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Una protesta en contra de la posible elevación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) realizaron la tarde de este martes personas que dijeron representar a diversas organizaciones.

Desfilaron por la céntrica calle Simón Bolívar, tanto al inicio como al final de la marcha hubo la presencia de los miembros de la Policía Nacional, en motos.

La persona que iba adelante de la caminata, llevaba un megáfono que motivaba a la gente frases de protesta y advertencia al gobierno por la política económica que aplica.

Está la Asamblea Ciudadana que representa a varias organizaciones sociales entre ellas de mujeres, del hospital, campesinos y gremios.

“Estamos reclamando todas las medidas económicas que ha tomado Lenín Moreno, quien no está cumpliendo con el plan de gobierno que él ofreció, al contrario está negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y poniéndonos en desventaja económicamente al pueblo ecuatoriano”, expresó Narcisa Crespo, integrante de la organización de mujeres.

Además, entre las quejas constan áreas como la salud, la educación y el bienestar social de las cuales, según dice, el régimen no se está preocupando “es más, se ha despedido a muchísima gente, muchos han quedado sin empleo; la economía está empeorándose cada vez más y además del aumento del IVA, quiere privatizar empresas públicas y a precios bien rebajados”, agregó.

Mientras tanto, las consignas de la marcha repetían frases como “mirones y tapados, también son explotados” y otras en contra del gobierno.

Durante toda la caminata varias personas llevaban pancartas y cartulinas con frase como: “No más despidos”,  “Queremos educación gratuita” y otras.

Fuente: El Mercurio, República del Banano

Doris Soliz, María Soledad Buendía, Edwin Jarrín e Ítalo Centanaro, todos exfuncionarios públicos del Gobierno de Rafael Correa que aparecen en la información recabada de los archivos de la computadora personal de la exasistente de la Presidencia de la República, Laura Terán, procesada en el caso Sobornos, son llamados por la Fiscalía para que rindan su versión de lo que conocen sobre los ilícitos investigados.

La convocatoria de la fiscal general Diana Salazar, quien está a cargo de la instrucción fiscal, se realizó la tarde de ayer, mediante un impulso.

Soliz, Buendía y Jarrín son convocados para que rindan su versión libre  y voluntaria la tarde 22 de julio próximo; mientras que Centanaro, quien, según los documentos que son parte del expediente, habría recibido en efectivo, mediante 34 entregas, $ 138.500, por temas de seguridad civil relacionada al Escuadrón Verde Operativo (EVO), deberá presentarse en la Fiscalía Provincial del Guayas el 24 de julio próximo a las 16:30 para tener una conexión vía Skype con la Fiscalía en Quito.

En todos los casos la Fiscalía pide a la Defensoría Pública que envíe un representante para que pueda actuar en el caso de que cualquiera de los versionantes no asista con un abogado defensor a la diligencia.

Este es el segundo grupo de exfuncionarios públicos relacionados a la denominada Revolución Ciudadana que son convocados a que rindan versión, luego de que la Fiscalía materializará la información de los 3.148 archivos con más de 69.000 hojas que contenía la computadora personal de Terán, quien es procesada por asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias junto a su exjefa Pamela Martínez; el exsecretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera; y la exministra María de los Ángeles Duarte.

Al exsecretario Nacional de Inteligencia (Senain), Rommy Vallejo, también se le definió un segundo llamado para que rinda versión en este caso. Él líder de la Senain hablará de lo que conoce en este caso vía Skype desde Miami, Estados Unidos.

En los documento que permanece en poder de la Fiscalía, a nombre de Vallejo están registrados entre 2013 y 2014 siete pagos en efectivo que suman $ 30.000. Todos hablan de un rubro pagado por “Seguridad Civil”.

Fuente: El Universo, República del Banano

Un promedio de $ 240.000 han costado hasta el momento al país el mantenimiento de las 25 casas legislativas que fueron creadas por el expresidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero (2009-2013). Este valor sin tomar en cuenta los sueldos de los dos funcionarios promedio que laboran en cada una de las entidades. Estas nacieron con el propósito de que la ciudadanía pueda tener contacto directo con sus representantes, conocer las leyes en trámite o aprobadas, y socializar propuestas legislativas. La iniciativa, que nació con un presupuesto de $ 20.000 para la adecuación de oficinas que se usan por convenio con algunas instituciones, se consolidó en la presidencia de Gabriela Rivadeneira. Transcurridos alrededor de siete años de vida de estas subsedes de la Asamblea, el balance no es alentador. A criterio de asambleístas y analistas políticos debería haber cambios significativos en los objetivos. Por ello proponen corregir algunas cosas para que el servicio que brindan las casas legislativas sea más útil. Wilma Andrade, asambleísta por la Izquierda Democrática (ID), indicó que está bien que estas subsedes sean un espacio para recibir a ciudadanos que requieran conocer o plantear alguna normativa legal. Sin embargo, enfatizó que no reciben de ellas una retroalimentación de propuestas ciudadanas. “Estoy en varios grupos parlamentarios y en comisiones y nunca hemos recibido un pedido o planteamiento desde las casas; hay cero propuestas”, subrayó. Por ello cree necesario reorientar la función de estas casas. Para Andrade sería importante que la información de cuántas personas acuden a estas subsedes estuviera en manos del presidente de la Asamblea, César Litardo, y del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Ella considera que deben tomarse definiciones respecto al mantenimiento, fortalecimiento o eliminación, si fuera el caso, de las casas legislativas que estarían subutilizadas o que no tienen un uso adecuado y útil. Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, manifestó que hay casas legislativas activas, como la de Cuenca, pero que  existen otras que no lo están. “No tengo los datos de esas subsedes, por lo que se tendrá que revisar a futuro qué hacer con esas casas en donde la actividad es menor”, indicó el asambleísta del movimiento CREO. Para Francisco Huerta, analista político, la función de las casas de la Asamblea se cumplió a media asta porque había mucho sectarismo. Por ello cree necesario que exista una mayor participación legislativa para así darles un mejor funcionamiento a dichos lugares. “Hay que llegar más a la ciudadanía para que tenga mayor apertura a la voz de las personas y no solo la voz de los legisladores”, comentó. En cambio, Lourdes Tibán, exasambleísta de Pachakutik, señaló que una casa legislativa debería ser bastante imparcial e independiente. “Dependiendo del número de legisladores que hay en cada provincia debería haber una oficina para cada uno, y así se atiendan las necesidades de la ciudadanía”, comentó. Tibán dijo que en sus ocho años como asambleísta nunca fue a la casa legislativa de Latacunga porque estaba hecha para el oficialismo. Hay 25 casas legislativas En la actualidad, la Asamblea tiene activas 25 subsedes en todo el país. Mientras que las casas del exterior: Madrid, Nueva York, Toronto y Milán están cerradas. Estas se reabrirán en los próximos meses, según indicó la Coordinación General de Participación Ciudadana de la Asamblea. El presupuesto de las 25 casas legislativas, por arrendamiento, pago de alícuotas y mantenimiento, es de alrededor de $ 60.000 al año. Los sueldos son aparte. En cada casa legislativa existe un gestor y un asistente. El primero es el representante de la Asamblea en territorio. Su función es ser el puente entre el Parlamento y la ciudadanía. De acuerdo con la Coordinación General de Participación Ciudadana de la Asamblea, las 25 casas atienden al público desde las 08:00 hasta las 16:30 de lunes a viernes.

Fuente: El Telegrafo, República del Banano

La Comisión de Fiscalización tomó la resolución tras una larga jornada. Descarta indicios de responsabilidad penal de la exministra Verónica Espinosa. NOTICIAS RELACIONADAS Pleno discute hoy el informe sobre el caso INA Papers El legislador Ángel Gende, de la Bancada de Integración Nacional (BIN), era el voto decisivo para la censura de la exministra de Salud, Verónica Espinosa. Sin embargo, este miércoles 17 de julio de 2019 informó que se encontraba enfermo, por lo cual no asistiría a la sesión de la Comisión de Fiscalización convocada para definir el futuro político de la exfuncionaria. Esa ausencia equilibró momentáneamente los votos a favor y en contra de la exministra Espinosa. Los primeros estaban encabezados por los legisladores representantes de Alianza PAIS: Johanna Cedeño, Alberto Arias, Fausto Terán y Michel Doumet. Además, por Pinuccia Colamarco y Daniel Montesdeoca, quienes reemplazaron a Daniel Mendoza y Karina Arteaga, respectivamente.   Los legisladores siguieron la línea que anticipó la ministra del Interior, María Paula Romo, la semana pasada. Ella sostuvo que no existen argumentos para llevar a juicio a la extitular de Salud. El panorama a favor de la exministra se consolidó un día antes de la votación en Fiscalización.    Uno de los legisladores interpelantes, Boris Estupiñán, del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG), desistió de seguir con su acusación. Su argumento fue que no pudo participar en las sesiones de la Comisión, por lo tanto no sentía “oportuno” seguir con su acusación. Este desestimiento prendió las alertas al resto de integrantes de la Comisión de Fiscalización, quienes liderados por su vicepresidente, Eliseo Azuero, de la Bancada de Acción Democrática (BADI), querían llevar el caso ante el pleno de la Asamblea. La respuesta de la BADI fue presionar a Alianza PAIS para que cambie de decisión, y su coordinador, Raúl Tello, anunciaba que estaban dispuestos a dejar la coalición que armó la nueva mayoría legislativa. “Existen los méritos para que Verónica Espinosa sea censurada, hacer lo otro es dejar en la impunidad a una mala funcionaria”, dijo. Esta advertencia aparentemente no cambió a la bancada gobiernista. Los legisladores Johana Cedeño y Fausto Terán manejaban los tiempos de la discusión en la Comisión de Fiscalización. A las 15:30 se dio paso a un receso de 90 minutos para pulir el informe final. Hasta esa hora la ausencia de Gende y de su legislador alterno parecía determinante.      La tendencia que buscaba la censura sumaba solo cinco votos, los de Azuero; Luis Pachala y Silvia Vera, de CREO; Ramón Terán, del PSC-MG; y Jimmy Candell, de Integración Nacional. También era clave que la única representante de la bancada de la Revolución Ciudadana, Carmen Rivadeneira, apoyara la censura. Ella contó que esa fue la decisión que tomó el bloque legislativo. El empate a 6 votos ocasionaría que otro caso de censura a un ministro vaya a lo que llamaron el “limbo”, un espacio donde no es acusado ni absuelto el funcionario. Pero Gende llegó a la sesión de Fiscalización a las 17:00. Él estaba visiblemente enfermo, tenía sus ojos irritados y presentaba un semblante de dolor. “Estuve con suero”, manifestó el asambleísta. Su presencia cambió la estrategia de Alianza PAIS. Entonces, lo que sucedía afuera de la sala de sesiones era más importante que lo que pasaba adentro. La presidenta Cedeño y sus colegas Doumet y Arias se reunieron en privado. Una de las coordinadoras de la bancada, Ana Marín, también estuvo en la sesión. Azuero y Pachala motivaron las razones para censurar a la exfuncionaria. Mientras Fausto Terán la defendió y dijo que si el juicio entraba al pleno se desvirtuaban los indicios penales. A las 18:55, los legisladores de PAIS se reunieron en privado, mientras que Azuero estaba contento. Él confiaba en que la censura política tendría luz verde y sería por unanimidad. Esto se concretó pasadas las 19:00 en la reinstalación de la sesión.

Fuente: El Telegrafo, República del Banano

El responsable de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, advirtió este miércoles que sigue de cerca el debate sobre la despenalización del aborto en caso de violación en Ecuador, un problema que “afecta seriamente a los derechos humanos”.

“Si no se despenaliza el aborto en Ecuador se estaría cayendo en un problema que afecta seriamente a los de derechos humanos”, advirtió el director ejecutivo de HRW para la región en una entrevista a Efe.

De visita en el país, donde el jueves tiene previsto reunirse con el presidente, Lenín Moreno, Vivanco añadió que ve con “muy buenos ojos” que se haya avanzado tanto en esta discusión y que espera que la Asamblea Nacional (Parlamento) logre aprobar un texto legislativo que despenalice la interrupción del embarazo tanto en los casos de violación, como en la inviabilidad del feto.

En Ecuador el aborto es legal solo cuando se encuentra en riesgo la vida o la salud de la gestante y cuando se presenta un embarazo resultado de una violación a una mujer con discapacidad mental.

El representante de HRW para las Américas explicó a Efe que existe una amplia doctrina y jurisprudencia internacional que establece como un seria vulneración de los derechos humanos el obligar “a la mujer a continuar su embarazo cuando ha sido víctima de una violación”, acción que “avasalla y atropella su dignidad”.

“Esta es una carga abrumadora e insoportable que no es propia de una sociedad democrática”, se quejó Vivanco.

La Cámara legislativa ecuatoriana tiene previsto celebrar a finales de este mes un segundo debate acerca de la despenalización del aborto bajo nuevos supuestos, como el de violación o incesto.

América Latina y el Caribe la única región del mundo donde los partos de menores de 15 años aumentaron.

Más de 20.000 niñas menores de catorce años parieron en Ecuador entre 2008 y 2018, de acuerdo a datos oficiales y según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

Según las ONG que trabajan sobre la materia, todas fueron atendidas en el sistema de salud y la única respuesta que recibieron fue la de continuar el embarazo y su consiguiente maternalización.

El 80 por ciento de los casos fueron fruto de abusos sexuales en el entorno familiar, en la escuela o en su comunidad religiosa.

En una rueda de prensa previa, convocada por representantes de iglesias cristianas defensoras del aborto, el exsacerdote jesuita José López, abogó por la despenalización del mismo y defendió que “en la Biblia no hay ninguna condena por aborto”.

“Los mejores teólogos de la Iglesia Católica aceptaban el aborto con naturalidad en las primeras semana y meses. Jesús nunca condenó a ninguna mujer por interrumpir el embarazo”, aseguró.

La norma legal ecuatoriana sanciona a las mujeres y niñas adolescentes que se practiquen abortos con penas de seis meses a dos años de prisión.

El representante de HRW avanzó que el tema del aborto va a ser una de las materias “más relevantes” que espera discutir con el mandatario ecuatoriano.

La visita al país andino responde al interés de la ONG de derechos humanos en el “proceso de restauración democrática”. EFE

Fuente: El Mercurio, República del Banano