#ArtículoBananero| ¿Corrupción? ¿Viveza? ¿Mediocridad? Por Ana María Pereira

¿Corrupción? ¿Viveza? ¿Mediocridad?
Nunca entendí por qué la UNE se opuso, durante el gobierno de Rafael Correa, a que fueran evaluados los conocimientos de los profesores. ¿Cómo se pueden tener a ciudadanos preparados para desempeñar sus cargos si sus profesores temen ser evaluados en la misma materia que dan? ¿Cómo se puede tener confianza en el abogado que nos defienda, o en el cardiólogo que nos opere, o en el electricista que instale todo un sistema eléctrico en nuestra casa, si su educación ha estado plagada de profesores que temieron ser evaluados? ¿Cómo se elimina la mediocridad en una sociedad si no se empieza con educadores conocedores, competentes y rigurosos? ¿Les sorprende que hayan tantos políticos mediocres? ¿Les sorprende que haya tanta corrupción? ¿Les sorprende que haya tanta viveza?
El sindicato no es ni más ni menos sino la voz representativa de un conglomerado de personas que contribuyen con su pericia a proveer un servicio a la sociedad, ayudando, por lo tanto, -al gobierno así como al sector privado- en la organización de una sociedad con responsabilidades y derechos; responsabilidad de proveer un trabajo de calidad y derecho a una vida digna.
Quisiera que quede bien claro, para que no me mal entiendan, con lo que escribí en mi último artículo. Al decir “mientras los empleados del sistema público son protegidos y su posible ‘mediocridad’ aceptable porque se arriman a la protección de los sindicatos que los defienden”, no significa que no esté de acuerdo con la existencia de sindicatos. Mi pugna se centra en los que con su politización y con consentir la infiltración de mediocridad, dan una pincelada general manchando a los verdaderos defensores de los derechos y obligaciones laborales con miras a producción de calidad. Ningún sindicato debería defender a ningún trabajador ni profesional mediocre. Le toca al sindicato aclarar cuáles son las condiciones del trabajo que exige el empleador, y debe quedar claro el hecho de que le incumbe a los superiores encargados ser mentores, modelando excelencia. La supervisión de la calidad de servicio o trabajo prestado es obligación del que emplea. Al encargarse de esta tarea, podrá comprobar la calidad o mediocridad, pudiendo justificar con pruebas contundentes un posible o necesario despedido.
El propósito de cualquier sindicato es ante todo, el de representar con una sola voz a sus contribuyentes y servir de intermediario entre ellos y la institución o empresa que los emplea. Es una fuerza cuyo poder consiste en establecer los parámetros deseados para el desempeño de determinado servicio, negociar las mejores condiciones de trabajo, y asegurarse de conseguir buenos beneficios a través de la negociación colectiva.
Un individuo que pague por representación sindical, debe exigir que esa organización vea por su bien estar como trabajador o profesional, para que él o ella pueda concentrar sus energías en el desempeño de su cargo, haciéndolo “con ciencia y con conciencia”, sin tener que preocuparse de la subjetividad típica de ambientes de trabajo que no tienen sindicato, y en los cuales se ven injusticias y abusos. La seguridad del trabajo debería siempre estar directamente relacionada con la calidad del producto o servicio, y no con la antigüedad en ese puesto.
Ana María Pereira-Castillo

Articulista

República del Banano

Asamblea Nacional Ciudadana se pronuncia ante la Ley de Apoyo Humanitario

BOLETIN DE PRENSA

La Ley de Apoyo Humanitario o Ley de la Esclavitud Laboral
La mal llamada Ley de Apoyo Humanitario, vigente desde el 22 de junio del 2020, no tiene nada de humanitario. Suprime los derechos adquiridos de las y los trabajadores al transgredir la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Desde el primer Código de Trabajo de 1938 hasta la fecha nunca se había visto que los dueños del capital ostenten tanto control y poder económico.
El gobierno, aprovechándose de la pandemia, prefirió seguir los mandatos neoliberales del FMI y de los grandes empresarios, que proteger a los trabajadores, provocando que todo el peso de la crisis caiga sobre sus espaldas. Al momento se han despedido 280.000 trabajadores y 150.000 de ellos han sido desafiliados del IESS, afectando profundamente la subsistencia de la seguridad social.
La Ley destruye la contratación colectiva, toda posibilidad de estabilidad laboral, reduce los sueldos hasta el 50% sin excepción, aunque sea el salario básico, crea el arbitrario contrato especial emergente, disminuye el descanso obligatorio a 24 horas, aumenta la jornada laboral hasta a 12 horas y por último reduce los aportes al IESS, agudizando su crisis financiera y afectando las prestaciones que recibirá el trabajador.
Organismos como el PNUD y la CEPAL han señalado que en la crisis es fundamental proteger a los trabajadores y garantizar el empleo, aunque no implique salvar los negocios empresariales. Pero el gobierno hace todo lo contrario, protege a grandes empresas y la banca, condonándoles impuestos que pudieron haber salvado miles de vidas.
Demandemos que la Corte Constitucional actué con justicia y se pronuncie de inmediato ante las demandas presentadas. Si los tribunales sucumben ante los poderes económicos y fácticos, acudiremos ante la OIT y otras instancias pero la movilización popular siempre será necesaria para levantar nuestra voz de indignación. No podemos dejar que nos arrebaten lo que se ha ganado en casi 100 años de lucha. Los derechos de los trabajadores fueron adquiridos con sacrificio y, a veces, con la sangre de nuestros compañeros!
En la Corte Constitucional, han presentado 16 demandas de inconstitucionalidad, diferentes asociaciones, gremios de trabajadores y ciudadanía que deben ser tramitadas de manera inmediata para hacer justicia y devolver los derechos a los trabajadores.

Colectivo Arcilla Libertaria
Asamblea Nacional Ciudadana

Caso Sobornos podría anularse, si comprueban supuesto fraude procesal contra el juez Iván León

El caso Sobornos 2012-2016 podría anularse, al menos, desde la etapa de juico, si llega a comprobarse una denuncia en contra del juez ponente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván León, quien habría mantenido conversaciones con la secretaria de la Fiscalía, Martha Caiza, previo a la emisión de la sentencia.

La denuncia fue presentada el 28 de julio y “de forma inusualmente rápida”, la defensa del expresidente Rafael Correa, Fausto Jarrín, fue convocado a rendir su versión. Además, se dispuso con 5 días de plazo, que se proceda a una pericia del sitio web justiciaamarrada.org, donde se recopilan las pruebas del denunciante.

Rafael Correa, Jorge Glas y otros exfuncionarios, así como empresarios, fueron sentenciados a ocho años de prisión por cohecho agravado por este caso.

En esta página web, varios funcionarios judiciales denunciaron un presunto intercambio de correos electrónicos. Entre ellos, uno que habría enviado Caiza al juez León, el 31 de marzo, con asunto “SALUDOS”, en el que se adjunta un archivo llamado “RESUMEN JUICIO CASO SOBORNOS”.

“Le deja con resaltador las modificaciones que el juez debería aceptar en cuanto a la carátula de los delitos que se le atribuirían al ex vicepresidente Jorge Glas (procesado en este caso) para agravar las penas”, señala la página web.

“Deja en resaltado amarillo las modificaciones pendientes que el juez desea efectuar para agravar aún más la situación procesal del expresidente Correa”, explican los funcionarios judiciales que denuncian este presunto delito.

A Jarrín le resulta extraño “la excesiva celeridad” con la que se está manejando esta denuncia porque, en otros procesos, aún no han recibido ninguna providencia, como en la denuncia presentada por supuesto prevaricato contra el juez Iván Saquicela, hace más de 3 meses.

“Tengo la sensación de que la Fiscalía está pretendiendo proceder de urgencia para tratar de archivar de manera fraudulenta y parcializada”, agregó.

El jurista señaló que estas supuestas conversaciones significarían “que una de las partes estaba manteniendo comunicación sobre el caso con quien tenía a su cargo juzgar y administrar justicia”. Además, el juez León era el encargado de realizar la sentencia. “Y si le empiezan a llegar desde la Fiscalía, a través de una de las secretarias, insumos de la sentencia, significa que la Fiscalía conocía de la sentencia antes de que sea dictada”, reclamó.

De llegarse a comprobar este delito, el juez y la secretaria deben ir a prisión, afirmó Jarrín, al mencionar que, en el transcurso de la investigación, debería también conocerse si Caiza actúo por voluntad propia o fue ordenada por alguien.

“El proceso tendría que ser anulado, al menos, desde la etapa de juico, sino es todo el proceso, porque sería el juez ponente el que estaría involucrado”, reiteró.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Gasto en salud durante la pandemia fue menor al de 2019

Una publicación de la Unidad de Análisis y Estudios de Coyuntura del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador (IIE) reveló que el gasto en salud en Ecuador, durante la pandemia, fue menor al de 2019.

El artículo de Jonathan Báez Valencia destaca que el recorte de recursos y los ajustes en el sector público ante el despido de personal médico antes de la pandemia pudieron ser las causales de un incremento del número de fallecidos por el coronavirus.

El estudio señala que el gasto efectuado en el sector salud durante el primer semestre de 2020, principal periodo de la pandemia, muestra que este fue menor en comparación al mismo ciclo de 2019.

En este contexto, precisa que el pago de la deuda externa a los tenedores habría quitado recursos para atender la emergencia sanitaria, la cual debía reflejar un mejor despliegue de recursos para salvar vidas.

Explica que desde abril se observa una disminución del gasto en salud y cuestiona al Ministerio de Economía y Finanzas el por qué no aparecen desembolsos que reflejen el despliegue de recursos para atender la emergencia sanitaria, que dado a la situación más bien debía superar los niveles del año anterior.

Por ejemplo, en abril de 2019 se invirtieron USD 356 millones de dólares en el sector salud; mientras que en 2020, USD 223 millones en el mismo mes. En mayo de 2019, la cifra fue de USD 273 millones y en mayo de 2020 de USD 165 millones.

En junio de 2019, la inversión en salud ascendió a USD 229 millones a comparación del mismo mes de 2020 que se ubicó en USD 165 millones. El estudio hace referencia a estas cifras que serían de la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía

Añade que en casi todos los países de América Latina se destinó dinero para atender la emergencia sanitaria. No obstante, según la CEPAL el Ecuador se encuentra por debajo del promedio de la región destinando 3,5% del PIB; mientras en países como El Salvador este nivel alcanza el 11,1%. Incluso, Argentina que también tiene una deuda externa considerable destinó el 3,9% de su PIB.

El artículo finaliza que esto es una “muestra más clara de subordinar la vida al capital”.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Tribunal deja sin efecto el intento de suspender a Movimiento correísta, Compromiso Social

El juez del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz, dejó sin efecto la resolución del Consejo Nacional Electoral del pasado 19 de julio, en la que se dispuso suspender a cuatro movimientos políticos.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió dejar sin efecto la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de suspender a cuatro movimiento políticos del registro electoral, entre ellos al correísta Fuerza Compromiso Social.

La lista la completan Libertad es Pueblo, Justicia Social y Juntos Podemos. La Corte Constitucional entra en la pugna entre el CNE y la Contraloría El 19 de julio de 2020, el CNE había decidido suspender esos cuatro movimientos políticos. Pese a que la Contraloría había recomendado su eliminación del registro electoral.

En su investigación, la Contraloría había determinado que ninguno de los cuatro movimientos políticos completó las firmas (suficientes) para la inscripción, debido que habrían presentado al menos cuatro supuestas irregularidades: Registros repetidos Firmas de menores de edad Firmas de personas fallecidas Números de cédula incompletos Es así que, el juez del TCE, Fernando Muñoz, aceptó el recurso interpuesto por Manuel Castilla, director Nacional del Justicia Social (Listas 11), movimiento de Jimmy Salazar.

Castilla había planteado que la resolución del CNE es ilegal y carece de fundamentos válidos para suspender a los movimientos políticos antes citados. El TCE concluyó que la resolución del organismo electoral “vulnera los derechos de organización política de miles de ciudadanos que presentaron su apoyo para la conformación de una organización política”. En la sentencia se deja claro que, el TCE es el órgano jurisdiccional electoral encargado de “garantizar los derechos de participación” de los ciudadanos adherentes, en este caso, del Movimiento Justicia Social.

Jacobo Bucaram:”Mama Lucha tienes que ir a la cárcel por ser la repartidora de hospitales”

Es lógico a quién se refiere así Jacobo Bucaram, por algo similar la policía allanó a un simple ciudadano en Guayaquil, ¿Hará lo mismo ministra?

Gobierno admite responsabilidad y se disculpa por cadáveres desaparecidos en pandemia

A través de una disculpa pública, el Gobierno del Presidente Lenín Moreno, se disculpó con los familiares de los ciudadanos fallecidos cuyos cadáveres se encuentran desaparecidos, debido al desborde del sistema de salud y funerario provocado por el COVID-19.

Al inicio de la pandemia en Ecuador, Guayaquil sufrió un desborde de la crisis sanitaria. Aparte de atravesar el dolor de perder un familiar, ciudadanos en Guayaquil tienen, hasta ahora, que seguir en busca de los cadáveres de sus seres queridos.

Uno de esos casos es el de Darwin Castillo, quien perdió a su padre en medio de la pandemia. Fue a recuperar el cuerpo en la morgue del hospital de Los Ceibos, pero al abrir una de las bolsas se dio cuenta que no era el de su familiar.

En ese sitio, según le informaron, había 170 cadáveres y a pesar de que le dieron la oportunidad de buscar tuvo que desistir debido a que también estaban víctimas mortales por COVID-19.

Por este caso, que se repite en miles de familias ecuatorianas, el juez Carlos Andrade López aceptó, el pasado 26 de junio de 2020, la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo, declarando la vulneración de los derechos a la dignidad humana, integridad personal, al derecho constitucional de acceso a servicios públicos de óptima calidad y a la seguridad jurídica.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Ministerio de Salud Pública, el Hospital General Guasmo Sur, el Hospital General Norte Guayaquil Los Ceibos y el Hospital Teodoro Maldonado deberán aplicar acciones de reparación integral dirigidas a las familias que se acogieron a este recurso.

Entre sus resoluciones, las instituciones involucradas tienen 10 días para determinar la ubicación de los 16 cuerpos que no se han encontrado. El ministerio de Salud tendrá que brindar atención médica y psicológica, por un año, a los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad.

Además, pedir las disculpas públicas a las y los familiares por haber vulnerado sus derechos constitucionales, a través de una publicación en un periódico de amplia circulación del cantón Guayaquil. Es así, que este 31 de julio se realizó esta publicación.

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Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Covid-19 en Amazonía: 1.915 casos confirmados en nacionalidades indígenas

Este viernes 31 de julio de 2020 la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) informó que se reportan 1.915 casos confirmados de COVID-19, 49 fallecidos, 623 sospechosos, 117 recuperados, y 3 763 pruebas realizadas.

Por nacionalidades la CONAIE reporta:

958 Kichwa

504 Shuar

23 Siekopai

14 Shiwiar

330 Waorani

40 Siona

26 Achuar

4 Andwa

Según las provincias de la Amazonía afectadas, se informó que el mayor número de casos se reportan en Pastaza 585; Orellana 342; Napo 371; Sucumbíos 170; Morona Santiago 375; Zamora Chinchipe 72.

Del reporte de personas fallecidas, 33 se confirmaron a causa del virus y 16 con sintomatología Covid-19.

30 al 60% son contagios comunitarios en toda la Amazonía, según la CONAIE.

El Consejo de Gobierno de la CONFENIAE antes la difícil realidad que afrontan las comunidades, viene desarrollando una herramienta que permite visualizar el impacto de la pandemia por territorios y nacionalidades, por lo que ponen en conocimiento la plataforma interactiva de Monitoreo de Covid-19 en Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, desarrollada por la CONFENIAE en colaboración con Amazon Watch, Fundación ALDEA y el Instituto de Geografía USFQ.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

#CaricaturaBananera| REMEDIO PEOR QUE LA ENFERMEDAD por David G. Jiménez

#CaricaturaBananera| REMEDIO PEOR QUE LA ENFERMEDAD por David G. Jiménez

#ArtículoBananero| ¡Cómo juzgues a los demás, así serás juzgado! Por Luis A. Castillo

Como juzgues a los demás, así serás juzgado!

No es por Rafael Correa, ni por Jorge Glas, ni por ella, ni por mí, ni por aquel que aún está por nacer que debemos procesar y aspirar a una justicia que nos proteja de los caprichos del más fuerte, del caprichoso que pudo haber acumulado odio contra ti. Es por ese “Juan Pueblo” que se levanta todos los días y sale a su trabajo. Es por ese mejor país que debemos rechazar el mamotreto que se está urdiendo.

De lo contrario, al ver que en medio día se solapan barrabasadas jurídicas, ¿qué ciudadano podría confiar en la justicia ecuatoriana? Si esto se hace a ex autoridades que tienen presencia de peso, cómo se trataría a un simple ciudadano que ha protestado y denunciado contra los constantes yerros de este régimen? No, no es solo en contra de Rafael Correa y Jorge Glas, es también contra la ciudadanía. Con “pruebas” amañadas, que más parecen artificios de brujería, tarde o temprano también estaríamos indefensos bajo el capricho de insensatos. ¡Qué vergüenza!
El manejo de la justicia en este momento nos desafía en el dilema existencial: uno no sabe si reír o llorar. Escuchar y ver al Procurador General decir tamañas sandeces con inigualable desparpajo, con agria solemnidad, que hace tener miedo. Según el Procurador, Rafael Correa y Jorge Glas son culpables del delito de cohecho por medio de la tenebrosa “Influencia cognitiva y volitiva”, ¡Qué diablos es eso! ¿Brujería? ¡Actos de chamanes!
No solo hemos regresado al mangoneo de la justicia de hace 30 años, sino nos han hecho remontar a la Edad Media o al no vigente Código Penal de 1837. Uno no deja de pensar en la serie de Netflix, Freud, para entender los entuertos de tal superstición: “la influencia cognitiva”, la cual para adecentar la barbarie se la dejó de llamar “influjo psíquico”.
Debemos aterrizar, del mundo de fantasmas y de duendes, de influencias psíquicas, al mundo de carne y hueso, al mundo donde la prueba y sólo la prueba debe ser la razón para inculpar o exculpar el delito. He ahí la razón de tener un Estado de Derecho en donde la justicia tiene que ser soberana. Recuerda que como juzgues a los demás, así serás juzgado.
Luis Alfredo Castillo

República Del Banano