El Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer en Ecuador indica la preocupante situación de la mujer y sus derechos en este país andino. Mientras que, el informe anual sobre el Estado de la Población Mundial 2020 apunta a las nefastas consecuencias de retroceso que, la pandemia Covid 19, puede tener en los logros alcanzados en las últimas décadas en materia de igualdad de género y en la erradicación de costumbres “aberrantes” como la mutilación genital femenina o el matrimonio infantil, así como los avances para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de 2030.
La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Dubravka Šimonović, realizó una visita oficial al Ecuador, por invitación del Gobierno, del 29 de noviembre al 9 de diciembre de 2019. El principal objetivo de la visita fue determinar la situación general en materia de violencia contra las mujeres que vivía el país y evaluar las iniciativas que se estaban adoptando para eliminar tal tipo de violencia. Según informa la ONU a través del Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias.
En dicho informe, la relatora indica que “el elevado nivel de violencia que experimentan las mujeres en el Ecuador resulta alarmante: alrededor del 65 % de las mujeres han experimentado al menos alguna forma de violencia durante su vida. La persistencia de actitudes y comportamientos discriminatorios y estereotipados por motivos de género, unas normas sociales patriarcales y machistas que están profundamente arraigadas, la normalización de la violencia, y el estigma social que conlleva denunciarla, siguen impregnando la sociedad a todos los niveles, afectando de manera desproporcionada a las mujeres más vulnerables”, recalca la relatora.
También, se señala en el informe la enorme preocupación que suscitaba los recortes que se proponían efectuar en el presupuesto de 2020 y que actualmente se llevaron a cabo, en el ámbito de la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. En el documento, la relatora señalaba con especial preocupación los informes en el que indicaban la reducción en un 100 % al presupuesto asignado para la aplicación de la Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes y en un 84 % al presupuesto asignado a la aplicación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres , adelantándose así a la actual realidad de la mujeres en Ecuador indicando que de aplicarse tales recortes presupuestarios, menguarán considerablemente los esfuerzos por aplicar la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y anularán la Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes, que resulta tan necesaria, añadiendo que de adoptarse esa decisión, se estaría contribuyendo a vulnerar los derechos humanos de las mujeres y las niñas en el país.
Recordemos que las cifras en Violencia de Genero en menores son alarmantes
Cada año, aproximadamente 2.700 niñas menores de 15 años dan a luz. La tasa de natalidad entre las niñas con edades comprendidas entre los 10 y los 14 años aumentó de 2,5 por cada 1.000 nacimientos en 2013 a 8 por cada 1.000 nacimientos en 2016, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, noviembre de 2019.
El Ecuador en el Marco internacional sobre violencia contra las mujeres
En el informe la relatora de la ONU, indica que el Ecuador ha ratificado como Estado parte en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos incluida la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que ratificó en 1981, así como en su Protocolo Facultativo, que ratificó en 2002. A nivel regional, el Ecuador es parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, en 1995, ratificó varios instrumentos adicionales, incluida la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). Estos tratados internacionales ratificados por el Ecuador son aplicables directamente ante los tribunales nacionales y pueden ser invocados directamente por las autoridades civiles, administrativas o judiciales, incluso en ausencia de legislación nacional, nos recuerdan en el informe de la Relatora. Sin embargo, del “dicho al hecho” no hay práctica, pues no se imparte capacitación específica a jueces, fiscales, abogados, agentes de policía y funcionarios públicos en relación con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Por tanto la ONU vuelve a actualizar las recomendaciones generales: la recomendación general núm. 35 (2017) sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y con la Convención de Belém do Pará. Impartir formación sobre los instrumentos jurídicos mencionados es esencial para garantizar la aplicación directa de las normas internacionales.
Por otro lado, en el informe se recuerda que la Constitución de 2008 refleja los principios de los derechos humanos y reconoce la integridad personal como parte del derecho a la libertad.(…) En ella se señala que el derecho a la integridad personal incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual, y se establece la obligación de adoptar medidas para prevenir y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. No obstante, existen grandes deficiencias en la implementación con respecto a las nuevas leyes relativas a los derechos de las mujeres y las niñas, como la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico de Salud, ya que, siguen planteando enormes desafíos, en particular a nivel local y en zonas remotas ha indicado la relatora de la ONU.
En esa línea, el informe de la ONU indica que El Código Penal ecuatoriano, no está en consonancia con las normas internacionales en lo que respecta al acceso al aborto seguro, ya que penaliza a las mujeres y las niñas que dan su consentimiento para practicarse un aborto o que se provocan un aborto, incluso en casos de violación. En virtud de la legislación vigente, las mujeres y niñas que se practican un aborto son sancionadas con penas de prisión que oscilan entre los seis meses y los dos años. Penas que se han visto en las actuaciones penales, entre 2014 y 2018, contra 134 personas debido a denuncias de interrupción voluntaria del embarazo, mientras que entre 2014 y junio de 2019 se presentaron 286 denuncias por solicitar un aborto. La Relatora Especial también recibió información según la cual podría haber hasta 250 mujeres en prisión o que enfrentan cargos penales. La relatora en su informe señala que toda esta información lo observa con preocupación y añade que “agradecería que el Gobierno aclarara esas cifras”. Sin embargo, el Gobierno de Lenin Moreno aún no ha aclarado ni ha respondido a la duda de la relatora especial de la ONU ante cifras tan desproporcionadas por solicitar un aborto.
El informe de la relatora especial, es contundente ante tales disposiciones penales restrictivas ya que son contrarias a las recomendaciones que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer hizo al Ecuador a este respecto (CEDAW/C/ECU/CO/8-9, párr. 33) señala la relatora. Además, en su recomendación general núm. 24 (1999), relativa a la mujer y la salud, el Comité explicó que es discriminatorio que un Estado parte se niegue a proveer legalmente lo necesario para brindar determinados servicios de salud reproductiva a las mujeres (párr. 11). Indicó que, en la medida de lo posible, debería modificarse la legislación que penaliza el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan practicado abortos (párr. 31 c)). 22. En el artículo 16 e) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se establece explícitamente que los hombres y las mujeres tendrán los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos, y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos.
Así mismo en su informe se indica que, los órganos internacionales de derechos humanos han mantenido la opinión de que obligar a una mujer a llevar a término un embarazo resultante de una violación tiene graves consecuencias para la salud mental y constituye una violación del derecho a la salud, tanto física como mental. Este derecho está protegido por varios tratados de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en cuyo artículo 12 se dispone que los Estados partes adopten “todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia”.
En este sentido y durante su visita, la Relatora Especial se reunió con algunas niñas y adolescentes de entre 10 y 18 años de edad. Después de la reunión, le presentaron un “manifiesto por una vida libre de violencia”. En una de las demandas de su manifiesto, que “las niñas no deben ser madres”, señalaron que “Nos oponemos a ser criminalizadas por tomar decisiones relacionadas con nuestros cuerpos. No pueden imponernos la maternidad porque tenemos el derecho de decidir si queremos o no tener hijos y, de ser así, cuándo, cuántos y con quién. La criminalización del aborto afecta a las adolescentes más pobres y a las mujeres adultas jóvenes que se ven obligadas a acceder al aborto inseguro, poniendo en riesgo nuestras vidas, libertad y salud”, añadieron las adolescentes.
Gabriela Padilla, República del Banano
Fuente: Consejo de Derechos Humanos- ONU
