Etiqueta: Featured – Ecuador Digital Press República del Banano

Alembert Vera, abogado de Walter Solís, destacó que en el informe de Interpol, dado a conocer el pasado viernes 20 de noviembre de 2020, se demuestra que el caso Sobornos 2012-2016, fue un montaje absurdo e ilegal por tanto niega la difusión roja contra su defendido aduciendo que en Ecuador no existen garantías de un juicio justo: “Además puntualiza que se denota la existencia de elementos políticos para la determinación de procesos”.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?guci=2.2.0.0.2.2.0.0&client=ca-pub-4677243570167641&output=html&h=280&adk=2128852828&adf=4156369314&pi=t.aa~a.3336266247~i.10~rp.4&w=678&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1606496709&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=8600342394&psa=1&ad_type=text_image&format=678×280&url=http%3A%2F%2Fwww.pichinchacomunicaciones.com.ec%2Finterpol-niega-difusion-roja-contra-walter-solis-por-considerar-que-ecuador-tiene-una-justicia-politizada%2F%3Ffbclid%3DIwAR3aMSpwTgxlQdLgmlv1MzqHKorlWWuuVPLaHUuhT2aXHuHb-iMFGFx_cWU&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=170&rw=678&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&adsid=ChEIgOSC_gUQ8_CmxtPT3YXKARJOAKhvVQu8AlRrRE0H_9ghgl8DsGGmopIpnOSOiwGoIsNYJ0uzwaOMbQyuKsxSDSKMjXkWVeAcgnZ-SkWMqRaaKMIxYPdPlgoscUW_ixzq&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9hZHNlcnZpY2UuZ29vZ2xlLmNvbSIsInN0YXRlIjowfSx7Imlzc3Vlck9yaWdpbiI6Imh0dHBzOi8vYXR0ZXN0YXRpb24uYW5kcm9pZC5jb20iLCJzdGF0ZSI6MH1d&dt=1606496709166&bpp=4&bdt=5532&idt=-M&shv=r20201112&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dac75c86274ec7bc0-226d67db3ec40092%3AT%3D1603485054%3ART%3D1603485054%3AS%3DALNI_MbOahSBvMI-r3ep-DPPVbCQQa1Vgg&prev_fmts=0x0%2C1080x280&nras=2&correlator=7446067931905&frm=20&pv=1&ga_vid=1869596030.1588910558&ga_sid=1606496708&ga_hid=195386583&ga_fc=0&iag=0&icsg=2849947077059330&dssz=38&mdo=0&mso=0&u_tz=-300&u_his=1&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=160&ady=1773&biw=1349&bih=568&scr_x=0&scr_y=0&oid=3&pvsid=272341159399495&pem=314&ref=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2F&rx=0&eae=0&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C1366%2C568&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=8320&bc=23&ifi=2&uci=a!2&btvi=1&fsb=1&xpc=GLyruLazal&p=http%3A//www.pichinchacomunicaciones.com.ec&dtd=51

Calificó como vergonzoso que el país sea sometido a este tipo de cuestionamientos, porque no es la primera vez que Interpol niega una difusión roja, de ahí que indicó que esto sería beneficioso para el resto de procesados que tienen una orden de captura, incluido el expresidente Rafael Correa.

Vera manifestó que el informe será determinante para actuar en Cortes Internacionales donde se podrá solicitar una reparación integral contra los jueces, fiscales y hasta ciertos medios de comunicación que, según el abogado, mal intencionadamente se dedicaron a mentir: “Cuando todo ha sido falso, cuando la Fiscalía tenía la obligación de garantizar la tutela judicial”.

El jurista incluso citó una parte del documento donde Interpol cuestiona al juez Iván Saquicela quien salió a un medio de comunicación local a defender su sentencia, cuando ni siquiera la daba a conocer a los procesados.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?guci=2.2.0.0.2.2.0.0&client=ca-pub-4677243570167641&output=html&h=280&adk=2128852828&adf=3068901720&pi=t.aa~a.3336266247~i.16~rp.4&w=678&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1606497995&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=8600342394&psa=1&ad_type=text_image&format=678×280&url=http%3A%2F%2Fwww.pichinchacomunicaciones.com.ec%2Finterpol-niega-difusion-roja-contra-walter-solis-por-considerar-que-ecuador-tiene-una-justicia-politizada%2F%3Ffbclid%3DIwAR3aMSpwTgxlQdLgmlv1MzqHKorlWWuuVPLaHUuhT2aXHuHb-iMFGFx_cWU&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=170&rw=678&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9hZHNlcnZpY2UuZ29vZ2xlLmNvbSIsInN0YXRlIjowfSx7Imlzc3Vlck9yaWdpbiI6Imh0dHBzOi8vYXR0ZXN0YXRpb24uYW5kcm9pZC5jb20iLCJzdGF0ZSI6MH1d&dt=1606496709141&bpp=2&bdt=5507&idt=2&shv=r20201112&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dac75c86274ec7bc0-226d67db3ec40092%3AT%3D1603485054%3ART%3D1603485054%3AS%3DALNI_MbOahSBvMI-r3ep-DPPVbCQQa1Vgg&prev_fmts=0x0%2C1080x280%2C678x280%2C326x250%2C1349x568&nras=4&correlator=7446067931905&frm=20&pv=1&ga_vid=1869596030.1588910558&ga_sid=1606496708&ga_hid=195386583&ga_fc=0&iag=0&icsg=563156959273730&dssz=43&mdo=0&mso=0&u_tz=-300&u_his=1&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=160&ady=2413&biw=1349&bih=568&scr_x=0&scr_y=184&oid=3&psts=AGkb-H8v0M-5rJeTnnSDeYGZTa8tp-NSAElo2kDSdS8cGPb5tdhjpEenVX5GXUHLrZfY%2CAGkb-H_4fvUxLc_1ZJ0XnViXhWCBwg1cZkxhyKDAQuPqqNH5qIRlOY9VlwZXr78h2ec7hw%2CAGkb-H-nCSWUeWXn1n2zwiiJeDrm5_Vw87RlESeaAtXaAaf55VWuzyeP7tz5G_mxik9zkw&pvsid=272341159399495&pem=314&ref=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2F&rx=0&eae=0&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C1366%2C568&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=8320&bc=23&ifi=3&uci=a!3&btvi=3&fsb=1&xpc=9Q9TJyOXbd&p=http%3A//www.pichinchacomunicaciones.com.ec&dtd=M

En ese contexto, recordó que aún está pendiente por resolver un recurso extraordinario de protección que tendría la cualidad de modificar la sentencia ejecutoriada: “A Solis y tres imputados nos negaron el derecho a la defensa, se negó el recurso de casación, por eso solicitamos a la Corte Constitucional que todavía están a tiempo de devolver la moral jurídica al país y no hacernos caer en vergüenza a nivel internacional”.

Aclaró que los acusados por el caso Sobornos no necesitan indulto, ni amnistía, únicamente que se resuelva en derecho, declarando la nulidad de todo lo actuado: “Desde la orden de arresto y detención ilegal que sufrió Pamela Martínez y Laura Terán, independientemente de su actuación vergonzosa, que estuvieron presas por un tuit y en esa zozobra que se recoge en un supuesto documento para montar el caso”.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Este jueves 26 de noviembre de 2020 el Consejo de la Judicatura comunicó que el pedido del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de anular “parcial o totalmente” el concurso de jueces para la Corte Nacional, no es legal ni oportunamente justificado.

El Consejo de la Judicatura también informó que el CPCCS tampoco remitió los informes técnicos y jurídicos que motivaron su decisión. Adicionalmente, la veeduría ciudadana que supervisa la transparencia del concurso tampoco ha entregado algún informe.https://platform.twitter.com/embed/index.html?creatorScreenName=pichinchauniver&dnt=true&embedId=twitter-widget-1&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1332075001810456584&lang=es&origin=http%3A%2F%2Fwww.pichinchacomunicaciones.com.ec%2Fconsejo-de-la-judicatura-solicita-fundamentos-para-declarar-nulo-el-concurso-de-jueces-a-la-corte-nacional%2F&siteScreenName=pichinchauniver&theme=light&widgetsVersion=ed20a2b%3A1601588405575&width=550px

Por otra parte, la Judicatura también pidió que hasta este viernes, 27 de noviembre de 2020, el CPCCS presente públicamente “la fundamentación y motivación técnica y jurídica con sus documentos de respaldo”.

Sobre el concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia, la Judicatura mantiene su postura que fue realizado “con transparencia, en cumplimiento de sus competencias garantizando los derechos de la ciudadanía a acceder a una justicia independiente.”

Fuente: Pichincha Universal ,Republica del Banano

La demora en la actualización de cifras en el sistema de control que realiza el Ministerio de Salud Pública provoca que las estadísticas de contagiados de coronavirus en Galápagos suban.

Norman Wray, presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, explicó que no existe un nuevo brote en esa provincia, sino que el aumento se debe a esa demora.

“Esa diferencia es porque fue un levantamiento que tuvo una brigada que ha desarrollado un amplio muestreo en las islas. Los datos ya se irán actualizando y se agregarán al sistema”, sostuvo.

Según el Ministerio de Salud Pública (MSP), hasta este miércoles 25, hubo 436 casos en el archipiélago, el 90% más de hace dos semanas.

Esteban Ortiz, docente investigador de la Universidad de las Américas (UDLA), coincidió con Wray. Para él, sí es posible que el incremento de casos se deba a que una nueva brigada de salud llegó a la región en las últimas semanas.

Ortiz señaló que en el caso de Galápagos siempre registra un incremento cuando llega este tipo de brigadas a las islas.

La entidad de educación superior ha realizado una campaña de análisis epidemiológico, diagnóstico y seguimiento de los casos en Galápagos desde el inicio de la pandemia en asociación con la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG) y en coordinación con el MSP.

El investigador comentó que al ser Galápagos una población pequeña en relación a otras zonas del país es hasta cierto punto más fácil para acceder a más gente con el fin de hacer un rastreo, análisis y control epidemiológico.

Hasta el fin de semana, Galápagos era la mejor provincia testeada del país con 147 pruebas procesadas por cada 1.000 habitantes. Le seguían Pichincha, con 68 pruebas procesadas, y Morona Santiago, con 65.

Wray señaló que se mantiene un estricto control de las medidas y testeo para determinar a los contagiados y aislarlos antes de que entren en contacto con personas vulnerables.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

El pago de amortizaciones e intereses de los bonos de deuda interna del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) son cubiertos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esto, a pesar de las investigaciones que giran en torno al manejo de esos recursos.

Según la Cartera de Estado este tipo de obligaciones no puede detenerse debido a que el país podría incurrir en un evento de default (impago).

Desde el 2015 hasta el pasado 25 de octubre, Finanzas canceló USD 109,5 millones por concepto de amortización de bonos de deuda interna y por intereses USD 178,5 millones en el mismo período.

En medio de todo esto, siguen las indagaciones en torno a cómo se realizaron esas inversiones que ascienden a USD 327 millones solo en capital de bonos internos.

Las operaciones se hicieron a través de las empresas de Jorge Chérrez, aunque él ha señalado que solo asesoró a la Policía.

Actualmente, Chérrez está inmerso en el escándalo por una supuesta estafa a los fondos del Isspol.

La entidad que sí suspendió unilateralmente las emisiones de obligaciones fue Citibank, que, supuestamente, juega un rol en el proceso de pago, con el fin de colaborar en las investigaciones.

A su vez, el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale), también sujeto a indagación por este tema, iniciará una acción judicial en la Florida en Estados Unidos en contra de Jorge Chérrez.

El abogado del organismo, Eduardo Carmigniani, expresó que se contrató a una firma de abogados en ese estado para buscar algunas alternativas.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.

El Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale) habría contratado una firma de abogados en Florida, Estados Unidos, para que interponga una acción judicial en contra de Jorge Chérrez Miño, por la presunta estafa en la inversión de bonos del Instituto Nacional de la Seguridad Social de la Policía (Isspol).

Eduardo Carmigniani, abogado de esta firma, indicó que se están evaluando y trabajando en varias alternativas para esclarecer estas supuestas irregularidades en bonos de la entidad.

De la misma manera, el gerente de Decevale, Carlos Carbo Cox, indicó en un oficio, emitido hace varias semanas, que estos recursos judiciales servirán para obtener evidencias “que permitan iniciar, en Ecuador, procesos contra funcionarios o exfuncionarios de Decevale que hubiesen estado involucrados en actos indebidos”.

Carbo Cox también aclaró que las certificaciones emitidas el 6 de agosto, en las que la entidad confirmaba la tenencia de los bonos, son falsas y se habrían emitido por el gerente de operaciones, Luis Álvarez, sin conocimiento del Directorio de Decevale.

Cabe recordar que, en varios comunicados y entrevistas, Jorge Chérrez negó que exista algún perjuicio o estafa a los fondos del Isspol y responsabilizó al Estado por una presunta falta de pago de los bonos, lo cual habría afectado la cancelación de los recursos a la entidad, pero el Ministerio de Finanzas confirmó que los pagos están al día.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

La Comisión de Justicia del Legislativo aprobó el informe, para primer debate, del Proyecto Unificado de Leyes Orgánicas Reformatorias del Código Orgánico Integral Penal en materia Anticorrupción, este miércoles 25 de noviembre del 2020.

La propuesta de normativa forma parte de los compromisos acordados por el Gobierno de Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Plantea la tipificación de tres nuevos delitos: elusión de procedimientos de contratación pública, sobreprecios y actos de corrupción en el sector privado.

El texto del informe señala que fueron eliminadas posibles inconstitucionalidades, el populismo jurídico y el incremento injustificado de penas, sin argumentos técnicos o jurídicos que los sustenten, acogiendo el principio de dosimetría (principio de proporcionalidad de las penas).

“La mesa pone a consideración del Pleno una respuesta concreta a la inquietud y exigencia ciudadana de sancionar, con mayor fuerza, delitos que afectan a la eficiencia de la administración pública en emergencia y estados de excepción, para que no se repitan actos de corrupción como los registrados en la pandemia del Covid-19 y que no queden en la impunidad”, reza el documento.

Según José Serrano, quien preside la Comisión, se recibieron propuestas y observaciones de múltiples expertos, especialmente de la Función Judicial, lo que permitió tener una mejor claridad de la reforma. A su criterio, este cuerpo legal va en la línea del fortalecimiento de nuestra institucionalidad democrática, que se ha visto afectada por actos irregulares.

A decir del asambleísta Franklin Samaniego, es fundamental agravar las penalidades y los delitos a la administración pública. La lucha contra la corrupción tiene que ser implacable y ajustar los textos para evitar la impunidad.

El tipo penal “actos de corrupción en el sector privado” será́ sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años, y multa de 300 a 1.000 salarios básicos unificados del trabajador.

La propuesta determina como sanción el máximo de la pena contemplada para los delitos de peculado, cohecho, concusión, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, elusión de procedimientos de contratación pública, sobreprecios en contratación pública y actos de corrupción en el sector privado, cuando sean cometidos aprovechándose de una declaratoria de emergencia.

El proyecto incluye como inhabilidad para contratar con el Estado a los sentenciados por los tres nuevos delitos que se crean con esta reforma, descritos anteriormente.

Establece, también, un nuevo tipo penal denominado “obstrucción de la justicia”, que se sanciona con pena privativa de libertad, de tres a siete años, a todo aquel que, mediante el uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o promesa, ofrecimiento, concesión de un beneficio indebido, en procesos derivados de delitos contra la administración pública, pretenda impedir la prestación de testimonio o la aportación de prueba e  inducir  a una persona a prestar falso testimonio.

Incorpora, por primera vez, el concepto de “beneficio inmaterial”, dentro de los delitos de cohecho, concusión y oferta de realizar tráfico de influencias.

Con relación a la “elusión de procedimientos de contratación pública”, se establecen los supuestos para que proceda esta figura y se sanciona tanto al proveedor como al servidor público que eluda cualquiera de los procedimientos para desarrollar procesos de contratación, de modo arbitrario, lo que merecerá una pena privativa de libertad y una multa correspondiente al valor de la contratación arbitraria que se desarrolló́.

De manera adicional, a los sentenciados por este delito se les aplicará la misma inhabilidad que en el peculado para ejercer cargo público de por vida, ni cargo en entidades financieras o de la economía popular y solidaria.

La norma en trámite propone que la prisión preventiva no podrá́ ser sustituida por medidas cautelares, cuando se trate de delitos de obstrucción de la justicia, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, elusión de procedimientos de contratación pública, tráfico de influencias, oferta de tráfico de influencias, testaferrismo, sobreprecios en contratación pública y actos de corrupción en el sector privado.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

La Cámara de Minería del Azuay pide al Estado que controle la actividad minera ilegal que invade el proyecto de oro Río Blanco.

Personas ajenas al proyecto, ubicado en la parroquia cuencana de Molleturo, sacarían, sin autorización, el material rocoso que contiene oro y plata.

Ecuagoldmining, a cargo de esta concesión, se vio obligada a dejarla en mayo de 2018 por una resolución judicial.

Desde entonces, los trabajadores de esta firma que tiene capitales chinos no han logrado ingresar al campamento minero.

Ante ello, la minera presentó a inicios de este año una solicitud para comenzar conversaciones en buenos términos con el Estado. Mientras, un grupo de moradores de la parroquia Molleturo también denunció hace dos meses en la Fiscalía del Azuay, la presencia de supuestos mineros ilegales en las inmediaciones del campamento.

Carlos Morales, presidente del Gobierno Parroquial de Molleturo, aseguró que hay personas que están sacando el material mineralizado y que “entre esos están exobreros de la minera”.

En mayo de 2018, en la zona de almacenamiento de la concesión había cerca de 1 500 toneladas de material mineralizado, obtenido en el proceso de construcción del túnel de la mina.

Además, se quedaron los equipos que se emplearon para construir parte de esta infraestructura.

Según una denuncia presentada por la empresa concesionaria en la Fiscalía, los equipos fueron sustraídos en camiones a inicios de este mes por supuestos grupos de minería ilegal que operan en ese sector.

Esta es la segunda vez que Ecuagoldmining recurre a instancias judiciales. En octubre de 2019 pidió una investigación cuando los opositores de este proyecto quemaron el campamento al protestar en contra del alza de los combustibles.

Fernando Benalcázar, quien estuvo al frente del Viceministerio de Minas, expresó que en Río Blanco existen todas las características para que se desarrolle la minería al margen de la Ley.

Al momento, la Cámara de la Minería de Azuay mantiene conversaciones con la Gobernación y la Policía para que se retome el control en este territorio.

Patricio Vargas, presidente del gremio, manifestó que, en junio pasado, la Policía denunció que supuestos antimineros emboscaron a cinco uniformados, que patrullaban en el sector.

Mientras, Morales precisó que la minera Ecuagoldmining debe cumplir con las órdenes judiciales que impiden que reanude operaciones, así como se debe esperar los resultados de la consulta popular que se realizará más adelante en el cantón Cuenca, sobre las actividades mineras en zonas aledañas a las fuentes hídricas.

La disponibilidad de la empresa concesionaria para conversar es un paso previo a la presentación de un arbitraje en el que se insistiría en la falta de seguridad jurídica y del orden público para desarrollar sus actividades.

El perjuicio, según ha dicho la firma, es de USD 480 millones, por no poder operar en el proyecto y por el lucro cesante.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Ante los integrantes de la Comisión de Educación, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), Agustín Albán, aceptó que hubo ajuste presupuestario en las Universidades Ikiam, Yachay Tech, UNAE y Uniartes, pero justificó que se debe a la caída de ingresos fiscales, que afecta de manera directa en la liquidez de la caja fiscal.

Según Albán, en Yachay se redujo 1.7 millones de dólares, Uniartes 1.6 millones de dólares, Unae 1.1 millones de dólares e Ikiam, un millón de dólares, cuyos presupuestos en gasto corriente se encuentran financiados con recursos fiscales.

Una vez que las universidades emblemáticas cumplan el proceso de institucionalización, se establecerán mecanismos adecuados para que participen de la administración de recursos, tomando en cuenta lo que determina el artículo 24 de la Ley Orgánica de Educación Superior, anunció.

Los asambleístas plantearon algunas interrogantes a Albán, entre ellas, cuál va a ser el destino de las universidades Ikiam, Yachay, Unae y Uniartes, si no alcanzan a finalizar su proceso de institucionalización; si van a ser intervenidas por el Consejo de Educación Superior; la necesidad de buscar alternativas frente al recorte presupuestario.

El titular de la Senescyt respondió que se puede intervenir a las universidades en caso de que se queden acéfalas y las comisiones gestoras se hayan extinguido; es decir, no se cumplió el proceso para su institucionalización. El objetivo central es garantizar su funcionamiento, aseguró.

Sobre las denuncias respecto al manejo de becas, Albán indicó que en agosto de 2020 la Senescyt asumió la gestión y administración de las becas del extinto Instituto al Fomento de Talento Humano. Reconoció que, debido a la pandemia mundial y la crisis económica originada por esta, recién durante este mes recibió los recursos para realizar los desembolsos a las personas becarias.

Señaló que se han realizado pagos a becarios por 41.6 millones de dólares, durante 2020, a 9.291 becarios nacionales e internacionales, quedando un saldo pendiente de 41.7 millones de dólares por ejecutar. Precisó que los reclamos de los becarios se atienden por canales oficiales de la institución.

En cuanto a la reinserción laboral, indicó que existe una plataforma ensamble que sirve de enlace entre los becarios retornados y el sector público y privado. Permite a las empresas disponer de las hojas de vida para cubrir sus vacantes y a los becarios revisar las ofertas laborales.

Con el fin de ahondar en el tema, la comisión legislativa escuchó a Diana Medina, Juan Peralta, Diego Moya, representantes de la Asociación de Becarios (Abrec), quienes reclamaron que alrededor de 760 personas aún no han recibido sus pagos, las plataformas de trabajo son inoperativas, 21 estudiantes se graduaron y no han podido liquidar sus becas y que los datos expuestos por Albán son imprecisos.

Este funcionario contestó que se debe hacer un análisis profundo del costo-beneficio de las becas. El Estado invirtió 1.200 millones de dólares para capacitar a los futuros profesionales. El objetivo es insertarlos al mercado laboral, pero no se ha logrado a plenitud, por lo que habrá que hacer un estudio para corregir este particular.

Otro asunto de análisis fue el examen para el acceso a la educación superior, sobre el que Albán mencionó que para este proceso se inscribieron 188.944 personas, a nivel nacional. Dijo que no es verdad que se redujo 7 mil cupos de acceso a la educación superior, más bien existe un incremento del 14 % en relación con el período anterior; lo que significa 14.176 cupos más.

Explicó que el año pasado se cambió la ponderación del examen versus el récord académico. Con la implementación de este mecanismo, el 40 % corresponde al récord académico y el 60 % al examen de acceso. El 65 % de jóvenes tuvieron acceso a la educación superior.

Según Albán, el examen digital permite mayor seguridad, tomando en cuenta que hay una serie de candados que impiden al alumno cometer algunas irregularidades en las pruebas.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Con el respaldo del embajador de Israel en Ecuador, Zee Harel, el Grupo Interparlamentario de Amistad y Coordinación Recíproca de la Asamblea Nacional desarrolló el conversatorio virtual Modelo de desarrollo de Israel en la agricultura: soluciones, desafíos y cooperación internacional con Ecuador.

Evelyn Rosental, vicedirectora del Centro Internacional de Capacitación Agrícola MASHAV de la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo, presentó su ponencia en la que abordó temas relacionados con el avance agrícola en Israel, tomando en cuenta su ubicación geográfica, relieve y recursos hídricos.

La experta explicó que las principales limitantes para el desarrollo agrícola en ese país han sido el agua, los suelos y el mercado, ya que es un territorio relativamente pequeño y tan solo el 7 % de la población rural es agrícola. La mano de obra es limitada y actualmente trabajan en la tierra muchos tailandeses. Todas estas limitaciones han logrado que enfrenten sus desafíos, creen oportunidades y sean referentes a nivel mundial en innovación.

Rosental destacó que la fuerza que impulsa el desarrollo agrícola en Israel son los agricultores, la extensión agrícola, la industria agro-tecnológica y la investigación. Con el ejemplo del costo de 1 kilo de tomate de $2.00 y 1 kilo de semillas híbridas de $30.000, dejó ver la diferencia de costos y beneficios que se pueden generar trabajando mayormente en la exportación de agrotecnologías: fertilizantes, pesticidas y herbicidas, sistema de riego, semillas, plantines, plásticos, equipos, maquinaria y know-how.

Compartió que en Israel se trabaja para garantizar que el agricultor y su familia tengan una buena calidad de vida, a través de un sistema de apoyo impulsado por el Gobierno, con infraestructura y servicios para el productor; y, a pesar de que a esta actividad se dedica un porcentaje pequeño de la población (tan solo el 1.2 %), luchan para asegurar que haya suministro de alimentos para toda la población, a un precio justo.

Indicó que actualmente se promociona a la agricultura como forma de proteger al medio ambiente, ya que usa mucho de los desechos a través del compost, tratamiento de aguas residuales destinadas a la agricultura, que permite hablar de un mayor desafío: mantener a la comunidad rural en su espacio, para evitar que se movilice a la ciudad.

Ponderó que el fortalecimiento al sector rural se ha ejecutado a través de becarios ecuatorianos, que han realizado estudios en el MASHAV y han extendido ese aprendizaje en el país. Señaló que a raíz de la pandemia se ha brindado acompañamiento en capacitación virtual y que en Ecuador lo pueden solicitar a través de su embajada.

La representante del centro de capacitación motivó a los asistentes a pensar en agricultura con tecnología y dado que los costos de inversión son altos, dependiendo la producción, recomendó que el camino es la asociatividad, tomando el ejemplo de Israel, con los Kibutz y los Moshav.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Personal de la Policía Nacional decomisó en la parroquia Canoa, perteneciente al cantón San Vicente, norte de Manabí, 300 kilos de droga que fueron descubiertos en un camión.

Durante el operativo denominado “Darling”, cinco personas fueron detenidas. Algunas se encontraban en el interior del camión que fue retenido.

La acción policial impidió que la droga fuera a un centro de acopio en la comunidad Muyuyal, localidad de esa parroquia rural y posteriormente, fura enviada en lanchas rápidas hacia Centroamérica.

Los paquetes confiscados tenían logos de Lamborghini y LAM. También se retuvo una motocicleta y se decomisaron más de USD 1 200.

Las evidencias fueron ingresadas en cadena de custodia a la Jefatura de Investigación Antidrogas de la Zona 4.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.