóstico positivo y 3.282 muertes con sospecha de portar la enfermedad.

Sobre la situación epidemiológica de los contagiados, 29.545 están en aislamiento domiciliario, 649 están hospitalizados estables y 308 con pronóstico reservado. La cantidad de ocupación hospitalaria en Quito continúa, por más de un mes, al límite. Médicos y enfermeras alertan que las personas que pasan a cuidados intermedios, en su mayoría, fallecen porque no pueden acceder a una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a que están llenas.

La lista de espera de pacientes críticos que deben ser trasladados a terapia intensiva varía, pero no baja de 50 por día.

Además, de acuerdo al informe, desde el 1 de julio no se registran nuevos pacientes recuperados y se mantiene en 5.900. Mientras que las personas que recibieron el alta hospitalaria subió 8.263 y sube a 15.414 quienes recibieron el alta epidemiológica.

Pichincha registra 184 nuevos contagios y 3 muertes más que ayer, con un total de 9.642 casos confirmados y 568 fallecidos. Quito es el cantón más afectado y reporta 165 nuevos contagios en un día, con un total de 8.746 infectados.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Asamblea sesionará para conocer la terna enviada por el presidente Moreno para elegir al cuarto vicepresidente

Este jueves 09 de julio del 2020 la ministra de Gobierno María Paula Romo dijo en una entrevista a un medio de comunicación que «el Régimen no quiere incertidumbre ni perder tiempo en la transición para nombrar al cuarto vicepresidente del periodo de Lenín Moreno». esto tras la renuncia de Otto Sonnenholzer el pasado martes 07 de julio.

La Asamblea Nacional en la sesión 675 del Pleno que se llevará a cabo mañana viernes, conocerá la renuncia de Otto Sonnenholzner. Según Romo, una vez que el Parlamento conozca y apruebe la renuncia del exvicepresidente, el Jefe de Estado encargará la Vicepresidencia a un ministro de Estado, tal como lo establece la Constitución mientras el Legislativo decide al encargado definitivo.

Entre quienes podrían conformar la terna, extraoficialmente se habla de la propia Ministra Romo, el titular de Senescyt, Agustín Albán quien preside el COE Pichincha  y el ministro de Agricultura, Xavier Lazo.

Romo evitó adelantar perfiles y no confirmó si ella consta en la nómina. “Solo mañana, esos nombres serán oficiales”, afirmó.

Una vez que se oficialice la terna, la Constitución precisa que si en un plazo de 30 días la Legislatura no se pronuncia sobre la terna, el primero de la lista ocupará el cargo en la Vicepresidencia del Ecuador para acompañar a Moreno en los últimos meses de su gobierno.

Para una resolución se requiere de una mayoría absoluta (70 votos) en el Pleno.

El presidente de esta Función, César Litardo ( Ap), remitió la mañana del miércoles 8 de julio del 2020 la convocatoria a los 137 asambleístas, un día después de que Sonnenholzner dimitiera al cargo.

Desde el 24 de marzo pasado todas las sesiones del Parlamento se realizan en modalidad virtual por la pandemia.

Romo confirmó en la entrevista que la renuncia de Sonnenholzner ya se conversaba desde hace tiempo atrás y el propio Presidente ya lo conocía. “Habíamos tenido esa conversación hace algún tiempo, lo comentó con el Presidente”, mencionó.

La ministra Además, negó que el Gobierno esté en carrera electoral y anticipó que el oficialismo no presentaría candidato a las elecciones presidenciales del 7 de febrero del 2021. Además, señaló que en las próximas semanas Sonneholzner tomará la decisión de participar o no en la contienda electoral.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

12 personas serían vinculadas al caso de delincuencia organizada por el que es procesado Daniel Mendoza

Por el delito de delincuencia organizada, la Fiscalía tiene previsto vincular a 12 personas más a la instrucción fiscal en la que es investigado el ahora exasambleísta Daniel Mendoza.

El próximo 17 de julio, la Fiscalía pedirá al juez nacional Marco Rodríguez que vincule a esas personas y con este procedimiento la instrucción fiscal pasaría de 90 a 120 días.

En la lista están Jorge J., subdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob), y Jean B., exasesor de Mendoza, quien es procesado por el delito de lavado de activos.

Además, están dos funcionarios del Secob y todos los detenidos en el operativo del pasado 14 de mayo en la provincia de Manabí, quienes son procesados por el delito de lavado de activos.

Pablo C., Danny C., Franklin C., Miguel G., José P., José S., José V., Danilo V., Mario O., y Esteban A. son los nombres de las personas que forman parte de la nómina de la Fiscalía.

Inicialmente, la diligencia fue convocada para este 10 de julio, pero por motivos inherentes a la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) fue diferida para la próxima semana.

El 23 de junio pasado, el Tribunal de Apelación de la CNJ, presidido por el juez Iván Saquicela e integrado por los jueces Daniella Camacho y David Jacho, negaron el cambio de la prisión preventiva por otra medida cautelar que solicitaba Mendoza, Jennifer C. y Tania S., todos procesados por el delito de delincuencia organizada.

El 5 de junio, el juez Marco Rodríguez dictó prisión preventiva y retención de fondos de cuentas bancarias, así como prohibición de enajenar bienes en contra de Mendoza y el director del Secob, Edmundo Tamayo. Similares medidas se dictaron contra Jennifer C., Tania S. y Ángel A.

Ese día, también ordenó arresto domiciliario y prohibición de salida del país para Olga M.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Abdalá Bucaram enfrentaría audiencia preparatoria de juicio

Alfredo Arboleda, abogado del expresidente Abdalá Bucaram, dio a conocer que a su cliente se lo quiere procesar por el presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas.

El representante legal del exmandatario comentó que la Fiscalía habría solicitado fecha y hora para desarrollar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Pero aseguró que no cuenta con elementos suficientes para procesar a Bucaram y que durante la diligencia insistirá en la inocencia de su defendido.

Bucaram fue detenido el pasado 3 de junio, durante un operativo ejecutado por la Fuerza de Tarea de la Fiscalía, pero después las autoridades judiciales ordenaron el arresto domiciliario.

El allanamiento se ejecutó en medio de una investigación por presunto peculado en la adquisición de insumos médicos para el Hospital del Seguro Social de Guayaquil, en medio de la emergencia sanitaria.

En la residencia de Bucaram, en la Ciudadela Kennedy Norte, en Guayaquil, los agentes hallaron un arma de fuego cuya procedencia no fue justificada.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Rafael Correa: Intentaron boicotear la transmisión, pero hoy empezó la recuperación de la Patria

Tras varias complicaciones en la transmisión del lanzamiento de la coalición política Unión por la Esperanza (UNES), el expresidente Rafael Correa denunció los intentos de boicot de este evento.  “Nunca lo van a lograr y hoy empezó la recuperación de la Patria”, afirmó.

Este 8 de julio de 2020 las organizaciones políticas Fuerza Compromiso Social, Centro Democrático y varias organizaciones sociales y campesinas anunciaron esta nueva coalición como propuesta electoral para el 2021.

El expresidente, a través de su cuenta de Twitter, denunció los ataques que recibieron las diferentes plataformas por donde transmitían el evento. “Creen que tumbando nuestra página de Facebook tumbará nuestros sueños. No lo han logrado en estos tres años de descomposición, corrupción y traición. No lo lograrán nunca”, alertó.

Correa, días atrás, dijo que sería candidato a la vicepresidencia, si le dejan –debido a los juicios penales en su contra. Durante el lanzamiento de UNES no se mencionó ningún nombre que acompañe al expresidente. El representante de Centro Democrático no confirmó si Jimmy Jairala será el binomio de Correa. En los próximos días, dijeron los dirigentes, anunciaron los candidatos.

“La violencia y la agresión no se destruyen. Mientras más intenten enterrarnos, más floreceremos. Hoy empezó la recuperación de la Patria. Volveremos a tener patria”, afirmó Rafael Correa.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Richard Martínez fue demandado por un grupo de pensionistas del Issfa

Un grupo de militares pensionistas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez.

Los militares consideraron que existe peculado, una vez que el Ministerio de Finanzas habría retenidos fondos que le corresponden al seguro.

Según los demandantes, el Gobierno no cumple con sus obligaciones con la seguridad social. Algo que también pasaría con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El excombatiente Pablo Freire señaló que los recursos retenidos corresponden al aporte personal al Seguro de las Fuerzas Armadas, así como los descuentos para pagar los préstamos quirografarios e hipotecarios.

Los militares que llegaron hasta la Fiscalía General del Estado, manifestaron que el Gobierno descuenta de los salarios de las Fuerzas Armadas el monto correspondiente a la aportación individual, sin embargo, ese dinero no llega al Instituto.

Comentaron que esta acción legal es una medida desesperada ante los constantes incumplimientos del Gobierno.

El pasado martes, este grupo protagonizó una protesta pacífica en la Plataforma Gubernamental Financiera, en Quito, para exigir el pago del 60% de las aportaciones que debe hacer el Estado al Issfa, pero al no obtener una respuesta decidieron presentar la demanda para solicitar su propio dinero.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Médico que firmó carné de discapacidad para Daniel Salcedo aclara que ella solo calculó porcentaje y lo firmó

Jéssica S. es la doctora en medicina que firmó el carné de discapacidad de Daniel Salcedo, en febrero del 2018, sobre ella existe una denuncia por falsificación y uso de documentos.

Emerson Calderón, abogado defensor de la doctora Suárez aclaró este martes 08 de julio de 2020 que su clienta solo debía calcular el grado de discapacidad de los pacientes basándose en los certificados emitidos por otros médicos para firmar por el carné de discapacidad.

El nombre de Jéssica aparece en una denuncia penal que realizaron los representantes del Ministerio de Salud por un presunto delito de falsificación de documentos.

Su nombre se conoció pues el 2 de febrero de 2018 se evidencia que la doctora fue quien emitió el certificado médico donde calificó que Daniel Salcedo supuestamente tiene el 41% de discapacidad auditiva y porque padece hipocusia neurosensorial bilateral.

Calderón ha manifestado a los medios de comunicación que su defendida solo cumplió con su trabajo y rechaza que se haya beneficiado de dinero a cambio de la credencial.

“Ella no valoraba física ni psicológicamente a las personas, establecía el porcentaje y eso quedaba en el archivo. Ella es la que firma, pero quienes revisan a los pacientes son otras personas”, aseguró el abogado.

“Es más, ella ni siquiera entrevista a los pacientes, su labor consistía en darle un análisis a los informes de otros médicos. Lo que sí hacía era establecer el porcentaje de discapacidad, pero siempre y cuando se encuentre dentro del procedimiento que se debía cumplir. No con base en una valoración propia o a discreción”, indicó Calderón.

El jurista también mencionó que en el 2018 Jéssica S. denunció al Ministerio de Salud que su sello digital había sido hackeado. Según Calderón, los documentos de esa denuncia administrativa serán presentados a la Fiscalía cuando sean llamados.

La doctora Suárez ha emitido “cientos” de carnés con base en los protocolos establecidos desde el 2017, afirmó su abogado. Por eso, asegura que en este momento recopilan toda la información para comparecer a la Fiscalía cuando sea necesario, el abogado defensor además confirmó que su clienta permanece en funciones, pero en otra unidad médica.

No solo el carné de Salcedo fue obtenido en el Centro de Salud Cisne 2, hasta ese centro del Ministerio de Salud acudieron decenas de funcionarios que hoy portan carnés de discapacidad, incluido César Rodríguez Fontecilla, quien viajaba en la avioneta con Salcedo y quien hoy está prófugo, sino también César Vargas Baño, actual gerente del Hospital de Los Ceibos. 

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Gobierno alista una oxigenación ministerial

Tras la renuncia del vicepresidente Otto Sonnenholzner, el Gobierno alista una reorganización ministerial. Así lo dio a conocer el secretario general de Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán.

Durante una entrevista radial, Roldán dijo que “perder a un cuadro de esos quilates, siempre es difícil”, por lo que comentó que se requiere Carteras de Estado fuertes que no piensen que la administración ha llegado a su fin.

Al ser consultado sobre la posible candidatura de Sonnenholzner para la Presidencia de la República, el funcionario mencionó que desconoce esa postura, pero que la renuncia es una “decisión pensando en el país”.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Alarmante el nivel de violencia hacia las mujeres en el Ecuador según la ONU

El  Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer en Ecuador indica la preocupante situación de la mujer y sus derechos en este país andino. Mientras que, el informe anual sobre el Estado de la Población Mundial 2020  apunta a las nefastas consecuencias de retroceso que, la pandemia Covid 19,  puede tener en los logros alcanzados en las últimas décadas en materia de igualdad de género y en la erradicación de costumbres “aberrantes” como la mutilación genital femenina o el matrimonio infantil, así como los avances para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de 2030.

La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Dubravka Šimonović, realizó una visita oficial al Ecuador, por invitación del Gobierno, del 29 de noviembre al 9 de diciembre de 2019. El principal objetivo de la visita fue determinar la situación general en materia de violencia contra las mujeres que vivía el país y evaluar las iniciativas que se estaban adoptando para eliminar tal tipo de violencia.  Según informa la ONU a través del Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias.

En dicho informe, la relatora indica que “el elevado nivel de violencia que experimentan las mujeres en el Ecuador resulta alarmante: alrededor del 65 % de las mujeres han experimentado al menos alguna forma de violencia durante su vida. La persistencia de actitudes y comportamientos discriminatorios y estereotipados por motivos de género, unas normas sociales patriarcales y machistas que están profundamente arraigadas, la normalización de la violencia, y el estigma social que conlleva denunciarla, siguen impregnando la sociedad a todos los niveles, afectando de manera desproporcionada a las mujeres más vulnerables”, recalca la relatora.

También, se señala en el informe la enorme preocupación que suscitaba los recortes que se proponían efectuar en el presupuesto de 2020 y que actualmente se llevaron a cabo, en el ámbito de la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. En el documento, la relatora señalaba con especial preocupación los informes en el que indicaban la reducción en un 100 % al presupuesto asignado para la aplicación de la Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes  y en un 84 % al presupuesto asignado a la aplicación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres , adelantándose así a la actual realidad de la mujeres en Ecuador indicando que de aplicarse tales recortes presupuestarios, menguarán considerablemente los esfuerzos por aplicar la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y anularán la Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes, que resulta tan necesaria, añadiendo que de adoptarse esa decisión, se estaría contribuyendo a vulnerar los derechos humanos de las mujeres y las niñas en el país.

Recordemos que las cifras en Violencia de Genero en menores son alarmantes

Cada año, aproximadamente 2.700 niñas menores de 15 años dan a luz. La tasa de natalidad entre las niñas con edades comprendidas entre los 10 y los 14 años aumentó de 2,5 por cada 1.000 nacimientos en 2013 a 8 por cada 1.000 nacimientos en 2016, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, noviembre de 2019.

 

 

El Ecuador en el Marco internacional sobre violencia contra las mujeres

En el informe la relatora de la ONU, indica que el Ecuador ha ratificado como Estado parte en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos incluida la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que ratificó en 1981, así como en su Protocolo Facultativo, que ratificó en 2002. A nivel regional, el Ecuador es parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, en 1995, ratificó varios instrumentos adicionales, incluida la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). Estos tratados internacionales ratificados por el Ecuador son aplicables directamente ante los tribunales nacionales y pueden ser invocados directamente por las autoridades civiles, administrativas o judiciales, incluso en ausencia de legislación nacional, nos recuerdan en el informe de la Relatora. Sin embargo, del “dicho al hecho” no  hay práctica, pues no se imparte capacitación específica a jueces, fiscales, abogados, agentes de policía y funcionarios públicos en relación con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Por tanto la ONU vuelve a actualizar las recomendaciones generales: la recomendación general núm. 35 (2017) sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y con la Convención de Belém do Pará. Impartir formación sobre los instrumentos jurídicos mencionados es esencial para garantizar la aplicación directa de las normas internacionales.

Por otro lado, en el informe se recuerda que la Constitución de 2008 refleja los principios de los derechos humanos y reconoce la integridad personal como parte del derecho a la libertad.(…) En ella se señala que el derecho a la integridad personal incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual, y se establece la obligación de adoptar medidas para prevenir y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. No obstante, existen grandes deficiencias en la implementación con respecto a las nuevas leyes relativas a los derechos de las mujeres y las niñas, como la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico de Salud, ya que, siguen planteando enormes desafíos, en particular a nivel local y en zonas remotas ha indicado la relatora de la ONU.

En esa línea, el informe de la ONU indica que El Código Penal ecuatoriano, no está en consonancia con las normas internacionales en lo que respecta al acceso al aborto seguro, ya que penaliza a las mujeres y las niñas que dan su consentimiento para practicarse un aborto o que se provocan un aborto, incluso en casos de violación. En virtud de la legislación vigente, las mujeres y niñas que se practican un aborto son sancionadas con penas de prisión que oscilan entre los seis meses y los dos años.  Penas que se han visto en las actuaciones penales, entre 2014 y 2018, contra 134 personas debido a denuncias de interrupción voluntaria del embarazo,   mientras que entre 2014 y junio de 2019 se presentaron 286 denuncias por solicitar un aborto. La Relatora Especial también recibió información según la cual podría haber hasta 250 mujeres en prisión o que enfrentan cargos penales. La relatora en su informe señala que toda esta información lo observa con preocupación y añade que “agradecería que el Gobierno aclarara esas cifras”.  Sin embargo, el Gobierno de Lenin Moreno aún  no ha aclarado ni ha respondido a la duda de la relatora especial de la ONU ante cifras tan desproporcionadas por solicitar un aborto.

El informe de la relatora especial, es contundente ante tales disposiciones penales restrictivas ya que son contrarias a las recomendaciones que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer hizo al Ecuador a este respecto (CEDAW/C/ECU/CO/8-9, párr. 33) señala la relatora. Además, en su recomendación general núm. 24 (1999), relativa a la mujer y la salud, el Comité explicó que es discriminatorio que un Estado parte se niegue a proveer legalmente lo necesario para brindar determinados servicios de salud reproductiva a las mujeres (párr. 11). Indicó que, en la medida de lo posible, debería modificarse la legislación que penaliza el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan practicado abortos (párr. 31 c)). 22. En el artículo 16 e) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se establece explícitamente que los hombres y las mujeres tendrán los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos, y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos.

Así mismo en su informe se indica que, los órganos internacionales de derechos humanos han mantenido la opinión de que obligar a una mujer a llevar a término un embarazo resultante de una violación tiene graves consecuencias para la salud mental y constituye una violación del derecho a la salud, tanto física como mental. Este derecho está protegido por varios tratados de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en cuyo artículo 12 se dispone que los Estados partes adopten “todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia”.

En este sentido y durante su visita, la Relatora Especial se reunió con algunas niñas y adolescentes de entre 10 y 18 años de edad. Después de la reunión, le presentaron un “manifiesto por una vida libre de violencia”. En una de las demandas de su manifiesto, que “las niñas no deben ser madres”, señalaron que “Nos oponemos a ser criminalizadas por tomar decisiones relacionadas con nuestros cuerpos. No pueden imponernos la maternidad porque tenemos el derecho de decidir si queremos o no tener hijos y, de ser así, cuándo, cuántos y con quién. La criminalización del aborto afecta a las adolescentes más pobres y a las mujeres adultas jóvenes que se ven obligadas a acceder al aborto inseguro, poniendo en riesgo nuestras vidas, libertad y salud”, añadieron las adolescentes.

Gabriela Padilla, República del Banano

Fuente: Consejo de Derechos Humanos- ONU

Unión por la Esperanza, propuesta electoral de Fuerza Compromiso Social, Centro Democrático y organizaciones sociales

Este 8 de julio de 2020 los representantes del partido político Fuerza Compromiso Social y Centro Democrático, junto a varias organizaciones sociales lanzaron su propuesta electoral para las elecciones de 2021: Unión por la Esperanza.

Estaba prevista que la rueda de prensa se realice a las 10h00, pero se retrasó debido a que, según denunciaron, hubo varios ataques a las plataformas por donde transmitían el evento.

La Unión por la Esperanza (UNES) es una alianza entre los dos partidos políticos con el apoyo del Foro Nacional de Mujeres, la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas Campesinas del Ecuador (FEI), el Frente Amplio de Organizaciones Sociales, Frente Patriótico Nacional, la Coalición Nacional por la Patria.

“Hoy emerge una fuerza nacional, democrático y popular. Hoy emerge una fuerza para vencer”, dijo Jairen Noriega, del Frente Patriótico Nacional.

Leonardo Verrezueta, representante de SurGente, mencionó que se unen a esta propuesta electoral con el objetivo de tener un Ecuador más próspero, en medio de una triple emergencia que castiga la nación.

“Nos están boicoteando el encuentro desde el inicio. Han intentado destruir la patria, pero miles y miles nos levantamos y nos unimos como lo hicimos anteriormente”, dijo el presidente de Fuerza Rural y Productiva, Bolívar Armijos, quien hizo un llamado a los campesinos, pescadores, agricultores del país, convertidos en héroes en esta pandemia, a formar parte de esta Unión por la Esperanza.

Días atrás, el expresidente Rafael Correa dijo que, si le dejan –debido a los juicios penales en su contra-, será candidato a la vicepresidencia del Ecuador. En el encuentro el representante de Centro Democrático no confirmó si Jimmy Jairala será el candidato presidencial e indicó que en los próximos días elegirán a los candidatos.

Ayer, el vicepresidente Otto Sonnenholzner renunció para participar de los próximos comicios. Desde otras tendencias políticas también han anunciado varias precandidaturas. La inscripción de candidatos para presidente y asambleístas será del 18 de septiembre al 7 de octubre de 2020 y ecuatorianos acudirán a las urnas el 7 de febrero de 2021.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano