#LaConsultaMañosa por el #7vecesSí, es una tendencia en Ecuador

LaConsultaMañosa por el #7vecesSí es una tendencia en Ecuador

Moreno cita a su abuela “sorprendido”, acerca de la corrupción en su Consulta por el #7VecesSí

El presidente Moreno publicó en su cuenta de Twitter que “no permitirá que se deslegitime la voluntad de todo un pueblo expresada en una consulta popular que se decidió por la libertad, el respeto, la democracia y la transparencia”.

Anuncio que solicitará de inmediato que se investigue la contabilidad de las empresas públicas mencionadas en el vídeo del medio de comunicación.

@CIDH calificó de extrema gravedad, la destitución de @CPCCS por #ConsultaPopular

CIDH pide a Corte Interamericana medidas que impidan la destitución del Consejo de Participación impidiendo que se conforme el Consejo de Transicion.

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió el 6 de febrero de 2018 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una solicitud de medidas provisionales a favor de Edwin Leonardo Jarrín Jarrín, Tania Elizabeth Pauker Cueva y Sonia Gabriela Vera García, con la finalidad de que ordene al Estado que se abstenga de destituir a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Ecuador (CPCCS) y de crear un Consejo Transitorio que pueda generar riesgos en la efectividad del Estado democrático de derecho, incluyendo los principios de separación de poderes y de independencia judicial, fundamentales para el goce efectivos de los derechos humanos.

El 28 de diciembre de 2017 la Comisión Interamericana recibió una solicitud para se presentara un requerimiento de medidas provisionales a la Corte IDH a favor de Edwin Leonardo Jarrín Jarrín, Tania Elizabeth Pauker Cueva y Sonia Gabriela Vera García, miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Ecuador (CPCCS) nombrados para el periodo 2015-2020 que conforme a la normativa interna sólo pueden ser destituidos a través de enjuiciamiento político ante la Asamblea Nacional.

La información presentada se basó en la propuesta de referéndum, que no contó con control constitucional previo y que incluyó una pregunta sobre la terminación anticipada de sus cargos y la creación de un Consejo de Participación Transitorio conformado por siete miembros nombrados por la Asamblea de entre ternas enviadas por el Presidente.

De la información disponible se desprende que el Consejo de Transición que se designe tendrá la facultad de realizar evaluaciones de desempeño y, de ser el caso, destituir y nombrar a diversos altos funcionarios dentro de los cuales se encuentran los titulares de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado, el Consejo Nacional Electoral, al titular de la Fiscalía General del Estado, y las juezas y jueces del Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo de la Judicatura, entre otras autoridades.

La propuesta de referéndum fue aprobada por la población el 4 de febrero de 2018 y los resultados se encuentran en proceso de validación por el Tribunal Supremo Electoral.

La CIDH identificó que la situación planteada por los propuestos beneficiarios podría reunir los requisitos de extrema gravedad, urgencia, así como de daño irreparable previstos en el artículo 63.2 de la Convención para el otorgamiento de medidas provisionales.

En cuanto al requisito de extrema gravedad, la Comisión subrayó que la Corte Interamericana podría valorar que el mecanismo de participación popular estaría siendo utilizado para evadir el procedimiento legal de destitución del actual Consejo de Participación Ciudadana.

Asimismo, subrayó que se podrían considerar las amplísimas facultades que se le otorgan al Consejo de Transición, que incluyen entre otras, la posibilidad de nombrar a diversas autoridades de control, a las más altas autoridades en materia electoral, de persecución penal y a los miembros del Consejo de la Judicatura quienes a su vez tienen la potestad de examinar y destituir a todas las juezas y jueces del país.

Si bien la facultad de destitución del Consejo de Transición sería reglamentada para garantizar el debido proceso, la Comisión indicó que ello abre la puerta a un espacio de incertidumbre respecto de los criterios objetivos que evaluaría el consejo. La Comisión también mencionó la ausencia de control constitucional previa de la propuesta de referéndum, como elemento que podría ser valorado por la Corte IDH.

Con respecto al requisito de urgencia, la CIDH indicó que se encontraría cumplido tomando en cuenta que ya se conocen los resultados favorables del referéndum respecto de la tercera pregunta, y que después de la validación de los mismos por parte de las autoridades respectivas, iniciará de inmediato su implementación.

Finalmente en cuanto al requisito de irreparabilidad, la Comisión estimó que de implementarse el resultado del referéndum en cuanto a la tercera pregunta relativa al Consejo de Participación Ciudadana, quedarían cesados los actuales miembros del Consejo, y se pondría en marcha un engranaje institucional cuya propia existencia y efectos concretos en el panorama de conformación de las autoridades más importantes del país sería difícil de revertir.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

MANABÍ: El NO gana en cinco preguntas de la Consulta Popular y Referéndum

Esto según datos publicados en el sitio web del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde se constata que Manabí es la única provincia del país que se inclinó por el no.

De acuerdo a la misma fuente, el SÍ solo ganó en la pregunta #1, sobre la inhabilitación política en casos de corrupción; y en la #4, sobre delitos sexuales contra menores.

Con corte de las 19h45 (11% de escrutinio) las votaciones están de la siguiente manera:

1. CORRUPCIÓN

SÍ: 52.29%

NO: 47.71%

2. REELECCIÓN INDEFINIDA

SÍ: 43.96%

NO: 56.04%

3. CPCCS

SÍ: 43.19%

NO: 56.81%

4. DELITOS SEXUALES

SÍ: 53.13%

NO: 46.87%

5. MINERÍA Y ÁREAS PROTEGIDAS

SÍ: 47.78%

NO: 52.22%

6. PLUSVALÍA

SÍ: 43.9%

NO: 56.1%

7. YASUNÍ

SÍ: 48.2%

NO: 51.8%

Toma fuerza un debate entre Rafael Correa y Lenin Moreno sobre #ConsultaPopular

La Consulta Popular enviada a través de un decreto por el Presidente de la República, ha provocado dentro del país posiciones a favor y en contra de la misma.

La llegada del Ex Presidente Econ. Rafael Correa Delgado, dio un giro a la Consulta Popular y su balance con respecto a su aprobación. A pesar que la mayoría de medios nacionales han bloqueado que el ex-presidente en el uso de su libertad de expresión, pueda mostrar a los ecuatorianos su posición, argumentos y razones por la que hay que votar NO, esto no ha impedido el descenso del Si. De igual formal, el bloqueo mediático lo ha sido con asambleístas, líderes y generadores de opinión por el NO, a los que se les ha cerrado las puertas frontalmente.

Quienes cuentan con una apertura desmedida, es por su puesto los que están a favor de la Consulta Popular y del SI. Medios nacionales, públicos y privados, día a día, desde que el Consejo Nacional Electoral convocó a consulta popular sin el dictamen de la Corte Constitucional, personajes de toda índoles han mostrado su posición sobre la consulta popular sin restricción en televisión, radio y prensa. En la mayoría de los casos menoscabando sin argumentos legales a personas que se encuentran a favor del propio fundador de la Revolución Ciudadana, Econ. Rafael Correa Delgado.

El 28 de Enero de 2018, se ha difundido en redes sociales, sobre todo en twitter, el hastag #VamosAlDebate que busca que el convocante de la Consulta Popular, el Presidente Lcdo. Lenin Moreno, entre en debate con el Ex Presidente Econ. Rafael Correa; quien se muestra en contra de la tesis del gobierno.

A menos de cuatro días de concluir la campaña del Si y NO de la #ConsultaPopular, los ecuatorianos esperan tener un debate a la altura, con las dos caras de una plebiscito cuestionado nacional e internacionalmente.

rafael correa vs lenin moreno consulta popular 2018 - Prensa Republica del Banano

LGBT exigen cumplir promesas a Moreno y convocan a Votar No en preguntas 2-3-6

Reuters. 

Manifiestan en una rueda de prensa, que el actual gobierno no solo no ha cumplido con sus promesas de campaña sino que adicional, existen dudas sobre la constitucionalidad de la consulta popular.

El Martes 23 de Enero de 2018, varios colectivos, organizaciones a nivel nacional que habían conformado desde septiembre de 2016, la campaña Acuerdo por la Igualdad (www.acuerdoporlaigualdad.com), se manifestaron en contra del gobierno del Presidente Lenin Moreno.

En una rueda de prensa en la Casa Legislativa del Guayas, la Asambleísta Nacional y defensora de los derechos de la población LGBTI del Ecuador, Psic. Diane Rodríguez, manifestó que el gobierno nacional firmó un acuerdo en avances de Salud, Educación, Empleo y Justicia el 27 de marzo de 2017, cuando el actual presidente de Ecuador, era candidato.

Luego de 8 meses de mandato, junto a varios colectivos LGBT, exigen respuestas al gobierno, al que denuncian por haber permanecido en silencio, incluso por asesinatos de personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.

“Solo se ha manifestado a nuestro favor la Defensoría del Pueblo y ellos no son una institución de competencia del ejecutivo como los ministerios. La DPE pertenece a los órganos de autonomía, consejería, regulación y control. Este y otros órganos se encuentra en peligro de perder su autonomía con esta consulta popular, que aún no transparenta su constitucionalidad. De ganar el SI en la pregunta 3, perdemos la independencia de poderes cayendo así en manos del Presidente Lenin Moreno”, dijo Rodríguez.

Por su parte Alejandra Pivaque, presidenta del Movimiento GLBTI Líderes Diversos de la provincia de Santa Elena, indicó que el país se encuentra en peligro y que más allá de ser GLBTI, es responsabilidad de cada ciudadano poder votar conforme lo demanda el artículo 104 de la Constitución de la República del Ecuador.

Fernando Machado, Director de la Asociación Silueta X y Trans Global, recordó los avances obtenidos en el gobierno del ex-presidente Rafael Correa y que en consecuencia el gobierno de Lenin Moreno, debía seguir su curso, “si no quieren darnos, salud, educación o empleo, por lo menos que haya justicia para nosotros, que no nos maten, que velen por nuestro derecho a la vida”, manifestó.

“Invitamos a que el Presidente se pronuncie ante la reciente sentencia a nuestro favor en orientación sexual e identidad de género, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así como exigió y presionó a la Corte Constitucional de Ecuador a que se pronuncie sobre la Consulta Popular, que se pronuncie y presione a la misma Corte sobre el caso Satya y el Matrimonio Homosexual”, exigió Gretty Gonzalez, presidenta del Colectivo de Mujeres Lesbianas del Ecuador.

El caso Satya, al que se refiere la presidenta de las mujeres lesbianas, lleva cerca de cuatro años en la Corte Constitucional, cuyas madres británicas, intentan inscribir a su hija con sus respectivos apellidos. La Corte no se pronuncia, pues si falla a favor daría paso libre a filiación homoparental en Ecuador, un país conservador.

Según los activistas, hasta el momento el gobierno ha dialogado con todos los movimientos sociales menos con los LGBT, a pesar de su compromiso firmado. En el mes de Diciembre, el gobierno de Lenín Moreno, delegó a la Vice-presidenta (elegida con 70 votos en la asamblea, posterior a una irregular destitución del presidente electo Jorge Glas), Ma. Alejandra Vicuña, a que mantuviera una reunión con ellos, a la que según la Federación ecuatoriana de Organizaciones LGBTI, fueron excluídos en primera instancia, y que posterior a su reclamo público fueron invitados a una segunda reunión, esta vez con la Ministra de Justicia, Rosana Alvarado.

Macas, el presidente de los Colectivos Rurales del Guayas declaró además, que en un intento desesperado después de haber reclamado sus derechos en el mes de Agosto de 2017 públicamente, el gobierno nacional los convoca a reunirse con ellos en Diciembre, sin la atención directa del Presidente Lenin Moreno. Que el anterior gobierno les abrió las puertas y el ex-presidente Econ. Rafael Correa, los recibió personalmente y cumplió sus acuerdos. “El Presidente Moreno se reúne con todos los grupos, con la iglesia, con los campesinos, los indígenas, etc. Pero nunca con nosotros. A nosotros nos delega a sus carteras de estado. Pensamos que al ser una persona con discapacidad, nos vería como iguales, pero nos equivocamos e incluso sentimos que nos han utilizado para llegar a la presidencia”, acotó.

La presidenta de los LGBTI, Diane Rodríguez, concluyó invitando a los ecuatorianos a que, si están conscientes que se trata de una consulta irregular y con procesos posiblemente ilegales, voten a las 7 preguntas NO. Pero que si al considerar el gasto de 60 millones de dólares (que pudieron servir para construir 5000 casas), voten Si a las preguntas de conmoción social y a las preguntas 2, 3 y 6 NO.

Con información de la Agencia Reuters. 

Asambleístas entregarán a la Fiscalía grabación sobre #ConsultaPopular

Grabación se filtró en redes sociales y, en ella, se escucha cómo jueces de CC le piden al Presidente que convoque a sesión, pero él se niega, asegurando que plazos están correctos

Este miércoles, los asambleístas de la “Revolución Ciudadana”, acudirán hasta la Fiscalía General del Estado para entregar el audio de la Sesión ordinaria del 28 de noviembre de 2017 de la Corte Constitucional del Ecuador, en la cual se conocería el proyecto de dictamen remitido por Tatiana Ordeñana relacionado al referéndum constitucional.

A las 9h00, el legislador llegará hasta la Fiscalía General del Estado para entregar el audio que se filtró en redes sociales de la sesión que mantuvo la Corte Constitucional (CC) un día después de la cadena de radio y televisión del presidente Moreno en la que demandaba a los jueces de la Corte aprobar su Consulta Popular.

En el audio se escucha cómo los jueces de la CC urgen al presidente de la Corte, Alfredo Ruiz, para tratar el dictamen preparado por la jueza Tatiana Ordeñana, pero no da paso a la reunión, argumentando, entre otras cosas, estar en los plazos de ley.

Según el comunicado de prensa del despacho del asambleísta Melo, con esta acción el Asambleísta pone en alerta a la Fiscalía General del Estado, para que dentro de sus competencias revisen este caso que podría incurrir en delitos de prevaricato o tráfico de influencias, tipificados en los artículos 268 y 285, respectivamente, del Código Orgánico Integral Penal

De igual forma, solicitará que se actúe con sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso a fin de que se inicien los procedimientos e investigaciones que se consideren pertinentes para “proteger a nuestro país de posibles abusos o violación de derechos, lo cual resultaría perjudicial para el avance de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia como tal”.

Con información de Alianza PAIS y despacho del asambleísta Esteban Melo

#ConsultaPopular2018 es cuestionada por Federación de Defensorias del Pueblo de #Iberoamerica

“Dar visibilidad internacional a esta situación de profundo riesgo para independencia y autonomía de Ecuador” es una de sus prioridades.

A propósito de una comunicación transmitida por parte del defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, a la presidencia de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), en cuanto a su preocupación sobre la tercera pregunta de la consulta popular –referida a la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)- convocada por el presidente de la República, Lenín Moreno; la organización emitió un pronunciamiento solidarizándose con la Defensoría del Pueblo “ante la intolerable y grave amenaza a la independencia y a la autonomía de la institución”.

A continuación, exponemos el texto completo del pronunciamiento de la FIO:

Pronunciamiento del Consejo Rector de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) respecto a la consulta popular propuesta por el Presidente de la República del Ecuador para la modificación de la Constitución de la República.

El pasado 25 de octubre, el Defensor del Pueblo del Ecuador, Dr. Ramiro Rivadeneira Silva, transmitió a la presidencia de la FIO su preocupación por la iniciativa desencadenada por el Presidente de la República del Ecuador ante la Corte Constitucional para convocatoria de una consulta popular.

En concreto, manifestó su profunda consternación ante la pregunta número 3 de la consulta popular, con el siguiente enunciado:

“3) ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al Anexo 3?”

El Defensor del Pueblo del Ecuador considera que la iniciativa presidencial constituye una amenaza a la independencia y a la autonomía de la institución ya que posibilita la destitución del actual titular del cargo antes del final de su mandato, por simple decisión de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición compuesto únicamente por miembros propuestos por el Ejecutivo ecuatoriano.

Esto, sin que se verifique ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, que regula el cese de funciones (1).

Las modernas instituciones del tipo Ombudsman encuentran su matriz en la figura nacida en Suecia en el inicio del siglo XIX, establecida como órgano de control de la administración pública destinado a garantizar la legalidad y a evitar acciones u omisiones atentatorias de los derechos de las personas. Los procesos de transición democrática ocurridos a lo largo del siglo XX tuvieron un indiscutible impacto en el desarrollo del mandato del Ombudsman, cuyo ámbito de intervención se amplió de manera a incluir la tutela y la promoción de los derechos humanos.

En el universo de la Iberoamérica, el establecimiento de regímenes de gobierno democrático se encuentra íntimamente relacionado con la institucionalización del Defensor del Pueblo, órgano al cual se confía la garantía de la buena conducta de la administración pública y la tutela de los derechos fundamentales.

Como observa ANTONIO ROVIRA VIÑAS, la misión del Ombudsman «no debe limitarse al conocimiento de las quejas sobre mala administración o supervisión de los servicios públicos, sino que interviene decisivamente en la defensa de los derechos fundamentales, en los procesos de transformación social, incluso en la consolidación de los procesos democráticos, como en Iberoamérica, y en la adaptación de las estructuras políticas.”(2)

El Consejo Rector, en sus pronunciamientos y tomas de posición, ha expresado inequívocamente que la actuación de los defensores del pueblo, como órganos clásicos de control externo de la Administración Pública y como instituciones nacionales de derechos humanos, está indisolublemente conexa con su autonomía e independencia, de conformidad con lo consagrado en los Principios de Paris adoptados por las Naciones Unidas.

Una actuación independiente y exenta implica, en un plano exterior, que el Ombudsman, además del cumplimiento de la Ley, no esté sujeto al control del poder político o ejecutivo ni a la orientación de cualquier otro órgano o persona.

Dicha independencia se basa en requisitos específicos de elegibilidad (elevada reputación de integridad e imparcialidad) y en criterios objetivos de defensa contra injerencias de los poderes públicos, en particular la existencia de normas que (i) establecen procedimientos exclusivos y transparentes de designación del titular y (ii) prevén los casos específicos de cese de las funciones del titular del cargo.

Por lo tanto, el Consejo Rector no puede dejar de expresar su más profunda solidaridad con el Defensor del Público de Ecuador ante la intolerable y grave amenaza a la independencia y a la autonomía de la institución.

Además, el Consejo Rector recuerda que la institución ecuatoriana está, desde 1999, acreditada con la clase A(3) por el Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI),cuyo principal objetivo es facilitar y apoyar el compromiso de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos con el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y con los Órganos de los Tratados, fomentando la cooperación y el intercambio internacional.

En marzo de 2015, el Subcomité de Acreditación (SCA) recomendó, en el marco del proceso de re-acreditación de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, la necesidad de modificar el artículo 7 de la Ley Orgánica de la institución para reforzar la seguridad en el cargo de Defensor del Pueblo. El SCA consideró necesarias garantías adicionales en caso de destitución por incapacidad física o mental, instando la institución a promover una modificación legislativa en ese sentido:

“(…) 3. Seguridad en el cargo

De conformidad con el artículo 7 de la Ley, el Defensor puede ser destituido sobre la base de una incapacidad física o mental declarada por el Parlamento. El Subcomité opina que tal evaluación debería realizarla únicamente un órgano competente con los adecuados conocimientos clínicos.

El Subcomité reconoce que la Defensoría ha indicado que ha presentado una enmienda a esta disposición de modo que la incapacidad mental o física la determine un examen médico o psiquiátrico. Alienta a la Defensoría a que continúe tratando de que se apruebe esa enmienda (…)”

El Consejo Rector señala su preocupación de que los miembros del SCA, considerando la anterior recomendación y confrontados con la propuesta de consulta popular, entiendan iniciar el procedimiento de revisión especial de la acreditación de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, según lo previsto en el Reglamento del Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (4).

Si así sucediera, además de que podrían suscitarse dudas sobre la solidez del régimen democrático de la República del Ecuador, quedaría cuestionada la capacidad de intervención de la Defensoría ante el sistema internacional de derechos humanos y ante los Comités responsables de la supervisión de los principales Tratados Internacionales de Derechos Humanos, reflejándose también en la credibilidad de las restantes instituciones miembros de la FIO.

En consecuencia, analizada la situación expuesta, el Consejo Rector de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, institución que cuenta con una membresía de ciento cuatro instituciones Ombudsman e instituciones nacionales de Derechos Humanos de veinte países del espacio geográfico Iberoamericano,

Acuerda:

– Expresar su solidaridad al titular de la Defensoría del Pueblo de Ecuador;

– Manifestar su profunda preocupación por la situación señalada la cual constituye un ataque a la independencia y autonomía de la Defensoría del Pueblo de Ecuador;

– Recordar que la independencia y la autonomía de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, expresamente consagradas en los Principios de Paris, son pilares y características determinantes para el reconocimiento del status internacional de esas instituciones;

– Expresar firmemente la voluntad de la Federación Iberoamericana del Ombudsman de dar visibilidad internacional a esta situación de profundo riesgo para independencia y autonomía de la Defensoría del Pueblo de Ecuador ante el sistema interamericano y el sistema universal de protección de los derechos humanos y ante otros foros de derechos humanos.

Lisboa, 28 de noviembre del 2017

Iris Mirim Ruiz Class

Procuradora del Ciudadano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Presidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsman

Roberto Herrera Cáceres

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras

Vicepresidente Primero por la Región Centroamérica

Mariana Mota

Presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del

Pueblo de Uruguay

Vicepresidenta Segunda por la Región del Cono Sur

Carlos Alfonso Negret Mosquera

Defensor del Pueblo de la República de Colombia

Vicepresidente Tercero por la Región Andina

Maria Lúcia da Conceição Abrantes Amaral

Provedora de Justiça de Portugal

Vicepresidenta Cuarta por la Región Europa

Jerónimo Saavedra Acevedo

Diputado del Común de Canarias

Vicepresidente Quinto por las Instituciones Regionales y Locales de Derechos

Humanos

(1) Art. 7.- El Defensor del Pueblo cesará en sus funciones por las siguientes causas:

a) Por expiración del plazo de su nombramiento;

b) Por muerte;

c) Por renuncia aceptada por el Congreso Nacional;

d) Por incapacidad física o mental, declarada por el Congreso Nacional; y,

e) Por destitución en juicio político.

(2) in Comentarios a la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, Navarra, p. 26, § 25.

(3) Reglamento del Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de Instituciones Nacionales

de Derechos Humanos:

(…) “10. Clases de acreditación

Las clases de acreditación son:

A: Plenamente conforme con los Principios de París; y

B: Parcialmente conforme con los Principios de París.

(4) “11. Decisión de iniciar una revisión especial

——————————-

Con arreglo al artículo 16.2 del Estatuto de la GANHRI, el Subcomité tendrá autoridad para iniciar una revisión de la clase de acreditación de una INDH cuando, en su opinión, las circunstancias de la INDH hayan cambiado de un modo que haya afectado a la continuidad de su conformidad con los Principios de París.

Una decisión del Subcomité de iniciar una revisión especial no es una recomendación al Buró de la GANHRI y no podrá ser impugnada. Tras la compleción de una revisión realizada en conformidad con el artículo 16.2, el Subcomité hará una recomendación al Buró de la GANHRI sobre la clase de acreditación de la INDH.”