Hace una semana, María Alejandra Vicuña estaba en la cumbre. Hoy en el olvido.
Vicepresidenta del Ecuador a sus 40 años y con grandes planes. Recién en septiembre, en entrevista con Vistazo, se vislumbraba liderando en el futuro cercano la consolidación de su partido político, Alianza País, como “un gran Frente Amplio, una política de alianzas claras de desarrollo local para 2019, pero también de un proyecto más largo de cara al 2021 y mucho más allá”.
Ahora, forzada a renunciar por la declaración juramentada de un asesor que dice que le depositaba parte de su sueldo, sus perspectivas políticas y legales no pintan bien. Además, Vicuña no tendrá derecho a la pensión vitalicia de la que gozan los expresidentes y ex vicepresidentes, según el constitucionalista Jorge Alvear.
“En las redes se preguntan si le tendremos que pagar la pensión por el resto de su vida. Mi opinión es que en el caso de ella, no tendría derecho a la pensión vitalicia, porque no fue elegida por votación popular”, dice Alvear.
La Ley Orgánica del Servicio Público (Losep), fija la pensión vitalicia mensual en el 75 por ciento de la remuneración vigente y se paga a exmandatarios que hayan sido electos “constitucionalmente por votación popular”. Pero Vicuña no fue electa en la papeleta con Lenin Moreno, sino que reemplazó en el cargo a Jorge Glas, quien a pesar de estar en prisión por asociación ilícita recibe una pensión vitalicia de 4 mil dólares mensuales.
Vicuña es investigada por concusión, un delito tipificado en el Código Penal que castiga con prisión de tres a cinco años a los funcionarios públicos que “ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones…” y la pena sube de cinco a siete años si se realiza mediante violencia o amenazas.
Sin embargo, si las contribuciones son entregadas de forma voluntaria por los militantes, no hay problema. La Ley de Elecciones, artículo 219, prohíbe solicitar “aportaciones obligatorias a favor de organizaciones políticas”, pero no dice nada de las cuotas voluntarias por lo que está tácitamente permitido y ha sido, según se sabe ahora, un mecanismo común en la Asamblea Nacional. “Desde el punto de vista ético está mal, pero lo permite la ley que hicieron los correistas”, dice Alvear.
La Asamblea Nacional tuvo la oportunidad de llamar a juicio a Vicuña, pero se conformó con pedir su renuncia. Así, muchos asambleístas que también han recibido aportes de sus asesores se evitaron el momento incómodo de acusarla por una práctica generalizada. Sin embargo, un eventual juicio penal de Vicuña podría sentar un precedente peligroso para los asambleístas que a lo largo de los años han aceptado cuotas, dice Alvear, porque la concusión no prescribe.
Si la actual indagación fiscal contra Vicuña pasa a juicio, su ex asesor Ángel Sagbay tendría que probar que ella le ordenó o exigió pagar esas cuotas como una condición para seguir en su puesto. Si no lo hace, Sagbay puede enfrentar el cargo de perjurio.
Con información de Vistazo y Republica Del Banano 
