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En Quito y Guayaquil se han movilizado pensionistas del ISSFA y del ISSPOL con el fin de solicitar a la Corte Constitucional la derogatoria de la Ley de Fortalecimiento a la Seguridad Social.

Los pensionistas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y del Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL) se concentraron en los exteriores de la Corte Constitucional, en el norte de Quito, con la finalidad de exigir la derogatoria de la Ley de Fortalecimiento a la Seguridad Social.

En Guayaquil, pensionistas del ISSFA e ISSPOl también se habrían movilizado pidiendo la derogatoria de dicha Ley de Fortalecimiento a la Seguridad Social de estas dos instituciones.

En su momento Ley de fortalecimiento a los regímenes especiales de seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía, pretendían crear equidad e igualdad.

A los cuatro años el pago de pensiones, depende directamente de casi 35 mil uniformados activos. Hubo el atraso por parte del Gobierno varios días a fines de 2019 e inicios de febrero de 2020. Los pagos los realizó mediante una operación con la compra de papeles del Estado.

En la actualidad el Gobierno le debe más de 319 millones de dólares al ISSFA. El sistema de pensiones cubre a 230 mil personas en el país.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

El papa Francisco aprobó las uniones civiles entre personas del mismo sexo por primera vez como pontífice mientras era entrevistado para el documental “Francesco”, que se estrenó este miércoles 21 de octubre en el Festival de Cine de Roma.

El apoyo papal aparece a mitad de la película, que profundiza en los temas que más interesan a Francisco, como el medio ambiente, la pobreza, la migración, la desigualdad racial y de ingresos y las personas más afectadas por la discriminación.

“Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios”, dijo Francisco en una de sus entrevistas para la película. “Lo que debemos tener es una ley de unión civil. De esa manera están legalmente cubiertos”.

Cuando era arzobispo de Buenos Aires, Francisco apoyó las uniones civiles para parejas gay como alternativa al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero jamás se había pronunciado a favor de las uniones civiles desde su elección como papa.

El sacerdote jesuita que más se ha esforzado por tender puentes hacia los gays en la Iglesia, el padre James Martin, elogió las declaraciones del pontífice como “un gran paso adelante en el apoyo de la iglesia a la comunidad LGBT”.

“El pronunciamiento del papa a favor de las uniones civiles también es un mensaje enérgico para los lugares donde la Iglesia se ha opuesto a esas leyes”, dijo Martin en un comunicado.

Uno de los personajes principales del documental es el chileno Juan Carlos Cruz, una víctima de abusos sexuales del clero a quien Francisco desacreditó inicialmente durante una visita a Chile en 2018.

Cruz, quien es gay, dijo que durante sus reuniones iniciales con el papa en mayo de 2018 Francisco le aseguró que Dios lo había hecho gay. Cruz relata retazos de su historia a lo largo del filme, en una crónica de la evolución del pensamiento de Francisco acerca del abuso sexual y a la vez de sus posiciones sobre los gays.

Fuente: Ecuavisa, Republica del Banano.

Ante los roces entre Petroecuador EP y la empresa privada Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) por el monto a cobrarse por cada barril transportado, la Contraloría General del Estado examina lo sucedido con el contrato de transporte de crudo n.º 2018529 firmado el 9 de noviembre de 2018.

La estatal petrolera estaría adeudando, desde abril de 2020, más de USD 18 millones, debido a que funcionarios medios e incluso el exgerente de la entidad consideraron que se debía pagar una tarifa menor a la de USD 2, que se venía cancelando desde noviembre de 2018. La tarifa que las anteriores autoridades consideraban correcta era de USD 1,40.

Luego de la salida de Pablo Flores de la gerencia de Petroecuador, el actual ministro de Energía, René Ortiz, dispuso al nuevo gerente, Ricardo Merino, que proceda al pago de USD 2.

La diferencia de criterios se da porque en el contrato existe una cláusula que indica que la tarifa cobrada será de USD 2 o la menor que cobre OCP a cualquier cliente, en cualquier momento.

Petroecuador aseveró que, en 2017, OCP cobró a uno de sus clientes USD 1,40, por lo que esa sería la tarifa menor y no USD 2.

Mientras, el Ministerio de Energía consideró que la tarifa menor debe tomarse en cuenta desde la firma del contrato y no de manera retroactiva.

Ante este cruce de opiniones, el 5 de octubre la Contraloría dispuso que un equipo de la institución realice un examen especial a los procesos precontractual, contractual y de ejecución del Contrato de Prestación de Servicio Público de Transporte de Petróleo Crudo. La auditoría revisará el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 29 de septiembre de 2020.

Con esta acción, la Contraloría pretende verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normativa aplicada.

Además, los técnicos se concentrarán en comprobar si se cumplieron las cláusulas contractuales, así como la legalidad, propiedad y veracidad de los pagos efectuados.

El ente de control tiene previsto terminar su trabajo en 120 días, es decir en febrero de 2021 cuando ya se cuente con el informe final.

Mientras, OCP reiteró que el contrato con Petroecuador fue suscrito en 2018 y que ha respetado el acuerdo en el que se fijó una tarifa preferencial de USD 2 o la tarifa más baja que la compañía cobre a sus otros clientes. En este punto la empresa dijo que no ha cobrado a ninguno de sus clientes una tarifa más baja.

La compañía señaló que está dispuesta a colaborar con las autoridades en el marco de sus atribuciones, incluyendo la información que se requiera.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Hasta encontrar un mecanismo que garantice las medidas de seguridad sanitarias, Ecuador prefiere mantener cerradas sus fronteras con Colombia y Perú.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó que dependemos también de las decisiones que tomen los países vecinos, sobre todo, Perú que ha tenido una duración de su pandemia y de los contagios mucho más prolongada que la nuestra.

En relación a Colombia dijo que las restricciones a causa de la pandemia se han extendido mucho más allá que las nuestras.

El pasado sábado, el presidente colombiano Iván Duque aseguró que su Gobierno analiza reabrir su frontera terrestre con Ecuador a partir del 1 de noviembre, una vez que ha permanecido cerrada desde el 18 de marzo.

Ese día Duque expresó que ha mantenido conversaciones previas con su homólogo ecuatoriano Lenín Moreno para coordinar una reapertura del puente de Rumichaca.

Incluso, señaló que esta semana esperaba tener una teleconferencia con el equipo ecuatoriano para analizar este tema.

Pese a ese anuncio, Romo puntualizó que “no hay una fecha para la apertura todavía”, pero que se está trabajando en ello.

Uno de los obstáculos es una petición del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Tulcán, fronteriza con Colombia, que ha pedido que el cierre se prolongue por un mes más.

La secretaria de Estado dijo que se considera este pedido en razón de que se busca evitar la propagación del virus.

Si bien Ecuador fue uno de los primeros países de la región en abrir sus fronteras aéreas, con las terrestres es más complicado el control en materia de bioseguridad.

Pese al cierre, se aclaró que el tráfico comercial no se ha suspendido, pero en cuanto al tránsito de personas sostuvo que aún se analiza qué tipo de exámenes se pedirán, así como los síntomas que se revisarán.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

El exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, no tendría ninguna responsabilidad penal en el contrato de adjudicación del campo Singue, al menos, así lo afirmó su abogado Miguel Revelo.

La defensa de Pareja aseguró que en la Décima Ronda Petrolera se adjudicaron seis campos más con resultados exitosos para el Estado y aseveró que con el caso Singue existe una persecución en contra de su cliente.

El 30 de abril de 2012, la Secretaría de Hidrocarburos y el consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda. y la firma Gente Oil Development LLC (DCG) suscribieron un contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación del Bloque Singue, dentro de la Décima Ronda Petrolera.

Para la Fiscalía, durante la adjudicación del contrato, se habrían cometido irregularidades. Incluso, la Contraloría efectuó un examen en el que se determinaron indicios de responsabilidad penal.

El ente de control indicó que existió un perjuicio al Estado debido a la incorrecta definición de la tarifa para la empresa beneficiaria del contrato (consorcio DGC) por cada barril de crudo extraído del campo.

A esto se sumó la inobservancia de varias inconsistencias en la oferta presentada que debieron ser causales para descalificar a la oferente.

Asimismo, la Fiscalía determinó que el perjuicio al Estado sobrepasaría los USD 28 millones.

Pese a este antecedente, Revelo insistió que no hay un perjuicio para el Estado ni con las pruebas de Fiscalía ni de la Procuraduría, como acusador particular.

Sostuvo que la tarifa se negocia precautelando los intereses del Estado y añadió que el contrato sigue vigente.

Explicó que la adjudicación del campo se hizo con 2 millones de reservas.

A la postura de Revelo, se sumó la de su defendido, Carlos Pareja Yannuzzelli, quien ayer tuvo la oportunidad de comparecer durante la audiencia de juicio que se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia ante el Tribunal integrado por los jueces Iván León, Javier de la Cadena y José Layedra, que escucha la presentación de pruebas de los 15 procesados en este caso por peculado.

Pareja manifestó no haber cometido ningún delito ni de acción ni de omisión.

Reiteró que no participó en la negociación de la tarifa y que una comisión negociadora fue la encargada de verificar si la tarifa era o no favorable para el Estado.

Agregó que el informe fue entregado al ministro Wilson Pástor (procesado) con la recomendación de la adjudicación.

En la diligencia, Revelo también pidió que se incluya al proceso, el acuerdo de cooperación eficaz de su defendido.

Entre los 15 procesados, a más de Pareja y Pástor, están Silvana Pástor, el exvicepresidente Jorge Glas, los exfuncionarios públicos Lorena Espinoza, Julio Cárdenas, Milton Jiménez, José Burgos, Alfredo Fabián Herrera, René de Mora, Aníbal Cazar, Juan Francisco Silva, Humberto Andrade, César Guerra y Gustavo Donoso.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

La mesa parlamentaria de Participación Ciudadana concluyó la revisión del articulado del proyecto de Ley de Extinción de Dominio, con miras a la elaboración del informe para segundo debate.

El miércoles 21 de octubre culminarán las comparecencias, con la presencia, vía telemática, de las autoridades del Consejo de la Judicatura. Luego, los comisionados pulirán el informe para segundo debate

Según adelantó el presidente de la Comisión, Raúl Tello, antes de la votación al interior de la mesa, el texto será socializado con los jefes de bancada y el presidente del Legislativo, para evitar inconvenientes al llegar al Pleno.

Los integrantes de Participación Ciudadana analizaron los artículos 58 y 59 sobre la funciones del director general del Servicio de Administración de Bienes o Activos Especiales y las competencias del Servicio de Administración de Bienes o Activos Especiales.

Sobre el artículo 60, que se refiere a la monetización, la asambleísta Mae Montaño propuso la creación de un fondo especial, para que los recursos obtenidos por extinción de dominio sean ahí depositados, para evitar que vayan al “saco roto”, del Presupuesto General del Estado, según señaló. Sugirió mayor participación de la ciudadanía para que haga un control social sobre estos recursos.

Pabel Muñoz, sobre el mismo asunto, planteó que se deben aclarar los elementos para la creación del fondo, sus características y administración, evitando que se considere una preasignación.

En relación con el destino de los recursos producto de la monetización, artículo 61, se debatió el empleo de estos. En el artículo 62, respecto a bienes sujetos a destrucción, la mesa técnica de la Comisión sugirió mantener el texto del primer debate.

Sobre el artículo 63, reglas de administración provisional, la mesa recomendó ratificarse en el texto de primer debate, debido a que la finalidad es la monetización. En el artículo 64 reglas de administración definitiva y respecto al gasto de la administración de bienes (artículo 65) los parlamentarios ratificaron el texto inicial. El análisis de los artículos culminó con el número 66, referente a devolución de bienes y activos.

Los asambleístas acordaron que se acojan varias observaciones de la Fiscalía General del Estado y la Corte Nacional de Justicia, con el fin de mejorar el contenido de los textos, solventar algunos nudos críticos y pulir la redacción.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

El martes 20 de octubre de 2020 un grupo de ex trabajadores de la aerolínea TAME EP en liquidación, presentó realizaron un plantón para exigir el respeto de sus derechos laborales el pago de sus indemnizaciones.

Además presentaron una acción de protección en el Complejo Judicial Norte en Quito, en reclamo de su jubilación patronal.

El documento de acción de protección, según la página web de la Función Judicial, se dirige en contra del representante legal y liquidador de la empresa TAME, Roberto Córdova y de la Procuraduría General del Estado.

Los extrabajadores también realizaron un plantón en las afueras de las instalaciones de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), al norte de la urbe, exigiendo que se cancelen las liquidaciones a todos los trabajadores.

Según declaraciones de los ex empleados, 930 trabajadores salieron y a casi 700 aún no les han pagado las liquidaciones.

En mayo de 2020, el Gobierno anunció la liquidación de la aerolínea TAME debido a las pérdidas de más de $300 millones que acumuló en los últimos años.

Desde ese mes, los perjudicados han realizado varias concentraciones.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

En Cumandá, un cantón de la provincia de Chimborazo, se registró un temblor de 3,52 grados en la escala de Richter, este 20 de octubre. Así lo confirmó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional en sus cuentas oficiales.

Este sismo aconteció a las 13:11 de este martes 20 de octubre y su epicentro tuvo una profundidad de 3,78 kilómetros.

Los datos del Geofísico, hacen referencia a que el epicentro del temblor fue a 9,63 kilómetros del cantón Cumandá, en el sector sur oeste de la provincia de Chimborazo.

Según algunos usuarios de redes sociales reportaron haber sentido el movimiento telúrico de forma leve en la ciudad de Guayaquil y El Triunfo.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Para diciembre o marzo podrían llegar entre $500 millones y $1.000 millones, a través de endeudamiento, anunció el gerente del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), Diego Burneo.

En entrevista con diario El Universo, el funcionario adelantó que se busca traer liquidez a la economía, a través del endeudamiento, tal como permiten las recientes resoluciones 605 y 606 de la Junta de Regulación de la Política Monetaria y Financiera.

Burneo explicó que el Biess no tiene permiso para invertir en el exterior, sino para traer liquidez e invertir en la economía nacional. Reconoce que todo lo decidido por la Junta tiene como objetivo que el Biess pueda traer dinero del exterior, tanto a través de préstamos colateralizados o titularizaciones.

Ante los cuestionamiento de que las resoluciones de la Junta serían una puerta al endeudamiento, que nunca había pasado con el Biess, y si este hecho es un síntoma de lo mal que estamos, Burneo respondió que hay que tener cuidado en la interpretación.

Para este funcionario, la posibilidad que tiene el Biess de endeudarse es lo que toda banca de inversión hace. No tiene sentido quedarse sentado en la cartera, sin moverla. Eso es perder plata. Lo que se puede hacer, con los cuidados y todo el control del mundo, es endeudarnos y luego entregar créditos. Actualmente una empresa si va a un banco puede tener financiamiento al 12 % o 13 %, pero si va al mercado de valores podría hacerlo en 8 % o 9 %. El círculo virtuoso que estamos construyendo es que, si el Biess invierte en empresas del sector real, genera trabajo, eso incrementa el número de afiliados. Las aportaciones mejoran y esto genera mayor inversión para cubrir el balance actuarial a futuro. No queremos poner en riesgo al banco del IESS, manifestó.

Sobre las dificultades para conseguir tasas convenientes afuera, considerando el riesgo país que tenemos, Burneo aseguró que han estado en conversaciones con la banca internacional, comercial y de inversión. Admitió que existe el escenario de que nos digan ustedes tienen riesgo soberano, y en ese caso la viabilidad de conseguir el dinero es cero. Pero el Biess tiene un portafolio de $20.400 millones, que tiene 0 deuda. Es una condición muy especial. Aun con una sobrecolateralización (entrega de garantías) de 125 % o 130 %, consigo efectivo y salgo a invertir. Sobre su pregunta de si hay alguien que nos quiera prestar a tasa moderada, le digo que sí, señaló.

Burneo dijo que por confidencialidad aún no puedo indicar nombres, pero sí explicar el escenario: Donald Trump ha hecho anuncios de que va a poner $2,4 trillones en la economía. Imagínese cuántos fondos y bancos van a dejar de prestar a las empresas americanas, porque ahora el Gobierno de EE. UU. presta al 2 % y a 25 años. Ahora hay fondos de terceros que van a están superlíquidos, y no pueden prestar la plata. La gente en ese tipo de escenarios busca en dónde invertir. Ellos regresan a ver y encuentran la opción del Biess con el que podrían tener unas inversiones al 7 % con un importante respaldo o colateral, sostuvo.

El ejecutivo ofreció cancelar el 40 % de la contribución de las pensiones, que por ley le corresponde, en dos partes: $600 millones en efectivo y $800 millones en bonos. Burneo espera que el pago de $600 millones evitaría, dependiendo en la fecha que llegue ese flujo, que el Biess deba desinvertir los fondos para poder pagar las pensiones con normalidad. Admite que los $800 millones en bonos irían a acrecentar el portafolio. No se está desinvirtiendo para comprar bonos, sino que es un pago extra, a su entender. Por ley, el Banco puede invertir hasta 75 % de su portafolio en bonos del Estado, pero el plan de la entidad es no pasar de un 45 % máximo, indicó.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

El Tribunal, integrado por los jueces Iván León, Javier de la Cadena y José Layedra, reinstaló la audiencia de juicio del caso Singue para escuchar la intervención de las defensas técnicas de los 15 procesados por peculado.

En este séptimo día, los abogados continuarán con la presentación de su prueba.

Desde ayer los procesados a través de sus defensas empezaron con la presentación de sus alegatos, debido a que la semana anterior el fiscal subrogante Wilson Toainga mostró su prueba testimonial y documental con la que sustentó su tesis de que hubo peculado en la adjudicación del contrato de exploración y explotación del campo Singue.

Los hechos se habrían registrado el 30 de abril de 2012 cuando la Secretaría de Hidrocarburos y el consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda. y la firma Gente Oil Development LLC (DCG) suscribieron un contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación del Bloque Singue, dentro de la Décima Ronda Petrolera.

Para la Fiscalía, durante la adjudicación del contrato, se habrían cometido irregularidades, sobre todo, porque la Contraloría efectuó un examen en el que se determina indicios de responsabilidad penal.

El ente de control indicó que existió un perjuicio al Estado debido a la incorrecta definición de la tarifa para la empresa beneficiaria del contrato (consorcio DGC) por cada barril de crudo extraído del campo.

A esto se sumó la inobservancia de varias inconsistencias en la oferta presentada que debieron ser causales para descalificar a la oferente.

Además, la Fiscalía determinó que el perjuicio al Estado sobrepasaría los USD 28 millones.

En una línea de tiempo presentada en su cuenta de Twitter por la Fiscalía se recordó cómo se dio todo este proceso.

La entidad señaló que el 13 de marzo de 2019 empezó la instrucción fiscal y se formularon cargos contra 10 personas y para el 10 de junio de ese mismo año 5 personas más fueron vinculadas. Ellas son el exvicepresidente Jorge Glas, los exministros Carlos Pareja Yannuzzelli y Wilson Pástor, la hija de este último, Silvana Pástor, además de los exfuncionarios públicos Lorena Espinoza, Julio Cárdenas, Milton Jiménez, José Burgos, Alfredo Herrera, René de Mora, Aníbal Cazar, Juan Silva, Humberto Andrade, César Guerra y Gustavo Donoso.

Ayer, como parte de sus defensas técnicas, los procesados Carlos Pareja Yannuzzelli y Lorena Espinoza brindaron datos sobre su participación en la negociación del campo.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.