#FlashBananero| “Insisto: Trujillo, cómplice de Moreno (jamás investigó INA papers), va a apresurar el ESCANDALOSO nombramiento de Diana Salazar (funcionaria de Moreno y la peor nota en examen escrito) como fiscal general, para tratar de parar investigación de INA papers. Corrupción por doquier.”, afirmó el Ex mandatario Rafael Correa en su cuenta de Twitter.
“Queremos proponer que las cosas que hemos hecho no puedan ser revisadas por quienes vayan a sustituirnos en el cargo”, expresó el titular del CPCCS-T
El Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), Julio César Trujillo, se refirió a la posibilidad de plantear una reforma Constitucional por medio de una Consulta Popular, con la finalidad de que una vez que abandonen el cargo, sus actuaciones como autoridades transitorias no puedan ser revisadas por quienes los reemplacen. De la misma manera, señaló que las facultades que tiene el Consejo Transitorio muchas veces se ven limitadas; ya que, incluso quisiera cesar a los asambleístas.
Trujillo explicó que el Consejo de Participación Transitorio y el Contralor subrogante Pablo Celi han planteado como posibilidad el proponer una Consulta Popular para que las personas que los sucedan en sus cargos no puedan revisar sus acciones como transitorios: “Estamos pensando en proponer una reforma constitucional a través de una Consulta Popular, en la que se introduzcan muchas cosas, entre otras, que las cosas que hemos hecho no puedan ser revisadas por quienes vayan a sustituirnos en el cargo”.
De la misma manera, indicó que otra de las reformas que propondrían será la eliminación del CPCCS, ya que, en su opinión personal este organismo debería ser eliminado junto con otras instituciones en el país: “Personalmente creo que el Consejo del cual formo parte debe desaparecer, como debe desaparecer muchas instituciones innecesarias en el Ecuador. Todo eso constará en una propuesta que haremos, estamos recogiendo material, experiencias y sugerencias”.
El Presidente del Consejo de Participación también cuestionó el accionar de Correa mientras estuvo al frente del país y señaló que aunque él se jacta de haber introducido los derechos de la naturaleza en la Constitución del 2008, no los respetó: “Correa dijo que introdujo los derechos de la naturaleza en la Constitución, pero no los respetó y los tropelló torpemente, porque a más las cosas que hacía eran torpes, porque era un hombre sin mayor cultura. Me extraño que haya vivido cinco años en Europa y no entendió lo que es la democracia Europea”.
En este mismo contexto, indicó que el Exmandatario creía que podría seguir manejando el país a su antojo y no se esperó que el Presidente Moreno denuncie todos los actos de corrupción del Gobierno anterior: “Correa nunca pensó que Moreno era honrado, porque creía que era tan cómplice como él, pero, Moreno demostró que no había sido cómplice y al subir al poder se encontró con una vergüenza que era el Ecuador”.
Para concluir su intervención, Julio César Trujillo criticó fuertemente las denuncias de corrupción que han estallado en el interior de la Asamblea Nacional y manifestó que si estuviera en sus facultades destituir a los legisladores lo haría: “Desgraciadamente los legisladores están fuera de nuestra competencia, no podemos cesarlos. A ratos creo que querían acortarnos las alas o cortarnos el vuelo en algunos campos, porque me siento limitado en las facultades que tengo, especialmente ante las expectativas del pueblo ecuatoriano, no puedo hacer todo lo que el pueblo quiere y yo quisiera”.
(PF)
Fuente: Radio Democracia – Cuenta de Twitter Tere Menéndez – Ecuadorinmediato – Republica Del Banano
Pide transparencia en procesos del organismo
En rueda de prensa, los miembros de Veeduría por la Democracia criticaron el accionar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición (CPCCS-T). Advierten inconsistencias en la nominación de los encargados del Consejo Nacional Electoral (CNE)
A las 9:30am de hoy, la Supervisión Ciudadana por la Democracia convocó a una rueda de prensa en la Unión Nacional de Periodistas para abordar el tema de transiciones que lleva a cabo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición (CPCCS-T).
César Ulloa, coordinador de la Veeduría, informó que existen inconsistencias en la nominación de los encargados del Consejo Nacional Electoral, por lo cual la comisión pide transparencia en los procesos llevados a cabo por el CPCCS.
“Nosotros hemos sido testigo de la manera en que a través de una figura de encargo, que por cierto no fue contemplada dentro del anexo 3, se ha cometido una serie de acciones que no contribuyen en ningún momento a un proceso de transición saludable a la democracia”, aseguró Ulloa refiriéndose a la asignación del encargado al Consejo Nacional Electoral, en donde no se hicieron públicos los criterios para escoger a la persona encargada.
Durante su intervención, Mauricio Alarcón, miembro de la veeduría afirmó: “el país no aguanta más que las autoridades de control se conviertan en un botín político, necesitamos transparencia en los procesos de asignación de autoridades, hay una Constitución vigente y hay reglas vigentes que tienen que ser respetada”.
Por su parte, María Dolores Miño, también integrante de la veeduría señaló que la Corte Constitucional no puede permanecer tanto tiempo sin autoridades.
Hay que recordar que en el mes de junio 2018, la Veeduría realizó un primer informe acerca de las funciones y decisiones tomadas por el CPCCS – T. En el informe, Ulloa señaló que era necesario cuidar detalles para que no existan vacíos en sus resoluciones y designaciones.
En aquel entonces los veedores mostraron su preocupación con la designación de los 23 fiscales provinciales que hicieron los vocales encargados del Consejo de la Judicatura. Ulloa recordó que los vocales encargados de la Judicatura fueron designados por el CPCCS el 19 de junio y el 22 junio, es decir, tres días después, nombran a los fiscales temporales.
FUENTE: Pública FM – TW CORAPE – Sonorama
Un documento interno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición (CPCCS-T) revela una supuesta agresión de dos funcionarios cesados en sus cargos en contra de otro, quien se prestaba a posesionar a la nueva autoridades. Según revela el funcionario, fue agredido física y verbalmente al tratar de aplicar una decisión del titular de la entidad, Julio César Trujillo.
A través del memorando Nro. CPCCS-SNTH-2018-0878-M, el Subcoordinador Nacional de Talento Humano, Giovanny Ortiz, le cuenta los hechos suscitados al interior del Consejo de Transición el pasado 3 de septiembre a Eduardo Mendoza, presidente Subrogante de la entidad.
Inicia el relato, mencionando que el 31 de agosto pasado, Julio César Trujillo notificó a Carlos Arteaga la terminación del nombramiento de libre remoción en el cargo de Subcoordinación Nacional de Gestión Administración.
El 1 de septiembre fue designada la Dra. Amparito de las Mercedes Berni Pinto en calidad de Subcoordinadora Nacional de Gestión Administrativa.
‘Conforme a la disposición emitida desde la Presidencia del CPCCS, el día de hoy (3 de septiembre) acudí a las oficinas de la Coordinación Nacional de Gestión Administrativa Financiera junto a la Dra. Amparito Berni Pinto para la posesión en el referido cargo y posterior presentación ante el equipo de trabajo’, relata.
Cuenta que la presentación de la nueva autoridad se inició ante Jorge Muñoz, Coordinador General Administrativo Financiero, quien estuvo acompañado de Carlos Arteaga, ex Subcoordinador.
‘Dirigiéndose a mi persona a viva voz, desconoció el Memorando Nro. CPCCS-CPCCS-2018-0428-M de 31 de agosto de 2018 tanto en el contenido como en la firma y acusándole a la señora Noemí Mogollón, Asesora de Presidencia que: “Es acostumbrada a realizar así las cosas”; y dirigiéndose a mi persona en los siguientes términos: “Usted con los de arriba hace lo que le dicen; que él no acata la decisión del Dr. Trujillo y que el lunes va a conversar con él para hacerle cambiar de opinión, así como ya una vez le hizo cambiar de opinión en la comisión suya.. Además, indicó que el recibirá el informe de gestión y qué nadie más va a recibir lo que entregue el Subcoordinador saliente’, relató.
Ortiz asegura que le respondió que como Subcoordinador Nacional de Talento Humano, está dando cumplimiento a la disposición de Trujillo y trató de presentar a la nueva Subcoordinadora a los servidores del área, pero no lo logró.
‘El Dr. Jorge Muñoz, ingresó a la oficina de manera abrupta, alevosa y premeditando una acción conflictiva; en donde les dijo a los servidores que “no hagan caso de lo que se diga y no se reconozca a la nueva Subcoordinadora” desconociendo la designación efectuada por la autoridad nominadora; y, comenzando a agredirme verbalmente con un vocabulario soez, sin respetar que había mujeres en ese momento y, de forma alevosa incitándome a la agresión física, inclusive expresando delante de los presentes que soy un “sinvergüenza”, por lo que le conteste “¿cuál sinvergüenza, pues?” ante lo cual el señor Muñoz procedió a desafiarme a los puños fuera de las oficinas, interviniendo con el mismo desafío el señor Carlos Arteaga el cual replico con la misma actitud’, afirmó.
Asegura que, durante este hecho, ‘Carlos Muñoz, me profirió una patada en mi cuerpo y el señor Carlos Arteaga, lanzó un puño el cual le rozó el pómulo derecho de la nueva Subcoordinadora, quien se interpuso entre los agresores y mi persona a fin de evitar la totalidad de la agresión física que fui objeto por parte de los referidos servidores dentro de la institución y en presencia de los servidores’.
Ante ello, pidió que se aplique lo estipulado en la LOSEP y anunció que se reserva el derecho de seguir acciones civiles y penales.
Ecuadorinmediato se contactó con el Departamento de Comunicación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para conocer la versión de la entidad sobre los hechos, sin embargo, hasta la hora de la publicación de la nota, seguíamos a la espera de concretar una entrevista con un vocero.
Ecuadorinmediato y Republica Del Banano
Ayer fue la primera vez que se pudo observar a los jueces de la Corte Constitucional (CC) respondiendo preguntas sobre el ejercicio de sus funciones. Pero también advirtiendo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) de transición no tendría competencia para evaluarlos.
Ellos asistieron al CPC a defenderse de un informe de evaluación que cuestiona desde cómo fueron elegidos hasta una presunta falta de probidad por ser parte de investigaciones, aún reservadas, en la Fiscalía.
Las comparecencias orales se dividieron en dos jornadas. En la mañana, Pamela Martínez, Roxana Silva, Tatiana Ordeñana, Marien Segura y Francisco Butiñá. En la tarde, Ruth Seni, Manuel Viteri, Wendy Molina y Alfredo Ruiz, presidente de la CC.
Martínez sorprendió con su ausencia. Mandó un escrito para que se lea a “viva voz” que no se “prestará para el juego político que sugiere su proceder de evaluar jueces constitucionales y luego a la designación directa y sin concurso previo de nuevos jueces”.
El presidente del CPC, Julio César Trujillo, respondió que con el voto de seis de sus colegas se definió que son competentes para evaluarlos.
Y con el argumento de Martínez coincidieron los evaluados: que el Consejo no puede fiscalizarlos y menos cesarlos.
Ordeñana dijo que ellos carecen de competencia, pues eso no consta en el anexo 3 de la consulta popular del 4 de febrero. Consideró que este mandato establece que solo puede evaluarse a las autoridades designadas por el CPC cesado. Y la Corte fue designada por una Comisión Calificadora.
Negó que haya existido un conflicto de intereses en su designación, como se cita en el informe. Esto porque Ordeñana fue vocal del primer Consejo de Participación, que designó en el 2012 a la Comisión Calificadora, que a su vez designó a la CC, en la que ella fue elegida.
Alegó que ella renunció al CPC el 5 de noviembre de 2012 y se posesionó como jueza el 6 de noviembre del mismo año, pero que en ese tiempo no cobró doble sueldo o ejerció dos funciones. El consejero Pablo Dávila la increpó. Le recordó que su renuncia fue aceptada el 8 de noviembre. Es decir, ya estaba en funciones en la Corte.
Segura, en cambio, reiteró que llegó a ser jueza como una ‘ciudadana de a pie’, que representaba a un sector de minoría como la afroecuatoriana.
Tomó un micrófono y se levantó en medio del salón para explicar por qué hay dos sentencias del caso del ingenio Aztra. No sabe qué ocurrió para que la Secretaría de la CC le haya sorteado este proceso, pese a que ya hubo una sentencia en el 2011, y ella emitió una nueva en el 2018. “No podemos correr con las culpas de todos los funcionarios. Presenté un informe al presidente de la CC, y eso pasa de mis manos”.
A su turno, Butiñá enumeró los cargos que ha ocupado desde el gobierno de Sixto Durán-Ballén hasta el de Rafael Correa, con ello negó que sus actividades hayan sido ‘exclusividad’ del de Correa, y que haya sido adherente de AP.
En la tarde, en la presentación de los jueces Wendy Molina y Alfredo Ruiz, estos alertaron de que la acusación que les hace el informe de evaluación de que son ilegítimos en el cargo podría afectar al Estado con demandas hasta internacionales, por “aquellos que no han sido beneficiados” por sus sentencias.
La jueza Ruth Seni y el consejero Xavier Zavala no asistieron a esta audiencia. (I)
Con información de El Universo y Republica Del Banano
Titular del Consejo Nacional Electoral envió un informe al Consejo de Participación Transitorio
Nubia Villacís, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), difundió la página 11 del informe de gestión presentado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T). En la misma asegura que si no sería legal su gestión los miembros del CPCCS-T estarían “ilegítima e ilegalmente arrogándose funciones”.
La página 11 de este informe Villacís dice “Si no fuese legal y legítima mi gestión, primero como Consejera, luego como Vicepresidenta y ahora Presidenta de la Función Electoral, ustedes señores miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, estarían ilegítima e ilegalmente arrogándose funciones puesto que ustedes son producto del Referéndum y Consulta Popular llevado a cabo el 4 de febrero del 2018, cuando estaba prorrogada en funciones”.
Esto responde a las múltiples afirmaciones del Consejo de Participación Transitorios sobre supuestas violaciones del ordenamiento jurídico. En el texto dice que hay una aseveración de que “…la violación normativa para la configuración del Consejo Nacional Electoral, provocó que actualmente funcione en un estado de desinstitucionalización…”, para Villacís esto llevaría a pensar que “durante todos estos años hemos actuado en forma ilegítima, ilegal e inconstitucional lo que conllevaría nulidad de todas las elecciones que se han realizado por parte de este Consejo Nacional Electoral, creando un caos en la estructura del Estado, a nivel nacional”.
La página 11 finaliza recalcando que si fuese cierta la aseveración del Consejo de Participación Transitorio, y recalca Villacís, “ustedes señores Consejeros, serían también inconstitucionales, ilegales e ilegítimos, y por supuesto sus decisiones, resoluciones, y en general sus actuaciones carecerían de sustento constitucional y legal”.
Fuente: Consejo Nacional Electoral/ Ecuadorinmediato
Titular de Superintendencia de Ordenamiento Territorial deberá presentar informe de su gestión
El Consejo de Participación Ciudadana y Control social Transitorio (CPCCS-T) este miércoles 13 de junio decidió iniciar el proceso de evaluación a Fernando Cordero, titular de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. El funcionario deberá presentar un informe sobre su gestión hasta el próximo 22 de junio.
Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Transitorio, se ha referido públicamente a que esa Superintendencia debe desaparecer. Cordero se opuso a la creación del Consejo, en la consulta popular hizo campaña por el no. El funcionario también fue presidente de la Asamblea Nacional y ministro de Defensa en el gobierno anterior.
En esta evaluación la ciudadanía podrá presentar denuncias y reclamos en contra de Cordero hasta el próximo miércoles 20 de junio. Este informe deberá contener toda la información desde que fue posicionado en el cargo.
Asimismo se aprobó la evaluación para los representantes de los jubilados y afiliados en el directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess). Gabriela Robalino, por los afiliados, y Luis Cazar, por los jubilados, tienen siete días para presentar sus informes de gestión
Fuente: Consejo de Participación Ciudadana/ El Comercio/ Ecuadorinmediato y Republica Del Banano
“No me obligue a usar la fuerza pública para reducirle al sitio que le corresponde!”, es la reciente frase que inquietó a la opinión pública y con la que Julio César Trujillo regañó a Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), por no querer sentarse en una audiencia pública en la que se defendía de un informe que evaluó su gestión y que terminó cesándolo del cargo.
A sus 87 años, Trujillo es osado para expresar su indignación y coraje frente a la presunta corrupción que se había fomentado en el gobierno de Rafael Correa: “No hay institución en la que no hayan robado”, se arriesgó a advertir en una entrevista.
En 1984 quiso ser presidente de la República, pero solo tuvo un 4% de los votos de la época (unos cien mil). Treinta y cuatro años después preside el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) de transición, ejerce el poder de sacar a las máximas autoridades de entes públicos basado en el mandato de la consulta popular y un 60,2% de la población cree en su palabra, reporta una encuesta de Cedatos divulgada el 8 de mayo pasado.
Nació en Ibarra (Imbabura) en 1931. Su padre fue un artesano que trabajó en la agricultura, y su madre, comerciante. Luego de alcanzar el bachillerato migró a Quito con el sueño de ser piloto, pero estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de la que llegó a ser decano.
Un hombre fiel a la doctrina católica, y casado con Martha Troya, se inició en la política en los años 70 en el Partido Conservador, por el que fue diputado por tres ocasiones. Se separó años más tarde, para unirse a la Democracia Popular (DP), pero también se alejó.
“Julio César es mi amigo”, dice Francisco Rocha, director de la Asociación Ecuatoriana Editora de Periódicos (Aedep), quien lo acompaña desde la creación de la DP.
Tantos años de conocerlo, sabe que cuando Trujillo se enoja, su rostro se pone rojo por su tez blanca. Recuerda que en la campaña de 1984, recorrían el país con la propuesta de que un “Ecuador mejor, es posible”. En Manabí, la gente se enteró que le gustaban los bollos de pescado. “En cada lugar que visitamos nos regalaron comida, y llegamos a comer ¡14 bollos!”, cuenta Rocha entre risas.
En 1998 fue legislador constituyente por el movimiento Pachakutik. Su imagen reapareció en la vida pública en el 2015, cuando fue invitado a ser parte de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), que impulsó el movimiento sindical del Frente Unitario de Trabajadores (FUT).
Junto a Jorge Rodríguez, María Arboleda, Isabel Robalino, Simón Espinosa, Ramiro Román, Germán Rodas, Byron Celi, Fernando Vega, impulsaron investigaciones a las obras estratégicas del régimen correísta.
En febrero del 2016 presentaron una denuncia en la Fiscalía por un supuesto sobreprecio en el avalúo de un terreno para la construcción de la Refinería del Pacífico. Eso les valió una demanda penal por calumnias del excontralor Carlos Pólit.
Fueron condenados un 20 de abril de 2017 a cumplir un año de prisión y a pagar cada uno un salario del excontralor. El mismo día de la sentencia Pólit renunció a la querella, y ahora él está prófugo por su implicación en el caso Odebrecht.
Ese caso los denigró, dice María Arboleda, secretaria de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del CPC: “Fue como que ¡nos perdonó! Fue denigrante. Yo me conmoví al ver al doctor Trujillo llorar. Él dijo que nunca en su vida había recibido una ofensa tan grande. Fue un momento intenso”.
Tras la consulta de febrero se creó este Consejo transitorio, y el mandatario Lenín Moreno propuso a Trujillo como miembro y fue elegido presidente por unanimidad de los otros seis consejeros y se abrió una cuenta en Twitter.
Va todos los domingos a misa y no le gusta que lo escolte el personal de seguridad, quienes mantienen su vigilancia desde lejos. En otros momentos, dos de sus asesoras, Verónica Acosta y Noemí Mogollón, lo toman de cada uno de sus brazos para guiar su pausado caminar. Con expresiones tajantes, son ellas quienes deciden cuándo y con quién el presidente debe hablar. Él acata lo que dispongan.
Cuentan que odia el aire acondicionado, y la polución que rodea al edificio del CPC en el sector de Santa Prisca estaría afectando sus pulmones. Por ello se estaría gestionando el traslado a un nuevo edificio al norte a través de Inmobiliar.
Hoy cumple tres meses de presidir el ente transitorio –la mitad del periodo–, y encabeza la evaluación de 16 autoridades del Estado elegidas por el CPC cesado de la que dependen si los cesan o no.
En estos meses, el CPC cesó en funciones a Carlos Ochoa, de la Superintendencia de Comunicación; a Patricio Rivera de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; a Ramiro Rivadeneira, de la Defensoría del Pueblo, y al Consejo de la Judicatura. Y evalúan a los vocales del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, a los nueve jueces de la Corte Constitucional, y a los superintendentes de Bancos y de Compañías.
Trujillo adelantó sus criterios en declaraciones públicas. A Jalkh y los otros cuatro vocales del CJ los tildó como una “caterva de cómplices de la violación permanente de derechos humanos”. “No nos van a detener, cumpliremos el encargo del pueblo pase lo que pase”, dijo en una rueda de prensa.
El padre y activista político Fernando Vega ha seguido sus pasos desde que arrancó en la política y lo ve como un hombre íntegro, “que está realmente comprometido con la ética, la justicia y la libertad”.
Arboleda reconoce que el doctor tiene un carácter fuerte, pero que escucha sin olvidar cada frase.
Es esa impulsividad en el carácter de Trujillo la que produjo un hecho inédito en la institución en sus redes sociales. El regaño a Jalkh en la audiencia de descargos de su evaluación el jueves, hizo que la web que transmite las sesiones por internet sea vista más de 5.700 veces, frente a otras sesiones que han registrado solo 300. (I)
La reforma se cayó a última hora. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio no dio paso a que en la nueva normativa se incluya el título de cuarto nivel como requisito para los aspirantes a la Procuraduría General del Estado (PGE).
Este martes, 5 de junio de 2018, el Pleno del Cpccs aprobó los mandatos para la selección de los nuevos titulares de la PGE y las Superintendencias de Economía Popular y Solidaria y de Control de Poder del Mercado.
En los proyectos de reglamento que se presentaron al Pleno se incluyó como requisito para las tres dignidades que tengan títulos universitarios de cuarto nivel en derecho, economía y administración, dependiendo del caso.
Sin embargo, antes de la votación, se solicitó que se mantuviera únicamente el título de tercer nivel, tal como constaba en los reglamentos que utilizó el Consejo de Participación cesado para el nombramiento de las anteriores autoridades de la Procuraduría y la ‘Súper’ de Economía Popular.
Solo en el caso de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado se redujo el requisito. Ya que en el registro digital del Consejo, reposa el reglamento que se utilizó para la última elección, ahí consta el título de cuarto nivel como requisito pero el Transitorio resolvió reducir la obligación a tercer nivel.
Para que empiecen formalmente estos procesos, el presidente Lenín Moreno deberá enviar una terna de candidatos para cada dignidad. Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia, indicó que enviarán los nombres esta semana.
Con información de El Comercio y Republica Del Banano
Anunció que una vez que reciban resolución, presentarán el recurso de revisión y manifestó que los vocales alternos deberían asumir la institución, ya que no han sido evaluados
Para el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, la decisión del Consejo de Participación transitorio de cesarlo en sus funciones junto a los demás vocales, “no es bueno para la institucionalidad del país” y cuestionó que la evaluación haya sido subjetiva, sin parámetros medibles. Además, enfatizó que no hay pruebas de ninguna injerencia, ni interferencia. “No hemos interferido nunca, hemos respetado siempre la independencia judicial”, expresó.
Tras varias horas de lectura del informe de evaluación del Consejo transitorio sobre la Judicatura, en medio de consignas de “Fuera Jalkh Fuera”, se resolvió cesar en sus funciones a Gustavo Jalkh, presidente del CJ junto a sus vocales.
Entre las resoluciones, se constató una falta de independencia de institución generalizado y fuerte indicio de falta de institucionalidad de esta entidad’, así como irregularidades en concursos de designación, de jueces, fiscales y funcionarios de la Función Judicial.
Ante esto, Jalkh sostuvo que “lo ocurrido el día de ayer no es bueno para la institucionalidad del país”. Destacó que esperaban una evaluación objetiva, con parámetros medibles. Sin embargo, lamentó que la resolución leída es totalmente subjetiva. Asimismo, Jalkh criticó que ayer se hablaron de más de 700 denuncias y al CJ solo les enviaron 114.
Además, señaló que no hay “ilación lógica” en los argumentos presentados por el Consejo transitorio. “Se plantearon aspectos que nunca fueron notificados al CJ y no se tomaron en cuenta los argumentos de descargo que presentamos’, afirmó.
Durante una rueda de prensa, mencionó que en la lectura del informe del Consejo transitorio “se habló de un supuesto hackeo de sentencia, con lo cual presuntamente se demuestra que nosotros manipulamos el sistema informático. Eso es mentira. Este caso ocurrió en 2012 y no se trató de un hackeo, fue el juez quien actuó con negligencia manifiesta”.
Sobre la aplicación del error inexcusable, Jalkh manifestó que existen diferentes juristas: Fernando Torres, Marcela Aguiñaga, Henry Cucalón que reconocen la competencia que tiene el CJ para aplicar esta sanción disciplinaria. Sin embargo, dijo, el Consejo Transitorio lo cuestiona.
‘La Corte Nacional y la Corte Constitucional también reconocen la competencia del CJ para aplicar sanciones disciplinarias como el error inexcusable o la negligencia manifiesta. No hacerlo hubiera sido incumplir con nuestras funciones’, aseguró.
Además, enfatizó que no hay pruebas de ninguna injerencia, ni interferencia. “No hemos interferido nunca, hemos respetado siempre la independencia judicial”, expresó. Jalkh al precisar que los alternos quedarían encargados porque no fueron parte de la evaluación.
Jalkh anunció que una vez que les envíen la resolución del Consejo transitorio, presentarán el recurso de revisión correspondiente.
Fuente: Consejo de la Judicatura, Twitter – Marieta Campaña, Pública FM
