Califican de ‘ofensivas’ y ‘erradas’ declaraciones del ministro Juan Carlos Zevallos sobre fallecidos en el personal de salud durante la pandemia

Las declaraciones del ministro Juan Carlos Zevallos afirmando que el personal de salud que se contagió de COVID-19 y que falleció no fue porque se contagiaron en los hospitales, sino en el ámbito social y de allí llevaron el virus a los hospitales genera indignación y rechazo en los representantes de este sector.

El presidente de la Federación Médica de Ecuador, Santiago Carrasco informó que 196 médicos han muerto en la lucha sanitaria contra el COVID-19, hasta el momento. El presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Víctor Álvarez, agregó que también existen, cada día, médicos contagiados y varios están en unidades de cuidado intensivo.

“Rechazamos las declaraciones del señor ministro, las consideramos como inapropiadas porque afectan la dignidad, el honor y sobre todo la memoria y honra de nuestros médicos caídos (…) Las palabras del ministro nos causa extrañeza, porque siendo un médico, manifiesta que los médicos que fallecieron fueron los que llevaron el virus a los hospitales y eso se debe por un desconocimiento de los tipos de protección”, dijo.

Además, si es en el sector público, quien tiene la responsabilidad de emitir normas, hacer la inducción, la educación a los profesionales de la salud y el seguimiento es la autoridad sanitaria, en este caso, como patrono.

“Son declaraciones inapropiadas en este momento que necesitamos unidad nacional para luchar contra el COVID-19. Lanzar esas acusaciones para nosotros ha sido una ofensa, la consideramos como una ofensa para los profesionales de la salud”, indicó.

En tanto, el médico investigador, Esteban Ortíz manifestó que las afirmaciones de Zevallos “son erradas desde todo punto de vista, especialmente desde lo técnico y lo humano. Los colegas, al igual que los auxiliares, personal de enfermería se contagiaron por la falta de equipo de protección personal”.

Ortiz recordó que quienes trajeron el contagio a la comunidad fueron las personas que vinieron de viaje en avión y se colaron por los aeropuertos sin ningún control.

Añadió que un estudio que realizaron encontró que ser personal de salud tiene casi tres veces más riesgo de contagiarse que las otras ocupaciones y que el crecimiento en el número de contagios entre médicos creció tres veces más rápido que el de otras ocupaciones, siendo eso inexplicable desde lo comunitario.

Lo hicieron sin intención, dice Zevallos

Esta tarde, en rueda de prensa desde el Palacio de Carondelet, Zevallos no explicó la base científica o técnica para haber hecho esas declaraciones, señaló que sus comentarios fueron sacados de contexto y que es “imperdonable” que las personas utilicen sus palabras para “fines electoreros o yo no sé qué”, pidió que no usen esas palabras en su contra porque él es médico y está con los médicos, pero insistió en que los médicos sí se contagiaron en el ámbito social y llevaron el virus a los hospitales, sin intención.

“Les debo decir que, al igual que nosotros, al igual que ustedes, ustedes tienen a familiares, amigos que se han contagiado, así mismo se contagiaron los médicos y, especialmente, estaba haciendo una referencia a lo que sucedió en Guayaquil durante las primeras semanas, a todos nos cogió de nuevo, nadie sabía cómo vestirse, no habían mascarillas N95 en el mundo, no había un protocolo que todo el mundo estuviera de acuerdo de cómo vestirse o desvestirse para ver los pacientes y ahí es donde muchos de los médicos, colegas, se contagió, pero también es cierto que muchos médicos, sin saber todos los problemas que tenía hacer una reunión social, no usar mascarillas, no mantener el distanciamiento social, fueron a los hospitales y llevaron la enfermedad, lo hicieron sin intención (…) Esa es una realidad que sucedió las primeras semanas“, señaló.

Además, Zevallos dijo que asume la responsabilidad de que al inicio usaron otro tipo de mascarillas, pero porque en el mundo no habían las mascarillas, no tenían a quién comprar.

Fuente: El Universo, Republica del Banano.

Gobierno asegura que los contagios y fallecimientos por COVID-19 han bajado, pero piden a la ciudadanía que mantenga los cuidados

A tres días de que inicie el asueto por el Feriado de Difuntos y luego de que gremios de médicos pidieron suspender el feriado para frenar los contagios de COVID-19, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, emitió un informe sobre las cifras de contagios y fallecidos por el virus en las últimas semanas y aseguró que estamos en una situación de “contención”, que las cifras están bajando, aunque también hizo un llamado a la ciudadanía para que mantenga las medidas de bioseguridad.

Zevallos señaló que, de acuerdo a la evolución semanal de la tasa de contagios por provincias, la mayoría de las provincias ya están en “verde”, es decir, están bajo el 1% del nivel de contagio, y otras están en “amarillo”, que están sobre el 1, pero también son tasas de contagio sostenible, que se pueden contener con la capacidad sanitaria que ahora tiene el país. Además, los contagios han ido disminuyendo de manera paulatina, desde marzo.

Según la tabla presentada, hay 15 provincias en verde, entre estas Pichincha que está con el 0.82, y nueve en amarillos. Estas últimas son: Bolívar, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena y Santo Domingo, de las cuales, Esmeraldas tiene e nivel más alto con 1.50, Guayas tiene 1.31.

En los casos confirmados y descartados, desde el 30 de agosto hasta la fecha, existe “una clara disminución” o descenso de pruebas PCR y números de fallecidos, inclusive, luego del fin del estado de excepción.

En cuanto a la situación hospitalaria, Zevallos sostuvo hay un incremento de camas de hospitalización y Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), de marzo a octubre. En camas de hospitalización: de 1.019 en marzo a 2.105 en octubre, y en UCI’s: de 145 a 513 en el mismo período.

“Esto en realidad no ha parado, no podemos retroceder, esto (las cifras) debe ser tomado como un aliciente, un incentivo, tenemos que seguir cuidándonos, hagamos reuniones con máximo cinco personas y en el jardín. Tenemos la evidencia científica por un lado pero, por otro, no es que esto ha terminado”, dijo el ministro.

Zevallos agregó que, tras un estudio realizado, se encontró que hay cuatro mutaciones de virus identificadas circulando en el país y que eso se debe tomar en cuenta para la compra de vacunas y de pruebas. Además, que a la iniciativa COVAX, liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha desembolsado $180 millones para las vacunas, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“No se puede descartar una segunda ola, pero las probabilidades son muy bajas aquí porque, a diferencia de Estados Unidos y países europeos, Ecuador ha puesto todo en la atención primaria de la salud”, dijo.

Finalmente, el ministro de Salud reconoció que existen pruebas rezagadas pero ofreció, para este domingo, un nuevo cambio de sistema para que, en “la siguiente fase” existan datos oportunos. Además, explicó que se hacen pruebas selectivas, no masivas, como otros países.

En tanto, Jorge Wated, del instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), señaló que la tendencia a la baja se repite en esa institución, al igual que en el sistema de salud pública, tanto en los contagios como en los fallecidos y que la capacidad hospitalaria se duplicó, hay más de 5.000 médicos atendiendo el COVID – 19, en el IESS.

El secretario general de Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán señaló que el gobierno no puede contener una nueva ola de contagios, sino la ciudadanía con los cuidados, que la segunda ola en Europa se dio porque la población se relajó, y que, como gobierno, se está recomendando a los cantones que, si es posible, cierren los cementerios, entre otras medidas, pues es fundamental seguirse cuidando. 

Fuente: El Universo, Republica del Banano.

Ministro afirma que médicos y enfermeras que murieron por COVID19 llevaron el virus a hospitales y no se contagiaron allí

“El personal de salud que se contagió (de covid-19) y que falleció no es porque se contagió en los hospitales sino en el ámbito social, ellos fueron los que llevaron la enfermedad a los hospitales, obviamente sin mal intención, pero con desconocimiento total de cuáles eran las normas para protegerse”, aseguró el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, en un programa de TC Televisión, la noche del domingo 25 de octubre. Su declaración ha causado malestar y rechazo, sostiene Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, quien le recuerda al Ministro que “los médicos han dejado la vida en el combate a esta enfermedad”. Según las cifras de este gremio, 198 galenos han fallecido, en esta pandemia. Y hasta hace un mes y medio, casi 6 000 trabajadores de la salud se han contagiado con este virus. Para Carrasco es necesario que el ministro Zevallos presente datos. No acepta que acuda a un medio de comunicación y asegure que el 100% de los médicos se han contagiado en la comunidad y han llevado el SARS-CoV-2 a las casas de salud en donde laboran. Por eso lo han invitado a un foro, que según anunció, se desarrollará el 10 de noviembre, a las 20:00. “Sus declaraciones no tienen sentido. Seamos claros, presentemos estadísticas para analizar lo que ha pasado en Ecuador, hablemos de lo que ocurrió en febrero, cuando no se controló a todas las personas que llegaban, por ejemplo, desde Europa y se filtró el virus en Ecuador. La mortalidad de médicos es una de las más altas también de la región”, comenta. Carrasco además le solicita al titular de Salud que hable sobre las normas de bioseguridad, los protocolos, que se pusieron en práctica en los hospitales. “Veamos qué pasó en un hospital del sur de Quito, en donde a una médica que trabajaba en terapia intensiva le dijeron que su examen salió negativo y luego ella se contagió y también su esposo y sus hijos. Ella llevó el virus a la casa”. Para Carrasco, luego de ocho meses de la pandemia, es tiempo de que se habla de qué hacer, también de validar la información antes de difundirla. “Usted es científico, somos médicos, sentémonos antes de que haga esos pronunciamientos. Sí pudo haber un grupo de médicos que se contagió a nivel comunitario, pero no es el 100%”.

Fuente: Diario El Comercio, Republica del Banano.

CAL rechaza cambio del orden del día para calificar juicio político por “reparto de hospitales”

El Consejo de la Administración Legislativa (CAL) no dio paso al pedido de la asambleísta Cristina Reyes para que se trate, como primer punto, el pedido de un nuevo juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por el caso conocido como “reparto de hospitales”.

Este miércoles 28 de octubre el Cal instaló su sesión para para calificar proyectos de ley de diversa índole y trasladarlos a las comisiones legislativas para su tratamiento. Reyes quería incluir el pedido de juicio político a Romo como primer punto, pero solo tuvo 3 votos (1 PSC y 2 CREO), por lo que no pasó la moción.

“Hemos encontrado la negativa en aceptar el cambio propuesto. ¿Por qué el miedo a transparentar la verdad?”, dijo Reyes.

Los legisladores Roberto Gómez y Amapola Naranjo presentaron, el pasado 22 de octubre, la documentación para iniciar un nuevo proceso de fiscalización en contra de la ministra. Esta vez, por el supuesto “reparto de hospitales”, que fue revelado por el exasambleísta Daniel Mendoza, investigado por actos de corrupción y quien ubica a Romo en el centro de esta supuesta estructura de entrega de cuotas políticas a cambio de votos.

A la par, la Comisión de Fiscalización continúa con la sustanciación del juicio político contra la ministra de Gobierno por su actuación durante las protestas de octubre de 2019. Sobre este proceso, Romo dijo que se trata de un «venganza» de sus interpelantes y rechazó las acusaciones en su contra. Una de las causales en su contra es el uso de bombas lacrimógenas caducas y el ataque a centro de paz y acogida humanitaria. La propia ministra reconoció el uso del material caducado y se disculpó por el ataque en Universidades.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Comandante de Policía justificó uso de la fuerza en protestas de octubre de 2019

El comandante general de la Policía, Patricio Carrillo, ante la Comisión legislativa de Fiscalización, justificó el uso de la fuerza por parte de los agentes policiales en contra de los manifestantes, en el levantamiento popular de octubre de 2019, con el fin de contener las protestas y restablecer el orden, según señaló.

Carrillo compareció por pedido de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dentro del juicio político en su contra, para aportar con pruebas de descargo.

Argumentó que ante la agresividad de los manifestantes no les correspondía sino actuar de esa manera. A criterio de Carrillo, quien en esa época era el director general de Operaciones de institución policial, el actuar de la Policía “sin la capacidad de usar la fuerza es la impotencia de la sociedad, es la indefensión que algunos ciudadanos sentían y que nos decían que utilicemos más fuerza”, dijo.

Insistió en que “la fuerza es el mecanismo que tiene el Estado para ejercer el control social, ante estas graves perturbaciones. Sería imposible, desde el punto de vista operativo, doctrinario, filosófico, que la Policía no cuente con esta facultad. El legislador debe propugnar y velar por normar para que esto así suceda”.

El comandante demandó que a la Policía se le entregue los medios materiales necesarios, como armas letales y menos letales, munición letal y menos letal, para cumplir con el fin de someter a delincuentes y desobedientes, para recuperar y conservar el orden.

Para la autoridad policial, existió un conflicto armado en octubre de 2019 y en ese ámbito actuó la Policía. Reconoció que la causa para que estallen las protestas fue la emisión del decreto ejecutivo 883, que eliminó el subsidio a los combustibles.

Aunque la propia ministra Romo admitió, de manera pública, que dispuso la utilización de bombas lacrimógenas caducadas, porque era lo único con que contaban, el ahora comandante sostuvo que, en este caso, no hubo orden sino una autorización. Defendió la utilización de este tipo de artefactos, porque, según este funcionario, no hay una prohibición expresa para hacerlo.

De la misma manera, aunque Romo aceptó que hubo el ataque y lanzamiento de bombas lacrimógenas en las centros de acogida humanitaria, hecho por el que se disculpó, el comandante de Policía negó que haya sido así. Sostuvo que una investigación no determinó que en realidad se produjo. Señaló además que no hay un reglamento que defina que en el país se pueden instalar zonas de paz, como los manifestantes definieron a estos lugares.

A la consulta si recibió órdenes de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, Carrillo reconoció que la Policía está subordinada al presidente de la República y luego de este a la máxima autoridad del órgano rector de la seguridad ciudadana, que controla a la Policía Nacional, que es el ministerio de Gobierno.

Carrillo, con el fin de evitar que se politice la actuación de la Policía, solicitó la construcción y aprobación de una ley orgánica de la institución, que separe la política pública de seguridad que emiten las autoridades civiles y el rol operativo que cumplen los policías.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

El Registrador de la Propiedad de Pedernales, en Manabí,  fue asesinado

Las investigaciones por el asesinato contra el Registrador de la Propiedad del cantón Pedernales, provincia de Manabí, Geovanny Zambrano, continuaron la noche de este martes 27 de octubre de 2020. El funcionario recibió varios disparos de armas de fuego mientras ingresaba a su vivienda, en el barrio María Luisa. El crimen sucedió pasadas las 19:30 de este martes. Según la Policía, Zambrano fue sorprendido por personas no identificadas cuando se aprestaba a abrir el garaje de su vivienda. Había parqueado su vehículo en la puerta del lugar donde quedó tendido tras los impactos de bala que recibió en varias partes de su cuerpo. Su muerte fue casi inmediata. Los investigadores no descartan que pudo ser un caso de sicariato por la forma como se produjo el crimen. Los agentes levantan indicios en el sector para dar con el paradero de los victimarios del servidor público. En redes sociales sus amigos se solidarizaron con sus familiares al enterarse sobre lo ocurrido con el abogado que en 2015 obtuvo una maestría en derecho procesal y civil. Geovanny Zambrano, de 54 años, asumió el cargo de Registrador de la Propiedad en el 2011, luego de ganar un concurso de méritos y oposición que convocó el Municipio. Él llevó adelante el proceso de digitalización de la información de bienes y propiedades de ese cantón durante los años posteriores.

Fuente: Diario El Comercio, Republica del Banano.

Sangolquí: víctimas de transexuales pagaban o ‘marchaban’

Las fotos de hombres decapitados reemplazaron a las de personas desnudas, y las frases seductoras ahora eran amenazas de muerte para exigir dinero. Esa era, al parecer, otra forma de extorsión que tenía la banda de mujeres transexuales acusadas de haber violado a un chico en Sangolquí, cantón Rumiñahui, al sur de Quito.

Así lo revelaron las investigaciones de la Policía Judicial, subzona Pichincha, tras la detención de tres chicas transexuales y un hombre, por el delito de abuso sexual. Ellos ofrecían encuentros íntimos a través de una página de Internet y se pautaba una cita en una casa.

Según las pericias, si alguien preguntaba sobre los servicios -en chats privados- inmediatamente era intimidado. Las personas que mandaban los mensajes se hacían pasar por miembros de carteles mexicanos y sicarios.

“No quiero involucrar a su familia en esto. Así que dígame si quiere que resolvamos esto por las buenas o por las malas”, escribían. Cuando el cliente respondía le pedían que hiciera un depósito de 800 dólares. De lo contrario, enviaban fotos de armas y le decían que estaban listos para matarlo.

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Los mensajes estaban con fotos de armas.CORTESÍA

Otros implicados

Pero los aprehendidos en Sangolquí habrían tenido la colaboración de otros dos hombres que se encargaban de llamar o mandar los mensajes amenazantes, detalló Julio Pillajo, teniente de la PJ. “Ellos son las parejas sentimentales de las mujeres transexuales”. Aunque ambos todavía no han sido detenidos.

Sin embargo, la banda estaría integrada por más personas. El agente indicó que durante el allanamiento a la vivienda, donde se produjo la violación, se hallaron recibos de depósitos y pertenecen a cerca de 25 individuos. “Se está trabajando para vincularlos en este caso”.

Nadie sabe nada

Luego de agarrar a los primeros sospechosos, los agentes de la PJ se enteraron que las extorsiones ocurrieron por poco más de un año. “Vinieron de Riobamba, estuvieron por Cayambe, donde también tuvimos denuncias y finalmente llegaron a Sangolquí. Se quedaban entre dos y tres meses en cada lugar”.

En esta última ciudad, las chicas trans y sus cómplices arrendaron un departamento del segundo piso de una casa de la calle Colombia, y taparon las ventanas con cortinas negras, aproximadamente ocho días antes de la captura.https://view.genial.ly/5f989bfe732f9a0d37315f8d

Tal vez por eso los vecinos dijeron que nunca vieron nada ni siquiera oyeron algún grito que los delatara. “Se armó el escándalo cuando vino la Policía”, contaron los comerciantes que tienen sus negocios frente a ese inmueble.

“No nos afecta, pero tampoco hay que generalizar”

Diane Rodríguez, directora de la Asociación Silueta X, comentó al respecto que este tipo de actos tienen que sancionarse y no importa si los cometieron personas de la comunidad GLBTIQ. “Tenemos derechos y obligaciones y si alguien cometió un delito debe pagar con cárcel”.

Pese a que es una historia que no los afecta, Rodríguez acotó que este tipo de situaciones no tienen que ser una excusa para generalizarlos. “Es como si un hombre asesinara a una mujer y dijéramos que todos los hombres son femicidas. Son conceptos que no los usamos”.

Fuente: Diario Extra, Republica del Banano.

USD 90 distribuidos en seis pagos entregará el Gobierno a beneficiarios de bonos y pensiones del MIES

A través del Decreto 1179, el Ejecutivo dispuso el pago de un valor adicional a los beneficiarios de los bonos y pensiones del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

El documento establece que se debe agregar dos literales en el decreto 804, del 20 de junio de 2019, en el cual se establece que la cobertura de contingencias se entregará también en caso de contracción económica de al menos tres trimestres consecutivos y emergencia sanitaria, ambas determinadas por la autoridad competente.

Los beneficiarios de estos casos de cobertura de contingencias están dirigidos a los beneficiarios de bonos y pensiones actuales del programa de transferencias monetarias del sistema de protección social integral, con excepción del Bono Joaquín Gallegos Lara.

El artículo 4 del nuevo decreto establece que el monto máximo para la cobertura de contingencia por contracción económica y emergencia sanitaria sea de USD 90, que serán de manera excepcional.

Este valor será pagado de manera bimestral de diciembre a octubre. Es decir, en diciembre del 2020, febrero, abril, junio, agosto y octubre de 2021 se pagará USD 15 cada uno de esos meses.

En un comunicado, el Gobierno señaló que ante las dificultades por las que están atravesando miles de hogares ecuatorianos en situación de vulnerabilidad, se ha tomado decisiones para contribuir a la reactivación de la economía familiar.

El Decreto dispone al Ministerio de Inclusión Económica y Social que diseñe la normativa para establecer los requisitos, procedimiento y demás aspectos que garanticen su implementación.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

52 de 55 universidades fueron acreditadas por cinco años

El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) resolvió acreditar a 52 de las 55 universidades y Escuelas Politécnicas por los próximos cinco años.

El Pleno del organismo dijo que trabajaron de manera decidida en el proceso de acreditación institucional, respetando la seguridad jurídica y revisando que el modelo de evaluación se haya aplicado de manera adecuada.

El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior es la encargada de acreditar a las instituciones de educación superior, carreras y programas conforme lo establecido.

Las tres instituciones educativas que no cumplieron con los parámetros de evaluación deberán presentar un plan de mejoramiento por un período de hasta dos años que contará con el acompañamiento del Consejo.

Desde este lunes 26 de octubre 2020 empezar enviar las notificados de los informes de evaluación de las 55 instituciones de educación superior y de 22 extensiones, en actos públicos a desarrollarse en todo el país.

Catalina Vélez, presidenta del Consejo de Educación Superar (CES) participó en el evento de entrega de acreditaciones a las universidades y escuelas politécnicas de la provincia de Pichincha.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Asambleístas acusan a Romo de usar a Policía como escudo, ante juicio político

Legisladores integrantes de la Comisión de Fiscalización acusan a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, de usar como escudo a la Policía, en el juicio político en su contra.

Los parlamentarios criticaron a la funcionaria por la difusión de un video en el que se refiere al juicio político y aparece con decenas de policías de fondo. Para el presidente de la mesa, Elio Peña, es evidente que quiere escudarse en la institución policial, lo cual calificó como una incoherencia de Romo.

Aclaró que los asambleístas no están juzgando políticamente a la Policía ni cuestionándola como institución, sino a la ministra de Gobierno, de quien espera que, como acusada, responda el próximo sábado con sus pruebas de descargo.

A criterio de Peña, lo que pretende Romo es distraer la atención del pueblo ecuatoriano, escudándose en la Policía, cosa que no es lo correcto, reiteró.

Romo, en el video, señala que el juicio político y los ataques en su contra, realmente, “no son por bombas. Son la venganza por sus líderes sentenciados; son la respuesta por haber impedido que dieran un golpe en octubre; son la consecuencia de destapar la estafa del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), que involucra grandes poderes políticos y económicos”.

A su parecer, esas son la verdaderas causales por las que los asambleístas Roberto Gómez, Lourdes Cuesta (ex CREO) y Amapola Naranjo (RC) impulsan el enjuiciamiento político en su contra, por incumplimiento de funciones, durante las protestas de octubre del 2019.

A decir de Romo, “a algunos, además, les molesta que frente a este episodio y a esta crisis haya estado una mujer. Ni siquiera toleran llamarme ministra y escriben un juicio tras otro solo para poder llamarme ‘la ministro”, según cuestionó.

El asambleísta Gómez compartió el criterio de que Romo, al salir acompañada por la Policía Nacional en dicho video, pretende usar a la institución como escudo.

Reclamó que quienes deben ser investigados por los actos violentos, por cualquiera de los frentes, deben responder ante la Fiscalía General del Estado; y, por otro lado, el Estado debe responder ante organismos internacionales, por la violación de derechos humanos. Pero que quien está siendo juzgada políticamente es la ministra, por sus acciones, dentro del marco de la ley.

De igual manera, la legisladora Mercedes Serrano (PSC) rechazó las declaraciones de Romo, respecto a las motivaciones de su juicio político, porque es clara la causal por incumplimiento de funciones en el uso de bombas lacrimógenas caducadas, las cuales no solo se lanzaron a los manifestantes sino también a los centros de acogida, así como no haber actuado oportunamente con el Comité de Protección de Periodistas para garantizar su trabajo, argumentó.

Esta parlamentaria también insistió en que el juicio no es en contra de los miembros de la Policía Nacional, que gozan del apoyo incondicional de la Legislatura, siempre y cuando cumplan con los protocolos y usen de manera proporcional la fuerza, advirtió.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.