Paredes tiznadas, una cruz en la calle, y el sinsabor de las consecuencias que se dieron por un rumor que se esparció por todo el poblado. Un murmulloque primero fue de boca en boca y luego de red en red… Los acusaron de ‘robaniños’ y, aunque la Policía ya los tenía presos, la furia popular fue más fuerte al punto de decidir la condena: la muerte.
Fue el execrable castigo que, el pasado 16 de octubre, recibieron dos hombres y una mujer en Posorja, parroquia rural de Guayaquil, donde cientos de pobladores participaron del linchamiento. Una escena que se ha repetido en los últimos meses, en las calles de diferentes cantones del país, con ajusticiamientos a quienes se cree han cometido un delito.
Cinco días antes de lo ocurrido en Posorja, tres policías del distrito Ventanas fueron golpeados y estuvieron a punto de ser quemados vivos junto con otros tres civiles. Los uniformados, quienes estaban en sus días libres, fueron detenidos por comuneros del recinto Corina del Parral, perteneciente a la parroquia Santa María del Toachi, de Santo Domingo, cuando supuestamente intentaban secuestrar a un menor de edad de la localidad. Un caso en el que se investiga si hubo o no el intento de plagio, pero con los policías en libertad.
¿Por qué el pueblo se está alzando para tomarse la justicia con sus manos?
La ola de rumores que se agita en las redes sociales sobre el supuesto secuestro de niños sería el detonando del caldo de cultivo que ha venido alimentado a la población con la desconfianza en las leyes y la corrupción en todos sus niveles.
No hay justificación a la barbarie, concuerdan los expertos, las autoridades y la ciudadanía en general; no obstante, nada hace pensar que aquello no volverá a ocurrir.
“Esta es la reacción violenta, sin lugar a dudas reprochable, de un pueblo que también ha sido violentado. No estamos de acuerdo con que la violencia se solucione con más violencia… pero no se puede defender a los niños con más violencia, con más asesinatos…”, indica el psicólogo Cristhian Arias, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Bienestar Infantil (AEBI).
Es la expresión, negativa sí, añade el experto, a la inoperancia del Estado, la negligencia del aparataje jurídico que no da respuesta y a la negligencia de policías. “Se supone que en el momento que retienen a alguien tienen que garantizarle la vida, porque también tienen derechos y garantizar que se cumpla un proceso”.
El malestar es colectivo, porque muchos piensan que no hay a quién acudir en búsqueda de justicia, añade el exfiscal del Guayas, Julio Vacacela, quien reconoce que no se puede soslayar la corrupción que hay en algunos jueces y fiscales.
El funcionario apunta que en lo de Posorja es claro que hubo falla en el accionar policial, no solo en los agentes que estuvieron en Posorja, sino también en el mando superior. “Esto es evidente en consideración al tiempo transcurrido desde que se produjo la detención, varias horas…” hasta que llegaron los refuerzos.
La Defensoría del Pueblo considera que la práctica de linchamiento constituye un verdadero flagelo a la dignidad humana y afecta derechos humanos fundamentales, como los de no ser privado arbitrariamente de la vida, integridad, libertad personal y garantías judiciales. No solo que constituye un delito, sino que comporta serias violaciones a los derechos humanos.
Tras lo acontecido, hay quienes se muestran arrepentidos en Posorja por la barbarie, aunque siguen sosteniendo que sí intentaron llevarse a los niños de dos mujeres de la parroquia. Ahora, sus actos han llevado tras las rejas a una veintena de habitantes, quienes podrían pagar hasta 36 años de cárcel por dejarse llevar de un rumor.
La cifra
5 hechos de linchamiento se han registrado en los últimos meses en varias zonas del país.
Con información de El Expreso y Republica Del Banano 
