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La Cámara de Minería del Azuay pide al Estado que controle la actividad minera ilegal que invade el proyecto de oro Río Blanco.

Personas ajenas al proyecto, ubicado en la parroquia cuencana de Molleturo, sacarían, sin autorización, el material rocoso que contiene oro y plata.

Ecuagoldmining, a cargo de esta concesión, se vio obligada a dejarla en mayo de 2018 por una resolución judicial.

Desde entonces, los trabajadores de esta firma que tiene capitales chinos no han logrado ingresar al campamento minero.

Ante ello, la minera presentó a inicios de este año una solicitud para comenzar conversaciones en buenos términos con el Estado. Mientras, un grupo de moradores de la parroquia Molleturo también denunció hace dos meses en la Fiscalía del Azuay, la presencia de supuestos mineros ilegales en las inmediaciones del campamento.

Carlos Morales, presidente del Gobierno Parroquial de Molleturo, aseguró que hay personas que están sacando el material mineralizado y que “entre esos están exobreros de la minera”.

En mayo de 2018, en la zona de almacenamiento de la concesión había cerca de 1 500 toneladas de material mineralizado, obtenido en el proceso de construcción del túnel de la mina.

Además, se quedaron los equipos que se emplearon para construir parte de esta infraestructura.

Según una denuncia presentada por la empresa concesionaria en la Fiscalía, los equipos fueron sustraídos en camiones a inicios de este mes por supuestos grupos de minería ilegal que operan en ese sector.

Esta es la segunda vez que Ecuagoldmining recurre a instancias judiciales. En octubre de 2019 pidió una investigación cuando los opositores de este proyecto quemaron el campamento al protestar en contra del alza de los combustibles.

Fernando Benalcázar, quien estuvo al frente del Viceministerio de Minas, expresó que en Río Blanco existen todas las características para que se desarrolle la minería al margen de la Ley.

Al momento, la Cámara de la Minería de Azuay mantiene conversaciones con la Gobernación y la Policía para que se retome el control en este territorio.

Patricio Vargas, presidente del gremio, manifestó que, en junio pasado, la Policía denunció que supuestos antimineros emboscaron a cinco uniformados, que patrullaban en el sector.

Mientras, Morales precisó que la minera Ecuagoldmining debe cumplir con las órdenes judiciales que impiden que reanude operaciones, así como se debe esperar los resultados de la consulta popular que se realizará más adelante en el cantón Cuenca, sobre las actividades mineras en zonas aledañas a las fuentes hídricas.

La disponibilidad de la empresa concesionaria para conversar es un paso previo a la presentación de un arbitraje en el que se insistiría en la falta de seguridad jurídica y del orden público para desarrollar sus actividades.

El perjuicio, según ha dicho la firma, es de USD 480 millones, por no poder operar en el proyecto y por el lucro cesante.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Ante los integrantes de la Comisión de Educación, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), Agustín Albán, aceptó que hubo ajuste presupuestario en las Universidades Ikiam, Yachay Tech, UNAE y Uniartes, pero justificó que se debe a la caída de ingresos fiscales, que afecta de manera directa en la liquidez de la caja fiscal.

Según Albán, en Yachay se redujo 1.7 millones de dólares, Uniartes 1.6 millones de dólares, Unae 1.1 millones de dólares e Ikiam, un millón de dólares, cuyos presupuestos en gasto corriente se encuentran financiados con recursos fiscales.

Una vez que las universidades emblemáticas cumplan el proceso de institucionalización, se establecerán mecanismos adecuados para que participen de la administración de recursos, tomando en cuenta lo que determina el artículo 24 de la Ley Orgánica de Educación Superior, anunció.

Los asambleístas plantearon algunas interrogantes a Albán, entre ellas, cuál va a ser el destino de las universidades Ikiam, Yachay, Unae y Uniartes, si no alcanzan a finalizar su proceso de institucionalización; si van a ser intervenidas por el Consejo de Educación Superior; la necesidad de buscar alternativas frente al recorte presupuestario.

El titular de la Senescyt respondió que se puede intervenir a las universidades en caso de que se queden acéfalas y las comisiones gestoras se hayan extinguido; es decir, no se cumplió el proceso para su institucionalización. El objetivo central es garantizar su funcionamiento, aseguró.

Sobre las denuncias respecto al manejo de becas, Albán indicó que en agosto de 2020 la Senescyt asumió la gestión y administración de las becas del extinto Instituto al Fomento de Talento Humano. Reconoció que, debido a la pandemia mundial y la crisis económica originada por esta, recién durante este mes recibió los recursos para realizar los desembolsos a las personas becarias.

Señaló que se han realizado pagos a becarios por 41.6 millones de dólares, durante 2020, a 9.291 becarios nacionales e internacionales, quedando un saldo pendiente de 41.7 millones de dólares por ejecutar. Precisó que los reclamos de los becarios se atienden por canales oficiales de la institución.

En cuanto a la reinserción laboral, indicó que existe una plataforma ensamble que sirve de enlace entre los becarios retornados y el sector público y privado. Permite a las empresas disponer de las hojas de vida para cubrir sus vacantes y a los becarios revisar las ofertas laborales.

Con el fin de ahondar en el tema, la comisión legislativa escuchó a Diana Medina, Juan Peralta, Diego Moya, representantes de la Asociación de Becarios (Abrec), quienes reclamaron que alrededor de 760 personas aún no han recibido sus pagos, las plataformas de trabajo son inoperativas, 21 estudiantes se graduaron y no han podido liquidar sus becas y que los datos expuestos por Albán son imprecisos.

Este funcionario contestó que se debe hacer un análisis profundo del costo-beneficio de las becas. El Estado invirtió 1.200 millones de dólares para capacitar a los futuros profesionales. El objetivo es insertarlos al mercado laboral, pero no se ha logrado a plenitud, por lo que habrá que hacer un estudio para corregir este particular.

Otro asunto de análisis fue el examen para el acceso a la educación superior, sobre el que Albán mencionó que para este proceso se inscribieron 188.944 personas, a nivel nacional. Dijo que no es verdad que se redujo 7 mil cupos de acceso a la educación superior, más bien existe un incremento del 14 % en relación con el período anterior; lo que significa 14.176 cupos más.

Explicó que el año pasado se cambió la ponderación del examen versus el récord académico. Con la implementación de este mecanismo, el 40 % corresponde al récord académico y el 60 % al examen de acceso. El 65 % de jóvenes tuvieron acceso a la educación superior.

Según Albán, el examen digital permite mayor seguridad, tomando en cuenta que hay una serie de candados que impiden al alumno cometer algunas irregularidades en las pruebas.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Con el respaldo del embajador de Israel en Ecuador, Zee Harel, el Grupo Interparlamentario de Amistad y Coordinación Recíproca de la Asamblea Nacional desarrolló el conversatorio virtual Modelo de desarrollo de Israel en la agricultura: soluciones, desafíos y cooperación internacional con Ecuador.

Evelyn Rosental, vicedirectora del Centro Internacional de Capacitación Agrícola MASHAV de la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo, presentó su ponencia en la que abordó temas relacionados con el avance agrícola en Israel, tomando en cuenta su ubicación geográfica, relieve y recursos hídricos.

La experta explicó que las principales limitantes para el desarrollo agrícola en ese país han sido el agua, los suelos y el mercado, ya que es un territorio relativamente pequeño y tan solo el 7 % de la población rural es agrícola. La mano de obra es limitada y actualmente trabajan en la tierra muchos tailandeses. Todas estas limitaciones han logrado que enfrenten sus desafíos, creen oportunidades y sean referentes a nivel mundial en innovación.

Rosental destacó que la fuerza que impulsa el desarrollo agrícola en Israel son los agricultores, la extensión agrícola, la industria agro-tecnológica y la investigación. Con el ejemplo del costo de 1 kilo de tomate de $2.00 y 1 kilo de semillas híbridas de $30.000, dejó ver la diferencia de costos y beneficios que se pueden generar trabajando mayormente en la exportación de agrotecnologías: fertilizantes, pesticidas y herbicidas, sistema de riego, semillas, plantines, plásticos, equipos, maquinaria y know-how.

Compartió que en Israel se trabaja para garantizar que el agricultor y su familia tengan una buena calidad de vida, a través de un sistema de apoyo impulsado por el Gobierno, con infraestructura y servicios para el productor; y, a pesar de que a esta actividad se dedica un porcentaje pequeño de la población (tan solo el 1.2 %), luchan para asegurar que haya suministro de alimentos para toda la población, a un precio justo.

Indicó que actualmente se promociona a la agricultura como forma de proteger al medio ambiente, ya que usa mucho de los desechos a través del compost, tratamiento de aguas residuales destinadas a la agricultura, que permite hablar de un mayor desafío: mantener a la comunidad rural en su espacio, para evitar que se movilice a la ciudad.

Ponderó que el fortalecimiento al sector rural se ha ejecutado a través de becarios ecuatorianos, que han realizado estudios en el MASHAV y han extendido ese aprendizaje en el país. Señaló que a raíz de la pandemia se ha brindado acompañamiento en capacitación virtual y que en Ecuador lo pueden solicitar a través de su embajada.

La representante del centro de capacitación motivó a los asistentes a pensar en agricultura con tecnología y dado que los costos de inversión son altos, dependiendo la producción, recomendó que el camino es la asociatividad, tomando el ejemplo de Israel, con los Kibutz y los Moshav.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Personal de la Policía Nacional decomisó en la parroquia Canoa, perteneciente al cantón San Vicente, norte de Manabí, 300 kilos de droga que fueron descubiertos en un camión.

Durante el operativo denominado “Darling”, cinco personas fueron detenidas. Algunas se encontraban en el interior del camión que fue retenido.

La acción policial impidió que la droga fuera a un centro de acopio en la comunidad Muyuyal, localidad de esa parroquia rural y posteriormente, fura enviada en lanchas rápidas hacia Centroamérica.

Los paquetes confiscados tenían logos de Lamborghini y LAM. También se retuvo una motocicleta y se decomisaron más de USD 1 200.

Las evidencias fueron ingresadas en cadena de custodia a la Jefatura de Investigación Antidrogas de la Zona 4.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Ecuador reportó 794 nuevos contagios y 24 decesos más en las últimas 24 horas. El país, este 25 de noviembre de 2020, tiene 187.230 casos confirmados de COVID-19 y 13.288 fallecidos a causa de la pandemia.

Según el ministerio de Salud, 8.877 personas fallecieron con diagnóstico positivo y 4.411 murieron con sospecha de portar el virus respiratorio.

A nivel nacional, hay 488 hospitalizados estables y 359 con pronóstico reservado. En total, son 847 internados en un día. Mientras que 87 personas más recibieron el alta hospitalaria.

Desde el inicio de la pandemia, Ecuador tiene 164.009 pacientes recuperados, que representa el 88.35% del total de contagiados. En la última semana, 3.370 personas más se recuperaron de la enfermedad.

Pichicha registra 316 nuevos contagios y dos decesos más en las últimas 24 horas. La provincia, epicentro de la pandemia en el país, tiene un total de 67.464 diagnosticados y 2.138 fallecidos. Quito suma 295 infectados más y asciende a 62.077 el total de casos en la capital ecuatoriana.

Fuente. Pichincha Universal, Republica del Banano.

El binomio de la plataforma de organizaciones sociales y políticas, Unión por la Esperanza (UNES), interpuso una queja ante el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas por los reiterados intentos de varios sectores políticos para impedir la participación de Andrés Arauz y Carlos Rabascall en las elecciones del 2021.

Ante esto, UNES solicitó medidas provisionales para que esta instancia, de carácter internacional, solicite al Estado ecuatoriano la inscripción del binomio “a fin de impedir el daño irreparable” por la dificultad de participar en las elecciones generales del 2021.

De la misma manera, pidió que se inicie de forma urgente “una investigación respecto a las amenazas y otras medidas de intimidación reveladas contra los candidatos de la Revolución Ciudadana, por parte de algunos funcionarios del actual Gobierno”.

Este recurso fue interpuesto por el procurador de UNES, David López, y se sustentó con las violaciones a los artículos del Pacto Internacional, en los siguientes literales: 14 (Independencia Judicial), 19 (Libertad de Expresión), 21 (Libertad de Manifestación Pacífica), 25 (Participación en la vida política como candidato y como ciudadano, y 26 (Discriminación sistemática por opinión política).

Además, se denunció que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) irrespetó los plazos establecidos en la normativa, para emitir sus fallos.

“Esperar que el TCE resuelva en derecho no es efectivo ni sostenible y puede causar un daño irreparable, puesto que existe mucha presión del Gobierno para que este organismo impida al binomio presidencial Arauz – Rabascall participar en las elecciones”.

Para concluir, se recalcó que si las elecciones del 2021 se realizan sin la participación de los candidatos de UNES, se podría configurar una grave violación a los derechos humanos y políticos de millones de ecuatorianos.

“Podremos considerar el sistema democrático ecuatoriano como desmantelado y el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, vaciado de su contenido en Ecuador”.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Ha tenido que pasar un año para que el Ejecutivo expida el Reglamento General de la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional en octubre de 2019. En diciembre del mismo año resolvió el veto parcial.

La norma tiene como ejes centrales la prevención y concientización de la problemática, a fin de generar alertas tempranas; la articulación de autoridades e instituciones para un mejor y más eficiente proceso de búsqueda y localización de personas; la implementación de unidades especializadas en investigación de ciudadanos desaparecidos, en cada una de las provincias del país.

Aspecto fundamental es la responsabilidad de la Fiscalía de capacitar, de forma permanente, a los agentes fiscales, policiales y funcionarios de cada entidad que tienen asignada la labor en materia de desaparecidos.

Según la legisladora Gabriela Larreátegui, exvocal de la Comisión de Desaparecidos, el Reglamento guarda armonía con las disposiciones de la Ley, pero quedan pendientes ciertos aspectos. Citó, por ejemplo, la necesidad de la integración de información y cómo las dependencias tienen que compartirla, pues es inadmisible que cuando llega un cuerpo a la morgue no se lo puede identificar, debido a que la Policía maneja un sistema que nada tiene que ver con el Registro Civil.

Sostuvo que la normativa establece ese cruce de información, por lo es clave reglamentar esta situación, con el propósito de que la Policía y el Registro Civil, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, intercambien datos específicos de huellas digitales, lo que facilitará el trabajo de identificación de ciudadanos en sitios de acogida, albergues y hospitales, tomando en cuenta que pueden haber perdido la memoria, no se diga de fallecidos que ingresan en la morgue.

Otro tema preocupante, para la parlamentaria, es el límite de 45 días para el acompañamiento a las víctimas indirectas; es decir, los familiares de personas desaparecidas. Lo lógico es que los ministerios de Gobierno y Salud realicen un acompañamiento mientras las personas necesitan, tanto a las víctimas directas que son localizadas cuanto a sus allegados. Estos últimos viven una verdadera tragedia, pierden hasta sus empleos y amistades por dedicarse, por entero, a la búsqueda de sus seres perdidos y solo les queda la esperanza de encontrarlos, reclamó.

Considera que en la pandemia se habría registrado un buen número de desaparecidos. En todo caso, la Comisión de Derechos Humanos, contemplada en la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, o la mesa de Fiscalización deberían asumir la tarea de seguimiento de la aplicación de la Ley y los casos de desapariciones durante la emergencia sanitaria, planteó.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Machala y Huaquillas son los dos cantones de la provincia de El Oro en donde se han registrado más muertes violentes en lo que va del año.

Según William Posso, comandante de la Policía Zona 7, en este año se han registrado 85 muertes violentas en la provincia de El Oro. En el caso de Machala se reportaron 39 y 20 en Huaquillas.

Las estadísticas aumentaron durante los meses de octubre y noviembre en estas dos ciudades. Solo durante el último fin de semana se produjeron dos hechos violentos que ocasionaron seis muertos.

Posso indicó que en 2019 se reportaron 89 muertes violentas y expresó que ante los últimos hechos se dispuso el desplazamiento de personal policial especializado en ambas ciudades.

El comandante de la Policía Zona 7 agregó que las muertes registradas el fin de semana responden a ajustes de cuentas o venganza, por lo que se ha implementado un plan con el apoyo de policías especializados de otras provincias como Guayas y Pichincha.

De las 85 muertes en esta provincia, 64 han sido clasificadas como asesinatos, 17 homicidios, 3 femicidios y 1 sicariato.

El alcalde de Machala, Darío Macas, anunció el lunes que se activó el plan Mi Ciudad Segura, que tiene como objetivo articular acciones de seguridad con los entes estatales.

En ese contexto entregó a la Policía radios, carpas, conos y dispuso la compra de 50 cámaras de videovigilancia.

En cuanto al control en la frontera sur, integrantes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas vigilan los 92 kilómetros de esta zona, una vez que se conoce que operan al menos cuatro organizaciones delictivas que se encargan de ofrecer el paso ilegal de personas.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Una niña de alrededor de 10 años de edad fue hallada muerta en la casa donde vivía junto a su familia, en el barrio central de Viche, cantón de Quinindé, en el centro de la provincia de Esmeraldas.

Testigos indicaron que encontraron a la niña colgada de una soga en el cuello (ahorcada) en su dormitorio, el pasado domingo entre las 16:00.

Momentos antes, ella había subido al cuarto, en el segundo piso del inmueble, para realizar sus tareas escolares. Después los familiares subieron para llamarla, pero la encontraron muerta.

Luego la llevaron al subcentro de salud de Viche, donde confirmaron su deceso y con agentes de Criminalística, trasladaron el cadáver de la menor al Centro Forense de Esmeraldas para la autopsia legal.

Además de este incidente, la Policía Nacional distrital de San Lorenzo reportó un ataque tipo sicariato contra dos hermanos. Uno de ellos habría fallecido y el otro se está herido en una casa asistencial de esa localidad, indicaron las autoridades.

Los móviles del crimen registrado la madrugada de este lunes en el barrio La Siate están en proceso de indagación. No dieron más detalles las autoridades policiales de esa jurisdicción esmeraldeña.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.