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El mayor objetivo de Esteban es migrar a Estados Unidos. El joven, de 21 años, vive en Azogues, Cañar, y tiene  más de quince familiares (primos y tíos) que radican en ese país.

Sostiene que su trabajo de chofer en una empresa de productos lácteos le permite vivir “sin necesidades”, pero quiere lograr el “sueño americano”: “Mis familiares están allá desde 1998 y tienen casas, carros, viajan. Yo también quiero eso”.

La mayoría de sus conocidos migró de forma irregular y su estatus migratorio no es el ideal, indica el joven: “Me voy a ir a través de una persona. Volaré a México y luego a Estados Unidos (cruzando la frontera de forma terrestre). Espero que sea en máximo tres meses. Un tío me prestará los $ 15.000 que necesito para el viaje”.

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Esteban, que solo estudió hasta tercer año de colegio, está decidido a realizar la travesía, que reconoce es peligrosa, para ‘mejorar’ su nivel de vida.

En el 2018, un poco más de 22.000 ecuatorianos que salieron del país no registraron su regreso por las vías regulares, según cifras oficiales. No se tiene registro de los ciudadanos que utilizan medios irregulares para irse de Ecuador.

Si bien el flujo migratorio de ecuatorianos hacia  otros países del mundo  disminuyó en los últimos años, todavía hay compatriotas que deciden irse por temas de reunificación familiar, educación, expectativas de crecimiento y pobreza, según el analista Jorge Calderón.

“Hay ecuatorianos que se van a estudiar (maestrías) y luego se les presenta oportunidades laborales que  difícilmente pueden rechazar. Acá (Ecuador) podrían alcanzar sueldos de 2.000 dólares, pero en países como Estados Unidos pueden llegar a 4.000 dólares, entonces deciden quedarse”, dice.

El experto, además, señala que hay una tendencia en los jóvenes que viven en el país, pero tienen familiares migrantes.

 “La mentalidad se ha vuelto aspiracional en algunos casos y esto es porque evidencian la mejora económica del familiar que está en otro país. Los jóvenes quieren ser parte de ese disfrute y tenerlo”, indica.

 Con este criterio coincide la abogada y especialista en derechos humanos Irene Ferruzola. Ella considera que se debe educar a los jóvenes  para que reflexionen respecto de “esa modalidad de vida que ellos creen que desean tener, pero porque no conocen otra ya que sus abuelos, padres, tíos emigraron de esa manera”.

 A la problemática migratoria también se sumarían, según Ferruzola, los ecuatorianos que retornaron al país con la esperanza de tener oportunidades laborales o de negocios.

 “Cuando se armaron los proyectos a favor de los migrantes en el anterior gobierno, ellos retornaron, pero varios de estos proyectos, con la supresión de la Secretaría del Migrante, fueron desapareciendo.  La gran mayoría de estos compatriotas están migrando de nuevo, en especial con la situación económica actual”, afirma.

Remesas aumentan en 6% y siguen moviendo la economía en Ecuador

En el 2018, el monto de las remesas que enviaron los migrantes ecuatorianos a sus familiares que viven en el  país ascendió a más de tres mil millones de dólares, lo que significa un aumento del 6% en relación con el 2017.

Este incremento ha sido constante  con excepción del 2015, que registró una pequeña contracción. El peso de estas divisas en la economía ha sido bastante importante en la economía de Ecuador desde la máxima ola migratoria que se dio luego de la dolarización en el 2000, dice Jorge Calderón, analista económico.

 Según cifras oficiales, se estima que hay tres millones de ecuatorianos viviendo fuera del país. El mayor grupo radica en Estados Unidos, seguido de España e Italia.

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Si bien la venta de productos son los principales pilares del modelo  económico, las remesas tienen un rol ‘fundamental’ desde que se adoptó el dólar como moneda, dice el experto.

  “Son tres mil millones de dólares que ingresan y alimentan el consumo de los hogares, en especial de  Guayaquil, Quito y Cuenca, que son las ciudades que reciben mayormente estos dineros. Esto permite que el consumo no caiga tanto, en especial en épocas de crisis como la que  vivimos”, dice.

 Aunque es dinero fresco que trae beneficios financieros  también genera grandes problemas sociales como la separación de las familias: “Es un beneficio económico que se logra, pero la migración se origina de grandes crisis, de momentos muy duros”, indica Calderón.

Fuente: Diario El Universo, República del Banano

En los últimos diez años, la tasa de interés que cobran los bancos para tarjetas de crédito ha variado poco. Desde el 2009, cuando el Gobierno fijó segmentos crediticios y topes máximos para los intereses, el segmento de consumo ordinario, que abarca a las tarjetas de crédito, ha tenido una tasa de interés promedio de 16,40%.

En la última década, las tasas de interés máximas para créditos de consumo con tarjetas de crédito cambió tres veces. Desde el 2015, el tope se mantiene en 17,30%. Un estudio publicado en julio por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) señala que el interés para el crédito de consumo es uno de los que ha permanecido más cerca a los techos fijados por el Gobierno y casi no han tendido a la baja.

Entre el 2009 y el 2019, las diferencias entre el límite máximo y la tasa promedio que cobran los bancos privados ha oscilado entre 0,31 y 1,07 puntos porcentuales. Julio José Prado, presidente de Asobanca, cree que el precio del dinero en el país debería variar en función de tres elementos: el plazo, el costo que implica para la entidad otorgar el crédito y el perfil de riesgo de quien lo recibe.

Pero añade que la fijación de topes máximos, a cargo de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, distorsiona esa dinámica. Prado detalla que esas restricciones obligan a las entidades a mantenerse siempre cercanas a los techos porque los clientes con mejor perfil, que podrían tener tasas más bajas, tienen que pagar un valor más alto para compensar a clientes con perfil de riesgo más alto, quienes debieran cancelar tasas por encima del límite.

Otro efecto de poner límites al interés en el negocio del dinero plástico es que las entidades se han concentrado en otorgar más crédito a los clientes con mejor perfil, que son buenos pagadores, explica Alain Broos, vicepresidente de Tarjetas de Banco Guayaquil. Pero eso significa que las entidades dejan por fuera a personas con perfil muy riesgoso, por ejemplo, a quienes no tienen historial crediticio.

Según datos del buró de crédito Equifax, hasta febrero de este año, 359 874 personas tenían más de tres tarjetas de crédito; esto es, 39 895 más que en igual mes del 2018. Adriana Cedeño cuenta que el jueves pasado recibió una llamada en la que le ofrecieron una tarjeta Diners Club con un cupo de USD 3 030. Esta sería su segunda tarjeta, pues ya cuenta con una Pacificard. Jorge Saa, miembro de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), explica que el crédito de tarjetas no es costoso para el banco, ya que se otorga más en zonas urbanas, pero sí es riesgoso.

“Las personas no ven que el pago de la tarjeta sea una prioridad, algo que no ocurre cuando se cancela la cuota de la casa. Los clientes con dificultades económicas no priorizan el pago de las cuotas y caen en mora”.

Saa señala que en los países de la región donde no hay topes, cada ente define las tasas de interés en función del riesgo. En Colombia, cada banco tiene una tasa diferente que varía según el plazo. Sonia Zurita, docente de la escuela de negocios Espae, explica que en un mercado con tasas liberalizadas cada banco tendría la posibilidad de especializarse en el tipo de crédito y competir con tasas más bajas para ganar más clientes.

En EE.UU., la banca ofrece tarjetas para estudiantes y cobra una tasa promedio de 17,69%, al 14 de agosto, según el portal especializado Creditcards.com. En el nicho empresarial, el costo del interés era de 15,55%, mientras que el promedio nacional de la tasa de tarjetas era de 17,71%.

Fuente: Diario El Comercio, República del Banano

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, entregó la tarde de este lunes al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, el proyecto de Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas (FF. AA.).

Jarrín señaló que con esta ley son tres cuerpos legales presentados: Orgánica de Defensa Nacional y de Seguridad Marítima.

El nuevo proyecto habla de cadenas de mando, jerarquía, comportamientos y sanciones. Son 322 artículos que contiene el proyecto.

En tanto, Litardo no salió a dar declaraciones sobre el tema.

Fuente: Diario El Universo, República del Banano

De un universo de casi 14.500 sentencias emitidas, en el período 2014-2018, por 21 jueces y 15 conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se escogieron las sentencias que serán analizadas dentro del proceso de evaluación de jueces y conjueces que lleva adelante el Consejo de la Judicatura (CJ).

La mañana de este lunes se realizó el sorteo electrónico de las causas a analizar y estuvieron presentes representantes del Comité de Apoyo para la Evaluación, más no los evaluados, pese a que sí habrían sido invitados.

María del Carmen Maldonado, presidenta del CJ, aseguró que el proceso de evaluación continúa a pesar de que existen tres acciones judiciales  constitucionales interpuestas contra el proceso. Una acción subjetiva por exceso de poder, una acción pública de inconstitucionalidad y una acción de protección son las vías usadas que contienen medidas cautelares para suspender el actual proceso evaluador de jueces y conjueces de la CNJ.

“Este proceso evaluador no se detiene, porque estamos atendiendo las demandas ciudadanas, dentro de un estricto marco constitucional y legal”, dijo Maldondo.

Como mecanismos utilizado, a cada juez se le sorteó tres sentencias de causas por año, sean principales o supletorias, mientras que a los conjueces se les sorteó cuatro sentencias y autos de admisión por año. Es decir, los jueces que han permanecido el periodo completo en sus funciones se les evaluará doce sentencias, mientras que los conjueces que hayan cumplido el periodo completo a evaluarse se les analizará 16 sentencias. Para el resto de jueces y conjueces las sentencias evaluadas estarán dadas en la medida  de años que ha ejercido el cargo en la CNJ. 

Fuente: Diario El Universo, República del Banano